¿Acta Antiterrorista o Acta de Pacificación?

Por Nina Dean* - 31 de julio, 2010

En estos momentos hay 30 presos políticos mapuche en huelga de hambre, detenidos por el estado de Chile, en protesta por la militarización del territorio Mapuche, por la continua negación de los derechos legítimos y democráticos que el pueblo Mapuche tiene de defender la tierra de sus antepasados y por su injusta encarcelación, acusados de infringir la Ley Antiterrorista número 18.314.

Hoy hace 20 días que empezó la huelga de hambre colectiva iniciada el pasado 12 de julio. A la huelga, secundada por los presos políticos mapuches, se han unido presos de prisiones de todo Chile como -Angol, Concepción, Temuco, Valdivia y Lebu-. Innumerables presos políticos han denunciado haber sido objeto de torturas durante los interrogatorios y a lo largo de la detención. Todo ello ha sido evidenciado por las fotografías de sus heridas y por los testimonios de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Los Mapuches son un pueblo indígena que tradicionalmente ha vivido en la parte de los territorios actualmente conocidos como Chile y Argentina, desde los ríos Bío-Bío y  Colorado hasta el extremo sur de Sudamérica. La nación Mapuche, de acuerdo con su cultura y creencias, lleva años manteniendo un tradicional estilo de vida en esta región. Sin embargo, después de la invasión de la nación Mapuche por parte de los españoles en 1541, los mapuches se vieron obligados a defenderse del exterminio y la dominación colonial.  En la década de 1860, mucho después de la independencia de los estados de Chile y  Argentina en 1810, se produjo la ruptura de más de 30 acuerdos ancestrales firmados entre España y la nación mapuche, incluido el Tratado o de Killen. Chile y Argentina iniciaron un asalto brutal y premeditado a la nación Mapuche, conocido con el nombre de Pacificación de la Araucania en Chile y la Campaña del Desierto en Argentina. La consecuencia final del intento de anexionarse el territorio ancestral Mapuche, y la puesta en marcha de una política de asimilación y genocidio étnico, tuvo como consecuencia la muerte de miles de mapuches y el desplazamiento de otros muchos a las ciudades y a las tierras áridas y empobrecidas. Este fue un episodio marcado de una forma indeleble en la memoria de la conciencia mapuche, al igual que lo fue aquel episodio infame -Trail of Tears- (penoso camino de lágrimas), ocurrido en las naciones indias de América del Norte.

De modo que lo único que reclama el pueblo Mapuche es el legítimo derecho que tiene a ser una cultura indígena diferenciada. Unos derechos consagrados en las leyes  internacionales; para vivir libremente y en paz sobre la base de su tradicional y ancestral tierra, y para perpetuar su cultura, su identidad, su tradición y vivir en armonía con sus valores culturales y espirituales. La visión cósmica (espiritual) de los mapuches está indisolublemente ligada a la relación con la tierra en la que viven. Sus derechos han sido cercenados al ser privados de la libertad de estar en comunión con sus tierras ancestrales, como sustento tanto físico, mental y espiritual de la identidad y cultura Mapuche. No obstante, como los valores espirituales de los mapuches se caracterizan por una correcta utilización de los medios tradicionales de desarrollo sostenible, naturalmente, entran en conflicto con los valores dominantes en la sociedad chilena. Además, ambos sistemas de valores están en total oposición debido a los planes a largo plazo de expansión capitalista del estado chileno, al ir de la mano junto con los proyectos de las compañías multinacionales energéticas, forestales y de extracción minera, y con los terratenientes locales descendientes de europeos.

En la actualidad, en Chile, 37 lideres presos políticos mapuches se encuentran en diferentes prisiones del sur de Chile, 28 de ellos están acusados o cumpliendo condena bajo la Ley Antiterrorista. En total, 60 miembros de la comunidad están en prisión, en libertad condicional o bajo medidas cautelares. Tres Mapuches han tenido que pedir refugio político; uno en Argentina y dos en Suiza, y además, cinco mapuches  han muerto debido a los disparos y torturas de la policía chilena.

