Conflicto por la Tierra en el Wallmapu:

El Progreso no Justifica Todo

Pedro Arenas, Bristol 15 agosto 2011

El conflicto por la tierra en el territorio ancestral mapuche se remonta 5 siglos atrás, cuando los españoles, bajo el pretexto de “evangelizar” y de buscar oro, iniciaron el primer asalto al territorio mapuche. Posteriormente tras las independencias de Chile y Argentina, el territorio fue nuevamente invadido para proveer con recursos naturales los dos nuevos estados creados. Hoy en día el territorio ancestral mapuche es objeto de deseo de grandes multinacionales forestales, hidroeléctricas y de extracción minera, las cuales, con iguales fines y distintos medios, continúan esquilmando y degradando el territorio mapuche.

El reino de Araucanía y Patagonia nació cuando los líderes mapuches se dieron cuenta de que lo único que podría salvarles de la inminente invasión de los estados de Chile y Argentina era la creación de un estado legalmente constituido que obtuviera el reconocimiento internacional. La forma de gobierno elegida fue una monarquía constitucional al estilo europeo, eligiendo a Aurelio Antonio I como su soberano. Esta fue una decisión meditada y acordada democráticamente por los lonkos congregados en una asamblea conocida como Futa Kollog. A buen seguro, la principal motivación que llevó a los líderes allí congregados a tomar tal decisión fue la preservación de lo más preciado para un mapuche, y por extensión para cualquier indígena, que no es otra cosa que la tierra; el preciado territorio mapuche, el cual representa mucho más de lo que podemos imaginar. La tierra para un mapuche es sagrada, no sólo es fundamental para la supervivencia de este pueblo, sino también tiene un significado especial para su identidad y espiritualidad. Han pasado casi 150 años de ocupación pero este pueblo nunca renunció a su soberanía sobre su territorio; la preservación de esta cultura basada en una estrecha relación con la Madre Tierra continúa siendo una de sus señas de identidad cultural y constituye la base de su existencia, fue así desde antes de la llegada de los españoles y continúa siendo así en plena era de la globalización, cuando las grandes compañías campan a su anchas esquilmando los recursos naturales y degradando esta casa común de todos que llamamos La Tierra.

El mantenimiento de modos de vida construidos en perfecta simbiosis con las leyes de la naturaleza, que estos pueblos indígenas practican, es un modelo de sostenibilidad a imitar si de verdad queremos preservar la tierra a las generaciones venideras. Los pueblos indígenas poseen grandes y antiguos patrimonios culturales relacionados con la preservación medioambiental, por lo tanto sus conocimientos tradicionales y su comprensión del medio ambiente que les rodea son contribuciones valiosas para una cultura de sostenibilidad. La defensa de los medios a fin de que los pueblos indígenas obtengan los derechos sobre sus tierras es una de las prácticas políticas que cualquier gobierno sensato, que tenga la suerte de contar entre su acervo cultural con uno o varios grupos indígenas, debería de salvaguardar y proteger a fin de potenciar su propia identidad cultural y los valores medioambientales intrínsecos a ellos. Sin duda los pueblos indígenas y sus sistemas de conocimientos pueden jugar un papel especial en la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales de una nación pues poseen una riqueza de conocimientos altamente especializados sobre el medio ambiente que les rodea y sobre sus recursos naturales.

Sin embargo, muy al contrario, en la mayoría de países con población indígena muchos de estos grupos se encuentran entre los más marginados, vulnerables y desfavorecidos de la población. Chile es un ejemplo paradigmático de la desconsideración y del trato racista del que es objeto la población indígena. Los mapuches son marginados, represaliados y sometidos a un proceso de empobrecimiento progresivo en un territorio donde al mismo tiempo empresas multinacionales obtienen enormes beneficios mientras degradan y destruyen los recursos naturales del territorio ancestral.

El gobierno de Chile, subido en esta ola de liberalismo salvaje conducida por tiburones financieros que dejaron aparcado el alma en algún cruce de caminos, practica una política económica demoledora en el territorio mapuche. Grandes compañías forestales, minerales e hidroeléctricas obtienen cuantiosos beneficios a costa de la degradación medioambiental del viejo Wallmapu, sin que estos beneficios repercutan sobre la población autóctona. Como dijo el economista Thomas Friedman: “el compromiso social de las empresas es su cuenta de dividendo”, el liberalismo salvaje predominante en el gobierno chileno, sin duda, comparte esta filosofía. Esta política implacable y destructora, practicada en nombre de la igualdad, el desarrollo y el bienestar (el bienestar de unos cuantos), está basada en la expropiación de la tierra de los mapuches, convertidos en apátridas, sin voz ni voto, en su propio territorio, y despojados de sus tierras bajo la cobertura de disposiciones especiales que establecen el dominio privado del estado sobre las tierras supuestamente vacantes.

Existen leyes internacionales que establecen el derecho de la población indígena a decidir sobre las políticas que afectan a su territorio y a beneficiarse del uso de estas tierras, pero los intereses económicos de las grandes compañías y latifundistas, en connivencia con los políticos, impiden su vigencia y aplicación. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas deja claro que los proyectos de desarrollo en las tierras indígenas deben contar con el consentimiento libre e informado de la población indígena. Sin embargo, el estado chileno sigue tomando decisiones sobre el territorio del Wallmapu sin propiciar un proceso de concertación con las organizaciones y autoridades tradicionales mapuches.

