Informe anual de EEUU aborda casos Penta-SQM y advierte por trato a mapuches en Chile

Por Alberto Labra - 17 de abril, 2016

Departamento de Estado realizó un reporte de DD.HH., democracia y corrupción sobre países de la ONU. “La Constitución no protege específicamente a los grupos indígenas”, dice el texto.

Esta semana, el Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer su reporte anual -correspondiente al análisis que realizó ese gobierno en 2015- sobre derechos humanos, que incluye una revisión de todos los países miembros de la ONU.

En el marco de ese trabajo -suscrito por el secretario de Estado, John Kerry- se incluye un informe escrito en inglés y dedicado exclusivamente a Chile, en el que se abordan aspectos de DD.HH., pero también de corrupción y democracia.

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Foto: John Kerry
Secretario de Estado


El texto contiene 23 carillas. Y en el apartado sobre “corrupción y carencia de transparencia en el gobierno”, se mencionan los casos de presunto financiamiento irregular de campañas. “Los fiscales abrieron una investigación contra una gran organización de servicios financieros, Grupo Penta. Penta fue acusada de financiar ilegalmente las campañas electorales de políticos pertenecientes a un partido de oposición, la Unión Demócrata Independiente, y de evadir impuestos declarando las donaciones a campañas como gastos”, se lee en el documento.

En la misma línea, se incluye el caso SQM. Sobre esta empresa se señala que se la ha acusado de haber “supuestamente financiado ilegalmente a candidatos de todo el espectro político”.

El reporte del Departamento de Estado también relata el caso Caval, aunque sin nombrar a la empresa de Natalia Compagnon. En concreto, se señala que en febrero de 2015 se abrió “una investigación contra el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, acusando influencia indebida durante su participación en una operación inmobiliaria realizada por la compañía de su esposa”. Además, se menciona brevemente la situación del senador Jaime Orpis por el caso Corpesca.

En este contexto, el reporte de EE.UU. también aborda los instructivos de La Moneda que ordenan a los funcionarios públicos entregar información financiera (declaraciones de patrimonio e intereses). “Todas las declaraciones deben hacerse públicas, y se incluyen sanciones por no cumplimiento”, se plantea, pero se agrega que “sin embargo, no se mandata a una unidad para monitorear las declaraciones”.

Discriminación

El informe también advierte sobre discriminación en Chile principalmente contra homosexuales y mapuches, junto con enfocar parte del análisis en la actuación de las policías. Así, en línea con lo anterior se cuestiona que “las personas que se identifican como indígenas fueron electas” a nivel municipal, “pero no a nivel nacional, en parte debido a las barreras culturales e institucionales”.

Y se establece que “las mujeres indígenas enfrentan discriminación basada en su género, origen indígena, y una reducida situación económica”, junto con agregar que “la Constitución no protege específicamente a los grupos indígenas”.

El informe también aborda los hechos de violencia, al mencionar que “las protestas de grupos indígenas por los derechos sobre los terrenos continuaron durante el año, sobre todo en la Región de la Araucanía, una de las regiones más pobres”.

Si bien se menciona la “destrucción de camiones” en la zona, también se plantea que “hubo numerosos informes de abusos policiales contra los individuos y las comunidades mapuches, incluyendo a niños”.

El resultado de esta sección del informe incluye lo que el propio gobierno estadounidense indagó, además de datos entregados por organismos como el Instituto de DD.HH. y el Movilh.

En base a eso, EE.UU. define los “principales problemas de derechos humanos” en nuestro país: “la violencia y la discriminación contra las mujeres, niños, y las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales y transexuales; y el conflicto social y la discriminación contra las poblaciones indígenas”.

Por ejemplo, el texto planeta que hubo 237 casos de discriminación debido a la orientación sexual e identificación de genero durante 2014, de los cuales cinco personas fueron asesinadas. “Al final del año todos los casos estaban bajo investigación, y ninguno había llegado a juicio”, se lee en el informe, en el que se agrega que en algunas cárceles las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales “fueron separadas de la población general para prevenir ataques”.

En otro de los acápites del documento se informa que han existido reportes sobre “uso excesivo de la fuerza, abuso y trato degradante” por parte de “Carabineros, PDI y Gendarmería”.

En este punto se recuerda el caso de Rodrigo Avilés. “El gobierno (chileno) negó inicialmente que el uso excesivo de la fuerza fuese un factor” que incidiera en la lesión en la cabeza que sufrió el estudiante universitario. Asimismo, se menciona que el 14 de octubre, en Copiapó, se declaró culpable al sargento de Carabineros Cristian Opazo de “apremios ilegítimos” contra jóvenes durante la protesta en Freirina, en 2012. Sin embargo, EE.UU. recalca que “fue sentenciado a tres años en prisión, pero la sentencia fue suspendida”.

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Fuente: La Tercera

 

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