La violencia colonial en Wallmapu
Información recibida - 9 de noviembre, 2009
¡Cómo se ha querido matar a la raza! Pésele a los ladrones y asesinos de
nuestro pueblo, ¡no moriremos!
Manuel Aburto Panguilef, Temuko. 16 de Diciembre de 1916.
kiñe Los cuatro años de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se terminan con el Wallmapu
en una espiral de violencia colonial que golpea de lleno a nuestro pueblo. La muerte de
nuestros jóvenes, cobardemente asesinados por Carabineros de Chile; los traumatismos de
nuestros niños, algunos de ellos incluso tiroteados con perdigones; las brutalidades contra
nuestros ancianos, nuestros longko y machi, golpeados y humillados en los continuos
allanamientos de nuestras comunidades por parte de efectivos del Grupo de Operaciones
Policiales Especiales (GOPE), son la respuesta del Gobierno a las históricas reivindicaciones
de nuestro pueblo.
Frente a las movilizaciones por la recuperación de tierras que legítimamente son nuestras,
el Estado chileno ha optado por la represión, militarizando una vasta zona del País Mapuche.
La estrategia es la intimidación, doblegar la voluntad, paralizar por miedo. La táctica son
los allanamientos violentos contra las comunidades y hogares estudiantiles: se trata, en estos
cuatro años, de cientos de allanamientos; algunas comunidades, como Temukuykuy, victimas
de un estado de sitio permanente. El método es el ataque con tropas de choque, que equipadas
con armas de guerra irrumpen brutalmente y en medio de insultos racistas golpean a las
personas y destruyen sus casas. El costo humano para nuestro pueblo son cientos de heridos,
muchos a bala o perdigón, algunos con secuelas físicas graves de por vida, y cientos de
detenidos entre hombres, mujeres, niños y ancianos, todos maltratados y fichados como
delincuentes.
Estamos aquí ante operaciones punitivas colectivas –pues la acción represiva no está dirigida
contra una persona en particular sino contra la población de la reducción o los estudiantes
del hogar en su conjunto– que se inscriben en una estrategia de intimidación dirigida contra
todo el pueblo mapuche. Operaciones de este tipo fueron practicadas por la Dictadura,
cuando tropas del Ejército tomaban por asalto poblaciones enteras como fue el caso de La
Pincoya o La Victoria. El método de la punición colectiva es empleado hoy por el régimen
chino contra tibetanos y uigures, por Turquía contra los kurdos o por Israel contra los
palestinos; en el pasado lo usó la Francia colonial en Argelia e Inglaterra en Irlanda, también
el Estado español contra los vascos y, desde luego, Chile y Argentina durante la «Pacificación
de la Araucanía» y la «Campaña del Desierto», respectivamente. A lo largo de la historia
ha sido siempre parte del arsenal represivo de los regímenes coloniales o de opresión
nacional.
epu.
Carabineros es en Wallmapu una fuerza de ocupación y se comporta como tal; a ninguna
categoría de la población chilena da el Estado el trato reservado a los mapuche. Las imágenes
filmadas por Canal 13 el pasado 16 de octubre, que muestran cómo elementos del GOPE
agreden salvajemente en la comisaría de Ercilla a nuestro peñi Carlos Kurinaw, hijo del
longko de la comunidad Wañako Millaw, permiten hacerse una idea del comportamiento
de esta tropa cuando opera al interior de las comunidades, lejos además de las cámaras de
la televisión y los profesionales de la prensa. La violencia es también el hostigamiento
policial, que en un contexto colonial es siempre racista. Una ilustración es la detención
abusiva, el 3 de abril de 2008, del peñi Waykilaf Kadin cuando salía de la Intendencia
Regional, filmada por un equipo de Canal 2 de Temuko presente en el lugar. La prepotencia
policial fue tal que provocó la indignación del
público presente, así como los comentarios
escandalizados de un periodista del canal que
cubría el hecho. Aquí la derecha no habla de
vejámenes ni abusos, por el contrario, guarda
hipócrita silencio.
