Corría el año 1974 y la cesantía era un grave problema para la dictadura cívico-militar. He aquí cuando entra en escena el Decreto Ley 701, que permitió al Estado subsidiar las faenas forestales durante muchos años.

“Masas de trabajadores de la provincia de Arauco, exmineros, fueron subidos a camiones militares y llevados a la cordillera de Nahuelbuta a hacer hoyos y plantar pinos para las empresas forestales. La tierra la compraron a huevo y las plantaciones no solo les salieron gratis, sino que ganaron con ellas. Esta forma criolla de acumulación originaria condujo a la existencia de enormes fortunas que hoy se vanaglorian de exportar a todas partes del mundo”, señala José Bengoa en su Reforma agraria y revuelta campesina.

La industria forestal es de las más poderosas del país e hizo su fortuna, según explica Bengoa, prácticamente gratis: “Recibieron del Estado la tierra, las plantas, los trabajadores, en fin, recibieron gratis los actuales bosques que cubren el sur del país”.

El libro ¡Xipamün Pu Ülka! (“váyanse los codiciosos” en mapudungun), relata la historia de cómo dos de los grupos empresariales más importantes del país (Matte y Angelini) se hicieron los dueños legales del territorio mapuche del Lavkenmapu y la Coordillera de Nahuelbuta. Un funcionario de Mininco, citado en la publicación y que trabajó para el Ministerio de Agricultura en dictadura, contó cómo “en algunos casos le cambiaban la aptitud, a los terrotorios, para pasarlos como forestales y tirárselos a la Conaf (Corporación Nacional Forestal), que fue el pasadizo para entregárselo a los dos grupos económicos”, en referencia a los Matte (a través de CMPC) y Angelini (Arauco).

Flor Laviqueo, dirigenta de la comunidad María Colipi, cuenta en el libro cómo en 1974 un grupo de su comunidad fue hasta el ministerio de Agricultura y ahí mismo fueron engañados para que la calificación de sus tierras fuera declarada como forestal; no obstante, y para el bien de esta comunidad, se recuperó parte del fundo Labranza hace algunos años. Dicho fundo corresponde a 808 hectáreas ubicadas en las cercanías de Quidico, comuna de Tirúa. En 1979, la Conaf de Ponce Lerou se lo vendió a la forestal Crecex -del Grupo Vial-, que en la década de 1980 sería absorbida por los Matte y su brazo forestal, Mininco en $3.686.849. Un monto a todas luces ridículo.

Lo mismo sucedió con tierras como El Canelo y en localidades como Paillaco, Lleulleu, Antiquina y Huentelolén. Todas vendidas a precios de regalo. El más notorio es el fundo Choque, de 6.905 hectáreas, vendido a Crecex en $968 millones según el IPC actual. Apenas $140 mil pesos por hectárea.

El grupo Angelini, por su parte, pagó $200 millones (monto pecuniario actual) por 2.200 hectáreas del fundo Tranaquepe. En 2015, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), organismo estatal creado para la compra de tierras indígenas, pagó $5.151.134.962 por 1.859 hectáreas destinadas a las comunidades Juan Lincopan, Kellgo y Kralhue. Más de $2.700.000 por hectárea. ¡Flor de negocio!

¡Xipamün Pu Ülka! también cuenta cómo parceleros engañaron, en la compraventa, a muchos mapuche -cuya mayoría no sabía escribir- para después vender las tierras a las forestales en millonarias cifras. Una persona individualizada como Román Cea, que según los antiguos de las comunidades era guardabosques y “palo blanco” de Arauco, compró una parcela en 30 mil pesos y la vendió a sus jefes en más de $2 millones. Muchos de los conflictos que existen hoy día por la devolución de tierras y autonomía de las comunidades originarias son el resultado de esta contrarreforma agraria que efectuó el régimen de Pinochet en connivencia con sus cómplices civiles. Los gobiernos de la Concertación sacaron una ley y un organismo que puede comprar tierras, pero no expropiarlas.

