Hay diarios que fabrican 'delitos' que despues hacen 'noticia'
La prensa Chilena ante el conflicto Mapuche
Por: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)*
(10/02/2004)
Naciones Unidas criticó el maltrato
de la prensa chilena a los pueblos originarios que luchan por sus
tierras y culturas ancestrales, en particular a la etnia mapuche.
Los reparos están contenidos en el 'Informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas', evacuado el 17 de noviembre
de 2003 por Rodolfo Stavenhagen, especialista mexicano en derechos
indígenas.
Según este documento oficial del Consejo
Económico y Social, el Relator Especial cumplió una
misión en el terreno, en Chile, entre el 18 y el 29 de julio
de 2003 para conocer la situación de todas las etnias, de
acuerdo al mandato de la Resolución N° 57 del 60°
Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos
de la organización mundial.
El Relator dijo que 'pudo observar cómo
estos medios se ocupan del tema aún candente en Chile de
las violaciones históricas de los derechos humanos, pero
prestan poca atención a los derechos humanos de los indígenas'.
Su propio informe fue ignorado por la prensa hasta que el diario
electrónico El Mostrador lo obtuvo de la Universidad La Frontera
de Temuco recién el 2 de febrero (Informe completo del relator
especial de la ONU, formato PDF, Programa de Derechos Indígenas,
Universidad de la Frontera).
Recomendaciones generales del Relator Especial
Stavenhagen concluyó que 'la población
indígena sigue estando marginada del reconocimiento y la
participación en la vida pública del país,
como resultado de una larga historia de negación, exclusión
socio-económica y discriminación por parte de la sociedad
mayoritaria'. Asimismo, pidió que el Estado revise los casos
judiciales con apego a las garantías del debido proceso establecidas
en las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los
lonkos (líderes) Pascual Pichún y Aniceto Norín.
'No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros
contextos ('amenaza terrorista', 'asociación delictuosa')
a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos
reclamos indígenas', dijo.
'Bajo ninguna circunstancia deberán
ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades
de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades
indígenas', indicó. Propuso 'que el Gobierno de Chile
considere la posibilidad de declarar una amnistía general
para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados
por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco
de la defensa de las tierras indígenas'.
Igualmente, recomendó establecer en
el país una institución nacional de defensa y protección
de los derechos humanos u 'ombudsman' y sugirió 'a la sociedad
civil la realización permanente de campañas de información
pública dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo,
la intolerancia y la estigmatización de la problemática
indígena en la opinión pública'.
El Relator Especial de la ONU dijo que en
estos 14 años de 'transición a la democracia' en Chile,
'la población indígena sigue marginada del reconocimiento
y la participación en la vida pública del país',
como resultado 'de una larga historia de negación, exclusión
socio-económica y discriminación por parte de la sociedad
mayoritaria'.
Stavenhagen recomendó reformar la
Constitución para reconocer los derechos de las etnias indígenas,
la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la revisión
de la legislación sectorial contradictoria con la Ley Indígena
de 1993. Propuso que el Gobierno, en consulta con las comunidades
indígenas y con asistencia técnica del sistema de
Naciones Unidas, establezca un programa para reducir la pobreza
de las comunidades indígenas, con metas específicas
respecto a las mujeres y a los niños aborígenes.
El Relator propuso que el Fondo de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para la adquisición
de tierras para los indígenas amplíe y acelere sus
actividades y que se incrementen substancialmente sus recursos para
poder atender las necesidades de las familias y comunidades indígenas.
Dijo también que 'en las áreas mapuche, deberá
especialmente intensificarse un programa de recuperación
de tierras indígenas'.
También recomendó 'que las
etnias sean consultadas previamente en los proyectos de desarrollo
a ejecutarse en sus tierras y territorios, de acuerdo al Convenio
169 de la OIT' y que sus opiniones sean tomadas en cuenta por las
autoridades y empresas ejecutoras de esos proyectos, como debió
ocurrir con la Central Ralco, de la compañía hispana
Endesa, construida en el Alto Bío Bío bajo el gobierno
de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).
Críticas del Relator a los medios
de comunicación
El Relator Especial de la ONU llamó
a los medios de comunicación a 'redoblar los esfuerzos para
dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades
y la situación de los pueblos indígenas así
como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas'.
'Las organizaciones mapuches se quejan que
en los medios de comunicación (prensa escrita y audiovisual)
no reciben la misma cobertura que los llamados 'poderes fácticos',
y consideran que esta situación vulnera su derecho humano
a la información', indicó Stavenhagen. El Relator
considera que 'después de la recuperación de la libertad
de prensa lograda en el país, los medios de comunicación
tienen la obligación de ofrecer una visión objetiva
y equilibrada de asuntos tan importantes como las luchas por los
derechos humanos de los pueblos indígenas'.
Las Recomendaciones a los Medios de Comunicación
del Relator Especial, contenidas al final de su reporte de 33 páginas,
indican que 'las comunidades y pueblos indígenas deben contar
con facilidades y apoyo para acceder plenamente al uso de los medios
de comunicación de masas (prensa, radio, televisión,
Internet), por lo que se recomienda a los principales medios del
país que, en forma conjunta con las facultades académicas
interesadas, promuevan cursos y seminarios para buscar nuevas vías
de acceso a los medios para las comunidades indígenas'.
