Orden de la Estrella del Sur
Comunicado de Prensa del Reino de la Araucanía y Patagonia sobre el Bicentenario del Tratado de Tapihue – 1825
7 de enero de 2025
Hoy, en los cuatro Butalmapu, celebramos el bicentenario del Tratado de Tapihue – 7 de enero de 1825 firmado entre la Nación Mapuche y Chile, que reconoce la soberanía mapuche y reafirma jurídicamente sus límites territoriales. El tratado también estableció en su artículo 18 que los extranjeros, incluidos los chilenos, deben solicitar el consentimiento previo de los mapuches para poder ingresar al Wallmapu (Territorio ancestral mapuche) y viceversa. De esta manera, se reafirmó la separación entre las dos sociedades reconocida en este y más de 30 tratados históricos, Se reafirmó como garantía de una paz y seguridad duraderas.
Antes de la anexión militar genocida del Territorio Ancestral Mapuche por parte de las repúblicas de Chile y Argentina en 1861 y 1878, la sociedad mapuche era segura, rica y próspera, y su forma de vida era sostenible, debido al cumplimiento consuetudinario de los principios de la cosmovisión mapuche expresados a través de Azmapu (ley), Ilfumogen (la ley de la naturaleza/respeto a toda vida). Sin embargo, como resultado del genocidio de la llamada ‘Campaña del Desierto’ 1878-1885 y la ‘Pacificación de la Araucanía’ 1861-1883, las familias, los lof y la nación se empobrecieron, con el robo de 9 millones de hectáreas de territorio mapuche, a partir de 1881.
Hoy, en una segunda “pacificación”, las repúblicas, en complicidad con corporaciones nacionales y multinacionales, controlan, ocupan y explotan los recursos naturales del Wallmapu para la expansión capitalista, actuando así en flagrante contravención de la Azmapu (ley) mapuche. Una ocupación ilegal, que contraviene no sólo los términos acordados en el Tratado de Tapihue sino también muchos tratados internacionales contemporáneos de los que son signatarios, como la DNUDPI y el Convenio 169 de la OIT, entre otros, implementados para proteger los derechos inherentes de los pueblos indígenas.
En estas condiciones, durante los últimos 52 años en Chile y Argentina, 59 líderes ancestrales mapuche, weichafe y activistas han sido asesinados o desaparecidos por la policía estatal bajo la dictadura de Pinochet primero, y luego bajo las administraciones post-dictadura de todos los partidos políticos, terratenientes no indígenas o paramilitares. El pueblo mapuche se ve obligado hoy a vivir bajo un estado de represión permanente que dura décadas y que se traduce en un riesgo constante para la vida y la libertad y en acusaciones falsas en juicios judiciales sin el debido proceso legal, lo que lleva a innumerables detenciones arbitrarias. Los derechos humanos, civiles y políticos de los mapuche se ven así negados bajo una política de ocupación militar, justificada por el Estado al sancionar sucesivos “estados de excepción” en regiones del Wallmapu donde los mapuche ejercen su derecho democrático a la defensa del territorio ancestral, consagrado en el derecho internacional, y al que los Estados ocupantes signatarios están obligados a hacer cumplir.
Hoy, como resultado de la defensa de su territorio ancestral en cárceles argentinas y chilenas, hay 86 presos políticos mapuche privados arbitrariamente de su libertad por aplicación de la ley antiterrorista (introducida por primera vez durante la dictadura militar).
El 30 de mayo de 2023, cincuenta Autoridades Ancestrales Mapuche firmaron una declaración transmitida al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile con copia al Presidente de Argentina; los Reyes de España, Países Bajos; Inglaterra; los Estados Pontificios; la Secretaría General de la ONU; el Consejo de Seguridad de la ONU; C-24 que establece que:
“Desde 1825, a raíz del Tratado de Tapihue, hemos tenido un cambio en la estrategia militar y económica que el Estado chileno, como parte del mecanismo del capital mundial, ha ocupado para apoderarse y explotar las tierras mapuche, provocando el desplazamiento forzado de nuestro pueblo del Wallmapu hacia las afueras de las ciudades. Por lo tanto, estamos ante una nueva ofensiva políticomilitar genocida del Estado chileno, luego de la mal llamada “pacificación de la Araucanía”. Chile violó su propia Constitución, sus leyes y sus tratados internacionales al crear la provincia de Arauco en territorios ajenos; luego invadió, exterminó y colonizó a los sobrevivientes que nunca dejaron de reclamar la vigencia de esas normas”.
“Los territorios al sur del río Biobío no han sido anexados por Chile mediante un acto jurídico que pueda derogar los parlamentos celebrados con anterioridad. Los tratados son tratados internacionales entre el Reino de España y el Pueblo Mapuche, y entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, y siguen vigentes. Respecto de las disputas que existen entre nuestro Pueblo y el Estado de Chile, activaremos la Carta de la ONU y solicitaremos al Comité de Seguridad que medie, en pos de una solución pacífica, para que el Estado de Chile se retire a la frontera norte del río Biobío, tal como lo prescribe el Tratado que ustedes llaman Tapihue, que su máxima autoridad (el Presidente Gabriel Boric) ha reconocido oficialmente como de aplicación vigente hasta el día de hoy.”
El Parlamento de Autoridades Ancestrales acepta el llamado al diálogo del Presidente Boric, tras su reconocimiento de la validez del Tratado Tapihue, señalando que “como el pueblo mapuche se encuentra en una situación de colonización impuesta por los Estados de Chile y Argentina, exige que estas conversaciones se realicen bajo los auspicios del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas o C-24”.
Como jefe de la Casa Real, S.A.R. el Príncipe Federico I de Araucanía y Patagonia fue invitado por el Parlamento de Autoridades Ancestrales, a unirse a las celebraciones del 7 de enero de 2025 y la ratificación por parte de la Nación Mapuche del Tratado de Tapihue, que se llevará a cabo en el aniversario del bicentenario de hoy, que marca una nueva era en la que finalmente se podrá abordar de manera efectiva el problema republicano, de esta manera se podría poner fin a 500 años de represión colonial y postcolonial del pueblo mapuche, para asegurar su liberación a través del respeto a sus derechos soberanos manifestados en el Tratado de Tapihue, lo que garantizaría la restauración de sus derechos humanos, civiles, políticos, culturales y los derechos territoriales y el retorno a la paz, la estabilidad y la seguridad, principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Este camino hacia la paz comienza con el respeto de nuestros tratados.
Por S.E. Dama Nina Saleh Ahmed – Duquesa de Neuquén – Miembro del Consejo de Administración de la organización no gubernamental Orden de la Estrella del Sur.
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