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El Grito de Batalla Insensible y Estridente de Celebraciones del Bicentenario del Estado de Chile Por Nina Dean* – 5 de agosto de 2010
Estos presos, prácticamente, están muriendo de hambre en prisiones chilenas mientras que la moderna y europea sociedad chilena se prepara para la celebración del bicentenario de su independencia de España, la cual trajo consigo la ilegal anexión del territorio ancestral mapuche. Los huelguistas, que iniciaron la protesta colectiva el 12 de julio de 2010, se pusieron en huelga de hambre por el desamparo que el pueblo mapuche ha sufrido durante décadas en el sistema legal de Chile, y en un intento desesperado por hacer público la insoportable situación de su gente, que día a día tiene que hacer frente a la represiva legislación que el estado les impone con objeto de acabar con las justas y democráticas demandas por sus territorios ancestrales. A raíz de la reciente visita de la delegación de lonkos (jefes) mapuche a los compañeros encarcelados, se hizo público que la salud de los detenidos se está deteriorando a pasos agigantados; los huelguistas presentan nauseas, calambres estomacales y mareos, los cuales son los primeros síntomas de problemas cardiacos. Sin embargo, a pesar de que los lonkos informaron al personal médico de la prisión de la precaria situación en la que se encuentran estos jóvenes, hasta la fecha no han recibido ningún tratamiento médico. Muy al contrario, con la intención de desacreditar y deslegitimizar la protesta, en una prisión, los guardias colocaron comida dentro de las celdas de los huelguistas de hambre para fotografiarla y distribuir dichas fotos entre los medios de comunicación locales. Asimismo, tras la visita la semana pasada a un número determinado de activistas mapuche en huelga de hambre, el senador izquierdista Navarro comentó su extrañeza al descubrir que el gobierno actual chileno es totalmente reacio a emprender algún tipo de negociación dialogada para poner fin a esta difícil situación. Desde entonces, el senador Navarro, en un esfuerzo por alcanzar una salida negociada, ha tratado de establecer algún tipo de comunicación entre las partes en conflicto, no obstante, hasta la fecha, su gestión ha sido infructuosa. Actualmente en Chile hay 37 líderes políticos mapuches encarcelados en varias prisiones de las regiones meridionales. Entre ellos hay 28 que están acusados, o cumpliendo condena, bajo la Ley Antiterrorista. En total hay 60 miembros de las comunidades cumpliendo condena en prisión, o en libertad condicional como medida cautelar. Tres mapuches se han visto forzados a buscar refugio político en países seguros. Lo primero que hay que tener en cuenta es la validez de los más de 30 antiguos tratados previamente firmados entre la Nación Mapuche y la Corona de España; dichos tratados fueron posteriormente asumidos por los estados de Chile y Argentina tras su independencia en 1810. Sin embargo, las dos republicas comenzaron a codiciar, y luego a explotar, el territorio ancestral mapuche, el cual comprende toda la región que se alarga desde los ríos Bío-Bío y Colorado hasta el extremo sur de Sudamérica. En efecto, un tercio de los territorios en los que se asientan los estados de Chile y Argentina están fundamentados bajo principios falsos. En 1860, estas dos repúblicas llevaron a cabo un estratégico, concertado y brutal ataque contra el pueblo mapuche, en lo que se llamó Pacificación de la Araucania, en Chile, y la Campaña del Desierto, en Argentina. El único fin de estas campañas fue subyugar y asimilar a la Nación Mapuche para conseguir un total control sobre sus territorios ancestrales. Muchos mapuches fueron desplazados a las tierras áridas con la intención de que murieran de hambre, mientras que un número incalculable de ellos fueron brutalmente asesinados. Esta era de genocidio, cometida por sus nuevos vecinos, está marcada a hierro en la conciencia colectiva de la Nación Mapuche como la peor de las traiciones que se tenga en la memoria. Este episodio de anexión forzada, básicamente, es el origen de la actual resistencia mapuche por los derechos de sus tierras. Durante décadas, la nación mapuche defendió con éxito su territorio de la invasión colonial española en el siglo 16, sin embargo, con la llegada de nuevas armas, tecnológicamente más desarrolladas, la vulnerabilidad de los mapuches se hizo evidente, por lo cual, durante la pacificación de Araucania, los mapuches quedaron prácticamente