{"id":731,"date":"2018-10-17T00:16:07","date_gmt":"2018-10-17T00:16:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mapuche-nation.org\/esp\/?p=731"},"modified":"2018-10-17T00:23:17","modified_gmt":"2018-10-17T00:23:17","slug":"abogados-publican-informe-con-todas-las-ilegalidades-validadas-por-la-corte-suprema-en-el-caso-luchsinger-mackay","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mapuche-nation.org\/esp\/abogados-publican-informe-con-todas-las-ilegalidades-validadas-por-la-corte-suprema-en-el-caso-luchsinger-mackay\/","title":{"rendered":"Abogados publican informe con todas las ilegalidades validadas por la Corte Suprema en el caso Luchsinger-Mackay"},"content":{"rendered":"

UN TRABAJO DEL CENTRO DE INVESTIGACI\u00d3N Y DEFENSA SUR<\/span><\/strong><\/p>\n

Abogados publican informe con todas las ilegalidades validadas por la Corte Suprema en el caso Luchsinger-Mackay<\/span><\/strong><\/p>\n

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En la exposici\u00f3n tambi\u00e9n se hace referencia a los entramados que explicar\u00edan el origen de lo que denominan \u201cvoluntarismo punitivo\u201d de los jueces regionales, y a las acciones orientadas a implementar esta disposici\u00f3n, no s\u00f3lo en este caso, sino que en todos en los que se persiguen a personas mapuche.<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

EL CIUDADANO OCTOBER 14, 2018<\/span><\/p>\n

V\u00eda Resumen \/ Un completo informe es el que ha publicado el Centro de Investigaci\u00f3n y Defensa SUR que agrupa a profesionales dedicados a investigar y documentar situaciones de vulneraci\u00f3n de Derechos Humanos. Sus intervenciones de mayor notoriedad se han realizado en el contexto de la defensa jur\u00eddica de comuneros y comuneras mapuche y, precisamente, el presente trabajo expone pormenorizadamente las ilegalidades y faltas al debido proceso cometidas por instituciones como la Fiscal\u00eda y las polic\u00edas en el caso de la muerte del matrimonio de latifundistas Luchsinger Mackay, respecto al cual la Corte Suprema ha ratificado la culpabilidad de tres comuneros.<\/span><\/p>\n

En la exposici\u00f3n tambi\u00e9n se hace referencia a los entramados que explicar\u00edan el origen de lo que denominan \u201cvoluntarismo punitivo\u201d de los jueces regionales, y a las acciones orientadas a implementar esta disposici\u00f3n, no s\u00f3lo en este caso, sino que en todos en los que se persiguen mapuches. Finalmente, alertan respecto al significado que representa el reciente fallo de la Corte Suprema, afirmando que: \u201cHasta la fecha, el m\u00e1ximo Tribunal del pa\u00eds hab\u00eda sido el basti\u00f3n de defensa del debido proceso y de la libertad y seguridad individual de los comuneros y sus defensores. Al validar esta forma de investigar, esta forma de condenar basado en el prejuicio y en el voluntarismo punitivo de los jueces regionales, se vislumbra un oscuro escenario para el Pueblo mapuche y sus defensas en los pr\u00f3ximos a\u00f1os\u201d.<\/span><\/p>\n

CASO LUCHSINGER: IRREGULARIDADES Y RAZ\u00d3N DE ESTADO<\/span><\/strong><\/p>\n

El 11 de junio de 2018, en Temuco Chile, el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad dict\u00f3 sentencia condenatoria en contra de 3 de los 11 acusados del medi\u00e1ticamente conocido caso Luchsinger Mackay. Los comuneros Jos\u00e9 Peralino Huinca, Jos\u00e9 Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, fueron condenados como autores del delito de incendio terrorista, tras el segundo juicio que se realiz\u00f3 en su contra, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco anulara el primer juicio en el que de forma un\u00e1nime, hab\u00edan sido absueltos los once comuneros mapuche. En esa ocasi\u00f3n, el Tribunal integrado por tres jueces letrados, desestim\u00f3 adem\u00e1s calificar el delito como terrorista.<\/span><\/p>\n

Los mismos hechos ya hab\u00edan sido objeto de otro pronunciamiento judicial en 2014, cuando fue condenado como autor del delito el Machi Celestino C\u00f3rdova Tr\u00e1nsito. En esa oportunidad, el delito tampoco fue calificado como terrorista.<\/span><\/p>\n