En toda esta historia, además, es clave Julio Ponce Lerou, quien en democracia se haría con el poder de SQM para financiar durante años a todo el espectro político. En la década de 1970 el entonces yerno de Pinochet estaba a la cabeza de la Conaf y fue clave en el DL 2247 de 1978, que permitió transferir las tierras de la reforma agraria a la Conaf, para que después sean vendidas a las empresas forestales. A lo que se sumó, en 1979, el Decreto Ley 2.568, que lleva a cabo la repartición entre no indígenas de tierras que formaban parte de la propiedad común de las comunidades mapuche.  En total, fueron 352 mil hectáreas de la reforma que llegaron a la propiedad de Conaf. Fue, según una comisión investigadora de Cámara de Diputados, el 44% del total de las tierras expropiadas hasta 1973.

En 1972 Ponce Lerou comienza su carrera empresarial. En Panamá llega a ocupar un cargo de subgerente del aserradero El Chagres. Ahí se encontraba cuando ocurrió el Golpe de Estado en Chile y mientras realiza su práctica profesional de ingeniero forestal en Canadá, vuelve a Chile obteniendo un puesto de gerente general en Industrias Forestales S.A.

En 1978, Pinochet le asignó un puesto de mando en la Celulosa Constitución Celco (empresa estatal) y al año siguiente, Ponce Lerou fue designado gerente de empresas de la Corfo, que entonces mantenía vinculación directa con la mayoría de las grandes empresas del Estado.

En aquellos años, la dictadura cívico-militar dictó una serie de decretos que impulsaron el negocio y saqueo de los recursos naturales a manos de capitales privados y extranjeros a través de la privatización de una serie de empresas estatales. El discurso de los golpistas fue la ineficiencia de la gestión pública, mientras que en los sectores estratégicos cientos de trabajadores fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados por cuestionar las ganancias de los ricos y empresarios poderosos. En 1974, la industria forestal presenta cambios profundos, donde la Conaf tenía a su cargo los predios expropiados de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Uno de estos cambios es el Decreto Ley 701, impulsado por el ministro de Economía Fernando Léniz e implementado por Ponce Lerou. Esta iniciativa de ley fortaleció la bonificación de la plantación forestal por parte del Estado, la cual implicaba la bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus beneficiando a los empresarios del sector, siendo la base de la multiplicación de la riqueza de los grupos forestales como los Angelini y los Matte. Actualmente, algunas comunidades mapuche han atribuido al DL 701 la entrega de tierras a privados durante la gestión de Ponce Lerou en la Corfo, dando origen al ahora histórico conflicto que mantiene en constante disputa a los comuneros con las forestales, con el Estado, empresarios forestales y latifundistas.

Hacia fines de 1975 Julio Ponce Lerou se dio el tiempo para presidir el Complejo Forestal y Maderero Panquipulli, empresa surgida en 1971 en la provincia de Valdivia, que administró un área superior a 400.000 hectáreas y empleó a más de 3.000 trabajadores bajo un esquema de “comanejo” entre los obreros y el Estado. Ponce Lerou estaría a cargo del Complejo hasta 1982, donde tuvo a su cargo el traspaso a privados de las tres empresas forestales que estaban a cargo del Estado: Celco, Arauco e Inforsa.

Las empresas Celco y Arauco pasaron a manos del grupo Angelini, con esto, Julio Ponce Lerou consolidó poder e influencia en el ámbito forestal a través de su cargo directivo en Conaf.

De acuerdo a Manuel Salazar en su libro Todo sobre Julio Ponce Lerou, “desde 1976 a 2010 se bonificaron 1.400.000 hectáreas. 85,4% para forestacion; 14% recuperación de suelos degradados y forestación y 0,6% a estabilización de dunas. Lo cual desmiente que el DL701 fuera para recuperar suelos degradados. El DL701 bonifica el 75% de la plantación. Entre 1974 y 1999 la superficie plantada subió 470% (en solo 25 años) logrando perfilarse como el sector de mayor éxito de la economía nacional”.

Sin embargo, el éxito macroeconómico no se tradujo en beneficios para los bosques y comunidades campesinas, ya que aquel tristemente célebre decreto ley autorizó a la Conaf para enajenar las tierras en la denominada «contrarreforma agraria», proceso reaccionario que despojó al campesinado y el mundo mapuche de la victoria de recuperar parte de sus tierras.