De la misma impunidad benefician los jefes
policiales responsables del montaje destinado a
encubrir el asesinato del peñi Jaime Mendoza
Kollio. Quedó demostrado que las fuerzas
represivas fabricaron pruebas y mintieron; más
allá de un discreto y expedito traslado –en la
misma función– a Magallanes del entonces Jefe
de la IX Zona de Carabineros, Cristian Llévenes, ¿cuáles son las sanciones que el Gobierno prevé
aplicar ante hechos de tal gravedad, comunes durante la pasada dictadura pero inaceptables
en una democracia? ¿Qué garantía puede haber así de que se haga justicia y se castigue a
los responsables de los asesinatos de Alex Lemun y Matías Katrileo, cuando sus casos
radican en la justicia militar? En un verdadero Estado de derecho democrático los crímenes
de militares contra civiles son competencia de la justicia penal ordinaria. No es el caso en
un país como Chile, con una Constitución heredada de la dictadura y con poderes fácticos
que han secuestrado por décadas la soberanía popular.
La represión policial va acompañada, lógicamente, de la represión judicial. E incluso del
ensañamiento judicial, cuando se trata de dar satisfacción a los poderosos: la condena el
2003 a cinco años de cárcel por «amenaza terrorista» de los longko Pascual Pichun y Aniceto
Norin, ilustra bien la parcialidad de la justicia. Reclamada por Agustín Figueroa, latifundista
en Wallmapu, miembro de la Corte Suprema y ex ministro del Presidente Patricio Aylwin,
la condena la consigió en un segundo juicio, luego que un primer juicio absolviera a los
longko. Se trata de juicios políticos, dirigidos contra militantes a quienes se les aplica la
El responsable político de la
represión contra nuestro
pueblo es naturalmente el
Gobierno de Chile, que no ha
estado a la altura del conflicto
en Wallmapu. Más aun, que no
quiere ver su naturaleza
política ni sus raíces históricas,
criminalizando las
movilizaciones y encarcelando
nuestros hermanos. Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. El uso de una legislación de
excepción por parte del Estado es criticado no sólo en Chile sino también por importantes
organismos internacionales de Derechos Humanos. Ya en 2003 el informe elaborado por
el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, instaba al Gobierno a renunciar a su utilización por ser
desproporcionada. En 2009, el nuevo Relator Especial James Anaya, en un segundo informe
sobre la situación vuelve a insistir en el mismo sentido.
küla El responsable político de la represión contra nuestro pueblo es naturalmente el Gobierno
de Chile, que no ha estado a la altura del conflicto en Wallmapu. Más aun, que no quiere
ver su naturaleza política ni sus raíces históricas, criminalizando las movilizaciones y
encarcelando nuestros hermanos. En vez de examinar el problema en toda su magnitud y
complejidad y abordar las causas de fondo y buscarle solución, el Gobierno se ha comportado
como simple sirviente de la CORMA, la SOFO y los latifundistas. Ha invertido cientos de
miles de dólares para la protección de latifundistas y plantaciones forestales; otros cientos
de miles son invertidos para el equipamiento de las fuerzas represivas utilizadas contra los
mapuche. Todo un despliegue de medios y recursos por parte del Estado para resguardar
los privilegios de unos pocos y reprimir a nuestra gente.
Una historia de violencia colonial
La violencia en Wallmapu no la instaló el pueblo mapuche sino el Estado chileno, y se
inició con la invasión chilena a nuestro territorio independiente en la segunda mitad del
siglo XIX. Como toda guerra de ocupación, la conquista chilena fue cruenta. A medida que
avanzaba la ocupación desde el norte, la limpieza étnica mediante masacres de poblaciones
indefensas, el saqueo del ganado (o la matanza del que no se podían llevar los soldados
chilenos y sus auxiliares), sin olvidar el robo de miles de joyas de plata, el incendio de las
casas y la destrucción de los sembrados, empujaba a la población sobreviviente hacia el
sur. Miles de guerreros muertos defendiendo el País Mapuche y la independencia, niños,
mujeres y ancianos indefensos masacrados, la «Pacificación de la Araucanía» significó una
enorme sangría demográfica para nuestro pueblo. La derrota militar en ambos lados de la
Cordillera de los Andes tuvo como consecuencia la división de nuestra nación por dos
Estados, la expoliación territorial, la destrucción de la base económica ganadera y comercial
y el debilitamiento de la estructura social. Pasamos de ser un pueblo soberano en nuestro
propio país a la condición de pueblo subordinado y colonizado. ¡Ello si que fue violencia!
