Carta de la Asociación Americana de Juristas a la Presidenta Chilena sobre Situación Mapuche‏

RAMA CHILENA
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SANTIAGO, 25 de Agosto de 2009.


Señora. Michelle Bachelet Jeria

Excelentísima Presidenta de la Republica de Chile
P
resente

De nuestra consideración:

La Asociación Americana de Juristas, Rama Chilena, organización no gubernamental con estatuto Consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y organización de la sociedad civil en Chile, a Ud. respetuosamente decimos.

Hemos querido a través de esta carta, expresarle una serie de preguntas y reflexiones sobre la situación del “conflicto” entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Situación que avanza en una espiral de violencia institucional e ingobernabilidad, en el sentido opuesto al buen gobierno, que nos preocupa de sobremanera, sumando nuestras voces a las de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales de derechos humanos, de iglesias y de personalidades que reiteradamente en estos últimos meses han alertado públicamente sobre el mal manejo de este conflicto por la vía de la militarización y no de la política.

Hemos conocido (como miles del chilenos y personas del mundo entero), indignados, adoloridos y conmocionados, la noticia del asesinato por la espalda el joven mapuche Jaime Facundo Mendoza Collio. Hemos acompañado desde la distancia a su familia, a su lof y a su pueblo en este duro trance. Pero pasada la hora del dolor y de la dignidad remecida, creemos que es urgente adoptar medidas de gobierno sólidas, efectivas y contundente, que avancen en crear condiciones democráticas de paz, dialogo y justicia con el pueblo mapuche para que nunca más nuestra patria se tiña con la sangre de otro integrante de ese pueblo acribillado por las fuerzas policiales en un acto que cada vez más parece terrorismo de Estado. Sería vergonzoso para esta democracia una “Agrupación de Ejecutados Mapuche” 

La falta de una política que haga primar el bien común y el bienestar colectivo, se expresa en violencia institucional hacia nuestro hermano pueblo mapuche a través de la militarización y represión permanente de sus comunidades. También en la ausencia de recursos efectivos, tanto institucionales como materiales para implementar las políticas que se señalan en el papel, entre otros la falta de reconocimiento de sus derechos colectivos, libre determinación y autonomía, derecho al desarrollo propio, los derechos culturales a sus tierras y especialmente a sus tierras ancestrales, protegidas por el derecho internacional y que aún no se reconocen para su restitución, Situación que tuvo entre sus últimas expresiones, la falta de reconocimiento real, dado por la negación al dialogo al cerrar las puertas de la moneda a una delegación de autoridades del pueblo mapuche (Loncos).

La violencia policial es sin lugar a dudas lo más grave de esta situación, diversos territorios mapuche ante cualquier movilización, se encuentran en virtual Estado de Sitio, rodeados por funcionarios imbuídos de la ideología de la doctrina de la seguridad nacional, que asesinan impunemente, que mienten descaradamente sobre los hechos, justificados, blindados y avalados por instituciones y autoridades que sostienen públicamente discursos racistas y discriminatorios, desconociendo la realidad y los derechos de los pueblos indígenas, que defienden claramente intereses empresariales, en un vergonzoso doble discurso que entierra las intenciones de la política impulsada por Ud.

Este conflicto no es un hecho policial, nuevamente estamos ante un “supuesto enfrentamiento” hecho por un carabinero del GOPE, que señala después del asesinato que hizo uso de su arma de servicio y con una bala 9 mm evitó ser acribillado por el joven comunero. Versión policial, reiterada por el Prefecto de Malleco, coronel Iván Bezmalinovic, ratificada por el General de la IX Zona de Carabineros, Cristián Llévenes y avalada desde La Moneda por el Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien señaló luego de conocerse la noticia, que “la acción de Carabineros fue para repeler los ataques realizados por al menos 60 comuneros... respaldamos absolutamente los procedimientos.” No es de extrañar dicha declaración de quien señaló a Radio Cooperativa que "Yo no puedo respaldar en un hecho puntual a un carabinero determinado, mi respaldo es a la institución, a sus procedimientos, a la forma como tradicionalmente actúan" y que a pesar de que los funcionarios de gobierno no deberían opinar respecto de los fallos judiciales,  tildó de "inquietante" y "curioso" el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Angol que absolvió a dos comuneros mapuches acusados de quemar camión y siembras del agricultor René Urban, en febrero de 2006.