Debe destacarse que en todo este panorama hoy en día regiones como el Maule, Biobío y La Araucanía concentran los mayores niveles de pobreza en el país, a la vez de que sus suelos están extensamente plantados con monocultivo forestal. Esto ha causado perjuicio en el sistema productivo del centro sur de chile, afectando la producción y costos de los alimentos.

Siguiendo a Diversidad.org, el historiador Fernando Pairican explica que el movimiento mapuche de la década de 1970 logró interpelar al gobierno socialista de Allende y “mapuchizar” la reforma agraria, transformándola en una lucha anticolonial por la recuperación de las tierras que habían sido arrebatadas en la ocupación de un siglo atrás. El mejor ejemplo es el llamado “Cautinazo”, la gran movilización de 1971 que llevó a miles de mapuche a ocupar fundos agrícolas en las cercanías de Temuco. El impacto fue tanto para el gobierno, que Allende determinó trasladar el ministerio de Agricultura a la capital de la novena región.

“Entonces, el indio, el esclavo, pasó a ser el dueño de la tierra. Algo que el patrón no perdonaría, pues tocaba la fibra que más le dolía a la derecha conservadora: sus propiedades. Con la contrarreforma agraria -de la dictadura pinochetista- los patrones de fundos apuntaban con el dedo a los dirigentes que habían recuperado sus tierras”, dice Pairican.

El informe Trabajo de investigación de ejecutados y desparecidos, 1973-1990, pertenecientes a la Nación Mapuche, del historiador Hernán Curiñir Lincoqueo, el sociólogo Pablo Silva Carrasco y el trabajador social Conrado Zumelzu Zumelzu, establece la cifra de 171 víctimas mapuche de la dictadura, 36 más que la comisión Rettig. “El asesinato de muchos de ellos está vinculado a la tenencia de tierra”, dice en una de sus conclusiones.

En dicho trabajo se da cuenta también de cómo muchas víctimas de la dictadura nunca pudieron acreditar que fueron torturadas ante las distintas comisiones de verdad y justicia, pues no fueron detenidas en cuarteles, sino en los propios fundos de los patrones, convertidos en verdaderos campos de concentración para la tortura y desaparición. Los mapuche, dice el informe, eran torturados frente a sus familias y comunidades.

Matías Catrileo, Camilo Catrillanca, la lamien trans Emilia Herrera y  Pablo Marchant, son algunas de las vidas que los agentes del Estado de Chile, en conjunto a los guardias que custodian los predios privados del sector, han cobrado en medio de lo que ha sido la llamada “militarización del Wallmapu”. Estos homicidios ocurrieron en el contexto de una resistencia permanente que por años lleva el pueblo mapuche, ante lo que considera una invasión.

Lo que estamos viendo ahora es fruto de una larga historia de despojo, de usurpación del territorio, de un pueblo que perdió en guerras, pero logró mantener fronteras. Sin embargo, no pudo contra el avance del Estado chileno, especialmente en lo que fue pasando durante la dictadura de Pinochet, donde llegó al culmine de la usurpación de territorios que fue entregado a las forestales, a estas grandes familias que monopolizan la economía, las grandes esferas de la producción y la de los medios de comunicación.

La mayoría de las comunidades mapuche están absolutamente arrinconadas en territorios, rodeadas por forestales donde la vida cotidiana es muy compleja, especialmente porque se empezó a acabar el agua y, por ende, muta en desértico el territorio. Amén a lo anterior, también la vida de los animales corre graves riesgos ya que los bosques de pino y de eucaliptos eliminan cualquier tipo de alimentación. Esto es las antípodas de la forma en que el pueblo mapuche ve a la naturaleza, cómo protege los cursos de agua, a todo ser vivo y que también establece una relación con los seres que no vemos, con los espíritus.