en manos de sus opresores. A pesar de soportar este salvaje episodio, históricamente, los mapuches se mantuvieron firmes en la defensa de su territorio, y donde en un primer momento perdieron por las armas, posteriormente empezaron a agruparse en organizaciones políticas y sociales, las cuales también sirvieron como centros de aprendizaje y unidad. Solo 25 años después de la pacificación de Araucania , el maestro Manuel Neculman y posteriormente el jefe mapuche Manuel Aburto Panguilef saltaron a la palestra junto con otros muchos líderes y activistas mapuches; trabajaron sin descanso para construir una nueva resistencia contra la dominación y la subyugación, y en defensa de la nación mapuche y de su territorios. Esta resistencia unificada, en forma de organizaciones sociales y políticas, ha continuado evolucionando y se ha fortalecido a través de los siglos XIX, XX y en lo que va del presente siglo. Hoy día, esta resistencia se manifiesta en el actual movimiento mapuche por los derechos de la tierra, y tiene su reflejo en la actual huelga de hambre de los prisioneros políticos. Además, el movimiento mapuche ha desarrollado un legado que continuará haciendo valer los derechos de su pueblo con respecto a sus actuales y futuras aspiraciones; estos derechos son defendidos a través de la participación de los grupos de derechos mapuches en organismos internacionales como las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de derechos humanos. Tras la llegada de un nuevo gobierno de derechas, después de las elecciones de enero de 2010, se han doblado los casos en los que se han visto envueltos activistas en defensa de la tierra mapuche; la principal causa de ello es la aplicación de la ley antiterrorista a casos de delito menor de desobediencia civil. Esta ley, inicialmente introducida bajo la anterior dictadura de Pinochet como medio de represión contra la oposición democrática, ha sido aplicada sistemáticamente durante las últimas décadas, tanto por gobiernos de izquierdas como de derechas, contra los líderes, manifestantes, comunidades y partidarios mapuches. De hecho, en los últimos meses, bajo el gabinete de Piñera, se han aprobado nuevas medidas, aun más duras, para aumentar las penas bajo esto ley. Estas nuevas medidas incluyen el derecho a arrestar y encerrar a un sospechoso sólo por llevar indumentaria con capucha, además de amnistiar a los presuntos sospechosos si están dispuestos a dar testimonio de las actividades de otros presuntos terroristas. Añadiendo a esto el hecho de que bajo la actual legislación antiterrorista los sospechosos son juzgados en cortes militares, y condenados utilizando pruebas de testigos anónimos que han sido untados. Los detenidos pueden estar en prisión preventiva sin juicio hasta dos años, lo que produce un letal cóctel de injusticia, desigualdad y la brutal violación de los derechos humanos internacionalmente aceptados. Es importante recordar que tras el asesinato de Jaime Mendoza Collío, último de los 5 jóvenes activistas de los derechos de la tierra en ser asesinado, una delegación de jefes mapuches, en agosto de 2009, en representación de su nación, viajaron al despacho de la entonces presidenta Michelle Bachelet. Su misión era fomentar el dialogo sobre el ya volátil conflicto territorial; sin embargo, de nuevo fueron rechazados ya que la presidenta rehusó hablar con ellos, a pesar de la preocupación y la disposición a entablar un diálogo sobre el contencioso de los derechos de la tierra. Debido a la cerrazón del gobierno a entablar ningún tipo de comunicación con los líderes de la nación mapuche en estos momentos de crisis, los líderes mapuches no han tenido otra opción que hacer un llamamiento a una protesta activa por los derechos del territorio mapuche. Este movimiento tiene reminiscencias del llamamiento que hizo Martin Luther King por los derechos civiles, usando la desobediencia civil y la no violencia como mecanismo de reivindicación, al igual que hoy día hacen los mapuches en sus demandas por la restitución de sus territorios ancestrales. Hay que tener en cuenta las consideraciones contenidas en la Convención 169 de la OIT (ratificada por Chile en 2008) y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que todas los estados nacionales deben consultar previamente con los pueblos indígenas sobre todas las cuestiones que son de interés para ellos, ya sean territoriales, culturales, comerciales, sociales políticas o legales. Por lo tanto, es imposible conciliar la