Durante más de una década, sucesivos gobiernos chilenos han aplicado la ley antiterrorista de la anterior dictadura de Pinochet, promulgada como medida de represión de los derechos democráticos de los ciudadanos. Actualmente esta ley se aplica sobre los defensores de los derechos  que el pueblo mapuche tiene sobre sus tierras ancestrales, así como sobre las comunidades mapuches y sobre sus dirigentes y partidarios, en un claro intento de sabotear los movimientos que reivindican los ancestrales derechos que los mapuches tienen sobre sus tierras, y silenciar sus justas y democráticas demandas para que se les devuelvan sus antiguos territorios.

Los prisioneros condenados bajo la Ley Antiterrorista tienen que hacer frente a un juicio militar  por el cual puede utilizarse como prueba la identificación del acusado por testigos anónimos. Si son sentenciados bajo esta ley, sus sentencias pueden ser dobladas respecto a la ley ordinaria. Según la Organización de Naciones y Pueblos No-representados, los juicios previos hacen más difícil la puesta en libertad de los detenidos, además de facilitar el enjuiciamiento y el ocultamiento de pruebas a la defensa por más de 6 meses.

La comunidad internacional ha condenado ampliamente al gobierno de Chile, incluyendo el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como por numerosas naciones y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, el Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura. Sin embargo la actitud del gobierno chileno sigue siendo beligerante y en clara oposición a la generalizada condena de sus antidemocráticas e inmorales practicas claramente contrarias a las legislaciones y a los convenios internacionales, como por ejemplo la Convención 169 de la  OIT (aprobado por Chile en 2008) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Durante la 12º sesión del pleno del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de 2009, el gobierno chileno estuvo estrechamente vigilado por la comunidad internacional en la Revisión Periódica Universal de las Naciones Unidas. En dicha sesión fue unánimemente criticado por organizaciones no gubernamentales, así como por estados y por grupos de derechos humanos. Dichas críticas eran el uso debido de la Ley Antiterrorista contra pacíficos activistas y por la  falta de respeto del gobierno chileno al debido proceso legal. Durante la mencionada sesión, Danielle Mitterrand, esposa del ex presidente francés Mitterrand, condenó sin reservas la injusta aplicación de la presente ley contra los defensores y partidarios de los derechos de la tierra Mapuche, injusticia que ella misma profesaba haber sido testigo de primera mano.

Tras las recientes elecciones de 2010 y la llegada de un nuevo gobierno de derecha bajo el liderazgo del presidente Piñera, los mapuches se han preparado ante la intensificación de la represión y la violencia, que como era previsible este gobierno ha adoptado contra ellos. Durante el pasado año el número de detenidos bajo la Ley Antiterrorista se ha doblado respecto a la anterior administración. El 8 de Julio de 2010, a través de una de las cinco enmiendas al Ley Antiterrorista, el ministro del interior anunció que las nuevas medidas endurecerán las penas por crímenes graves, ofreciendo garantías a aquellos que ayuden a detener la violencia. Afirmando que el proyecto ofrecerá nuevas herramientas para acabar con grupos “terroristas”. Así mismo, señalo que si un activista arrepentido desea dar información no tendrá que hacer frente a cargos criminales. En resumen, si alguno es acusado de los llamados “crímenes terroristas”, se le ofrecerá la oportunidad de denunciar las actividades de otros, para ser amnistiados de sus delitos.

El presidente Piñera se refirió a esa nueva táctica, que intenta poner en marcha, en una rueda de prensa en las que hizo público que pronto veremos la segunda pacificación de Araucania, refiriéndose al primer asalto a la nación Mapuche entre  1865-1883, cuando la recientemente formada república llevó a cabo una brutal política de genocidio y asimilación contra la nación mapuche, en un intento de exterminarlos para quedarse con sus tierras y con los valiosos recursos naturales que había dentro de sus fronteras. Durante este histórico e infame ataque miles de mapuches murieron de hambre o directamente asesinados por el ejército chileno.