La gravedad de los hechos nos permiten plantearle las siguientes preguntas: ¿Quien manda a Carabineros y en este país Señora Presidenta? ¿Cuántos funcionarios policiales estaban en la zona de conflicto en el momento de la muerte de Jaime Facundo?  ¿Quien educa esos carabineros y con que contenidos? ¿Por qué una estrategia de guerra, con armas de guerra y carabineros que matan, para una “medida judicial”, según respuestas de autoridades deslindando responsabilidad en los hechos?

Creemos que la solución a la demanda de derechos levantada por el pueblo mapuche no puede ser resuelta con criterios de criminalización, ni con métodos de anexión o  sumisión a intereses empresariales, ni con un aggiornamiento de la “Guerra de Arauco”. El enfoque y el foco de estos procesos se encuentra en la satisfacción de las necesidades y derechos que ha señalado el propio pueblo. Por ello, cualquier solución pacifica no puede ser impuesta por la fuerza, debe contemplar los antecedentes históricos de las demandas y debe ser dialogada, consultada, elaborada, ejecutada y evaluada en conjunto con el pueblo mapuche, tal como señala el Convenio 169 al orientar en el artículo 33 toda la acción de la administración del Estado con participación de los pueblos interesados.

Las políticas negadoras, criminalizadoras, excluyentes y violentas hacia ellos, alejan cada vez más al pueblo mapuche de una relación pacifica con el Estado chileno. Por ello mismo añoran su existencia soberana de pueblo libre y respetado en el siglo XVIII.

La conciencia de pueblo indígena, la existencia de derechos especiales que constituyen parámetros internacionales del derecho internacional, de los derechos humanos por un Estado que se ha comprometido a respetarlos, no pueden obviarse hoy y exigen un esfuerzo mayor por parte de las autoridades, una responsabilidad histórica para construir una nueva relación y una nueva forma de democracia que contenga los derechos de la nación mapuche y de todos los pueblos indígenas que habitan en este territorio y que forman parte de este Estado.

Como Asociación de Juristas conocemos de primera fuente la violencia reiterada y permanente hacia el pueblo mapuche y su movilización por legítimos derechos, a través de la Misión Internacional de esta organización en territorio mapuche, de Enero del 2008, luego del asesinato a manos también de carabineros y en similares circunstancias de otro joven mapuche en Enero del 2008, Matías Catrileo. Resultado de dicha misión fue el “Informe sobre la represión y criminalización del pueblo mapuche en Chile”, el que fuera entregado al Ministro Secretario General de la Presidencia de la República Sr. José Antonio Viera Gallo y al Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas Sr. Rodrigo Egaña. En dicho informe hicimos una serie de recomendaciones que  y lamentablemente en su gran mayoría no han sido acogidas por las instituciones del Estado.  Por ello las reiteramos en el anexo, al final de ésta carta esperando sean consideradas.

Hoy más que nunca esperamos de su gobierno y de su persona  un gesto para avanzar en el camino del multiculturalismo, la multinacionalidad y la interculturalidad  de verdad.

El sacerdote Bartolomé de las Casas, refiriéndose a las iniquidades cometidas en la guerra de conquista, escribió que los indios “tienen derecho adquirido de hacernos guerra justísima y raernos de la haz de la tierra y este derecho les durará hasta el día del juicio”. Esperamos que no sea necesario que el pueblo mapuche luche hasta ese día para lograr el respeto a sus derechos.

Esperamos su respuesta Sra. Presidenta.

Graciela Álvarez Rojas                  Juan Subercaseaux Amenábar Presidenta                                        Secretario General.

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 ANEXO:

RECOMENDACIONES DEL INFORME SOBRE LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE EN CHILE.

MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS, 31 DE ENERO DEL 2008

En orden a las conclusiones arribadas, esta Misión recomienda:

1) Impulsar la Reforma Constitucional, con el objeto de incorporar a su texto, el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Originarios, con arreglo a la legislación internacional en la materia.

