Mensaje de SAR Príncipe Federico I a la nación Mapuche relacionado con la Pandemia Covid-19

Marhi marhi pu Lonko,
Marhi marhi pu Machi,
Marhi marhi pu Werken.
Marhi marhi kompuche:

En estos días tan amargos e inciertos, me dirijo a todas las familias y comunidades mapuches que están embargados de tristeza e incertidumbre debido a la pérdida de vidas de sus seres queridos a causa del Covid-19. Reciban todos ustedes mis sinceras condolencias.

También me dirijo a los que luchan; a los presos políticos mapuches, a las comunidades reprimidas, también a las hortaliceras sometidas por la institucionalidad. A los mapuche-pewenche afectados por el Covid-19 por la negligencia de la Empresa Frutícola San Clemente Ltda. S.A. de Angol (Araucania) que puso el lucro por sobre la salud y la vida de sus trabajadores al no introducir medidas de prevención del virus. Reciban todos ustedes mi más profunda solidaridad.

En estos momentos tan complicados, cuando la pandemia está en todo su auge en América, son escasos los sistemas nacionales de salud que dan abasto. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya a fines de enero de este año declaró la alerta internacional por el Covid-19, advirtiendo a los países del mundo, especialmente a los países menos desarrollados, como Chile y Argentina, poner en marcha planes de acción conducentes a contrarrestar la propagación del virus. Lamentamos que el gobierno de Chile no haya puesto sobre el asunto el celo necesario para hacer frente a tan maléfica pandemia.

Sin embargo, celebro los esfuerzos de organizaciones sociales mapuches y no mapuches que por iniciativa propia, desde los inicio de la pandemia, han estado informando a la población sobre cómo evitar la transmisión del virus y los métodos de prevención del contagio, acorde a las recomendaciones de la OMS. Destacamos en particular el Centro de Formación e Investigación para el Desarrollo de la Salud del Pueblo Mapuche Taiñ Xemotuam, la Asociación Mapuche para la Salud Makewe Pelale, el Consejo de Salud Mapuche Lof Boyeko, entre otros cuantos, que el 23 de marzo pasado emitieron un documento en mapuzugun y castellano divulgado en las redes sociales desde el Pacifico al Atlántico, el hogar ancestral del pueblo Mapuche, hoy ilegalmente ocupado por Argentina y Chile.

Celebro la iniciativa de las organizaciones sociales, académicas, institutos de idiomas y gobiernos locales de Argentina quienes “se unieron para traducir las medidas de prevención sobre el virus a las 16 lenguas indígenas existentes en el país”, en conformidad con las recomendaciones del IASG (Grupo de Apoyo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas), entre otras instituciones internacionales de derechos humanos. Lamento sin embargo que el gobierno central no tome medidas humanitarias para aliviar la hambruna que afecta a los pueblos Wichi, Qom, Tobas y otros pueblos indígenas del norte del país, sin acceso a programas sanitarios de prevención y curación del virus y poner atajo a los abusos de poder de la policía contra dichos pueblos.

En la región de la Araucanía, después del fiasco en el que se vieron envuelto las autoridades sanitarias de Seremi que, a pesar de haber delineado medidas de prevención del contagio violaron sus propios protocolos al celebrar una reunión en la que después se constató que uno de ellos estaba infectado, terminando todo el equipo de salud en cuarentena. Esta acción incompetente creó un vacío en la conducción de la política sanitaria en la región, causando que las comunas de Temuco, Padre Las Casas y otras aledañas fuesen transformadas en la segunda región más afectada del país, después de Santiago.

Es de público conocimiento que el Covid-19 afecta desproporcionadamente a sectores económicamente vulnerables de la sociedad, como los mapuches, que por la confiscación de su territorio y sus recursos durante el periodo de ocupación que empezó hace 135 años, fueron deliberadamente empobrecidos y por consecuencia enfrentan hoy con mayor desventaja a la pandemia. A esto se suma las deficiencias del modelo neoliberal, que priorizó la privatización de servicios públicos, incluyendo el sanitarios en detrimentos del interés nacional y el derecho de todos los ciudadanos a la salud digna, lo cual relega a muchos pacientes del Covid-19 al abandono y a su propia suerte.