La acusaci\u00f3n en contra de los once comuneros, entre quienes se encontraba la Machi Francisca Linconao y reconocidos dirigentes defensores del territorio y del agua, como Luis y Jos\u00e9 Tralcal, se enmarca en la permanente criminalizaci\u00f3n del conflicto pol\u00edtico, social, cultural y ambiental, que se vive en el Sur de Chile entre el Estado y el Pueblo Naci\u00f3n Mapuche. Conflicto que nace de la demanda de restituci\u00f3n territorial que sostiene el Pueblo Mapuche, y de su oposici\u00f3n a la ejecuci\u00f3n de proyectos extractivistas en el Wallmapu.<\/span><\/p>\n

Estos mismos dirigentes han sido llevados en reiteradas ocasiones ante Tribunales chilenos: Luis Tralcal Quidel, por ser considerado un activo dirigente en la demanda de restituci\u00f3n territorial, ha sido absuelto en las nueve ocasiones en las que el mismo equipo de fiscales ha intentado inculparlo por hechos en los que, pese a ser definitivamente absuelto, le han significado a\u00f1os de prisi\u00f3n preventiva. Jos\u00e9 Tralcal Coche, es un reconocido dirigente pol\u00edtico que ha logrado la recuperaci\u00f3n y aprovechamiento de los derechos de aguas para las comunidades mapuche, mediante la recuperaci\u00f3n del canal Itinento, por lo que tambi\u00e9n es objeto de persecuci\u00f3n criminal.<\/span><\/p>\n

La instrumentalizaci\u00f3n de los Tribunales de justicia para perseguir a dirigentes y autoridades ancestrales mapuche, es una pol\u00edtica que ya le signific\u00f3 a Chile, el a\u00f1o 2014, una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar discriminatoria la aplicaci\u00f3n de la ley antiterrorista a delitos enmarcados en el conflicto.<\/span><\/p>\n

La misma cuesti\u00f3n ha sido relevada permanentemente por los Organismo Internacionales de Derechos Humanos, que conminan a Chile a dar un tratamiento pol\u00edtico al conflicto y cesar de invocar Ley Antiterrorista en contra de comuneros mapuche; normativa nacida en la dictadura de Pinochet para perseguir a la oposici\u00f3n pol\u00edtica del r\u00e9gimen, y que hoy es utilizada para perseguir a los defensores del territorio.<\/span><\/p>\n

El uso de la ley antiterrorista se explica por los efectos sociales estigmatizadores y desmovilizadores, as\u00ed como por las ventajas procesales asociadas al hecho de su invocaci\u00f3n. Largos periodos de prisiones preventivas \u2013un a\u00f1o y siete meses en este caso-, la elevaci\u00f3n de la penas solicitadas, el secreto de la investigaci\u00f3n para las defensas, el uso de testigos sin rostro, son todos efectos derivados de la mera invocaci\u00f3n de la ley, con independencia se los resultados absolutorios.<\/span><\/p>\n

Hasta antes del veredicto condenatorio de mayo de 2018, s\u00f3lo exist\u00eda una condena por terrorismo en el Sur de Chile, no obstante sus m\u00faltiples invocaciones. El condenado fue un agente infiltrado de la Polic\u00eda chilena, Ra\u00fal Castro Antip\u00e1n, quien en un procedimiento abreviado reconoci\u00f3 los hechos imputados, acus\u00f3 a otras personas que terminaron siendo absueltas, y obtuvo como ganancia no pisar nunca una c\u00e1rcel.<\/span><\/p>\n

La estrategia usada con Castro Antip\u00e1n se utiliz\u00f3 tambi\u00e9n en el caso Luchsinger Mackay con Jos\u00e9 Peralino Huinca; una persona psicol\u00f3gica y socialmente vulnerable, al que se le ofreci\u00f3 dinero y protecci\u00f3n policial a cambio de acusar a otros comuneros. Ante su negativa, comenzaron los acosos, hostigamientos y apremios f\u00edsicos y psicol\u00f3gicos por parte de la polic\u00eda, quienes luego servir\u00edan como testigos de o\u00eddas de la supuesta declaraci\u00f3n inculpatoria prestada por Peralino y que es la principal prueba de los acusadores. De esa declaraci\u00f3n no existe ning\u00fan registro audio visual, s\u00f3lo un documento escrito en un lenguaje sofisticado, ajeno a la realidad social del declarante, confeccionado por dos fiscales y dos polic\u00edas, y supuestamente firmado por Peralino sin la presencia de su abogado defensor.<\/span><\/p>\n