Con el objeto de liberar tierras para la colonización, el gobierno chileno promulga en 1866
la llamada Ley de Radicación. Esta ley, que preveía la concentración de la población
mapuche en reducciones, no pudo ser aplicada hasta el término de la guerra de ocupación,
en 1883. A partir de esa fecha y hasta 1929 el Estado creó unas 3.000 reducciones, otorgando
meli
Títulos de Merced sobre 500.000 hectáreas de tierras solamente. Esta superficie es claramente
insuficiente; hay que considerar que corresponden sólo al diez por ciento del territorio
mapuche independiente anterior de la invasión chilena. Por sí solas, estas cifras ilustran la
magnitud del despojo, que no hubiera sido posible sin el sometimiento por la fuerza de
nuestro pueblo. No somos un pueblo pobre sino empobrecido. La pobreza mapuche actual
se explica por ese acto de despojo por parte del Estado chileno. Esta se agravó con la
usurpación por colonos y latifundistas de parte importante de las tierras que el Estado había
dejado, de acuerdo a su propia legalidad, como propiedad de las reducciones mapuche.
Víctima de la usurpación, de la discriminación y violencia, nuestro pueblo no encontró
tampoco amparo en la policía ni en la Justicia, corrompidas y coludidas con los asesinos
y usurpadores.
El movimiento mapuche nació en un clima de
violencia colonial en el País Mapuche igual o peor
al que se vive hoy. Las dos principales organizaciones
Caupolican Defensora de la Araucanía, fundada
en 1910, y la Sociedad Mapuche de Protección
Mutua fundada en 1916 ( transformada a partir
de 1921 en Federación Araucana) son creadas
cuando colonos y latifundistas marcaban al hierro
candente a nuestros abuelos, les quemaban sus
casas y los asesinaban para apropiarse de sus tierras,
cuando la policía al servicio de los poderosos los
perseguían y mataban pretextando combatir el
cuatrerismo y la delincuencia. Tal como en la
actualidad, la violencia colonial se legitimaba criminalizando al colonizado. Pese a ello,
durante las siguientes décadas nuestras organizaciones bregaron por recuperar las tierras
usurpadas y elaboraron distintas demandas que a la base exigían dignidad y respeto, tan
elemental como eso. Lo hicieron en la calle y en los campos, en las urnas y en el Parlamento.
A fines de los años 60’ y principios de los 70’ gran cantidad de comunidades se lanzaron
a recuperar sus tierras en masivas movilizaciones. Pese al clima de la época ningún latifundista
fue muerto por manos mapuche, pero si hermanos nuestros por latifundistas; es el caso del
peñi Moisés Wentelaf, asesinado en 1971 en el Fundo Cheske, cuando contaba con sólo 24
años. Con el golpe de Estado militar de 1973 nuestro pueblo sufrió cientos de detenidos,
muertos y desaparecidos. En 1984, en plena dictadura militar, muere el peñi Manuel Melin,
egresado de Pedagógia Básica y militante de Ad Mapu, también de 24 años. El certificado
de defunción consignó «fallecimiento por inmersión». Sin embargo, días después la ACHA
(Acción Chilena Anticomunista) depositó una corona y una tarjeta en la entrada del local
de Ad Mapu en Temuko. La tarjeta decía: «Amigo de Ad Mapu, la muerte de Manuel te
Se pretende responsabilizar a
nuestro pueblo de la violencia
actual. Es más, se intenta
mostrarnos como un pueblo
violento y belicoso. Pero hoy
como ayer son nuestros los
muertos, los encarcelados y
los heridos. Ningún usurpador
ha muerto o ha pagado con
cárcel por sus robos.
enseña». Pese a estos golpes, las torturas y los asesinatos, nuestro pueblo no ha renunciado
ni renunciará jamás a su derechos. Cien años como movimiento dan cuenta de ello, de una
lucha justa, de un pueblo digno y orgulloso.
