Julia Chuñil: desaparición, imputaciones mediáticas y las asimetrías judiciales
Por Raigan Nawel – 16 enero, 2026
La desaparición de Julia Chuñil, en Máfil, se ha convertido en uno de los casos más complejos y enigmáticos de los últimos meses. No solo por la falta de certezas, sino porque el proceso ha estado marcado por un elemento que pesa tanto como las diligencias judiciales: el juicio anticipado en la esfera pública.
Mientras la investigación avanza con piezas sueltas, filtraciones y sospechas que cambian de forma, el tratamiento mediático ha contribuido a instalar imputaciones antes de que exista una verdad judicial sólida. Y en este punto, el problema no es solo la exposición: es la asimetría. Porque cuando los señalados pertenecen a sectores empobrecidos —y más aún, cuando son mapuche— el margen de defensa pública es mínimo. La pobreza no solo limita recursos legales, también limita voz, acceso, relato y protección.
CONSOLIDAR EL ORDEN AUNQUE SEA CON MONTAJES
En este escenario, aparece una figura que ha generado atención: la abogada Karina Riquelme, reconocida por su trayectoria en causas de derechos humanos y en defensas emblemáticas vinculadas al pueblo mapuche, incluyendo su participación en procesos como Operación Huracán, caso que terminó exhibiendo la fabricación de pruebas como método de persecución. Su presencia en el caso Chuñil no solo introduce una defensa técnica, sino también una crítica política y jurídica: la sospecha de que, otra vez, la investigación puede estar marcada por sesgos, apuros y un enfoque que necesita culpables más que verdad.
Pero el caso Julia Chuñil no ocurre en un vacío. Se incrusta en un trasfondo histórico más profundo: el Poder Judicial chileno, desde su formación, ha operado como una institución que consolidó el orden del ocupante. En el sur, ese orden significó transformar el territorio comunitario en propiedad individual, y convertir la memoria territorial en un problema secundario frente a lo que “vale” para el tribunal: el papel, el registro, la inscripción. Así, muchas veces, el despojo no solo fue militar o económico: también fue legal.
MEMORIAL HISTÓRICO, VINCULADO AL DESPOJO
Esa historia sigue pesando cuando una familia mapuche entra a un tribunal. No entra como igual. Entra desde una posición social, económica y cultural desigual, frente a un aparato que históricamente ha legitimado un modelo que no nació para protegerlos, sino para administrar el nuevo dominio sobre el territorio.
En medio de esta desigualdad estructural, otro elemento se usa como arma simbólica: el alcohol. El tema no es simple ni cómodo. Los propios Mapuche han reconocido los efectos destructivos del alcohol en sus comunidades, como parte de una violencia que se instaló con la ocupación y el empobrecimiento, pero también como una realidad que requiere medidas concretas. Existen llamados a sustituir su consumo y distribución en territorio mapuche, bajo mandato ancestral y memoria histórica, como se recuerda en el memorial de 1936 de Curaco–Quilacahuín.
Sin embargo, esa discusión —profunda, comunitaria y dolorosa— suele ser reducida por el discurso dominante a un estigma fácil: “son así”, “es su cultura”, “se lo buscaron”. Y así, el alcohol deja de ser comprendido como una consecuencia histórica y social, para transformarse en una etiqueta útil para humillar, sospechar y condenar por adelantado. No como un problema que el propio pueblo ha intentado enfrentar con dignidad y propuestas, sino como un argumento para reforzar la imagen de inferioridad.
El resultado es brutal: un pueblo que sobrevive a la ocupación, al despojo y a la pobreza, además debe enfrentar el castigo simbólico permanente de ser culpable incluso en su dolor. En el caso de Julia Chuñil, esa dinámica se vuelve aún más peligrosa, porque una desaparición exige rigor, prudencia y humanidad. Pero lo mediático suele exigir otra cosa: rapidez, espectáculo y responsables inmediatos.
Hoy, el caso sigue abierto, y lo único claro es esto: cuando la justicia y los medios se mueven sin equilibrio, el daño no es solo para los imputados o para la familia, sino para la posibilidad misma de encontrar verdad. Porque no hay verdad posible si antes se instala una condena social. Y no hay justicia real si el sistema, en vez de corregir desigualdades históricas, las reproduce como si fueran normales.
En la desaparición de Julia Chuñil no solo se busca a una persona. También se vuelve a revelar, una vez más, la pregunta de fondo: ¿qué tan justo puede ser un país cuando su justicia nació para asegurar el orden del ocupante y no la dignidad del territorio y sus pueblos?
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Fuente: Waiwen A’P TV