Cuando Jos\u00e9 Peralino tuvo acceso a un abogado defensor, el d\u00eda de la detenci\u00f3n masiva de los once comuneros inculpados, se retract\u00f3 p\u00fablicamente de la declaraci\u00f3n inculpatoria ante un Tribunal de la Rep\u00fablica, en una audiencia cuyos registros son de p\u00fablico acceso en internet. Denunci\u00f3 los apremios sufridos de parte de los polic\u00edas para que firmara lo que \u00e9l calific\u00f3 como \u201cpuras mentiras\u201d, sin embargo, el juicio sigui\u00f3 adelante y en e sa supuesta declaraci\u00f3n se funda la condena de los tres comuneros.<\/span><\/p>\n

Luego de interpuesta la querella por Jos\u00e9 Peralino en contra de los funcionarios de la PDI Guillermo Vilches y Claudio Leiro, por los delitos de apremios ileg\u00edtimos, la defensa de los polic\u00edas solicito r\u00e1pidamente el sobreseimiento definitivo, el que fue otorgado por la Corte de Temuco. Mediante un recurso de queja, la Corte Suprema (Causa Rol N\u00b0 76.331-2016) orden\u00f3 reabrir la investigaci\u00f3n hasta finalizar a los menos las diligencias solicitadas por la querellante. El ministerio p\u00fablico se opuso en estrados. Luego y ante la imposibilidad de sobreseer, el Ministerio Publico opt\u00f3 por no perseverar en la investigaci\u00f3n, impidiendo en los hechos seguir adelante con las pesquisas.<\/span><\/p>\n

El actuar policial al margen del Estado de Derecho, es una constante estructural en el Sur de Chile. Actualmente, altos oficiales de la Unidad de Inteligencia de Carabineros (UIOE) se encuentran procesados por asociaci\u00f3n il\u00edcita, tras descubrirse un montaje de mensajer\u00eda de texto en contra de otros 10 comuneros mapuche, en la llamada Operaci\u00f3n Hurac\u00e1n. Con autorizaci\u00f3n de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, fueron intervenidos sus tel\u00e9fonos y los de abogados defensores de derechos humanos. Tras no hallar pruebas, \u00e9stas fueron inventadas e implantarlas en sus tel\u00e9fonos m\u00f3viles, lo cual motiv\u00f3 tambi\u00e9n una Comisi\u00f3n Investigadora de la C\u00e1mara de Diputados. La misma UIOE, es la unidad policial que en el caso Luchsinger Mackay implant\u00f3 un arma hechiza y panfletos en el domicilio de la Machi Linconao, delitos por los que tambi\u00e9n result\u00f3 absuelta.<\/span><\/p>\n

Todas las pruebas ofrecidas por las defensas y que acreditaban la inocencia de los condenados, fueron duramente atacadas por el Ministerio P\u00fablico, no s\u00f3lo en estrados, sino tambi\u00e9n fuera del proceso. Las camareras del motel en que pas\u00f3 la noche el d\u00eda de los hechos Luis Tralcal Quidel, fueron detenidas y el local allanado. Se acus\u00f3 a los defensores de presentar pruebas falsas y fueron objeto de persecuci\u00f3n policial. Ni aun la declaraci\u00f3n de testigos directos que acreditaban la presencia del comunero en otro lugar, fueron elementos considerados importantes por el Tribunal que sentenci\u00f3 el delito terrorista.<\/span><\/p>\n

Para los grupos defensores de derechos humanos con presencia en el territorio hist\u00f3rico mapuche, la sentencia condenatoria del nuevo juicio Luchsinger Mackay se explica tanto por la presi\u00f3n de los gremios empresariales que defienden las inversiones capitalista, como por las presiones pol\u00edticas ejercidas sobre el Poder Judicial desde el Gobierno Central, quienes act\u00faan como querellante en la causa. Los principales testigos de los acusadores para contextualizar el delito como terrorista, son precisamente los presidentes de los empresarios agr\u00edcolas Gast\u00f3n Caminondo de la SOFO y Emilio Taladriz, presidente de la Multigremial. El hijo del fallecido matrimonio, Jorge Luchsinger, form\u00f3 parte activa del equipo de campa\u00f1a del electo Presidente Pi\u00f1era, empresario multimillonario que utiliz\u00f3 como bandera de lucha en su programa, el combate al terrorismo supuestamente presente en la Araucan\u00eda.<\/span><\/p>\n

