Endesa-España podrá inundar
miles de tierras indígenas en Chile
13 de noviembre del 2003
Equipo Anchi
En los próximos
meses la trasnacional española ENDESA inundará más
de 3.500 hectáreas de tierra perteneciente a comunidades
indígenas, afectando la biodiversidad del Alto Bio-Bio en
el sur de Chile y terminando con cementerios, historia y cultura
pewenche.
En esa zona se construirá la "Central Hidroeléctrica
Ralco", uno de los proyectos más ambicionados por ENDESA-España,
respaldado por el gobierno del Presidente Ricardo Lagos.
El vamos a la operación quedó finiquitado cuando un
grupo de mujeres pewenche, las últimas que quedaban resistiendo
y no aceptaban vender sus tierras, en medio de presiones y desgastes,
finalmente pactaron un convenio con la trasnacional y con el gobierno.
A pesar de las denuncias de agrupaciones indígenas, de grupos
ecologistas, de las críticas de diversos sectores sociales,
y de los reparos y críticas de Relator de las Naciones Unidas
para Asuntos Indígenas, el mexicano Rodolfo Stavenhagen,
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía
Internacional y de la Federación Internacional de Derechos
Humanos, el proyecto alentado por ENDESA y el gobierno chileno siguió
su marcha y hoy constituye uno de los más duros golpes a
los pueblos originarios.
La administración de Lagos estaba tan decidida a seguir con
él a como diera lugar, que dos directores indígenas
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI), el ente gubernamental para tratar los asuntos de las etnias,
Mauricio Huaiquilaf y Domingo Namuncura fueron destituidos por defender
la Ley Indígena (de 1993) que impedía hacer la represa
sin la aceptación de sus dueños. También renunció
en su momento la directora de la Corporación Nacional del
Medioambiente (CONAMA), Vivienne Blanlot, por no dar el pase para
la destrucción del sistema ecológico de la cuenca
del Bio-Bio según el plan de ENDESA.
En un comunicado la Agrupación Konapewman indicó que
"una empresa de capital español puede enseñorearse
en los poderes de un Estado avasallando voluntades tanto políticas
como administrativas...Vergüenza y repudio a los gobiernos
de la Concertación que traicionó los mandatos de la
ciudadanía, que traicionó su propia legalidad sobreponiendo
intereses capitalistas a intereses sociales y humanos".
El plan de esta represa data de 1996, fecha en que ENDESA, apoyada
por el gobierno, inició una verdadera ofensiva en contra
de la comunidad pewenche del Alto Bio-Bio para obtener sus tierras.
Un grupo de mujeres resistieron todos estos años para defender
sus tierras, sus cementerios, su cultura, sus formas de producción
y trabajo, su historia y preservar sus territorios sagrados y parte
indisoluble de su desarrollo comunitario. Hoy esa resistencia llegó
a su fin.
En los pasados meses, mientras continuaban los procesos en contra
de la Hidroeléctrica en instancias como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, se produjeron conversaciones
secretas entre los juristas defensores de las mujeres pewenche,
funcionarios del gobierno de Lagos y representantes de la transnacional
española. El 16 de septiembre, de manera sorpresiva, llegaron
al Palacio de La Moneda las cuatro ñañas pewenche,
sus dos abogados y un gerente de ENDESA y junto al Presidente Ricardo
Lagos y otros funcionarios, dieron a conocer dos memorandum donde
se materializa el acuerdo que traspasa las tierras indígenas
al consorcio europeo. Los dos documentos -uno de compromiso del
gobierno y el otro de compromiso de la empresa- indican que cada
mujer recibirá de la transnacional 200 millones de pesos
(unos 307 mil dólares), 77 hectáreas de tierra similares
a las expropiadas, 300 millones de pesos (461 mil dólares)
para crear una institución que promueva "un programa
de desarrollo que beneficiará, mediante subsidios, a los
afectados indirectos por este proyecto; del gobierno recibirán
1.200 hectáreas del fundo "El Porvenir" de actual
propiedad del Banco del Estado, asistencia técnica del Instituto
de Desarrollo Agropecuario, un Programa de Vivienda que "otorgará
subsidios habitacionales para la construcción de casas habitación
para las propietarias pehuenche" y además el gobierno
"arbitrará las medidas necesarias para otorgar 8 pensiones
de gracia y 22 becas de estudio a familiares de las propietarias".
El memorandum suscrito con el gobierno señala que "las
propietarias pehuenche declaran que las condiciones acordadas resuelven
definitivamente el punto denominado 'Medidas para satisfacer las
demandas particulares de las familias mapuche pehuenche afectadas',
del documento 'Bases de Acuerdos para una Propuesta de Solución
Amistosa', suscrito entre ellas y el Estado de Chile el 26 de febrero
de 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA". Sin embargo, el memo que se firmó con la
trasnacional es más explícito y definitorio: "Las
propietarias pehuenche se desistirán de todas las acciones
judiciales y administrativas interpuestas ante los organismos y
tribunales nacionales, renunciando expresamente a toda otra acción
que puedan invocar..."
