Señor Contralor General de la República de Chile

Jorge Bermúdez Soto

Presente.

Junto con saludarle, nos dirigimos a usted como organizaciones civiles para solicitar se realice una investigación del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, firmado por el Estado de Chile, y su debido cumplimiento de la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de los pueblos originarios y garantizar el respeto a su integridad. Una obligación que no se condice con el decreto de Estado de Emergencia y militarización de la Región de la Araucanía establecido a partir de este jueves 14 de octubre de 2021 por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el que contempla gastos en armamento de guerra, vehículos policiales, capacitación y mantención de población militar en comunidades mapuche cercanas a empresas forestales.

A nuestro juicio, lo anterior deja de manifiesto un claro conflicto de interés entre el Presidente y las empresas tanto forestales como de suministro de armas, por lo que no se cumpliría el aludido convenio firmado por el Estado chileno.

Como un antecedente, podemos mencionar que al inicio de la administración del gobierno de Sebastián Piñera, este instaló al llamado “Comando Jungla” en la Región de la Araucanía, lo que significó por ejemplo, el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

El actual contexto político marcado por la presentación de una una Acusación Constitucional por posible conflicto de interés y el delito de cohecho contra el Presidente Sebastián Piñera -quien se encuentra en calidad de imputado en la investigación abierta tras la difusión a nivel internacional del reportaje sobre los llamados Pandora Papers, la que lo vincula a la venta de las acciones de su familia en el proyecto minero Dominga-, invita a la urgente fiscalización de la entrega de recursos y fondos del Estado que podrían eventualmente estar favoreciendo a sectores empresariales del rubro forestal, como Forestal Mininco, CMPC, Forestal Arauco y Forestal Volterra.

Solicitamos entonces, ante la legítima desconfianza en la que nos encontramos como ciudadanos chilenos, se investigue el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT; se paralice la militarización en la Región de la Araucanía en la que se traducirá el decreto de un estado de excepción de esa zona; se indague en el gasto en que eso significará; y se investiguen los eventuales conflictos de interés que existieren entre el Presidente Sebastián Piñera y el sector privado involucrado en este conflicto.

En virtud de todo lo anterior, es que requerimos igualmente un pronunciamiento respecto a la reparación y restitución de sus territorios usurpados por el Estado y las empresas, como una eventual indemnización por el no cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Apelando a la probidad y autonomía del órgano fiscalizador que usted dirige, solicitamos entonces se realicen las acciones correspondientes a la brevedad.

Organizaciones firmantes:

-Centro Cultural Creando Valle.
– Agrupación de Víctimas de Violencia Policial.
– Diario El Ciudadano.
– Muros y Resistencia
– Asamblea Territorial La Pincoya
– Radio Tamara, Frecuencia Liberada
– Comisión Funa
– Colectivo Voces del Territorio, Maipú
– Centro Cultural Conarte, PJ 1098
– Campesinos del Desierto Semi Árido
– Hijas de la Rebeldía- Resueltas del Valle
– Movimiento Socioambiental Valle del Guasco
– Centro Cultural Urbano Chilenito Jimenez, Comuna de Santa Marta
– Elena Varela, Documentalista en Wallmapu.
-Rodrigo Román, Abogado Defensoría Popular.
-Inti Salamanca, Abogado.
-ECCOS DE BARRIOS
– Movimiento Soberano de Acción Ciudadana (MS de AC).
-Agrupación Colectiva Perras Danza, Antofagasta.
-Agrupación Mamás Capucha