Los Tribunales de la Regi\u00f3n, a diferencia de lo que hicieron los jueces anteriores al juzgar estos mismos hechos, han cedido a las presiones de los poderes f\u00e1cticos que buscan construir, a trav\u00e9s de sentencias judiciales, un nuevo paradigma del ind\u00edgena, un terrorista que se opone al desarrollo. Una verdadera ola represiva se desat\u00f3 en la Regi\u00f3n luego de que en Septiembre del a\u00f1o 2017, se reunieran Ministros de las Cortes de Apelaciones del sur de Chile con los jefes m\u00e1ximos de las polic\u00edas, fiscales y autoridades de Gobierno. Tras esa reuni\u00f3n se anul\u00f3 el primer juicio del caso Luchsinger en que fueron absueltos los once comuneros y en que se desech\u00f3 el car\u00e1cter terrorista del delito y se autorizaron las detenciones a comuneros que terminaron arrojando el montaje policial de la Operaci\u00f3n Hurac\u00e1n.<\/span><\/p>\n

Dos de los tres jueces que recientemente condenaron a los comuneros mapuche, se encontraban postulando a Juez de Garant\u00eda en la ciudad de Temuco, cuyo nombramiento depende directamente del Presidente de la Rep\u00fablica, y el Juez Presidente de la Sala se encontraba postulando adem\u00e1s al Cargo de Notario en la ciudad de Concepci\u00f3n. Asimismo, la \u00fanica jueza que hab\u00eda demostrado apego al Debido Proceso durante el juicio, hizo abandono del mismo s\u00f3lo d\u00edas antes de conocerse el veredicto condenatorio, bajo licencia m\u00e9dica y denuncias de acoso laboral de parte del mismo Juez presidente. Son todas circunstancias que demuestran los efectos del poder colonial capitalista en el territorio hist\u00f3rico mapuche.<\/span><\/p>\n

Ante tal escenario fueron presentados los recursos de nulidad ante la Corte Suprema, con la esperanza de que la m\u00e1s alta magistratura del Estado sea inmune a los poderes f\u00e1cticos que configuran el campo jur\u00eddico en la Regi\u00f3n de la Araucan\u00eda de Chile.<\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, y en medio de una acusaci\u00f3n constitucional interpuesta contra 3 de los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema con ocasi\u00f3n de la libertad condicional otorgada a criminales de lesa humanidad, el lobby de parte del Gobierno de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era en apoyo de los supremos, llegando inclusive a reunirse personalmente con el Presidente de la Corte Suprema, permite suponer que la decisi\u00f3n final en el presente caso tuvo una gran cuota de presiones pol\u00edticas. M\u00e1s aun cuando dicha acusaci\u00f3n ha sido desestimada con el rechazo irrestricto de toda la bancada gubernamental.<\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, con fecha 30 de septiembre \u2013 a 10 d\u00edas de la notificaci\u00f3n legal de la Sentencia de la Corte Suprema \u2013 el diario el Mercurio ha filtrado los t\u00e9rminos del supuesto acuerdo de la Sala Penal, indicando que se confirmar\u00eda la culpabilidad de los comuneros pero recalificando los hechos como delito com\u00fan, quit\u00e1ndole el car\u00e1cter terrorista y rebajando la condena. Dicha informaci\u00f3n, correspondi\u00f3, en definitiva a los t\u00e9rminos exactos de la sentencia dada a conocer oficialmente por la Corte Suprema el d\u00eda 10 de octubre de 2018.<\/span><\/p>\n

Tal filtraci\u00f3n da cuenta del acceso del medio m\u00e1s poderoso y conservador del pa\u00eds a los acuerdos que adoptan las salas de la Corte Suprema, lo que abre otra arista al manejo pol\u00edtico del caso. En efecto, que dicho medio de comunicaci\u00f3n haya publicado dicha informaci\u00f3n permite suponer que el diario que propugn\u00f3 en su momento la ocupaci\u00f3n militar de la Araucan\u00eda, que inst\u00f3 y justific\u00f3 el golpe militar el a\u00f1o 1973 y que ha servido durante un siglo a la propaganda de la derecha m\u00e1s recalcitrante de Chile, tendr\u00eda l\u00ednea directa con el m\u00e1ximo Tribunal del pa\u00eds a tal punto que sus fallos son comunicados a los intervinientes, a sus familias y a todo territorio nacional con anterioridad a la notificaci\u00f3n oficial.<\/span><\/p>\n