La injusticia y la violencia
kechu Se pretende responsabilizar a nuestro pueblo de la violencia actual. Es más, se intenta
mostrarnos como un pueblo violento y belicoso. Pero hoy como ayer son nuestros los
muertos, los encarcelados y los heridos. Ningún usurpador ha muerto o ha pagado con cárcel
por sus robos; ninguna autoridad política o policial ha sido juzgada por los crímenes y la
represión contra nuestro pueblo. La primera violencia, la verdadera violencia, es la dominación
colonial. Se pretende que soportemos con infinita paciencia los golpes, las humillaciones
y los asesinatos, que nos conformemos con asistencialismo y programas de superación de
la pobreza.
Pero, ¿se puede ser paciente cuando se sobrevive en reducciones que son verdaderas villas
miserias rurales, mientras al lado hay fundos que prosperan en tierras que nos han sido
usurpadas? ¿No es acaso una violencia, una injusticia insoportable que unas cuantas empresas
forestales instaladas en gran parte del Wallmapu posean entre ellas más de un millón y
medio de hectáreas, más que todos los mapuche juntos? ¿Debemos aceptar, además, que
estas forestales prosigan su expansión a costa nuestra, acosando y ahogando a nuestras
comunidades? ¿Qué mayor humillación –por último– que la de tener que soportar la presencia
en nuestro propio suelo, controlando las vías de acceso a nuestras comunidades, de los
guardias de seguridad de estas mismas forestales, milicias de matones que provocan y
acosan a nuestra gente?
Los latifundios y las empresas forestales son las dos principales fuentes de conflicto en
Wallmapu, y no las comunidades. Hay conflicto porque hay tierras expoliadas, y no somos
nosotros los mapuche quienes corrimos por la fuerza a los wingka, asesinando y robando
para quedarnos con sus tierras. Las recuperaciones de nuestras tierras son por lo tanto actos
legítimos: una cosa es la legalidad en la que se amparan los usurpadores y las autoridades
políticas, y otra la legitimidad que tenemos como pueblo para recuperar lo que nos fue
expoliado por la fuerza y la violencia. El modelo económico neoliberal que el Estado chileno
impone al Wallmapu nos arrincona como pueblo, deforma nuestro territorio y provoca
graves problemas medioambientales. Es injusto que sea nuestro territorio el que se vea
expuestos a políticas energéticas, como la construcción de represas, que benefician
principalmente al desarrollo de Santiago y en particular las actividades productivas de los
grandes empresarios. ¿No constituye acaso una situación violenta que el Wallmapu posea
los más altos índices de pobreza?
La agudización de la violencia
kayu Frente a las provocaciones de la derecha y a la violencia del Estado, el movimiento mapuche
debe responder políticamente. En nuestra condición actual de nación oprimida y colonizada,
los mapuche carecemos del poder económico y la fuerza militar que si poseen quienes nos
oprimen y explotan. Pero sí podemos, en el terreno político, crear correlaciones de fuerza
favorables a nuestros objetivos nacionales; la gran simpatía que tiene nuestra lucha en
amplios sectores deberá cristalizar políticamente. Sabemos que se trata de una lucha de
largo aliento, de un proceso prolongado y difícil de acumulación de fuerza política propia
en función de un proyecto nacional incluyente y liberador. Pero es la única vía posible: la
liberación nacional mapuche, la construcción de un Wallmapu autónomo y democrático
serán la obra del pueblo mapuche en su conjunto y no de una «vanguardia necesaria»
autoproclamada. En política, los caminos que
parecen más cortos y directos suelen ser a menudo callejones sin salida. La nuestra es una lucha social,
política, de masas o simplemente no lo es.
Para un movimiento nacional que debe desarrollarse
en condiciones difíciles, para un pueblo
que la colonización ha minorizado en su propio
territorio y empobrecido materialmente, que la
dominación chilena ha fragilizado como nacionalidad,
con la marginalización del mapuzugun y
la folklorización de nuestra cultura, la agudización
de la violencia tendría graves consecuencias. La
estrategia consistente en «agudizar las contradicciones » en un contexto de debilidad estructural
puede llevar al bloqueo definitivo de un proyecto nacional. Para el movimiento mapuche
no tiene ningún sentido agudizar la violencia en un conflicto que sólo puede tener soluciones
políticas, y cuando además el costo humano lo paga nuestro pueblo. Las proclamaciones
exaltadas, la virulencia verbal, los discursos y la fraseología seudo revolucionaria y militarista
sólo sirven para ocultar la ausencia de un proyecto político y nacional coherente. ¿Es un
camino enviar «al frente», contra fuerzas equipadas con armas de guerra y absoluta impunidad
en su actuar, a comuneros mapuches desarmados? Bajo ningún punto de vista. ¿Qué cultura
política es aquella que legitima con el culto cristiano a los «mártires» el crimen de jóvenes
apenas salidos de la adolescencia? Claramente no aquella que hemos heredado de nuestros
ancestros.
