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Campaña<< Solidaridad y apoyo a los prisioneros políticos de la nación Mapuche Europa, diciembre, 1993
A una década desde la promulgación de la ley No. 19.253 (5/10/93) sobre Protección, Fomento y Desarrollo de las Etnias Indígenas de Chile emanada del Pacto de Nueva Imperial (1/11/89), constatamos que el trato de la población indígena de Chile esta y estará sujeta al interés del capital transnacional. La lectura que hacen los representantes del Estado de Chile de la Ley Indígena en el informe de la "Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato" evidencia que la prioridad e interés por atender las demandas de los pueblos indígenas está determinada por las empresas transnacionales establecidas en Chile. Dicha Comisión sitúa el sistema de reserva indígena y su respectiva demarcación territorial como antecedente a toda reivindicación Mapuche. La premisa jurídica y territorial "reduccional" en tanto condición impuesta es una modalidad de trato colonialista; por lo tanto una vía no factible de solución. Después de casi tres décadas de "exitoso crecimiento económico" de la economía chilena es posible concluir que el proyecto de sociedad y particularmente el "progreso" que proclama la elite política y económica chilena no genera ni bienestar social ni democracia. Libre mercado y democratización son incompatibles. El ajuste estructural neoliberal ha revitalizado el modelo de desigual distribución del ingreso y riqueza, en la cual los indígenas han sacado la peor parte. La construcción de represas hidroeléctricas, vertederos, tendido de carreteras a través de lugares sagrados del territorio mapuche, la concesión de derechos de tala de bosque nativo y la concesión de territorios a las empresas forestales y salmoneras en territorio mapuche revelan que el Estado chileno no se propone garantizar la integridad de los territorios ancestrales mapuche ni la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El saqueo de los recursos naturales del territorio mapuche que con el aval del Estado chileno llevan a efecto las empresas transnacionales generan miseria y substancial deterioro del medio ambiente de los comuneros mapuche. La lucha que libran los comuneros por superar la miseria a las que ha sido sometidos los confronta con la represión policial. Es manifiesta la represión y persecución de aquellos que activamente exigen mejores condiciones de vida, justicia y libertad para nuestro pueblo. En los Tribunales Civiles y Militares de Chile cientos de comuneros mapuche son procesados por diversas causas relacionadas con la recuperación de las tierras ancestrales, más de una decena de dirigentes políticos mapuche se encuentran encarcelados. En todos estos casos los tribunales de justicia de Chile aplican selectivamente el cuerpo político-jurídico heredado de la dictadura militar; la ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Anti-terrorista. Hace un año nuestro hermano Edmundo Lemun -un joven de 17 años- fue asesinado por un oficial de la policía chilena. La Corte Marcial de Chile derogó la causa, al considerar el disparo en la cabeza contra un joven desarmado como un acto en defensa propia. Un vez más la justicia chilena garantiza la impunidad de la policía y militares. Durante los últimos meses cientos de mapuches han sido procesados y condenados a largas penas de cárcel. En este momento varios prisioneros políticos se encuentran en huelga de hambre. Pascual Pichún y Aniceto Norín, quienes detentan el rango de autoridad tradicional mapuche denominado Lonko (jefe político comunal) fueron condenados a la larga condena de 5 años de cárcel por el delito "amenaza terrorista". Ante este flagrante abuso legal han iniciado el 7 de octubre una huelga de hambre de carácter indefinida. Patricia Troncoso, presa política mapuche recluida en el centro penitenciario de la ciudad de Victoria, acusada de "asociación ilícita terrorista", a partir del 12 de Octubre inició huelga de hambre indefinida. Desde el 3 de noviembre se encuentra en huelga de hambre de carácter indefinida otra autoridad tradicional Mapuche el Lonko José Cariqueo a quien se le procesa por "asociación ilícita terrorista". Desde es advenimiento de la "democracia" la ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley Anti-terrorista tan sólo se le ha aplicado a los mapuche. Los representantes del Estado chileno mediante la represión policial y el amedrentamiento judicial pretenden sembrar el temor encarcelando a nuestros dirigentes y autoridades tradicionales de nuestro pueblo. Se han propuesto encarcelar un pueblo una cultura, una identidad. En la Cárcel de Alta Seguridad de El Manzano de la ciudad de Concepción, cumplen condena por "asociación ilícita terrorista" dos de los más destacados líderes políticos mapuche José Huenchunao Mariñan, y Víctor Ancalaf Llaupe. En nuestra condición de Mapuche residentes