Cabe preguntarse si tal es el nivel de cercan\u00eda de dicho medio de comunicaci\u00f3n con el m\u00e1ximo Tribunal, al punto de obtener la informaci\u00f3n de sus resoluciones con tal anticipaci\u00f3n, \u00bfcu\u00e1l es el nivel de injerencia que tienen en las sentencias? Si la informaci\u00f3n obtenida es fidedigna, y por tanto existe un canal desde la Corte Suprema hacia el diario El Mercurio, \u00bfc\u00f3mo funcionar\u00e1 ese canal en sentido inverso? \u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n entreg\u00f3 El Mercurio a la Corte Suprema durante los 2 meses entre que se aleg\u00f3 el recurso hasta la publicaci\u00f3n de la filtraci\u00f3n?<\/span><\/p>\n

Al respecto cabe destacar, que con fecha 6 de enero de 2013, solo 2 d\u00edas despu\u00e9s de ocurridos los hechos y 9 meses antes de que la polic\u00eda obligara a firmar a Jos\u00e9 Peralino la primera declaraci\u00f3n inculpatoria, el mismo Diario El Mercurio mediante un art\u00edculo de prensa sindicaba Luis Tralcal Quidel como uno de los responsables del hecho. Esto pese a no existir ninguna evidencia en su contra, como qued\u00f3 demostrado con el amparo interpuesto por el comunero mapuche tras verse amenazada su libertad y seguridad por la publicaci\u00f3n antedicha. Pese a ello, el Diario el Mercurio parece haber conseguido su objetivo.<\/span><\/p>\n

Junto a las publicaciones y opiniones del Diario El Mercurio, otra frase resuena en los pasillos de la justicia: Raz\u00f3n de Estado\u2026<\/span><\/p>\n

Y es que el la sentencia condenatoria est\u00e1 plagada de argumentaciones de un claro voluntarismo punitivo. Acomodando e interpretando la evidencia con el objeto de obtener una condena a toda costa. As\u00ed, por ejemplo, con el objeto de intentar confirmar la declaraci\u00f3n escrita del delator compensado el Tribunal se\u00f1ala: \u201cContinuando con el an\u00e1lisis de los restantes condenados, esto es, LUIS SERGIO TRALCAL QUIDEL, y JOSE SERGIO TRALCAL COCHE, valga se\u00f1alar que conforme la din\u00e1mica de hechos \u2026es posible sostener en esta sentencia, que quienes atacaron aquel d\u00eda la vivienda ubicada en la Granja Lumahue era \u201cun grupo de personas\u201d, Que en efecto, y a partir de dicha conclusi\u00f3n, es posible anotar en este mismo sentido a trav\u00e9s de la evidencia bal\u00edstica ya referida, y su peritaje, \u2026, que en el sitio del suceso fueron utilizadas a lo menos tres armas de fuego distintas, dos cortas y una larga\u2026<\/span><\/p>\n

Si bien (Jos\u00e9 Peralino) se\u00f1al\u00f3 que casi todos pose\u00edan armas y que deb\u00edan llevarlas al ataque, tal afirmaci\u00f3n no implic\u00f3 necesariamente una contradicci\u00f3n con lo referido por el perito en an\u00e1lisis, como pretendi\u00f3 la defensa, pues el perito bal\u00edstico asent\u00f3 como conclusi\u00f3n que se habr\u00edan utilizado a lo menos tres (ergo, la l\u00f3gica simple nos lleva a diferenciar necesariamente los vocablos \u201cllevar y utilizar\u201d); en efecto, pueden todos llevar armas, pero se utilizaron a lo menos tres, de acuerdo a la prueba cient\u00edfica rendida en juicio. Una afirmaci\u00f3n no excluye la otra\u201d.-<\/span><\/p>\n

