Mariciweu, mariciweu, que significa en esa lengua ancestral cien veces venceremos, se escuchó en la sala, donde había varios rostros jóvenes, herederos de una comunidad ancestral que ha luchado por más de un siglo por defender su lugar, cultura y tradiciones.

En un comunicado emitido por la Confederación Mapuche de Neuquén tras conocerse la sentencia, ese grupo originario resaltó que el fallo fue ‘el desahogo de casi 100 años, tantos como los que lleva la familia Campo Maripe a la espera del día en que sus derechos territoriales sean reconocidos’.

Ese derecho, recordaron, había sido interrumpido al ingresar la familia Vela a sus tierras en la década del 70 y hoy no están dispuestos a un nuevo despojo. ‘Esos testimonios, más los argumentos jurídicos de nuestra defensa, fueron comprendidos por la Justicia y en un fallo ejemplar concluyó con la absolución de todos los hermanos Maripe juzgados como usurpadores’.

Lágrimas corrieron por los rostros de los miembros mapuche de la patagónica Neuquén en un día para la historia, tras contener el aliento en espera del resultado.

‘Volvemos a nuestro territorio a celebrar, a desahogar la tensión de este juicio oral y público, a definir los pasos a dar y a seguir reafirmando nuestra posesión tradicional, actual y pública sobre la tierra que vio nacer a cada uno de los que fuimos juzgados en este infame juicio’, agregaron.

LA LUCHA SIGUE 

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina el referente máximo de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, resalta que el resultado de este juicio genera un impacto muy grande en el contexto en el que se realizó.

La Lof, subraya, está asentada en el epicentro de la explotación de Vaca Muerta, que ha sido promovida por ser el lugar donde van a extraer mayor reserva de gas y petróleo en el país.

Nuestra comunidad mapuche entiende que la instalación del fracking (fracturación hidráulica) sobre nuestro territorio es una verdadera amenaza para la vida física, cultural y ambiental del lugar, por eso estamos con una posición firme de oponernos a semejante hecho criminal que llega a nuestras vidas, agrega.

Nahuel considera que el resultado de la sentencia judicial de alguna manera ayuda a ponerle un freno a tanta impunidad de la industria extractiva, y a la vez rompe con toda una estrategia reflejada en una decena de causas que estaban en carpeta en la justicia para poderlas activar.

Pero fundamentalmente, subraya, es un mensaje muy claro para el poder político porque la demanda territorial no se resuelve penalizando o buscando represión, sino con todo lo que está normado en las leyes y la constitución sobre darle garantía territorial a la comunidad mapuche, respetar el derecho a la consulta, otorgarle la personería jurídica que venimos demandando.

El referente de las comunidades mapuches en Neuquén resalta que estos derechos están en las leyes hace más de dos décadas y hoy corren el riesgo de que se conviertan en letra muerta porque no hay voluntad política de aplicarla, sobre todo para facilitar el ingreso y la explotación extractiva de Vaca Muerta.

Por ello califica de sumamente esperanzador que la justicia neuquina haya puesto por primera vez sobre la mesa todo lo que es la enorme normativa indígena ganada en la última década y espera a partir de ahora se establezca un nuevo paradigma para tratar la demanda de las comunidades.

La cuestión de seguridad territorial es la demanda más vieja que los pueblos indígenas le planteamos al Estado y sin embargo no hay voluntad política para resolver este conflicto, remarca.

Por su parte Micaela Gomiz, abogada de la comunidad mapuche Lof Campo Maripe, que dio dura batalla en defensa de este pueblo, declaró en exclusiva a Prensa Latina que desde el 2014 dicho pueblo viene siendo perseguido penalmente por el poder de esa provincia por supuestos hechos de usurpación en un territorio que la comunidad reivindica como propio.

El escenario se complejiza aún más a partir de que estos hechos se producen en el territorio más importante de explotación de hidrocarburos no convencionales en toda Latinoamérica. Gomiz recordó que hace cinco años atrás comenzó el proceso penal impulsado por el ministerio público fiscal de Neuquén y los creyentes particulares (la familia Vela), que sustenta la inscripción del título de propiedad de las tierras.

Esa posesión es tradicional, indígena y comunitaria en este espacio y un resguardo territorial por la invasión que han provocado las empresas petroleras y gasíferas en la zona, con la contaminación que suscitan y las afectaciones directas que generan a los mapuches, explicó.

La abogada contó cómo seis autoridades de este lof mapuche fueron llevadas al banquillo de los acusados ‘para amedrentar a una comunidad que se ha puesto de pie y que no se resigna al despojo, al saqueo y a la entrega de su territorio de sus recursos naturales’.

Entre el 11 al 19 de abril se realizó el juicio oral y desde la defensa que ejercimos pusimos en evidencia desde un principio que se trataba de acto posesorio que venía ejerciendo una comunidad mapuche en defensa de su territorio.

Pese a los intentos de absoluto racismo de la querella y la fiscalía, el juez tuvo por acreditadas las defensas de la comunidad y su existencia, y a partir de allí aplicó todo el ordenamiento jurídico que protege los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Esto, además de ser un fallo ejemplar, fortalece enormemente la lucha de los pueblos mapuches y de todas las comunidades indígenas de nuestro país, acotó la letrada.

Convencidos de que la lucha sigue y que las presiones continuarán, los mapuches seguirán dando la pelea por el reconocimiento territorial y sobre todo porque se cumpla la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de las comunidades de pueblos originarios de las tierras que ocupan de manera ancestral.

arb/may/cvl 

*Corresponsal de Prensa Latina en Argentina.