De acuerdo a la Fundación Terram (2020): “Se pusieron plantaciones de una sola especie y de una sola edad, son monocultivos mono-etarios. Son grandes extensiones que crecen más o menos en una rotación de cada 25 años y después se cortan con un método de tala rasa, es decir, que se autoriza el corte de todo el paño, dejando el suelo desnudo. Entonces, si uno lo analiza, la instalación implica pérdida de biodiversidad, después, dependiendo de la especie, si es pino o eucalipto, porque este último consume mucha más agua, se produce la desertificación de la tierra. Hoy día ningún proyecto forestal, ni agrícola, ni frutícola, es evaluado ambientalmente. La ley ambiental es del año 1994 y fuimos (Terram), excluidos de evaluación ambiental por presión de los mismos sectores, digamos, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Corporación de la Madera, entre otros”.

A partir del año 2012 el Estado deja de entregar fondos, por medio de bonos, a la industria forestal para promocionar su desarrollo. No obstante, el financiamiento hacia el sector no ha sido desatendido considerando que el Estado inyecta recursos a través de lo que significa el esquema de las cuentas individuales de las AFP.

“Extrañamente podemos hablar de este tema y hablar del sistema de AFP y la verdad es que al 2020, por ejemplo, en el sector forestal, en grandes empresas forestales que operan en nuestro país, principalmente la de los grupos Matte y Angelini, las AFP invertían desde el ahorro previsional de las y los trabajadores, más de 2.100 millones de dólares. Entonces ahí vamos viendo que el despojo del derecho a la previsión garantizada, con un sistema público, de beneficio definido, significó que el ahorro acumulado se traspasase como recursos frescos, a través de inversión, a empresas que generan un fuerte daño medioambiental, territorial y, sobre todo, conflictos políticos y sociales en los territorios donde están, como es el caso de las forestales, pero también de empresas mineras y el sector eléctrico” (Fundación SOL, 2020).

Estos mismos grupos empresariales se encuentran diversificados en distintos rubros. Angelini, en el sector hidrocarburo y el grupo Matte, por su parte, estrechamente vinculado a la banca, al sector financiero y a las telecomunicaciones.

La consolidación del sector financiero, empresarial y particularmente de estos grupos económicos, comenzó en la ola privatizadora durante la década de 1980, en circunstancias que las empresas públicas son vendidas a muy bajo costo. Este antecedente, sumado a la inyección de recursos directos de las AFP, permitió a estas empresas desarrollar una matriz productiva primaria exportadora que resulta altamente dañina con las comunidades y que con el tiempo, ha ido requiriendo mayor violencia para poderse sostener.

En definitiva, lo que ocurre en las regiones del sur de nuestro país, en el Wallmapu, es la militarización de un sector para el beneficio del gran capital. No es algo que merezca doble análisis cuando cruzamos cifras con los resultados de las empresas que se posicionan en los territorios.

En los últimos años la titularidad de la propiedad de grandes predios forestales ubicados en zonas mapuche, o en sus cercanías, cambió de manos. Notorio es el caso del grupo económico controlado por la familia Angelini –que, junto con el grupo controlado por la familia Matte, son los mayores propietarios de terrenos en dichas zonas, dedicados a la explotación forestal-, el cual a mediados de 2021 realizó una millonaria venta de más de 80 mil hectáreas de estas tierras a fondos de pensiones de Canadá, El Líbano, Países Bajos y Estados Unidos, entre otros. Según diversos observadores, el traspaso de estas tierras no solo se explica por la alta rentabilidad de la venta, dado el creciente interés del mundo financiero por adquirir activos verdes que puedan traducirse en bonos de carbono, sino también por ser una forma de evadir jurídicamente eventuales expropiaciones de terrenos, para ser entregados a comunidades mapuche. Si el Estado las expropiara una vez transferidas, seguramente los inversionistas extranjeros llevarían a Chile a arbitrajes internacionales, establecidos para decidir controversias vinculadas con la protección de inversiones foráneas. “Hoy, para empresas como Arauco, Mininco, una salida fácil para evitar responsabilidades jurídicas es enajenar estas tierras a empresas transnacionales”, señala Manuela Royo, convencional constituyente por el distrito 23.