Las ñañas Berta Quintreman Calpan, Mercedes Huenteao
Beroiza, Rosario Huenteao Beroiza y Aurelia Marihuan Mora, al igual
que sus abogados Alex Quevedo y Roberto Celedón, firmaron
los memos con Francisco Huenchumilla, Secretario General de Gobierno,
y con Héctor López, gerente de ENDESA.
El Presidente Ricardo Lagos declaró que "lo que parecía
un tema complejo, hoy, gracias a la buena voluntad de ENDESA, y
de las familias pehuenches, y los esfuerzos que ha hecho el gobierno
se ha encontrado el pleno éxito".
Para que no quepa duda de la intervención del gobierno de
Lagos a favor del consorcio español, en toda esta maniobra
cumplieron un papel de primera línea el embajador chileno
en España, Enrique Krauss y el Subsecretario de Gobierno,
Rodrigo Egaña, mientras que el ex funcionario gubernamental
y reconocido intelectual de la Concertación por la Democracia,
Eugenio Tironi, actuó protagónicamente como asesor
de ENDESA-España.
El gobierno apuró la marcha del acuerdo pues estaba por salir
desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un dictamen
favorable a las comunidades indígenas y estaba tomando fuerza
el cuestionamiento del Relator de la ONU también a favor
de las pewenche.
Es que para la trasnacional y el gobierno se trata de un proyecto
de proporciones. La represa tiene una inversión de 570 millones
de dólares, generará 3 mil 380 GWh anuales y será
un embalse de mil 222 metros cúbicos de capacidad. La Hidroeléctrica
Ralko representará el 8% del Sistema Interconectado Central
de electricidad de Chile.
El gobierno argumenta que ante los serios requerimientos de garantizar
la energía eléctrica nacional es imprescindible Ralko.
El país tiene actualmente una demanda de energía de
33.822 MWh y una capacidad de generación de 35.150 MWh. El
año 2005 la demanda será de 36.257 MWh y la generación
alcanzará a 37.568 MWh, lo que establece un margen de 3.7
a 3.4 por ciento. De no garantizarse la generación de mayor
energía, por el año 2006 la demanda podría
ser muy superior a la producción, abriendo la posibilidad
de una crisis energética.
Obligadas, Cansadas, Agotadas
En una entrevista del diario "El Sur"
de Chile, realizada por la periodista Paulina Merino, uno de los
abogados de las familias indígenas, Alex Quevedo, explicó
lo que ocurrió con las mujeres pewenche. "Fueron obligadas
a sentarse a negociar -aseguró-. Estaban agotadas y cansadas,
por lo que es injusto acusarlas de que siempre pensaron en negociar
o que buscaron un arreglo. No se les puede exigir a ellas que se
inmolen en función de una causa. Por lo demás, es
increíble el tiempo que resistieron abandonadas. Tenían
a una gran transnacional en su contra, al sistema económico
e incluso al Estado con todo su aparato en contra".
El comunicado de la Agrupación Konapewman señaló
que "las ñañas de la resistencia a la construcción
de la represa Ralko hayan cedido a las presiones del gobierno y
a la trasnacional ENDESA-España para permutar sus tierras,
a esta altura, es sólo un hecho más de una historia
de destrucción y depredación. El etnocidio ya estaba
consumado. La destrucción social, espiritual y cultural en
las comunidades Pewenche era una realidad hace mucho tiempo".
Por cierto, hace tiempo atrás que otras familias de la zona
habían llegado a acuerdos con ENDESA dejando solas a estas
mujeres y abriendo un camino para materializar el plan de la represa.
Juan Pablo Orrego, del Grupo Acción por el Bio-Bio declaró
al diario "La Nación" que "al observar el
proceso, tengo sentimientos encontrados. Por un lado me alegra que
las familias hayan recibido una compensación bastante buena,
pero pienso en las otras 97 familias que permutaron antes por 15
ó 20 hectáreas y que no recibieron más de dos
millones de pesos". Reiteró la tesis de que "esta
es la rúbrica de la destrucción del Alto Bio-Bio.
Los chilenos nos vamos a arrepentir de esto por el resto de nuestras
vidas".
Ni partidos políticos ni organizaciones sociales de izquierda
y progresistas emitieron opinión alguna, o cuando más,
lo hicieron de manera vaga y con retraso demostrando la distancia
que hay entre esos sectores y todo el movimiento indígena.
