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Andrea Marifil Calfunao: Expone situación Mapuche ante la 11° Sesión del Consejo de Derechos Humanos (Intervención del Consejo Indio de Sudamérica)
Gracias Sr. Presidente. El pasado 8 de mayo el Gobierno Chileno presento su informe durante la 5° sesión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. No obstante la visión optimista sobre la situación de los derechos humanos en el país, la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular del pueblo Mapuche no ha sufrido cambio alguno. En efecto, el Gobierno Chileno sigue ignorando las numerosas preguntas e inquietudes expresadas, antes y durante la presentación del Informe por una treintena de países y que tiene relación con la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales así como de los derechos civiles y políticos del pueblo Mapuche. El incumplimiento de Chile con sus obligaciones internacionales relacionadas con el respeto y promoción de los derechos humanos, se ve una vez mas patentizado por la acción indiscriminada de los servicios de inteligencia que operan en el territorio ancestral del pueblo Mapuche. Los familiares del dirigente y ex preso político Héctor Lleitul de la comunidad Juana Millahuanque, denunciaron en mayo de este año, haber encontrado tres micrófonos de alta tecnología incrustada disimuladamente en libros escolares de los niños de dicha familia. La familia denuncio que dichas actividades de espionaje se lleva a cabo, presumiblemente durante los múltiples allanamientos que sufre su vivienda. Asimismo, el 16 de mayo pasado los presos políticos Mapuche Waikilaf Cadin y Andrés Coña, relegados en la cárcel de Valdivia denunciaron haber encontrado similar dispositivo en la celda, caso que hoy se encuentra en investigación. Consideramos que con estas acciones las autoridades chilenas violan flagrantemente los Derechos del Niño al utilizar escolares mapuches como vehículos para la obtención de información y vigilancia. A esto se suma los interrogatorios de niños mapuches que la policía hace en escuelas rurales, situadas en áreas de conflicto; hechos ya denunciados en esta asamblea y que forma parte de la embestida de persecución política en contra de los dirigentes del pueblo Mapuche. El gobierno democrático también reprime aquellos que informan y/o documentan la violación de los derechos humanos del pueblo Mapuche e incluye visitantes a las comunidades reprimidas, como es el caso de la comunidad Temucuicui. Algunos amigos de los mapuches son constantemente intimidados y hasta expulsado del país como ocurriera con los documentalistas italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, mientras otros como el periodista chileno Marcelo Garay fue detenido y su equipo fotográfico substraído, por el solo hecho de estar documentando la situación Mapuche en la región de la Araucania. Por su parte la cineasta Elena Varela fue detenida y sus materiales incautados con fines de ‘inteligencia’, violando la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de la fuente de información. La documentalista desarrollaba una película sobre la usurpación de las tierras mapuche, la industria forestal, la criminalización de la causa indígena, la represión, la acción de los grupos económicos y el impacto en las comunidades afectadas. La represión no cesa aunque los imputados cumplen con los reglamentos delineados por las autoridades judiciales. En la noche del 7 de junio pasado, los policías que resguardan al latifundista Rene Urban, interrumpieron violentamente en la habitación de Jorge y Juan Huenchullan, quienes cumplen medidas cautelares y reclusión nocturna en la ciudad de Ercilla y sin ninguna explicación fueron violentamente golpeados y torturados, les insultaron con términos racistas y los amenazaron de muerte, además le incautaron su teléfono celular y otras pertenencias menores, creemos que esta acción denota un perfil de servidumbre de la policía con los empresarios de la región, abuso de poder y de amedrentamiento contra aquellos dirigentes que reclaman el respeto de los derechos territoriales. Por último, junto con condenar la masacre que se llevó a cabo en contra de nuestros hermanos indígenas de la región de Bagua, en la Amazonía; exhortamos al Gobierno Peruano y a las comunidades indígenas pertinentes, así como a los organismos competente de derechos humanos de la ONU tomar las medidas necesarias con miras de buscar una solución pacifica y justicieramente al conflicto en desarrollo. Hacemos un llamado a las autoridades peruanas acceder a las justas demandas de las comunidades indígenas que exigen la derogación de los once decretos legislativos que amenazan los derechos de los pueblos indígenas. Consideramos totalmente desproporcionada la acción de la policía contra la población civil que, según fuentes indígenas de la región, habrían resultado unos 100 muertos, entre ellos ancianos, mujeres y niños, además de una gran cantidad de heridos. Pedimos esclarecimientos de los hechos y justicia a los familiares de los indígenas vilmente masacrados.
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