DECLARACIÓN PÚBLICA:

Organizaciones Exigen que se Investiguen Autoatentados de Empresas Forestales

Información recibida el 03 Octubre, 2006

Que, desde hace varios años existen antecedentes que podrían demostrar que personas Mapuche acusadas de ataques incendiarios en contra de plantaciones e instalaciones de empresas forestales son inocentes y que se tratarían de montajes perpetuados a lo menos, por entidades de seguridad vinculadas a las empresas forestales, hechos que requieren ser investigados a la brevedad.

Al respecto, existen personas condenadas incluso a más de 10 años de cárcel, de manera absolutamente desproporcionada y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales, por atentados incendiarios a los que se le ha dado la categoría de "terrorismo", en tiempos, donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por auto-atentados.

Sobre esto, existen numerosos antecedentes que no han sido investigados y que han quedado en la más absoluta impunidad. Algunos de ellos:

En relación a esto, consideramos que es absolutamente irracional y fuera de toda lógica pensar que personas Mapuche vinculadas a comunidades rurales en sus justas reivindicaciones territoriales se hayan expuesto a acusaciones de atentados incendiarios en contra de plantaciones o maquinarias, cuando estas no significaban un mayor perjuicio a las compañías por cuanto mantienen una amplia cobertura de seguros y lo único que se aseguraba era la militarización, persecución y represión de amplias zonas rurales. Para más, solo justificaron el violento accionar en contra de la protesta social Mapuche que cuestiona a estas compañías y su modelo forestal. Por otro lado, esto sólo permitió que las grandes compañías aseguraran sus nutridas ganancias en exportaciones, las que nunca han mermado.

Entendemos que, la protesta social Mapuche en contra de las empresas forestales, su industria y su expansión, en el marco de conflictos territoriales, se ha convertido para estos grupos económicos, con la operatividad del estado chileno, en el blanco de la represión, criminalización y judicialización, cuyas reivindicaciones han sido perseguidas bajo las absurdas acusaciones de ser consideradas un amenaza a la estabilidad política y social del País.

Decenas de personas Mapuche han sido o están siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos entre las VIII y X regiones. Más de diez ministros especiales y cinco Fiscalías Militares se han encargado de investigar "hechos de violencia" -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros Mapuche se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y que fueron aplicadas de manera activa y vigente en el gobierno de Ricardo Lagos, como forma de control social a las protestas sociales Mapuche. A esta aplicación, se agrega que numerosas personas mapuche han debido enfrentar estos últimos años el nuevo Sistema Procesal Penal, que entró en vigencia desde el año 2000 en la IX Región y hoy en todo el País.

Las consecuencias de esta política económica que ampara y expande el actual modelo forestal, agudiza aún más el arrinconamiento de las comunidades Mapuche en los retazos menos aptos para la agricultura y, en definitiva, se rompe con los mínimos necesarios para la subsistencia y en el entendido de una cultura basada en las relaciones sociales producidas por la economía de sobrevivencia y solidaria, viene a destruir también la sociedad que vive bajo estos parámetros. Asimismo, la actual presión que hacen organismos públicos y privados para introducir especies exóticas a pequeñas propiedades de campesinos y comunidades Mapuche, lo único que pretende es anexar estos patrimonios al poderío de estas grandes compañías.

Exigimos al Estado a través del gobierno que encabeza Michelle Bachelet :

Exigimos esto, para que se repare y se restablezca los derechos vulnerados a personas y comunidades mapuche, de pescadores y de campesinos, que hoy son víctimas del modelo y la expansión de grandes compañías como Arauco y Mininco (CMPC).

Firman,

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