Ac\u00e1 es el propio Tribunal quien reconoce la discrepancia entre el relato escrito de Jos\u00e9 Peralino Huinca con la evidencia bal\u00edstica encontrada en el sitio del suceso, en tanto el coimputado habr\u00eda afirmado \u2013 en su supuesta declaraci\u00f3n ante la polic\u00eda \u2013 la concurrencia de varias armas largas, en tanto solo es levantada evidencia bal\u00edstica correspondiente a la utilizaci\u00f3n de solo una escopeta o arma larga. Luego, y al no coincidir con la informaci\u00f3n entregada por la declaraci\u00f3n escrita del coimputado Peralino Huinca, el Tribunal supone, sin otorgar mayor razonamiento probatorio, que tal discrepancia fue producto a que los autores no habr\u00edan hecho uso de todas las armas que llevaron al sitio del suceso. No existe evidencia alguna que respalde dicha afirmaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la sentencia posee descripciones absolutamente discriminatorias, como es el suponer que por el solo hecho de existir comunicaciones entre tel\u00e9fonos asociados a comuneros mapuche, estas solo podr\u00edan tener relaci\u00f3n con un delito terrorista:<\/span><\/p>\n

As\u00ed, el Tribunal se\u00f1ala: \u201cQue, finalmente en esta parte, y conforme se ha se\u00f1alado, han sido las vinculaciones razonadas y fundamentadas en la ponderaci\u00f3n del perito Rubilar Acevedo y en particular sobre el an\u00e1lisis de tr\u00e1ficos, las que se han erigido en un indicio de relevancia jur\u00eddica, que unido a la ubicaci\u00f3n de los encartados comprendidos en tal an\u00e1lisis en el sitio del suceso por parte del delator compensado permite presumir como cierto el que los co-acusados se conoc\u00edan entre s\u00ed, que dadas las comunicaciones entre ellos, en un n\u00famero no menor, pose\u00edan una vinculaci\u00f3n peri\u00f3dica, vinculaci\u00f3n peri\u00f3dica que genera la confianza para fraguar el hecho delictivo, concert\u00e1ndose para la ejecuci\u00f3n de distintas acciones en un espacio de tiempo reducido\u2026\u201d(El subrayado [negrita] es nuestro).<\/span><\/p>\n

Sin perjuicio de las graves falencias para acreditar que dichos n\u00fameros pertenec\u00edan a los comuneros implicados, el dar por cierto \u2013 como \u00fanica posibilidad \u2013 que los mapuche se llaman para planificar un delito terrorista es lisa y llanamente un razonamiento racista e insultante.<\/span><\/p>\n

La sentencia de la Corte Suprema que rechaz\u00f3 los recursos de nulidad confirman estos razonamientos prejuiciosos y absolutamente equ\u00edvocos.<\/span><\/p>\n

Pero adem\u00e1s se ha validado una forma de investigar que atenta contra derechos b\u00e1sicos del debido proceso, como es \u2013 por ejemplo \u2013 el conocimiento previo de los antecedentes de investigaci\u00f3n, lo cual es propiciado mediante el actuar desleal de parte del ente persecutor, abriendo un sinn\u00famero de investigaciones para la averiguaci\u00f3n de un mismo hecho, pero cuyos resultados solo son dados a conocer en la medida en que la informaci\u00f3n obtenida favorezca sus propias pretensiones.<\/span><\/p>\n

Es la denominada pol\u00edtica de los \u201cmultiRUC\u201d, es decir, la asignaci\u00f3n de distintos RUC o Rol \u00danico de Causa por parte del Ministerio Publico a distintas investigaciones para la averiguaci\u00f3n de un mismo hecho criminal, las que no necesariamente son conocidas por los intervinientes en su integridad. Justamente, en este caso se abrieron al menos 5 investigaciones donde se investig\u00f3 el caso desde diversas aristas:<\/span><\/p>\n

Una primera investigaci\u00f3n para investigar la responsabilidad del machi Celestino C\u00f3rdova con un RUC determinado; luego otro RUC para la causa donde se investig\u00f3 la responsabilidad penal de los actuales condenados, m\u00e1s los otros 8 comuneros absueltos entre ellos la machi Francisca Linconao. Luego, y dentro de esta misma investigaci\u00f3n se abri\u00f3 una nueva l\u00ednea de investigaci\u00f3n con su respectivo RUC luego de la detenci\u00f3n de las camareras donde paso la noche Luis Tralcal. Dicha informaci\u00f3n solo fue puesta a disposici\u00f3n de la defensa una vez que el Juzgado de Garant\u00eda, previa petici\u00f3n de la defensa, orden\u00f3 a la Fiscal\u00eda de Temuco hacer entrega de la misma, pese a su oposici\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Otro RUC fue asignado al incendio del fundo azquintuwe ocurrido el a\u00f1o 2012, caratulada por el delito de incendio y asociaci\u00f3n il\u00edcita terrorista, donde tambi\u00e9n se tomaron declaraciones de testigos sin rostro que hac\u00eda referencia al incendio del Fundo Lumahue, e incluso se solicitaron los tr\u00e1ficos de la noche del 3 al 4 de enero de 2013, pese a que dicha investigaci\u00f3n se hab\u00eda iniciado para investigar hechos del a\u00f1o 2012.<\/span><\/p>\n

