 |
 |
| Portada
| Indice
| Noticias
| Artículos
| Documentos
| Medio
Ambiente | Archivo
|
Foro
| Calendario
Eventos | Enlaces
| Nosotros |
|
A los organismos políticos y financieros de Noruega, Finlandia y Suiza Europa, mayo 2007 En Chile durante la dictadura de Pinochet el pueblo Mapuche fue brutalmente reprimido y despojado de sus derechos constitucionales. A 18 años de restablecimiento de la democracia, poco ha cambiado. El Estado de Chile se niega a ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) de 1989 y el Parlamento chileno en reiteradas ocasiones ha rechazado una enmienda constitucional que incluya el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado de Chile. A comienzo del mes de mayo, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, dio a conocer los lineamientos estratégicos de la política de su administración para los pueblos indígenas. En dicha oportunidad anunció enviar, por tercera vez, al Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional que reconozca el carácter multicultural de la nación chilena y que por cuarta vez se solicitará al parlamento la aprobación del Convenio 169 de la OIT. Los representantes indígenas que desde el advenimiento de la democracia han luchado por esta reivindicación manifestaron su preocupación por lo expresado por la Presidenta de la Republica. Si bien se verifica una intención de reconocimiento y profundización de derechos de los pueblos originarios queda claro que el Estado chileno no se plantea fortalecer la participación política de los pueblos originarios. Es de común conocimiento que la introducción de estas dos enmiendas legislativas consecuentemente deviene en el tema de la participación indígena en la gestión político administrativa del Estado. Es por eso que los representantes políticos de los pueblos originarios de diversas regiones del mundo consideran fundamental la aplicación de estas dos enmiendas para salvaguardar sus derechos e intereses. La práctica de la jurisprudencia internacional contempla diferentes modelos de participación tales como representación indígena en el parlamento nacional, acceso al gobierno regional o creación de un Parlamento exclusivamente indígena. El reciente anuncio de la Presidenta de la Republica de Chile no considera ninguno de estos aspectos. En este contexto los representantes políticos del pueblo mapuche de Chile manifiestan su preocupación por tres situaciones que hasta este momento no han sido consideradas como parte de la agenda política del actual gobierno: 1. La situación de pobreza de la población de origen Mapuche. En Chile la población de origen mapuche registra los índices más altos de pobreza, de mortalidad infantil, cesantía, y analfabetismo. El promedio de vida es 10 años menos que el resto de la población. Los mayores índices de miseria de todo el país, se registran en las comunidades mapuche vecinas a las plantaciones forestales y en áreas de acuicultura . En contraste vale de considerar que la actividad económica que se desarrolla en el territorio ancestral mapuche genera la riqueza de los más ricos entre los ricos de Chile. La mayoría del 18 por ciento de los pobres de Chile son indígenas, cuya cifra alcanza la cantidad de aproximadamente 1,6 millones de personas; en su mayoría Mapuche. La mayor parte de los indígenas de Chile viven con menos de un dólar por día –es decir subsisten en condiciones de miseria-. Particularmente la situación económica y social de los Mapuche es precaria. En Chile –aproximadamente- vive u millón y medio de Mapuche; una cuarta parte de ellos viven en condición de hacinamiento en las reservas indígenas y el resto habitan en pueblos y ciudades del sur y centro de Chile. Los Mapuche que habitan las reservas indígenas no disponen de la suficiente cantidad de tierra para asegurar su subsistencia y desarrollo. Entre los antecedentes que se destacan recientemente el más relevante es el de l Banco Interamericano de Desarrollo que aprobó en 2001 un préstamo de 167,9 millones de dólares en el marco del denominado Programa Orígenes destinado al desarrollo integral de 1.000 comunidades indígenas de tres naciones indígenas - aymará, atacameña y mapuche- en zonas rurales de cinco regiones de Chile (Tarapacá, Antofagasta, Bío-Bío, Araucanía y Los Lagos). El programa fue concebido como una sola operación de dos etapas que pretende financiar proyectos innovadores en las comunidades indígenas del país. Al respecto vale destacar que a pesar de esta significativa inversión, los índices socioeconómicos no se han alterado y siguen enunciado la situación de pobreza de los pueblos originarios de Chile. 