Asimismo, la falta de políticas públicas gubernamentales para enfrentar la pandemia está causando caos en el país. Este déficit público además de afectar a la salud entorpece la seguridad alimentaria y afecta con creces a sectores vulnerables de la población, en particular por el desabastecimiento de productos de primera necesidad. La incompetencia del actual gobierno chileno y las falencias de un sistema político injusto, desigualitario y ampliamente cuestionado en el país, no solo afecta a los mapuches, sino a toda la población chilena. En estos momentos de especial pesadumbre resulta sustancialmente relevante porque las reivindicaciones levantadas durante el estallido social, previo a la pandemia, no fueron abordadas. Nuevamente la bandera mapuche, como símbolo de rebeldía de un pueblo que no se doblegó a dos imperios, ondea a lo largo y ancho de Chile en las manifestaciones de una muchedumbre, cada vez más consciente e identificada con las justas demanda de una nación antigua, digna y con historia.

El pasado 25 de marzo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet hizo un llamado en el marco de la pandemia por el cual los gobiernos “deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir.” Existen sobradas evidencias de que durante la propia administración de gobierno de la Comisionada Bachelet y la del actual gobierno, autoridades y dirigentes mapuches o simplemente campesinos pobres, han sido objetos de la brutalidad policial, arbitrariamente detenidos y hasta asesinados.  

El 16 de abril el gobierno de Piñera promulgó la ley de Indulto General Conmutativo por Covid-19 que beneficiará a 1.700 reos a quienes se les conmutará la pena que los mantiene en prisión por la de arresto domiciliario. Sin embargo, el presidente chileno no se pronunció sobre los presos políticos mapuches, que hasta ahora siguen expuestos al alto riesgo de contagio por el hacinamiento carcelario. Diversos dirigentes mapuches comentan que la actitud del mandatario refleja una suerte de revanchismo por las demandas mapuche-williche, que le exigen les devuelva sus tierras usurpadas, situación que también se extiende a otros elementos corruptos de su gobierno, como el Sr. Rodrigo Ubilla Mackenney que en contravención con el Articulo 13 de la Ley Indígena afirma posesión de tierras pertenecientes a la comunidad Mapuche Mariano Millahual.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado sistemáticamente que los presos mapuches fueron condenados sin pruebas suficientes e instan a que se les respete el debido proceso, como es el caso del Machi Celestino Córdoba o la reciente condena de Victor Llanquileo Pilquiman, sentenciado a 21 años bajo ‘pruebas’ de dudosa fuente. La policía goza de total descredito por los numerosos casos de montajes y colocación de evidencias falsas como quedo ampliamente demostrado en la “Operación Huracán.” A lo anterior se suma el racismo, la discriminación, los tratos inhumanos y degradantes del que continuamente son objeto los mapuches. Todo ello fue la causa de una huelga de hambre en Angol y Temuco, protesta que hoy ya lleva 29 días y la salud de los huelguistas se deteriora considerablemente. La insistencia de familiares, autoridades y dirigentes mapuches en ver a los detenidos ha sido infructuosa, hasta ahora no existe voluntad política de las autoridades chilenas en acceder a las peticiones mapuches que se enmarca en el Covid-19 y los llamados de Naciones Unidas.

Es más triste aún que los familiares no puedan ver a sus seres queridos encarcelados y en huelga de hambre debido a la intransigencia de las autoridades penitenciarias que no organizan algún método de comunicación seguro y fiable, lo cual ahonda la incertidumbre y el malestar de los familiares, sus comunidades y el pueblo mapuche en general.

En plena pandemia, en el momento en que la población se encuentra confinada, las autoridades chilenas utiliza a la policía militarizada para allanar comunidades, quemar viviendas, detener a sus dirigentes y expulsar familias que se establecen en la tierra de sus ancestros, entre ellas la comunidad Wenewen de Collipulli, Lof Autónomo Las Cardas y el lof Adkintue de Lonquimay a quienes las fuerzas especiales de la policía quemaron sus viviendas. Esta situación se prolonga por demasiado tiempo ya, debido a la inacción del poder judicial que no da solución a las reclamaciones territoriales de las comunidades afectadas, mientras las autoridades de gobierno ignoran sus demandas desde hace décadas.

Seguiremos monitoreando de cerca, a través del Observatorio de Derechos Humanos- Auspice Stella, la violación de los derechos humanos del pueblo Mapuche, para transmitirles sus denuncias a los órganos correspondientes de las Naciones Unidas, con el objeto a que Chile y Argentina cumplan sus compromisos internacionales y se adapten a los estándares internacionales en esta materia. Así como en el pasado Aurelio Antonio I presentó de manera cohesionada los derechos que le asisten al estado Mapuche ante la comunidad de naciones, hoy nos esforzaremos para presentar de manera coordinada junto a otras organizaciones mapuche afines, las aspiraciones que nos asisten como nación ilegalmente ocupada.

Amulepe taiñ wechan.

Federico I
Príncipe de Araucania y Patagonia.

2 de junio 2020