Continuacion

Persecución político-judicial contra el movimiento mapuche

05 de septiembre de 2002: Tras permanecer más de un mes en huelga de hambre en la cárcel de Traiguén, los jóvenes Rafael y Pascual Pichún dan inicio a una huelga de hambre "seca", con la disposición de mantenerla hasta las últimas consecuencias. Cuatro días más tarde, ambos hermanos son trasladados de urgencia al Hospital de Traiguén debido al delicado estado de salud de ambos. Por varios días, los dos prisioneros políticos permanecen conectados a alimentación intravenosa y con diagnóstico "reservado". Finalmente, tras permanecer más de 35 días movilizados por su libertad, deciden abandonar la huelga acogiendo el llamado de sus familiares.

12 de septiembre de 2002: A raíz de un sorpresivo allanamiento realizado por Fuerzas Especiales de Carabineros a la comunidad "José Millacheo Levio", es detenido el lonko de la comunidad, Juan Ciriaco Millacheo Lican, quién se encontraba hasta ese día prófugo de la justicia. Asimismo, por acción de personal de civil de Carabineros es detenida Patricia Troncoso Robles, colaboradora no mapuche de las comunidades en conflicto y quién era hasta la fecha una de las personas más buscadas por la policía en el marco del conflicto mapuche-chileno.

26 de septiembre de 2002: En el sector de Lleu-Lleu, VIII región, fue detenido el comunero Eduardo Meñaco, hijo del lonko de la comunidad Pascual Coña, Avelino Meñaco. Su detención, realizada por personal de civil de carabineros, fue ordenada por el Juzgado de Cañete debido a su supuesta participación en atentados incendiarios que afectaron a cabañas de veraneo cercanas a la Hacienda del empresario Osvaldo Carvajal. Sin embargo, al no poder comprobarse su participación en los hechos, fue dejado en libertad días más tarde .

06 de noviembre de 2002: Tras un violento operativo policial desarrollado en el sector céntrico de Temuko, el vocero de las comunidades en conflicto de Collipulli, Víctor Ancalaf, es detenido por personal de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR) y trasladado hasta la VIII región tras una orden de búsqueda y captura ordenada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Diego Simpertigue, en el marco de un requerimiento por infracción a la Ley Antiterrorista.
Según fuentes judiciales, su arresto se habría enmarcado en las investigaciones realizadas por el ministro para esclarecer una serie de atentados incendiarios que en la zona del Alto Bio-Bio, entre los años 2000 y 2001, afectaron a empresas subcontratistas de Endesa-España a cargo de la construcción de la Represa Ralko. Tras permanecer cinco días incomunicado y después de ser sometido a fuertes interrogatorios, Ancalaf es sometido a proceso como uno de los autores "materiales" de los hechos, decretándose su encarcelamiento en el módulo de presos políticos de la cárcel El Manzano de dicha ciudad.

07 de noviembre de 2002: En el marco de una ocupación productiva del Fundo Santa Alicia (Forestal Mininco S.A.) desarrollada por la comunidad Montutui Mapu, sector Agua Buena de la comuna de Ercilla, resultó mortalmente herido en su cabeza el comunero mapuche Alex Edmundo Lemún Saavedra.
El disparo, según denunciaron miembros de la comunidad presentes en la movilización, habría provenido de una escopeta antimotines de carabineros, utilizada en el operativo por el oficial a cargo de la unidad enviada desde Angol para corroborar la efectividad de la ocupación. Es decir, del arma que utilizaba el mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer. Alex Lemún, de 17 años, debió ser trasladado de urgencia hasta el hospital de Angol, siendo posteriormente derivado y debido a la gravedad de sus lesiones cerebrales, hasta el Hospital Regional de Temuko y, más tarde, hasta la Unidad de Tratamiento Intensivo de la Clínica Alemana. En dicho recinto penal permanecería en estado de coma y conectado a un respirador artificial por los próximos cinco días.

