El brutal ataque con armas y motosierras el pasado 15 de abril perpetrado contra un cortejo fúnebre comunitario en el acceso al cementerio ancestral de Maihue-Carimallín, sumado a las posteriores amenazas de muerte e intentos de exhumación ilegal, desencadenaron una acción internacional para exigir resguardo inmediato en la zona. La denuncia fue presentada formalmente por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la  Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

El violento episodio ocurrió mientras cerca de 200 personas acompañaban el funeral del werken Jaime Uribe Montiel, histórico defensor ambiental y pareja de la machi Millaray Huichalaf. El paso del cortejo fue bloqueado por grupos locales vinculados a la transnacional Statkraft, que ejecuta el proyecto hidroeléctrico Los Lagos. Pese a que las comunidades del Aylla Rewe habían alertado por escrito a las autoridades de seguridad con días de anticipación, no actuaron a tiempo.

Desde el Observatorio expresaron su “más profunda preocupación por las amenazas a la vida e integridad de las comunidades, colectivos y personas defensoras afectadas, así como por el peligro de daño irreparable a los derechos culturales y espirituales”. El organismo detalló que los agresores atacaron a los comuneros y amenazaron explícitamente con desenterrar el cuerpo del vocero fallecido para arrojarlo al río Pilmaiquén, además de amedrentar de muerte a la machi Huichalaf.

El conflicto socioambiental en la zona lleva más de una década de tensiones debido a la nula implementación de procesos de consulta libre, previa e informada hacia los comuneros del territorio, quienes han sido enfáticos en señalar que existe un diseño sistemático de persecución. Testimonios apuntan a que estas acciones “evidencian un patrón de hostigamiento para neutralizar la defensa comunitaria”, señalan.

La respuesta de las instituciones del Estado fue muy criticada por la rapidez con la que se liberó a los atacantes detenidos después de la agresión. Según los datos de los organismos de derechos humanos, los responsables atrapados en el lugar quedaron libres en menos de 24 horas. La justicia les aplicó cargos menores por lesiones simples y llegaron a acuerdos rápidos para su salida. 

La presión internacional busca que las oficinas de la firma en Santiago y el gobierno de Noruega, país accionista único de Statkraft, detengan provisoriamente los trabajos en la cuenca del Pilmaiquén. Se solicita congelar los proyectos hasta que se garantice una auditoría sobre los impactos humanos en la región y se ponga fin a las campañas de desprestigio que buscan perfilar a los defensores como personas peligrosas.

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Fuente: el ciudadano.com