2. Los proyectos de explotación de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales y el estado en territorios indígenas, que no respetan los derechos de estas comunidades. El territorio ancestral del pueblo Mapuche en particular sus recursos forestales, marinos y pesqueros están a expensa de los intereses comerciales de las empresas transnacionales. Diversos estudios han demostrado que gran parte de estas inversiones causan daños irreparables al ecosistema, hábitat y a la biodiversidad, y contribuyen al empobrecimiento de las comunidades indígenas. Consecuencia directa es el daño a la salud de la población, contaminación de las aguas y de las napas subterráneas, la alteración del ecosistema, además de la violación de los patrimonios culturales y lugares sagrados. El gobierno militar de Pinochet mediante la publicación de la ley 701 de 1974 liberó del pago de impuestos y dotó de subsidio estatal a las plantaciones forestales. Así hoy en día entre las regiones VIII y IX del Sur de Chile, se concentran las plantaciones artificiales más grandes del mundo. Las empresas forestales hoy en día controlan más de 2 millones de hectáreas de plantaciones de monocultivo. El monto de los ingresos de las exportaciones forestales alcanza los US$ 2 billones por año. A partir de la última década del siglo XX el Estado chileno ha fomentado la expansión de la industria salmonera en la X y XI Región, donde 900 mil hectáreas de mar han sido declaradas áreas de acuicultura. El 90% de la producción de salmón se concentra en centros de cultivo de la X Región , en decenas de fiordos, canales, lagos y ríos. En la producción de salmón en cautiverio se ha situado Chile como principal país productor de salmón en el mundo. El sector pesquero y de acuicultura de Chile genera US$ 2,000 millones anuales. En similares condiciones a las de sector forestal se destaca un reducido grupo de consorcios económicos que controlan el 88% de toda la captura pesquera y el 90% de las exportaciones de productos del mar de Chile. Las reservas Mapuche ubicadas de los sectores costeros se enfrentan a una situación donde la actividad de las empresas salmoneras obstruye el acceso a los recursos marinos y pesca artesanal. En forma paralela el Estado chileno promueve diversos proyectos de infraestructura en las regiones mapuches. La construcción de represas hidroeléctricas, vertederos de basura, aeropuertos el tendido de carreteras a través de lugares sagrados. En el curso de los últimos años se hace evidente que el Estado chileno no ofrece ninguna garantía cuando se trata de salvaguardar los intereses de los pueblos originarios. El Estado desconoce la participación de los pueblos indígenas en la gestión y administración de sus territorios e intereses. Al respecto el antecedente hecho más deplorable es el ocurrido el mes de febrero de 1997 cuando James D. Wolfensohn, presidente del Banco Mundial en carta al Ministro de Finanzas de Chile, Eduardo Animat acusa a la empresa hidroeléctrica ENDESA de no haber cumplido los compromisos ambientales que suscribió para obtener financiamiento en la construcción en territorio indígena de las centrales hidroeléctricas de Pangue y Ralco. Tal hecho determinó el retiro del apoyo financiero del Banco Mundial para la construcción de la represa Ralco así como la posterior revisión de la política de apoyo del Banco Mundial a este tipo de proyectos. En este momento los sectores inversionistas chilenos aliados con empresas trasnacionales proyectan un programa de intervención en el sur de Chile. Empresas transnacionales como Endesa, Colbún, AES Gener, SN Power y Pacific Hydro, junto a proyectos de empresas mineras, tienen comprometidas inversiones por más de US$ 9.000 millones. El mayor monto de la inversión esta destinado a la puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos en el Sur de Chile. Las compañías mencionadas tienen en carpeta decenas de proyectos que de concretarse inyectarían más de 12.000 MW a los Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y al Sistema Interconectado Central (SIC), lo que casi duplicaría la capacidad actual de ambos, que suman 12.400 MW. El mayor proyecto está en manos de HidroAysén, sociedad conjunta de Endesa y Colbún que tiene en carpeta cinco centrales hidroeléctricas en la XI Región , con una inversión de US$ 2.500 millones. Las compañías australiana Pacific Hydro y la noruega SN Power , proyectan en este rubro una inversión por US$ 1.000 millones cada uno. Cabe destacar que la Comisión Nacional de Energía de Chile maneja un master plan que considera unos 80 proyectos de generación, muchos de los cuales aún no son revelados. 