Finalmente, y solo durante el segundo juicio oral nos enteramos de la existencia de otra investigaci\u00f3n, con otro RUC donde era investigado Jos\u00e9 Peralino Huinca por una supuesta antena que iba a ser derribada. En dicha investigaci\u00f3n se solicit\u00f3 el trafico telef\u00f3nico del \u00fanico numero que existe certeza era utilizado por Jos\u00e9 Peralino durante el a\u00f1o 2013, donde se demuestra que no exist\u00edan llamadas telef\u00f3nicas entre el delator compensado y los otros dos condenados. Adem\u00e1s se determina que Jos\u00e9 Peralino era seguido desde mayo del a\u00f1o 2013 por funcionarios policiales, quienes inclusive afirman que Peralino ment\u00eda e inventaba participaci\u00f3n en delitos, supuestamente, por orden de la machi Francisca Linconao. Es decir, todos los elementos necesarios para un correcto contraexamen fueron ocultados a la defensa, quien solo tuvo acceso a los mismos una vez finalizado el segundo juicio oral.<\/span><\/p>\n

Pero sin duda lo m\u00e1s grave, se ha dejado la puerta abierta para que funcionarios policiales hostiguen y presionen indebidamente a comuneros mapuche para lograr una confesi\u00f3n, sea esta real o no, bastando este \u00fanico antecedente para condenar a personas por cr\u00edmenes grav\u00edsimos. Se ha validado una forma de investigar que fue precisamente la raz\u00f3n del cambio de proceso penal desde uno inquisitivo a un genuino sistema acusatorio. Volvemos a la madre de todas las pruebas: la confesi\u00f3n. Lo que va indisolublemente unido a la forma de obtenci\u00f3n: la tortura.<\/span><\/p>\n

Y es que una de los efectos m\u00e1s trascendentes de la invocaci\u00f3n de la Ley de Conductas Terroristas, m\u00e1s all\u00e1 de lo jur\u00eddico, m\u00e1s all\u00e1 de las ventajas procesales, es el efecto simb\u00f3lico, el efecto pol\u00edtico-criminal que importa calificar a determinadas personas como terroristas.<\/span><\/p>\n

El terrorista esta fuera del juego democr\u00e1tico, el terrorista no merece ser escuchado. Sus derechos no valen tanto como el de cualquier otro ciudadano. En los t\u00e9rminos del penalista alem\u00e1n, G\u00fcnter Jackobs, estamos frente a las no-personas. Esto con independencia de que el Tribunal determine, en definitiva, que el hecho no es terrorista. Todas las diligencias de investigaci\u00f3n: allanamientos, interceptaciones telef\u00f3nicas, toma de declaraciones, se hacen bajo la l\u00f3gica de una ley de excepci\u00f3n. Las polic\u00edas act\u00faan en territorio mapuche bajo una l\u00f3gica de excepcionalidad, donde no solo las garant\u00edas procesales se ven alteradas, tambi\u00e9n la disposici\u00f3n de los agentes de investigaci\u00f3n. Ellos se sienten amparados para actuar con mayor rigor.<\/span><\/p>\n

Es decir, a la discriminaci\u00f3n inherente que existe, en una sociedad altamente clasista como la chilena, hacia la poblaci\u00f3n ind\u00edgena en general, y hacia el mapuche en particular, se ve reforzada con la descalificaci\u00f3n de terrorista. No por casualidad, desde a\u00f1o 2001, a\u00f1o en que se invoca por primera vez la Ley de Conductas Terroristas han fallecido a lo menos 6 comuneros mapuche en manos de agentes del Estado o por particulares bajo el amparo del aparato estatal. Alex Lem\u00fan Saavedra (2002), Zanen D\u00edaz Necul (2005), Juan Collihuin Catril (2006), Mat\u00edas Catrileo Quzada (2008), Jaime Mendoza Coll\u00edo (2009), Jos\u00e9 Quintriqueo Huaiquimil (2014). En cada uno de estos casos o bien no se ha determinado responsabilidad penal o las penas no han superado los 3 a\u00f1os y 1 d\u00eda de presidio menor en su grado m\u00e1ximo, que importan un cumplimiento no efectivo. Nadie que haya matado a un mapuche en contexto de reivindicaciones territoriales ha sido sancionado con pena efectiva.<\/span><\/p>\n