Si se quiere conseguir la integración social de la minoría étnica más importante de Chile, la restitución de tierras se antoja como una de las principales medidas a tomar, puesto que la tierra es la fuente de ingresos más importante para la comunidad mapuche y es además la única vía para parar la sangría de flujos migratorios hacia las ciudades. No obstante, cabría pensar si por el contrario esta política, y la subsecuente migración a las ciudades, es consecuencia de una premeditada y bien pensada estrategia política  para la desintegración de la identidad mapuche  y para la uniformidad racial pretendida por el gobierno chileno bajo ese eufemismo al que llaman “chilenidad”.

El gobierno chileno sin duda nada entre dos aguas; entre la obligación de acatar los convenios firmados (el 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas y la Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos firmados por Chile y Argentina) y los compromisos a los que sin duda ha llegado con las grandes multinacionales que operan en el territorio mapuche. Los convenios anteriormente mencionados son un obstáculo para los planes a medio y largo plazo de sus aspiraciones económicas y de asimilación. No obstante, al gobierno chileno no le duelen prendas en ignorarlos con total impunidad y ante la pasividad la comunidad internacional. La “nueva vía chilena” ha tomado partido por las grandes corporaciones (como ha quedado demostrado con la presa de Hidroaysén). La primacía de los intereses de las grandes compañías sobre los derechos de la población indígena es llevada a cabo mediante mecanismos corruptos que recuerdan a la manera de proceder de grupos mafiosos, siendo el mismo en cada proyecto.  En primer lugar los directivos de las grandes compañías mueven sus hilos entre los entresijos del poder político para después estos mismos políticos desvirtuar y tergiversar las leyes para proceder a su aprobación legal, desechando los informes medioambientales negativos y aprobando dichos proyectos por la vía rápida. Por último las fuerzas de seguridad reprimen cualquier oposición a estos proyectos mediante una violencia inusitada que incluye amenazas, detenciones, maltrato físico y difamación de los líderes indígenas que promueven la resistencia a tales proyectos. Estos líderes son acusados de oponerse al bienestar y desarrollo de la región y de falta de patriotismo.

Aquí es donde se hace más evidente que nunca la máxima del Dr. Johnson cuando dijo que “el patriotismo es el último refugio de los canallas”. Apelando al patriotismo estos cortoplacistas acusan de antipatriotas a patriotas de verdad, a los que  están defendiendo su territorio del deterioro medioambiental, social y cultural, e incluso económico, de la nación que les pertenece. Mientras ellos cuidan de los intereses de las élites económicas y empresariales de las que proceden, los cuales basan su poder en la marginación, discriminación y destrucción de los que estorban para conseguir llevar a cabo sus planes económicos. Mientras haya negocio y beneficios todo vale, mientras haya recursos con los que alimentar la demanda desaforada de esta sociedad de consumo que ellos mismos publicitan desde sus medios, qué importa la sostenibilidad y demás zarandajas medioambientales de ecologistas trasnochados, y mucho menos importa la comunidad indígena de la zona, en nombre del progreso todo está permitido y el que se opone a ello es un refractario.  Estos adalides del liberalismo piensan que deben ser perseguidos, juzgados y condenados quienes atacan la libertad de mercado frente a la conservación medioambiental, y lo más asombroso es que existen personas que defienden la necesidad de deteriorar la salud del planeta para aumentar el progreso y la cuenta de dividendos, no se dan cuenta que es al contrario; nuestro planeta debe cuidarse como único camino hacia el progreso.

Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional declaró recientemente: “Tras siglos de abusos y discriminación, su supervivencia cultural y física se encuentra ahora en peligro porque no hay suficiente voluntad política para reconocer, respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas cuando estos se consideran un obstáculo para el crecimiento económico”.

En el conflicto político mapuche se hace necesario, por encima de todo, una devolución de las tierras a sus legítimos propietarios, los tratados firmados con la Casa Real Española y con los estados de Chile y Argentina proporcionan base jurídica para ello;  no es un regalo de los estados de Chile y Argentina sino que es una cuestión de conformidad con las leyes internacionales.  No se debe olvidar que hay al menos 40 tratados firmados que reconocen la soberanía del Pueblo Nación Mapuche al sur de los ríos Bío Bío y Colorado. Muchas comunidades se han propuesto dicha recuperación de tierras mediante la ocupación de fincas, lo cual es contestado desde el estado con una fuerte violencia y represión. Es necesario que se sepa, pues, que a los comuneros mapuches que ocupan las fincas no sólo les asiste el derecho moral sino también el legal, además, como no, del derecho que le asiste por la  necesidad de la tierra como sustento vital y espiritual y como modo de supervivencia.

Creo sinceramente que es deber de todos hacer que se escuchen las voces de los pueblos indígenas, se respeten sus derechos y se mejore su bienestar. En primer lugar es una cuestión de justicia social pues tienen derecho a que se respeten sus tradiciones y sus formas de vida, más aún en su propio territorio, pero también es un primer paso en el camino por la resolución de los conflictos políticos en los que están envueltos, como es el caso del que se vive actualmente en el Wallmapu. Por último, también sería bueno tenerles en cuenta por el interés ecológico de todos, tenemos mucho que aprender de sus valores medioambientales y de su comprensión de las leyes de la naturaleza. La sobre-explotación de los recursos naturales terminará por pasar factura ya que estos recursos no son ilimitados. El progreso no justifica todo, y mucho menos la marginación y discriminación de todo un pueblo. Es también nuestro deber, por lo tanto, hacer que los pueblos indígenas participen plenamente en la determinación de las estrategias políticas que atañen a su territorio y potenciar sus identidades, valores y culturas.

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