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Llevados a la ICC de La Haya: 

Presidentes Macri y Piñera Acusados de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad contra el pueblo Mapuche 

Comunicado de Prensa – 1º de marzo, 2019

El pasado 20 de febrero, SAR el Príncipe Federico I de Araucanía y Patagonia, instó a la Corte Penal Internacional (ICC) de La Haya, a tomar medidas urgentes contra los presidentes Mauricio Macri de Argentina y Sebastián Piñera de Chile, por promover políticas genocidas y perpetrar acciones represivas contra el pueblo Mapuche, punibles por el derecho internacional.  La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que incluye crímenes de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma de la ICC, establece que actos o ataques que se cometan de manera generalizada o sistemática contra un pueblo o población civil violan la mencionada Convención y el Estatuto de Roma.

La iniciativa de SAR Príncipe Federico I ya ha sido formulada por diversas organizaciones tales como, el Centro de Estudios de Derecho Indiano (CEDI) de Temuco y la Misión Permanente Mapuche ante la ONU. Dicha iniciativa de establecer una comunicación oficial con la ICC ha revitalizado la campaña internacional de organizaciones de derechos humanos de poner fin a las políticas genocidas implementadas por Argentina y Chile.

Los instrumentos internacionales anteriormente citados definen como genocidio todo acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, incluyendo atrocidades, tales como: “a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.” 

El empobrecimiento deliberado causado por la usurpación de las tierras ancestrales del pueblo mapuche, perpetrado por ambos estados, ha llevado al sometimiento forzado de un pueblo que era independiente, libre y soberano, reconocido por España y por los propios países que lo destruyeron (Chile y Argentina). El despojo de sus recursos y medios de subsistencia causó la “limpieza étnica” debido a la emigración forzada de más de medio millón de mapuches a los centros urbanos en busca de subsistencia. Este fenómeno ha sido deliberadamente orquestado por ambos estados para causar la asimilación cultural y con ello la destrucción total del pueblo precolombino.

En Argentina, los medios de comunicación y miembros del actual gobierno identifican a los mapuches de enemigos internos, y se les acusa de ser extranjero en su propio territorio, Muchos dirigentes mapuches son perseguidos y otros son detenidos, amedrantados y torturados por el solo hecho de ser mapuches, mientras que otros son asesinados y hechos desaparecer. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que un centenar de mapuches han desaparecido desde el retorno de la democracia en Argentina en octubre de 1983, otros tantos son clasificados de “suicidios” como fue el caso, en julio de 2018, del defensor de los derechos culturales mapuches, Lonko Fermín Acuña.”

Por su parte en Chile, el 5 de febrero pasado, el gobierno decretó el “estado de catástrofe” por los focos de incendios en la Araucanía, lo hizo para justificar el despliegue militar en el territorio ancestral mapuche. Comunidades mapuches denuncian que los caminos vecinales están bloqueados y los transeúntes son continuamente hostigados por la policía y el ejército, quienes con armamentos de guerra interrumpen en comunidades bajo el pretexto de apagar incendios inexistentes en su área, según afirmaron los miembros de la comunidad mapuche Temucuicui y Juan Paillalef, entre otras comunidades. 

A lo anterior se suman los montajes urdidos, como el de la “operación huracán,” contra dirigentes mapuches para perseguirlos, imputarlos y mantenerlos encarcelados hasta que, -contraria a la norma de un debido proceso- se compruebe su inocencia. Mientras los asesinatos de jóvenes mapuches por la policía continua, justificándolo como el resultado de supuestos “enfrentamientos”  y de un inexistente “terrorismo.” La Ley Antiterrorista en Chile es aplicada a los imputados mapuches con el objeto de negarles el debido proceso y mantenerlos por largo periodos en detención preventiva. 

El uso de la tortura para obtener “confesiones” es utilizado para condenar a personas y líderes mapuches, como quedó demostrado con el caso José Peralino Huinca, quien confesó haber sido compensado y torturado para obligarlo a culpar personas inocentes. A pesar de que la sustentabilidad del caso era jurídicamente inadmisible, la Corte Suprema de Justicia Chilena, sin más evidencias que las declaraciones de un torturado, ratificó la sentencia del Tribunal de Temuco contra José Peralino, Luis Tralcal y José Tralcal.

En su carta el Príncipe señala: “En el pasado, los estados de Argentina y Chile coordinaron el genocidio físico de la población para destruir el estado mapuche, hoy cooperan para criminalizar y reprimir su justa demanda por sus derechos. Utilizan legislaciones de excepción y leyes antiterroristas para violar sus derechos humanos individuales y colectivos y causar un enorme número de allanamientos, detenciones, heridos y hasta muertos, técnicas orientadas a exterminarlo como pueblo distinto.”

La judicialización de las reivindicaciones políticas del pueblo mapuche por la restitución de su territorio,  autonomía y libre determinación, ha llegado a tal extremo que hasta los que solidarizan con ellos son perseguidos y hasta asesinados, como sucedió con Santiago Maldonado. Ahora la emprenden también contra algunos abogados defensores de los mapuches, como es el caso de Sebastián Saavedra Cea, Karina Riquelme Viveros y Eduardo Painevilo Maldonado, entre otros, del Centro de Investigación y Defensa del Sur (CIDSUR), quienes son objetos de seguimientos y amedrentamientos por los servicios de seguridad chileno y cuyos casos han sido denunciados al 40 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 

El nivel de represión que hoy enfrenta el pueblo mapuche necesita de una urgente intervención diplomática externa debido a la falta de voluntad política de resolver el conflicto de manera constructiva y justiciera. Hoy cuatro presos políticos mapuche, incluyendo el Lonko Facundo Jones Huala,  José Caceres, Jorge Cayupan y Alvaro Millalen se encuentran en huelga de hambre en protesta de condenas injustas y por el trato carcelario vejatorio. Protestan además se respete la libertad de culto y el derecho a practicar su creencia espiritual, garantizadas como un derecho humano básico por numerosos instrumentos internacionales.  Hoy más que nunca se necesita que las comunidades afectadas documenten sus testimonios para ser expuestos ante la Corte Penal Internacional.

Enlace Mapuche Internacional
Equipo de Derechos Humanos