El 13 de mayo de 2021, mientras la Conadi, en el ámbito público, ingresaba a Contraloría las resoluciones de compra de cinco predios de Forestal Mininco (filial de CMPC), en la comuna de Angol, y que correspondían a un total de 300 hectáreas reclamadas por la comunidad Alex Lemún, en el ámbito privado se celebraba una transacción millonaria de más de 80 mil hectáreas de predios forestales, algunos de ellos ubicados en zonas de reivindicación territorial mapuche.

Ese día, Forestal Arauco S.A., filial de Celulosa Arauco y Constitución S.A., informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a través de un Hecho Esencial, que “suscribió un contrato marco mediante el cual se obligaba a vender a Vista Hermosa Inversiones Forestales SpA, sociedad controlada por el fondo BTG Inversiones Forestales Fondo de Inversión, administrado por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, 461 predios forestales que comprende 80.489 hectáreas totales, de las cuales 61.742 son hectáreas productivas, por un valor total de US$385.500.000 (trescientos ochenta y cinco millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), más el IVA correspondiente. Al cierre de la operación se pagará el precio correspondiente a 431 predios, en tanto que el precio de los 30 predios restantes será pagado en la medida en que, para cada uno de ellos, se cumplan ciertas condiciones particulares dentro de los meses siguientes al cierre”.

Posteriormente, otro Hecho Esencial, esta vez del 17 de agosto de 2021, Forestal Arauco S.A. informó a la autoridad económica chilena que completó la venta de las mencionadas 80.489 hectáreas, distribuidas entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos. Esto permitió que, al 30 de septiembre de 2021, la compañía obtuviese utilidades de MUS$ 229.421, por la venta de la mayor parte de los predios anteriormente mencionados, según indica la propia compañía en sus Estados Financieros, informados en noviembre de 2021.

En el documento se especifica que “Arauco llevó a cabo un proceso de licitación para la venta de predios forestales (80.489 hectáreas), en el que participaron diversas compañías nacionales y extranjeras. En diciembre 2020, se recibieron las ofertas de los interesados, y Arauco seleccionó la propuesta presentada por un consorcio liderado por BTG Pactual Timberland Investment Group LLC, e integrado además por British Columbia Investment Management Corporation y APG Asset Management N.V., por cuanto dicha oferta contenía el precio más alto y además proponía un procedimiento de trabajo para llegar a un acuerdo final dentro de plazos razonables. Esta operación implicó la reclasificación a Activos mantenidos para la venta de terrenos, activos biológicos y caminos, los que a la fecha se han vendido en su gran mayoría”.

Este negocio se hizo con inversionistas internacionales como BTG Pactual (USA), en conjunto con British Columbia Investment Management Corporation (BCI), gran inversionista institucional de Canadá; y el fondo neerlandés de pensiones APG, que recientemente compró a la familia Matte en US$1.200 millones la unidad de distribución de Colbún.

A su vez, Timberland Holding tiene en su cartera al Fondo de Pensiones del Sector Público de Canadá (PSP), y al Global Forest Partners (GFP) del Líbano, que compraron, además, 70 mil hectáreas a Forestal Tregualemu, y otras 78 mil hectáreas a Masisa en 2020 (por US$350 millones), a través del fondo de inversión GFP Chile Timberland Holding, de Asset Chile.

“El grupo Angelini pagó $200 millones por las más de dos mil hectáreas que corresponden al Fundo Tranaquepe. En 2015, la Conadi le pagó más de 5 mil millones de pesos por una pequeña parte del mismo terreno a la Forestal Arauco (Grupo Angelini), para destinarla a las comunidades indígenas”, señala el libro La historia del despojo.