Con las nuevas modificaciones propuestas a la Ley Antiterrorista, el actual gobierno busca, a través de la táctica de “divide y vencerás”, incrementar el miedo, con la esperanza de que los mapuches se vuelvan unos contra otros. El gobierno confía que por medio de la falta de libertad, a la que los mapuches se ven sometidos, abandonen su lucha por la devolución de sus tierras ancestrales a cambio de paz y del fin de la intimidación y de la violenta represión estatal que los mapuches sufrirían si se niegan a obedecer al gobierno. Sin embargo los mapuches son un pueblo acostumbrado a luchar contra un tirano externo; como hasta la fecha se demuestra con cientos de años de feroz resistencia a la dominación y a la asimilación. Por lo tanto, a largo plazo, el gobierno probablemente se verá forzado a considerar el uso ilegal de la fuerza bruta.

La represión de los líderes Mapuches, y de sus familias en particular, es una característica de la estrategia del gobierno chileno para sabotear el movimiento mapuche por los derechos de la tierra. La familia Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, ubicada en la región de Cunco, y la familia Ancalaf Llaupe de Collipully, son dos claros ejemplos de la represión estatal . “Lonko” (jefa) Juana Calfunao, líder de la comunidad Juan Paillalef, ha  permanecido detenida en la penitenciaría de mujeres de Temuco más de 4 años por un insignificante delito de desobediencia civil, mientras que su hijo Waikilaf Cadin está en estos momentos en prisión preventiva en la cárcel de Angol, detenido bajo la Ley Antiterrorista. El resto de la familia ha tenido que sufrir largos periodos de detención y tortura, de hecho, en 2006, toda la familia Calfunao sufrió una detención colectiva. La hija menor de “lonko” Calfunao, actualmente reside en Suiza, donde pidió asilo político por su seguridad personal. Por otro lado, Víctor Ancalaf Llaupe, expreso político, fue detenido en un primer momento bajo la Ley Antiterrorista en 2002, y sentenciado a 10 años y un día de prisión por un delito que no había cometido. Posteriormente la condena se redujo a 5 años tras la apelación. Ancalaf, “werken” (emisario) mapuche, y su familia, están bajo vigilancia diaria por la policía chilena a pesar de haber cumplido toda la condena. Desde entonces ha recibido públicas amenazas de muerte por parte de un grupo paramilitar de extrema derecha llamado Comando Hernán Trizano.

Otra seña de identidad de la gestión del gobierno con respecto a la resistencia política de los mapuches, en particular durante los  periodos de huelga de hambre, ha sido la implantación de un apagón informativo en los medios de comunicación; de esta manera la clase dirigente chilena espera impedir la observación, tanto interna como externa, de la violación de los derechos humanos inherentes en la actual política del estado. Por si esto fuera poco, durante los actuales periodos de huelga de hambre en Mapuche, el gobierno lamentablemente ha ido más lejos al colocar comida en las celdas de los huelguistas de hambre, lo cual ha sido fotografiado y distribuido a los medios de comunicación locales e internacionales, en un claro intento de desacreditar y debilitar la protesta.

El mundialmente aclamado humanista Albert Einstein afirmó que: “a la hora de hacer frente a un tirano malvado, no es del tirano de quien debemos tener miedo, sino del silencio de los testigos, ya que es esta actitud apática la que permite que la atrocidad tenga lugar”. A la hora de hacer frente al problema de la violenta opresión histórica y al intento de subyugación, el pueblo Mapuche no debe tener dudas de la identidad y de las intenciones de su opresor. Sin testigos, ellos se enfrentan a la adversidad solos. Por lo tanto es un deber ineludible de la comunidad internacional ser solidario ante tanta injustica, y terminar rápidamente y con determinación la situación de opresión a la que los mapuches se ven sometidos a diario, porque dicha situación amenaza la propia existencia del pueblo mapuche como nación indígena, con su propia singularidad idiosincrática.

(*) Vice-secretaria
Enlace Mapuche Internacional

Traducido por Pedro Arenas.
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