En juicio oral a comuneros mapuche en Cañete:
Testigo de la defensa desenmascara actuación de fiscales
Por Elías Paillan, viernes 4 de febrero de 2011
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En su testimonio emplazó al Ministerio Público, a través de sus fiscales, a entregar carpeta de información respecto de un joven mapuche que sufrió amenazas, torturas y luego obligado a firmar documento de noche, sin leer su contenido.
Destacó además el testimonio del imputados Ramón Llanquileo, quien también denunció apremios ilegítimos de la policía y se definió como un perseguido y preso político del estado chileno.
Intensas jornadas se viven en el juicio oral que se sigue en la ciudad de Cañete contra de 17 mapuche imputados bajo la ley antiterrorista. En audiencia de este pasado miércoles, consternación causó el testimonio de Patricio Cona, quien denunció presiones y amenazas contra dos testigos desechados por la fiscalía dispuestos a decir la verdad sobre los métodos utilizados para conseguir sus declaraciones y el testimonio de Ramón Llanquileo, único imputado que prestaría declaración en el juicio.
Patricio Cona, presidente de la comunidad Caupolican, contó los apremios ilegítimos, amenazas y tortura ejercidos por efectivos de carabineros contra los hermanos José y Rodrigo Viluñir, integrantes de dicha comunidad.
A Rodrigo se le habría amenazado con lanzarlo desde un puente esposado, y apuntado con una escopeta en la cabeza “si no inventaba cosas” y colaboraba con ellos, sus captores. “La primera vez fueron detenidos por carabineros y llevados al predio de Eduardo Campo, lo cambiaron de vehículo a una camioneta roja, lo llevaron a un puente, le colgaron de manos y pies, esposado y le dijeron que tenía que inventar cualquier cosa y colaborar con ellos”, es parte del relato de los hechos que Rodrigo Viluñir le habría narrado.
Luego agregó que ya entrada la tarde, cuando todo estaba oscuro, se le obligó a firmar sin leer un documento que finalmente sería para inculpar como responsables de determinados actos, a muchos de los imputados presentes en la sala.
Objeciones de la defensa son constantemente rechazadas
Llamaron además la atención las constantes negativas de los jueces del tribunal a las peticiones de objeción de la defensa respecto de preguntas que los fiscales formulaban al testigo, por ser éstas “altamente confusas, engañosas e impertinentes”, más cuando el testigo sólo transmitía el relato que Rodrigo Viluñir, argumentaban.
Para el abogado defensor, Pablo Ortega, ha habido en forma generalizada “una clara coacción” de parte del Ministerio Público hacia los testigos mapuche, a quienes incluso se les consulta de forma agresiva e irrespetuosa respecto de sus formas de hablar. “Lo más grave es que en esta audiencia se han amenazado no solo a los testigos, sino también a la defensa con iniciar investigaciones penales por eventuales delitos, en circunstancias que los delitos graves que ayer y hoy han sido denunciados, de lesa humanidad, como la tortura en contra de menores de edad, son imprescriptibles. El Ministerio Público nada ha hecho, no le interesa. Sin embargo, que un dirigente mapuche venga a denunciar esta tortura, si lo considera delito”, comentó.
Fiscal Cruz en la encrucijada
El testigo Patricio Cona contó que se había reunido en la Plaza de Cañete (el 28 de octubre de 2010, días antes del inicio del juicio) con el fiscal Cruz, a quien transmitió toda la información que ahora relataba y que éste se comprometió investigar los hechos, pero no lo hizo. Por lo que en la sesión de este miércoles, el testigo interpeló al Ministerio Público, inquiriendo ¿por qué frente a esta situación (de tortura), el Ministerio Público no investigó los hechos?, ¿dónde está la carpeta de investigación?, ¿por qué no trajo a estos testigos?.
Con esta última pregunta, llamaba la atención sobre el hecho de que el Ministerio Público tenía entre sus testigos secretos a los hermanos Viluñir. Sin embargo, al enterarse que éstos estaban dispuestos a decir la verdad de los ilícitos que fueron víctimas, el ministerio los habría desechado.