3. La sistemática persecución policial que por mas de una década lleva a cabo el estado chileno en contra de los comuneros mapuche. Las comunidades mapuches demandan la propiedad ancestral de tierras en la VIII , IX y X Región del país sindicando como usurpadores de sus tierras al Estado y a los propietarios de empresas transnacionales establecidas en dichas regiones. La usurpación de tierras mapuches por parte del Estado y propietarios privados sigue sin resolverse. La discrepancia que ha devenido en conflicto se manifiesta en la disputa por el acceso a los recursos vitales. Las movilizaciones y protestas impulsadas por los mapuches que luchan por sus derechos humanos individuales y colectivos y por la recuperación de sus territorios ilegalmente usurpados evidencian el grado de discriminación económica y racial al que son sometidos. Lo cual ilustra cuan crítica es la situación del pueblo mapuche de Chile. En los Tribunales Civiles y Militares de Chile cientos de comuneros mapuche son procesados por diversas causas relacionadas con la recuperación de las tierras ancestrales y en la actualidad hay alrededor de diez dirigentes políticos mapuche que se encuentran recluidos en las cárceles de Angol, Concepción, Lebu y Temuco. En todos estos casos los tribunales de justicia de Chile aplican selectivamente el cuerpo político-jurídico heredado de la dictadura militar; la ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Anti-terrorista que determina la culpabilidad de los encausados basándose tan sólo en indicios. En este ultimo tiempo dicha ley tan solo se ha aplicado a los activistas y comuneros Mapuche. El caso más reciente refiere la captura en el mes de febrero del año en curso del dirigente Mapuche José Huenchunao quien ha sido condenado a 10 años de cárcel, por infracción a la ley antiterrorista. La situación de persecución a la que se somete a los dirigentes mapuches es motivo de preocupación de diversos organismos internacionales. En el mes de marzo del presente año, el Estado de Chile, fue examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhortó al Estado a dar explicaciones del por qué se acusa de terrorismo a miembros de la comunidad mapuche por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. De la insatisfactoria respuesta del Estado chileno deriva la manifiesta preocupación del Comité de Derechos Humanos que se expresado respecto a la existencia de jurisdicción militar para sancionar e investigar a civiles, la lucha contra la discriminación y el igual tratamiento de la ley a las minorías y el reconocimiento de los pueblos originarios. Particularmente se destaca que a pesar de las casi ya dos décadas de transición democrática, ningún avance efectivo se ha experimentado, persistiendo en todos estos temas la legislación heredada de la dictadura. 4. Nuestra recomendación y solicitud. Los que suscriben esta carta conformamos un conglomerado de personas y organizaciones mapuche residentes en Europa que durante una década hemos hecho un seguimiento de las inversiones en territorio mapuche. Deseamos expresar nuestra profunda preocupación con motivo de la visita de la Presidenta de Chile en Noruega a la cabeza de una delegación comercial. No nos cabe duda que gran parte de su gestión concierne el asegurar el apoyo financiero a proyectos de explotación de los recursos naturales del territorio mapuche. Tal como lo hemos indicado nada evidencia que este tipo de proyectos contribuye a mejorar las condiciones de vida de los mapuche, ni mucho menos fortalecen los lazos convivencia entre el Estado de Chile y la nación mapuche. Nuestra recomendación y solicitud apela a condicionar la inversión en territorio ancestral mapuche sobre la base de tres premisas establecidas por la legislación internacional:
Firman esta declaración: Jorge Calbucura, Suecia Miguel Utreras Imilmaqui, Noruega Domingo Paine, Suecia Carlos Contreras Painemal, Alemania Reynaldo Mariqueo, Inglaterra Gaston Lion, Belgica Si desea consultar más antecedentes puede visitar nuestras páginas electrónicas: |
| |
||
|
||