en Europa apelamos a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones
solidarias con la causa de los pueblos originarios, a las organizaciones
políticas y a la sociedad civil, interceder en defensa de los prisioneros
políticos mapuche y solidarizar con la lucha por justicia y libertad
de nuestro pueblo. Solicitamos reafirmar la exigencia de respeto incondicional a los preceptos internacionales sobre derechos humanos. Solicitamos que se exija atender las demandas de los presos políticos en huelga de hambre Para mayores informaciones contactar: Jorge Calbucura Reynaldo Mariqueo
__________________________________ Carta Tipo
C.C: Ministro de Justicia, Luis Bates Hidalgo y
Señor Presidente, Expresamos nuestra profunda preocupación por el encarcelamiento de dirigentes y autoridades tradicionales de la nación Mapuche. Manifestamos nuestra preocupación por el estado de salud de los prisioneros políticos Mapuche en huelga de hambre en diversos establecimientos carcelarios chilenos. Es de nuestro conocimiento el crítico estado de salud, de la prisionera política Mapuche; Patricia Troncoso sometida a régimen carcelario por más de 14 meses y que desde el 12 de octubre se encuentra en huelga de hambre. De acuerdo con la información proveniente de las comunidades Mapuche, así como de los propios prisioneros en las cárceles de Chile. La mayor parte de los comuneros Mapuche en prisión han sido procesados o condenados por fiscales designados especialmente para atender este tipo de casos. La mayor parte de los comuneros Mapuche en prisión son procesados o han sido condenados por tribunales dependientes de la Justicia Militar. La condena a la pena de prisión dictada de los tribunales civiles y militares en contra de la mayor parte de los comuneros Mapuche en prisión verifica la flagrante trasgresión del principio "non bis in idem". Se juzga a los comuneros Mapuche bajo la modalidad de doble procesamiento; a decir; como infractores al Código Penal, Código de Justicia Militar, la Ley Antiterrorista, Ley de Control de Armas o Ley de Seguridad Interior del Estado. La mayor parte de los comuneros Mapuche en prisión han sido condenados sin habérsele brindado la asesoría de un abogado de su confianza. Tampoco se ha garantizado el acceso a traductores interculturales. Los tribunales de Justicia chilena no facilitan la posibilidad de defensa legal. La mayor parte de los comuneros Mapuche en prisión han sido sometidos a interrogatorios extrajudiciales, oportunidad en que se han aplicado tratos crueles, inhumanos y degradantes. Procesar y condenar a los comuneros Mapuche por delitos arbitrariamente clasificados "terroristas", implica denegar toda posibilidad de acceso al beneficios judicial de libertad provisional, así como al beneficio de cumplimiento de pena de prisión alternativa. Todos los presos políticos mapuche encarcelados por delitos arbitrariamente clasificados "terroristas", son sometidos a un régimen carcelario extremadamente duro. Todos los presos políticos mapuche testimonian sobre el trato intimidatorio y racista que se les somete por parte del personal de los recintos carcelarios. Sr. Presidente, con profunda consternación seguimos el curso de los acontecimientos. Expresamente solicitamos atienda las demanda de los prisioneros mapuche en huelga de hambre. Que se disponga la libertad de todos los presos políticos mapuche recluidos en las cárceles de Temuco, Victoria, Angol y Concepción. La agilización de todos los procesos judiciales que se siguen en contra de los Presos Políticos Mapuche. En especial se solicita que se disponga la libertad de los prisioneros enfermos. Se trata de los recluidos en las cárceles de Temuco y Angol; Mireya Figueroa, Juan Antonio Colihuinca, Juan Patricio Marileo Saravia, y José Cariqueo Saravia. Que la Fiscalía Militar de Angol acoja la demanda de procesamiento por el delito de violencias innecesarias del Mayor de Carabineros inculpado en la muerte del joven de 17 años Alex Lemún; muerto a consecuencia de un disparo en la cabeza el 7 de noviembre de 2002, cuando tres Carabineros procedieron a reprimir a un grupo de mapuche que mantenían la ocupación de un predio en la comuna de Ercilla. Nuestra solicitud demanda el respeto de la condición de prisioneros político de los comuneros y líderes políticos de la nación Mapuche de acuerdo con las normas internacionales; en particular lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Le saluda atentamente, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
José Miguel Insulza Salinas
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