En todo caso, el mismo texto difundido por Konapewman apunta hacia
un elemento no menor en este conflicto; lo referido a aspectos de
desunión, desarticulación, disgregación, discrepancias
y dispersión en el seno del movimiento indígena en
el país afectado, además, por una historia relativamente
reciente de profunda represión dictatorial, roles negativos
de partidos políticos, asedio constante de latifundistas
y carabineros, presiones judiciales y de medios de prensa, detención
y prisión para decenas de dirigentes mapuche, indiferencia
nacional ante estos conflictos.
"Los movimientos ecologistas y mapuche -señala el documento-
en su totalidad, muchos de ellos con patéticas posiciones,
tampoco pueden eludir sus responsabilidades sobre este fracaso,
donde también nos incluimos. El fracaso es de todos".
Apuntando hacia un tema de fondo, la agrupación agrega que
"al parecer, al interior de la clase dirigente mapuche que
viene cumpliendo una larga trayectoria y que hoy está entrampada
en situaciones conyunturalistas, en medio de la coacción
estatal y de programas y proyectos asistenciales, probablemente
deberá dar paso a nuevas generaciones que con una visión
más colectiva, con más fuerza y con condiciones de
generar alianzas, asuma debidamente los desafíos de la reconstrucción
territorial y de la reivindicación de los Derechos, para
frenar y expulsar la expansión de estos grupos económicos
que sólo han traído consigo la muerte de comunidades
y la destrucción de los ecosistemas".
Parecía difícil que las cuatro ñañas
pudieran resistir los embates de un consorcio transnacional europeo
y del gobierno chileno.
Era, más bien, una prueba para un sólido movimiento
indígena de resistencia y movilización, acompañado
por fuerzas sociales y políticas que "se la jugaran"
por las comunidades en este conflicto. Un conflicto estratégico
para el modelo económico e institucional del actual régimen
y para el fortalecimiento de la penetración del capital extranjero
al país. Por lo demás, en este proyecto de Ralko se
jugaba también la opción de defender una importante
zona de biodiversidad chilena, de defensa de tierras de enorme valor
medioambiental, de protección de una flora y fauna que ahora
serán inundadas y de preservar las condiciones del río
Bio-Bio, de vital valor natural en el sur chileno.
Daño Consumado
El gobierno, los sectores empresariales,
los medios de comunicación conservadores, las organizaciones
latifundistas, las empresas forestales y varios grupos financieros
vinculados al capital externo han elogiado en privado o público
"el acuerdo" y lo ponen como muestra de que "esta
modernidad" puede avanzar. Fue vital la alianza gobierno-sector
privado. El argumento es recurrente; la represa ayudará al
país a contar con energía, la base energética
"estará más modernizada" y no se pueden
detener estos planes por intereses "parciales" de comunidades
indígenas.
"De todas maneras -señala en un análisis Blaise
Pantel- el daño fue hecho hace años atrás,
la Cuenca del Bio-Bio nunca se podrá devolver a como era
antiguamente, las permutas se hicieron con la mayoría de
las familias (bajo engaños y presiones)". En un breve
texto titulado "Sobre Ralko..Íntimas Palabras"
de Claudio Escobar y suscrito por Brigada Nicolasita/Inti Simón,
Agrupación Mapuche de Temuco, Coordinación de Comunidades
en Conflictos Ambientales (Región de la Araucanía)
y Mapuexpress, se insiste que con este proyecto se provoca un "ecosistema
vulnerable" y que es un duro golpe "a una cultura frágilmente
viva".
El proyecto de la Hidroeléctrica Ralko logró, por
decisión gubernamental y empresarial, excluir y marginar
a toda una comunidad indígena y afectar una zona de alto
valor medioambiental. Entidades ecologistas y científicas
habían planteado otras alternativas de generación
de electricidad y modalidades hidroeléctricas sin afectar
a las comunidades indígenas.
En todo caso, este conflicto se inscribe en un contexto más
amplio de exclusión y agresión al pueblo indígena
en Chile. Hace unos meses, principalmente por la acción de
los partidos de derecha, el Congreso negó por segunda vez
el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios que habitan
en Chile.
Y se mantiene la negativa oficial y de los sectores conservadores
a que Chile ratifique el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.
Actualmente hay decenas de dirigentes mapuche detenidos por participar
en movilizaciones, marchas y acciones en defensa de sus tierras
e incluso se inauguró en el país el uso de "testigos
sin rostro" en procesos contra indígenas para facilitar
que los acusaran principalmente de "terroristas".
Un eje de acción de resistencia y movilización lo
constituye la recuperación de tierras y bosques en manos
de grandes empresas privadas forestales y evitar que ellas prosigan
con la explotación y depredación del bosque chileno.
No cabe duda que la materialización del proyecto de la "Central
Hidroeléctrica Ralco" y la afectación profunda
a la comunidad pewenche se suma al profundo daño que el sistema
económico privatizador y neoliberal y un gobierno subordinado
a las políticas de consorcios extranjeros están haciendo
a los pueblos originarios, a su historia, cultura, formas de producción
y trabajo y respeto a sus derechos básicos.
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