El Relator 'recomienda también a los
medios de comunicación existentes redoblar los esfuerzos
para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades
y la situación de los pueblos indígenas, así
como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas'.
Las críticas aluden a El Mercurio y a sus 14 diarios regionales
que en los hechos monopolizan la prensa escrita de circulación
nacional y local --en alianza con el grupo Copesa, propietario de
los diarios La Tercera y La Cuarta--, a los 4 canales de alcance
nacional y prácticamente a todas las radioemisoras -excepto
la cadena Bío Bío--, o sea, a toda la prensa convencional.
Fabricando 'delitos' que hacen 'noticia'
El Mercurio libra su propia 'segunda guerra
contra La Araucanía' (la primera fue a fines del siglo 19),
publicando intrigas e invenciones a diario, pero además 'fabrica'
dudosas 'noticias'. Angélica Ñancupil, con arresto
domiciliario en Temuco, denunció que el periodista Francisco
Palma, de El Mercurio de esa ciudad, le pidió una entrevista
al dirigente mapuche José Llanquileo, pareja de Angélica.
En una 'muestra de confianza', el periodista le entregó información
'reservada' sobre las comunidades indígenas en conflicto,
supuestamente obtenida en la Gobernación Regional, tres hojas
carta y dos disquetes que, a su vez, les habría proporcionado
su amigo Iván Fredes, otro periodista que trabaja en el diario.
Ñancupil y Llanquileo nunca supieron
qué contenían los disquetes por carecer del hardware
y software adecuados. Los papeles mostraban dos fotografías
digitalizadas de Héctor Llaitul, un dirigente mapuche imputado
de 'Asociación Ilícita Terrorista', y un supuesto
organigrama fotográfico del 'mando' de la Coordinadora Arauco-Malleco,
la entidad mapuche que concita la mayor represión del Estado,
ejercida localmente por Carabineros, el poder judicial y funcionarios
regionales del gobierno central.
Al día siguiente, Ñancupil
y Llanquileo estaban presos. La secuencia fue así: en los
primeros días de diciembre de 2002 el reportero comenzó
a llamar con insistencia al teléfono móvil de Llanquileo
para solicitarle una entrevista, se supone periodística.
A las 13:00 horas del 3 de diciembre Llanquileo recibió la
'información' que Palma le entregó en su encuentro
en un café de Temuco, sin participación de Angélica,
quien tenía otras cosas que hacer.
A las 7:30 del 4 de diciembre, Carabineros
allanó la modesta vivienda de ambos mapuche. Las tres hojas
de papel y los dos disquetes se convirtieron en pruebas judiciales
irrefutables del delito de 'Asociación Ilícita Terrorista'.
Razzia contra la Coordinadora
El organigrama, una suerte de infografía
de 'inteligencia', probablemente fabricada en El Mercurio con 'datos'
de Carabineros y autoridades locales, muestra los rostros de Angélica
Ñancupil y de José Llanquileo como subalternos directos
del 'jefe' Llaitul, junto a las fotografías de otros miembros
de una supuesta dirección de la Coordinadora, varias personas
ya procesadas y otras desconocidas.
Ese mismo día 4 de diciembre de 2002,
Carabineros detuvo a otros 15 mapuche en operaciones simultáneas
en Temuco, Nueva Imperial, Ercilla y Collipulli, acusándolos
a todos de pertenecer a la 'Coordinadora de Comunidades en Conflicto
Arauco Malleco'. La prensa local y nacional exhibió la 'noticia'
como resultado de una 'ardua investigación' de 8 meses del
Ministerio Público, figura establecida en el nuevo Código
de Procedimiento Penal que está aplicándose en 12
de las 13 regiones de la división político territorial,
faltando sólo la Región Metropolitana de Santiago.
Los 'héroes' de la 'acción
jurídica antiterrorista' fueron los fiscales del Ministerio
Público Luis Chamorro Díaz, Francisco Rojas Rubilar,
Alberto Chiffele Márquez, Gloria Turra Lagos y Cristián
Paredes Valenzuela, quienes sometieron a 23 personas a la Ley Antiterrorista
N° 18.314.
La 'investigación' se cerró
el 20 de diciembre de 2003, más de un año después,
día en que se presentaron cargos contra 18 personas que próximamente
deberán comparecer ante un juicio oral que conocerá
213 'pruebas' similares al 'hallazgo' en el domicilio de la pareja
Ñancupil-Llanquileo, en un montaje aparentemente impecable,
según la denuncia.
Angélica Ñancupil pasó
a arresto domiciliario en abril de 2003, después de 4 meses
de prisión en el Centro de Reclusión Femenina de Temuco,
tras librar una huelga de hambre de 35 días. José
Llanquileo permanece todavía bajo 'arresto preventivo' en
la cárcel de Angol, donde ingresó el 4 de diciembre
de 2002, al día siguiente a su 'entrevista' con el periodista
de El Mercurio.
Angélica Ñancupil acusó
a los periodistas de El Mercurio Francisco Palma e Iván Fredes
ante el Tribunal Nacional de Etica del Colegio de Periodistas.
* Ernesto Carmona es periodista chileno, también es consejero
nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo
de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP)
de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).
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