2) Cumplir las formalidades del depósito del Convenio 169 y que se efectúe sin cláusulas interpretativas que restrinjan su aplicación o frustren su objetivo conforme a lo establecido en el Art. 18 del Tratado de Viena.

3) Impulsar la revisión del marco legislativo e institucional vigente en relación con los pueblos indígenas, para asegurar su conformidad con las disposiciones del Convenio Nº 169, especialmente la legislación sectorial en materia de recursos naturales.

4) Adecuar la legislación interna con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

5) Impulsar la modificación de la Ley 19253, con arreglo al art. 27 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.

6) Asegurar el conocimiento y divulgación del Convenio Nº 169 entre las autoridades públicas a todos los niveles, así como entre los miembros de los pueblos indígenas del país.

7) Implementar, en forma consensuada con las comunidades, un programa intensivo y efectivo de recuperación de tierras ancestrales. La normativa y la práctica de las políticas públicas deben garantizar a la comunidad mapuche el acceso privilegiado a sus recursos naturales, por sobre los intereses de mercado y de conformidad con los art. 1 y 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

8) Consultar con las comunidades y organizaciones mapuche, previamente a la concesión de licencias para la explotación económica de tierras y todo proyecto de desarrollo dentro de su territorio, garantizando que en ningún caso se afecten derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT.

9) Avanzar hacia la reforma de la Ley 18253, adoptando una definición más precisa de los delitos de terrorismo, con arreglo a lo normado por la Convención Interamericana contra el terrorismo, el Art. 14 del Pacto y el Art. 19 de la Constitución Nacional chilena, impidiendo su utilización como herramienta de persecución política.

10) Impulsar la supresión de las restricciones a los derechos políticos, facultades y garantías constitucionales establecidas en las leyes 18.825 y 19055.

11) Sistematizar en un solo cuerpo normativo coherente, el conjunto de leyes en materia de ejecución de penas, estableciendo un fuero específico con las garantías del Debido Proceso.

12) Limitar el fuero militar a los delitos de función cometidos por militares en servicio activo, para que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales militares.

13) Asegurar los medios necesarios para que, en todo proceso judicial y administrativo en los que personas indígenas sean parte, éstos cuenten con la asistencia de defensores y a asesores legales competentes, con conocimiento tanto de la cultura indígena como del estándar del derecho internacional reconocido para los pueblos indígenas, así como la asistencia de traductores bilingües capacitados en todos los procedimientos en que sean parte indígenas.

14) Asegurar el respeto por las costumbres, cultura y cosmovisión indígena en toda causa judicial o administrativa en la que los indígenas sean parte.

15) Iniciar una pronta desmilitarización de los territorios en conflicto, tomando las medidas eficaces para que cesen los abusos, el asedio, la vigilancia y violencia policial, en especial con los niños, ancianos y grupos más vulnerables.

16) Establecer un protocolo de actuación policial ante manifestaciones y protesta social, con instrucciones y atribuciones precisas, capacitando al personal involucrado.

17) Asignar al programa de Educación Bilingüe Intercultural, el presupuesto adecuado para su implementación efectiva en todas las zonas mapuche, incluyendo en este ámbito la educación mapuche. Mantener consultas permanentes con la comunidad a fin de lograr consenso y evaluar los logros del programa.

18) Implementar estrategias para promover la medicina tradicional indígena, priorizando la conservación de las áreas de obtención de plantas medicinales y la preservación de los conocimientos tradicionales.

19) Tomar las medidas necesarias para establecer una institución nacional de defensa y protección de los derechos humanos (Defensor del Pueblo), de conformidad con los “Principios de París”. Debe tener presencia en todo el territorio, de modo que asegure el acceso de toda la población, en especial de los grupos más vulnerables.

20) Asegurar a las comunidades mapuche el pleno acceso a los medios de comunicación masivos, promoviendo una cobertura amplia y equilibrada, desprovista de prejuicios raciales, respecto de los conflictos sociales y la situación del pueblo mapuche.

 

 

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