12 de noviembre de 2002: Alrededor de las 06:15 horas de la mañana y debido a la gravedad de sus lesiones cerebrales, fallece en la Clínica Alemana de Temuko el joven comunero Alex Edmundo Lemún. En declaración pública, la Coordinadora Arauco-Malleco responsabilizó a Carabineros y al gobierno de Ricardo Lagos como principales responsables de la muerte del joven mapuche. "Carabineros, el gobierno de la Concertación, los partidos políticos, los parlamentarios y el aparato de estado opresor, subordinado a los intereses del empresariado nacional y extranjero, deberán asumir la responsabilidad histórica de asesinar a un joven mapuche en esta etapa de nuestra lucha como pueblo", manifestaron.
Luego de una multitudinaria marcha por las calles céntricas de Temuko, el cuerpo de Alex Lemún fue trasladado hasta su domicilio en la comunidad Requen Lemun, Ercilla. Dos días más tarde y con la participación de numerosas delegaciones de mapuches provenientes de distintos puntos del Wallmapu, sus restos fueron finalmente enterrados en el cementerio de la comunidad mapuche "José Millacheo Levio", sector de Chekenko.

13 de noviembre de 2002: Un informe preliminar de la Policía de Investigaciones de Chile citado por la prensa, establece que el proyectil que terminó con la vida de Alex Lemún correspondería a un "balín metálico" disparado por una escopeta antidisturbios de Carabineros. El tipo y origen del proyectil fueron determinados mediante un peritaje balístico a las armas utilizadas por los efectivos policiales en el operativo.
Carabineros y el Ministerio Público rechazaron sin embargo las declaraciones de la Policía Civil, argumentando que aun no se disponían de pruebas suficientes que asegurasen la responsabilidad de carabineros en los hechos. "El proyectil que provocó la muerte del joven mapuche también pudo provenir de un arma utilizada por los propios mapuche... Sabemos que habían armas caseras en manos de los comuneros ese día", señaló en su oportunidad la Fiscal Regional, Esmirna Vidal.
Para la investigación del caso, en primera instancia la justicia designó al fiscal de Angol, Ocar Soto. Sin embargo y extrañamente según lo denunció el abogado de la familia Lemún Saavedra, Pablo Ortega, el 12 de noviembre la investigación es traspasada al fiscal de Collipulli, Luis Chamorro. Finalmente, el 19 de noviembre y tras comprobarse -luego de conocido el informe forense desarrollado por el Instituto Médico Legal de Temuko- la procedencia uniformada de la munición, el fiscal Luis Chamorro se declara incompetente y el caso es traspasado a la Fiscalía Militar de Angol.

16 de noviembre de 2002: Fuerzas Especiales de Carabineros, actuando bajo órdenes no aclaradas, procedieron a allanar varias viviendas de la comunidad mapuche "José Guiñón", sector San Ramón, comuna de Ercilla. El violento operativo, realizado como es habitual en presencia de mujeres, ancianos y niños, buscaba determinar la presencia de armamento al interior de la comunidad, el cual habría sido utilizado por los mapuches en las ocupaciones de predios desarrolladas desde comienzos de año. Tras varias horas de terror, los efectivos policiales se retiraron sin encontrar materiales ni pruebas al respecto. Según denunció más tarde la Coordinadora Arauco-Malleco, este allanamiento se constituía en el "quinto" realizado en contra de la comunidad desde que ésta inició su proceso de recuperación de tierras el año 2001. Esta comunidad reivindica más de 800 hectáreas de tierras, hoy en manos de las empresas forestales Cautín y Mininco S.A..

29 y 30 de noviembre de 2002: En un operativo policial desarrollado la tarde del día viernes 29, fue detenido en la comunidad Pascual Coña, sector Lleu-Lleu, el comunero mapuche Jaime Cona Tranamil. Más tarde, alrededor de las 02:00 horas de la madrugada del sábado 30, fue detenido en similares condiciones en la ciudad de Tirúa el werken de la Coordinadora Arauco-Malleco, José Huenchunao Mariñán. Ambos mantenían ordenes de aprehensión pendientes dictadas por el ministro en visita Eliseo Araya, quién instruye desde el año 2001 un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en la Provincia de Arauco.
En dicha investigación judicial, relacionada con diversos atentados ocurridos contra la Hacienda Lleu-Lleu, alteración del orden público e incendio de pastizales, el ministro ya había dictado sentencia contra otros 4 comuneros mapuches vinculados a la CAM, todos ellos condenados a 3 años de cárcel con el beneficio de pena remitida. Tras su arresto, Huenchunao y Cona quedaron incomunicados en dependencias de la cárcel El Manzano de Concepción.