El abogado de gobierno intentó desacreditar la veracidad del encuentro entre Cruz y el testigo, intentando confundir a Cona en su interrogatorio. “Ante el inminente desplome de todo el ‘trabajo’ realizado, el querellante del Gobierno Sr. Pierllentili, intenta confundir al testigo insinuándole que él también había estado presente en dicho encuentro, sin embargo, Patricio Cona, seguro de sus dichos, asegura que no era él quien acompañaba ese día al Fiscal Cruz”, da cuenta un portal informativo.
Incluso Cruz con su comitiva habría ido a la casa de Patricio Cona, en su comunidad, pero éste trató de desconocerlo haciendo de modo agresivo y en forma reiterada la misma pregunta a Cona: ¿usted me vio a mi? La cita estaba acordada para las 10 de la mañana, sin embargo llegaron a las tres de la tarde. Cona ya no estaba a esa hora, sino su esposa, testigo ocular de aquel momento, pero no era ella quien se encontraba en el estrado y Cona no podía decir que lo había visto. La pregunta de Cruz claramente intentaba forzar confundir al testigo.
Testimonio del imputado Ramón Llanquileo
Al inicio de su declaración Llanquileo, mapuche de la comunidad Venancio Ñeguey -sector Choque- de la comuna de Tirúa, vistiendo manta y trarilonko, al hacer su saludo protocolar y todavía de pie, dijo: “soy perseguido preso político mapuche”, y luego habló de la lucha que las comunidades de la zona están dando contra la intervención del estado a través de sus policías, fiscales y poder forestal. Denunció que existe un poder económico que quiere insertarse en el lago lleulleu, donde miembros de comunidades mapuche luchan contra las forestales y mineras.
Fuentes ligadas a la familia señalan que “el objetivo de la declaración de Ramón era hacer una defensa política del proceso de recuperación de tierras de su comunidad, y también la definición de ellos como presos políticos mapuche”.
Ayer jueves prosiguió la interrogación a Llanquileo de parte de la defensa y la fiscalía, mientras que hoy viernes es el turno de los querellantes de Forestal Mininco y el gobierno. Entre otras cosas, habló de sus viajes fuera de Chile, donde se contactó con otros pueblos originarios, como el movimiento Pachakuti. Explicó que también sufrió apremios ilegítimos por parte de la policía, hecho que amplia una familiar contando que “cuando lo detuvieron lo arrastraron y golpearon violentamente en la PDI de Lebu, lo incomunicaron y lo presentaron al Fiscal Militar”, comenta.
Gobierno no cumple compromisos
Frente a los compromisos del gobierno tras la huelga de hambre de los comuneros mapuche, la vocera Natividad Llanquileo y hermana menor de Ramón, acusó que este no ha cumplido su palabra. "No hubo ningún cambio, el abogado querellante del gobierno adhirió a todas las pruebas mostradas por el Ministerio Público y pidió también a la aplicación de la ley antiterrorista. Si fueran consecuentes con el retiro de las querellas, el gobierno no debiera adherirse a las pruebas presentadas, ni el uso de testigos secretos en función de la Ley Antiterrorista, y ellos avalaron todo".
En la misma línea José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano y quien estuvo presente observando la audiencia, señaló que “si bien el ejecutivo se ha desistido de sus acusaciones terroristas, persisten órganos del estado en esta persecución. A pesar de que la ley antiterrorista ha sido reformada, ésta aún tiene una serie de deficiencias. Se sigue considerando ciertos hechos delictivos como terrorista, en circunstancia que no necesariamente tienen esa calidad y se sigue utilizando un procedimiento que vulnera el derecho al debido proceso”, dijo.
José Aylwin agrega que se está ante una instancia del estado que no es solo persecutor, sino que es también la instancia que juzga y, tal como señaló Ramón Llanquileo, esto hace tener serias dudas a los imputados mapuche de la imparcialidad de este tribunal para sentenciar un caso de esta naturaleza. Se está ante un caso eminentemente político”.
Finalmente, respecto a un posible veredicto adverso, a pesar de la ausencia de pruebas concretas y debido a la existencia de violaciones al debido proceso, recordó que existen mecanismos internacionales “que ya han manifestado su preocupación por la utilización de esta legislación (ley antiterrorista) y por este proceso, por hechos de protesta social vinculados a la defensa de derechos territoriales”, concluyó.
Fuente: Observatorio Ciudadano