Lo mismo ocurre con los defensores de los \u201cterroristas\u201d. El a\u00f1o 2002, el mismo a\u00f1o de la muerte de Alex Lem\u00fan, Pablo Ortega, miembro de CIDSUR y abogado en causa por asociaci\u00f3n il\u00edcita terrorista en contra de la CAM, le fue intervenido el tel\u00e9fono. Los fiscales que solicitaron la intervenci\u00f3n, fueron los fiscales Cristian Paredes y Alberto Chiffelle. El actual Fiscal Regional y el actual Fiscal jefe de Temuco, solicitaron en su oportunidad al Juzgado de Garant\u00eda de Temuco la intervenci\u00f3n del tel\u00e9fono sin dar a conocer que se trabajaba de un abogado defensor de uno de los imputados de la asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/span><\/p>\n

El a\u00f1o 2016, mientras los abogados de CIDSUR Sebasti\u00e1n Saavedra Cea y Karina Riquelme se desempe\u00f1aban en labores propias de la defensa, fueron seguidos y fotografiados por personal de carabineros. Interpuesto el recurso de amparo, el Ministerio P\u00fablico inform\u00f3 de la existencia de 2 investigaciones en su contra, as\u00ed como de otros profesionales como Natividad Llanquileo y Manuela Royo, por un supuesto ofrecimiento de dinero en las comunidades para declarar contra funcionarios de la PDI y del fiscal Chiffelle. La investigaci\u00f3n se basaba en la declaraci\u00f3n de un testigo con reserva de identidad. Finalmente sendas acusaciones fueron desestimadas y los casos sobrese\u00eddos (causa RIT 9862-2016 del Juzgado de Garant\u00eda de Temuco) y la Corte Suprema (Causa Rol N\u00b0 76.451-2016) orden\u00f3 al Ministerio Publico y a las polic\u00edas en no afectar el libre ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado.<\/span><\/p>\n

Finalmente, este a\u00f1o, en el marco de la \u201coperaci\u00f3n Hurac\u00e1n\u201d, luego que se descubriera el montaje pol\u00edtico y policial, los miembros de CIDSUR, Karina Riquelme y Eduardo Painevilo, nuevamente comenzaron a ser seguidos, hostigado y fotografiados. Recientemente la Corte Suprema (causa Rol N\u00b0 23.165-2018) acogi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 nuevamente que las polic\u00edas adoptar\u00e1n las medidas necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a la seguridad individual y al libre ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado.<\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la sentencia de la Corte Suprema implica un nuevo escenario. Hasta la fecha, el m\u00e1ximo Tribunal del pa\u00eds hab\u00eda sido el basti\u00f3n de defensa del debido proceso y de la libertad y seguridad individual de los comuneros y sus defensores. Al validar esta forma de investigar, esta forma de condenar basado en el prejuicio y en el voluntarismo punitivo de los jueces regionales, se vislumbra un oscuro escenario para el Pueblo mapuche y sus defensas en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

_________________________<\/span><\/p>\n

Fuente<\/strong>: El ciudadano<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

UN TRABAJO DEL CENTRO DE INVESTIGACI\u00d3N Y DEFENSA SUR Abogados publican informe con todas las ilegalidades validadas por la Corte Suprema en el caso Luchsinger-Mackay En la exposici\u00f3n tambi\u00e9n se hace referencia a los entramados que explicar\u00edan el origen de lo que denominan \u201cvoluntarismo punitivo\u201d de los jueces regionales, y a las acciones orientadas a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":732,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-731","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"yoast_head":"\nAbogados publican informe con todas las ilegalidades validadas por la Corte Suprema en el caso Luchsinger-Mackay - Enlace Mapuche Internacional<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.mapuche-nation.org\/esp\/abogados-publican-informe-con-todas-las-ilegalidades-validadas-por-la-corte-suprema-en-el-caso-luchsinger-mackay\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Abogados publican informe con todas las ilegalidades validadas por la Corte Suprema en el caso Luchsinger-Mackay - 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