04 de diciembre de 2002: Tras una coordinada acción de inteligencia policial, el Ministerio Público de la IX región logra la detención de más de 20 personas vinculadas a la CAM en las comunas de Ercilla, Collipulli, Chol-Chol y Temuko.
Los operativos simultáneos desarrollados por alrededor de 100 efectivos policiales, comenzaron la madrugada del 4 de diciembre en un sector poblacional de la ciudad de Temuko, donde fueron detenidos tras varios allanamientos José Llanquileo Antileo (werken de la CAM en Temuko), Angélica Ñancupil Poblete, Marcelo Quintraleo Contreras, Oscar Higueras Quezada y Mauricio Contreras Quezada. Estos últimos jóvenes no mapuches colaboradores de la organización en la zona urbana.
Más tarde, efectivos policiales allanaron varias viviendas en la comunidad "Agustín Chihuaicura" de Chol-Chol deteniendo al lonko Jorge Huaiquín Antinao y a los comuneros José Huaiquín Antinao y José Mariqueo Coilla. En forma paralela, efectivos policiales fuertemente armados irrumpían en la comunidad mapuche "José Millacheo Levío" de Ercilla, deteniendo a los comuneros Juan Andrés Necul Marín y José Millacheo Marín, y en la comunidad "José Guiñón" tambíen de la comuna de Ercilla, arrestando al lonko José Cariqueo Saravia y al comunero Jaime Marileo Saravia. Mientras tanto, en la comunidad de Tricauco, efectivos policiales detuvieron a Mireya Figueroa Araneda, secretaria de la comunidad y sin vinculación política con la CAM.
Finalmente, al interior de Collipulli, efectivos policiales detuvieron a Ester Alvarez Zuñiga, de la comunidad "Juan Aylla Varela" y en pleno centro de la misma ciudad al ciudadano germano-polaco y empresario molinero de la zona, Guillermo Hornung. Este último sería sindicado por los fiscales y la prensa como supuesto "financista" de la CAM. Sin embargo, tanto el inculpado como la propia CAM desmintieron más tarde la existencia de tal vinculación. Todos los detenidos en esta redada policial fueron trasladados hasta la ciudad de Temuko, quedando en régimen de incomunicación en la cárcel pública.
Tras conocerse los resultados de la redada policial, la Fiscal Regional, Esmirna Vidal, entregó su parecer en una entrevista transmitida por la radio Bio-Bio. "En virtud de un trabajo investigativo con la policía de Carabineros y que se arrastra desde hace varios meses, fuimos desarrollando un trabajo bastante acucioso que nos permite vincular el nombre de las personas que hoy han sido detenidas con o la ejecución directa, la planificación o la participación en diversos atentados en las zonas de conflicto", señaló.

05 de diciembre de 2002: El fiscal a cargo de la investigación, Alberto Chifelle, señala ante los medios de comunicación su conformidad con el accionar de la policía y adelanta que a todos los detenidos les sería formalizada durante el transcurso de la semana una investigación judicial por "Asociación Ilícita Terrorista". El mismo día 5, el gobierno a través del equipo jurídico de la Intendencia Regional, se querella contra los detenidos por "terrorismo" y otros delitos, acción a la que posteriormente se sumaria el alcalde de Temuko, Rene Saffirio, a nombre del municipio.
Por su parte, en la ciudad de Santiago, el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, se refirió a la detención de 16 personas pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco, señalando que se trataba de simples "delincuentes" mapuches y no personas "representativas" de su pueblo. "Yo no creo que esto pueda extremarse como una persecución al pueblo mapuche. Esto es una persecución a delincuentes, a personas de los cuales existen antecedentes delictuales; solo algunos de ellos son de apellido mapuche. Es errado pensar de que esto es un acción dirigida en contra de algún grupo o contra todo el pueblo mapuche", señaló Correa Sutil.
Ante estas declaraciones, la CAM a través de un comunicado público precisó que entre los detenidos se encontraban "verdaderos y dignos luchadores de la causa mapuche y de comunidades que se han levantado en contra de los intereses del empresariado nacional y extranjero", denunciando a su vez un "montaje" político-judicial del gobierno para desarticular a la organización.