paradójica falta de voluntad política, tanto de los anteriores gobiernos como del actual, al no querer interactuar con el pueblo mapuche y con sus líderes, con el cumplimento de la legislación internacionalmente aceptada. De nuevo, esta actitud recalcitrante, fue reiterada esta semana por un alto cargo del gobierno de Chile que visitó una de las prisiones en las que se encuentran un alto número de mapuches en huelga de hambre. Sin embargo, hay que señalar que su única preocupación dentro de la institución fueron asuntos no relacionados con la huelga de hambre; cuando los periodistas le preguntaron por qué no habló con los huelguistas mapuches, simplemente dijo que no tenía nada que decirles. Sin embargo, lo que más alarma ha suscitado, en esta frágil y volátil situación, quizá sea la escalofriante declaración que el mismo presidente Piñera pronunció justo antes de salir elegido cuando dijo que pronto veremos la segunda pacificación de Araucania, recordando el intento de genocidio perpetrado contra los mapuches por Chile y Argentina después de la independencia, y refiriéndose a un nuevo intento de perpetrar tal barbaridad por segunda y ultima vez, para así terminar de erradicarlos. Para contextualizar debidamente la gravedad de este comentario, se podría sugerir que este llamamiento a una segunda pacificación de Araucania es como si un líder europeo hiciera una llamada a un nuevo holocausto. Si un líder de una democracia Occidental hiciese semejante declaración pública, en una clara incitación a un intento de genocidio contra un pueblo, sería lógico de esperar que ese líder fuese penalizado por toda la comunidad democrática en una corte internacional por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, las públicas intenciones del presidente Piñera parecen haber pasado inadvertidas para toda la opinión publica, tanto global como nacional, de la que no se espera ninguna reacción. Durante las últimas semanas, la liberación de los presos cubanos en huelga de hambre ha sido el foco de atención de los medios de comunicación internacionales. El gobierno de Chile ha condenado la inhumanidad del gobierno de Cuba, llegando incluso a considerar la posibilidad de ofrecer asilo político a unos de estos grupos de presos cubanos. Por el contrario, el gobierno chileno no reconoce los abusos de los derechos humanos que se perpetran contra el pueblo mapuche, prefiriendo que los presos en huelga mueran de hambre antes que admitir los errores y las injusticias que son inherentes en la actual legislación chilena, antidemocrática y pos dictatorial. El escalofriante espectro de las anacrónicas tendencias en la actual administración chilena es motivo de honda preocupación debido a la relación que las actuales autoridades tienen con el viejo orden, con el cual mantienen una avenencia solapada, tanto con la moral como con los valores que durante años caracterizó a la clase dirigente Pinochetista. La cara amable de la democracia chilena, bajo un gobierno de derechas, no es sino un fino maquillaje de integridad y moralidad que en realidad esconde su verdadero rostro. Detrás de ese maquillaje vemos claramente como la clase dirigente ha sido reacia a hacer una verdadera transición desde los valores de la dictadura de los años setenta hacia una justa, humana y moderna democracia occidental. Por lo tanto podemos concluir que el afán desmedido de Chile por la tierra, y por sus recursos vitales, tuvo como resultado el incremento de capital para saciar sus ansias de expansión. Esto ha sido así desde la fundación de la nación hace dos siglos, cuando en los primeros días de la independencia y de la anexión territorial, la republica buscaba territorios, riqueza, dominación y poder en los actuales territorios mapuche. En términos generales, el objetivo actual para estos estados sigue siendo el mismo, utilizando sin escrúpulos cualquier medio para conseguir su fin. Para el estado chileno, la celebración del bicentenario no es sólo una conmemoración de lo que se hizo en el pasado, sino, y lo que es más alarmante, este bicentenario es una celebración adelantada de las ambiciones del futuro; cuando de una vez por todas robe lo que les pertenece a la nación mapuche, es decir, la tierra en la que viven. Para la nación mapuche, la celebración del bicentenario sólo es un escalofriante grito de guerra de un psicopatológico y brutal depredador. *Vice Secretaria _______________________ Traducido por Pedro Arenas.
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