Según Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile:

“El estándar internacional en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas determina que, en materia de propiedad ancestral de Pueblos Indígenas, reconoce que tienen propiedad sobre esas tierras, aunque no tengan título de dominio inscrito y, por lo tanto, es obligación del Estado generar los mecanismos que garanticen ese derecho de propiedad ancestral. Y contrae al menos las siguientes obligaciones: demarcar los territorios, labor que debe realizarse con los pueblos afectados, y donde se deben recoger las normas consuetudinarias. Debe ser titular, pero además debe sanear, lo que significa que debe prevenir que terceros se apropien de estas tierras, y si ello ha ocurrido, debe buscar los mecanismos de que esas tierras vuelvan a los Pueblos Indígenas. Y, en general, ese mecanismo es la expropiación. Las tierras indígenas son las que se venden más caras en La Araucanía, hasta ocho o nueve veces el valor de las tierras, y los actuales dueños han profitado con ello al venderle voluntariamente a la Conadi. Es claro que se van a exigir indemnizaciones millonarias, por derechos de agua, por las tierras. En el fondo están tratando de que el Derecho Comercial Internacional los ampare para satisfacer su interés especulativo con las tierras, porque saben que tienen que devolverlas, pero, cuwando lo hagan, están generando todos los mecanismos para sacarles el mayor de los precios”.

Aunque el empresariado defiende la legalidad de la propiedad de la tierra usurpada, enfatice en la supuesta contribución del monocultivo forestal a mitigar el cambio climático con la captura de carbono, argumentan aportar al crecimiento económico, el extractivismo forestal profundiza la matriz colonial y capitalista de muerte y precarización de la mapuche mongen (múltiples vidas humanas y no humanas en el territorio). Esto se ha expresado en la pérdida de la biodiversidad; la deforestación del bosque nativo; la disminución y contaminación de las aguas; el aumento en el uso de pesticidas; el deterioro de la infraestructura pública; el aumento de la pobreza y la desigualdad; la diversificación en las formas de explotación racial sobre la fuerza de trabajo; así como el protagonismo del empresariado en la estrategia contrainsurgente que militariza las comunidades, asesina y encarcela líderes, lideresas, autoridades tradicionales, weichafe (luchadores mapuche) y violenta estratégicamente a mujeres, niños y ancianos que son actores protagónicos en defensa y proyección de la vida y el territorio.

Siguiendo a Nahuelpán et al. (2021), la lógica de eliminación del Pueblo mapuche como sujeto colectivo y el sometimiento colonial está basada en: a) el reconocimiento, la integración y la participación mapuche en los engranajes del sistema político estatal y de las iniciativas económicas extractivistas; b) una estrategia de contrainsurgencia colonial que opera mediante la represión de la resistencia, la militarización de las comunidades y, durante el último tiempo, con la instalación de una narrativa narcoterrorista sobre los territorios más organizados.

Sobre la primera tendencia, algunas expresiones políticas mapuche apuestan en el ámbito electoral por la plurinacionalidad del estado, buscando reconciliar las contradicciones coloniales. Es una apuesta que, al margen de las buenas intenciones de sus promotores, no trastoca los pilares de la matriz colonial y capitalista en Chile, y en el mejor de los casos llevará a un reacomodo del Estado. Es decir, se ampliarían los márgenes de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, pero re-actualizando y profundizando la matriz de acumulación en un contexto de transición hegemónica a escala global.

En cuanto a la segunda, la construcción de la narrativa del narcoterrorismo mapuche surge el año 2020, pero su genealogía está en el discurso del terrorismo y la criminalización impulsado por los gobiernos democráticos neoliberales, y en la ideología colonial que sustentó la ocupación en el siglo XIX con la construcción de los mapuche como “indios bárbaros”. Actualmente, vincular al movimiento mapuche con el narcotráfico tiene dos objetivos concretos. Primero, busca deslegitimar la causa mapuche frente a la opinión pública (nacional e internacional), que crecientemente apoya sus reivindicaciones. Segundo, utilizar la ley antinarcóticos para perseguir a dirigentes y miembros del movimiento mapuche, a diferencia de otras legislaciones, le otorga mayor flexibilidad e independencia a la policía para interferir teléfonos, infiltrar a personal policial y acceder a  recursos tecnológicos, humanos y económicos. De esta manera, tal narrativa es parte de la estrategia actual de contrainsurgencia colonial que busca aislar expresiones de la resistencia mapuche que no pueden ser contenidas por las medidas institucionales de consenso.

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Fuente: El Ciudadano