06 de diciembre de 2002: La Fiscalía Regional de La Araucanía confirma la medida cautelar de "prisión preventiva" para los mapuches y no mapuches detenidos el 4 de diciembre y formaliza los cargos por "asociación ilícita terrorista" contra un total de 24 detenidos, ya que está acción judicial se amplió a otros 9 mapuches vinculados a la CAM y que ya se encontraban encarcelados en distintos puntos de la VIII y IX región.
Se trataría de los lonkos mapuches de Traiguén, Pascual Pichún y Aniceto Norin, los hermanos Rafael y Pascual Pichún Collonao (todos ellos recluidos desde hacia más de 8 meses en la cárcel de Traiguén); el lonko de Chekenko, Juan Ciriaco Millacheo Lican (recluido en la cárcel de Angol); el werken de la CAM, José Huenchunao Mariñán (recluido desde fines de noviembre en la cárcel de Concepción); el comunero Jorge Millapan Barrales (recluido en la cárcel de Nueva Imperial) y la colaboradora no mapuche de la CAM, Patricia Troncoso Robles (recluida desde hacia más de dos meses en la cárcel de Victoria).
Si bien todos ellos fueron trasladados hasta la ciudad de Temuko para participar de la audiencia de formalización de los cargos, todos debieron regresar a sus cárceles de origen debido a "desordenes administrativos" denunciados por la defensa de los comuneros y acogidos por el Tribunal de Garantía. Debido a estas irregularidades cometidas por la Fiscalía, la formalización de los cargos contra los 9 mapuches restantes quedó finalmente establecida para el 18 de diciembre.

07 de diciembre de 2002: Dirigentes pehuenches del Valle del Río Queuco, Alto Bio-Bio interponen una denuncia por "presunta desgracia" ante Carabineros por la extraña desaparición del joven paramédico pehuenche, Jorge Suárez Marihuan, miembro de la comunidad de Malla Malla y activo participante del movimiento de recuperación territorial en dicha zona del Wallmapu. Según familiares del joven pehuenche, este habría desaparecido de su hogar el pasado 5 de diciembre en extrañas circunstancias. Los temores de la familia dicen relación con las constantes amenazas de muerte que habría recibido Jorge Suárez por parte de colonos chilenos y pehuenches aliados al gobierno, todos ellos contrarios al movimiento pehuenche y su accionar reivindicativo.

10 de diciembre de 2002: La Corte de Apelaciones de Concepción confirma el procesamiento contra el werken de la Coordinadora Arauco-Malleco, José Huenchunao. Según el dictamen del máximo tribunal penquista, Huenchunao fue sometido a proceso por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado a raíz de atentados en contra de la Hacienda Lleu-Lleu y el predio Los Troncos en la comuna de Cañete. Posteriormente, el 18 de diciembre, José Huenchunao fue notificado de su procesamiento paralelo en Temuko por infracción a la Ley 18.314 Antiterrorista, cargo imputado por la Fiscalia del Ministerio Público de La Araucanía en contra de los dirigentes, voceros, miembros y colaboradores de la CAM.

11 de diciembre de 2002: Jorge Arturo Suárez Marihuan, pewenche de 27 años de la comunidad de Malla-Malla y quién había desapareció de su hogar extrañamente el pasado 5 de diciembre, fue encontrado muerto a orillas del río Queuco. Según testigos, el cuerpo del joven pehuenche presentaba claras evidencias de tortura y malos tratos al momento de ser encontrado por los propios lugareños en un sector conocido como Chinchintahue.
El joven pehuenche, hermano del lonko de la comunidad Segundo Suárez y miembro del Consejo de Lonkos Tradicionales del Alto Bio-Bio, era integrante activo del proceso de recuperación de tierras en dicha zona del territorio mapuche, proceso mediante el cual en conjunto las comunidades de Trapa-Trapa, Butalelbun, Malla Malla y Cauñicú habían logrado recuperar 16 mil hectáreas de tierras de las 30 mil que están en disputa con el Estado, empresas transnacionales y colonos chilenos en dicha zona cordillerana de la Octava Región.
Para los dirigentes pehuenches, la extraña muerte de Jorge Suárez -que se suma a los asesinatos ocurridos el 12 de julio de 2002 de los hermanos Mauricio y Agustina Huenupe Pavian, werkenes de la comunidad Cauñicu del Alto Bio Bio y también miembros del Consejo de Lonkos Tradicionales-, deja de manifiesto la acción de grupos anti-mapuches que a través del "asesinato directo" de los miembros de la resistencia pehuenche intentan posibilitar mejores condiciones para la intervención directa del aparato del Estado y de las empresas transnacionales como Endesa-España en la zona.

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