El escenario de violencia desatada sólo sirve a los fines de aquellos que no quieren una
solución política realmente nacional en Wallmapu, de quienes quieren resolver el conflicto
político por medio del sometimiento violento: por un lado los latifundistas y empresarios
El escenario de violencia
desatada sólo sirve a los fines
de aquellos que no quieren una
solución política realmente
nacional en Wallmapu, de
quienes quieren resolver el
conflicto político por medio del
sometimiento violento: por un
lado los latifundistas y
empresarios, que fundan sus riqueza y privilegios en el saqueo de nuestro pueblo, por otro los sectores
duros del Estado, partidarios de mayor represión. Es en este contexto que hay que situar
las denuncias de personeros de derecha, tendientes a vincular la lucha de nuestro pueblo
con grupos como las FARC y la ETA. Y es también en este contexto que debemos situar
un supuesto comunicado mapuche, donde los firmantes declaran la «guerra al Estado» y
hacen un llamado a las comunidades «a seguir la misma senda». Que se trate del delirio
irresponsable de un grupo desconectado de la realidad o de la manipulación de los servicios
de inteligencia chilenos, esta «declaración de guerra» en nada contribuye a la lucha histórica
de nuestro pueblo.
regle La escalada verbal que acompaña la escalada de la violencia policial permite a los sectores
más violentistas del Estado justificar la represión y a la derecha desviar la atención de los
verdaderos grupos armados y terroristas que existen en Wallmapu: Por un lado el Comando
Trizano, banda paramilitar de latifundistas que ha anunciado públicamente sus intenciones
criminales y donde hasta la fecha ninguno de sus miembros ha sido detenido ni ha debido
responder ante la justicia; y por otro, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE),
fuerza de elite de Carabineros de Chile, responsable del asesinato de Jaime Mendoza Collio
y del baleo indiscriminado de niños y niñas mapuches al interior de las reducciones. En
este último caso, por tratarse de una institución armada cuyo mandato es gubernamental,
podemos hablar de la existencia en Wallmapu de un verdadero escenario de terrorismo de
Estado.
Nuestro pueblo tiene derecho a defenderse y a rebelarse. Pero debe usar esa energía para
la construcción política nacional. Nuestra lucha de liberación tiene legitimidad histórica y
moral; las concepciones modernas del derecho no pueden más que reafirmar nuestro carácter
de pueblo con derecho a la autodeterminación. Son hoy otros factores, sobre todo políticos
y económicos, que impiden su real ejercicio en Wallmapu. Depende de nosotros, de todo
el pueblo mapuche, que ello algún día sea políticamente posible.
Próximo gobierno: soluciones políticas o violencia El Gobierno que asumirá en marzo, cualquiera que sea, debe tener claro que sin la voluntad
del Estado de devolver las tierras reclamadas por las comunidades y avanzar en un mayor
estándar de reconocimiento de nuestros derechos nacionales, las movilizaciones de nuestro
pueblo continuarán. Si el próximo Gobierno decide proseguir la política represiva de sus
predecesores, lo único que provocará con ello es una agudización del conflicto. Si esa fuera
su voluntad, debe saber que la violencia no intimidará a nuestro pueblo. No lo hizo en el
pasado ni lo hará en el futuro. Trataron de aniquilarnos y somos un pueblo más vivo que
nunca. Han tratado de humillarnos y hoy somos más orgullosos de nuestro origen. Lo
demuestran a diario las nuevas generaciones. Lo grafican a diario cientos, miles de mapuches que en diversos espacios, en diversas trincheras del quehacer político, social, económico
y cultural de nuestro pueblo, se organizan y toman conciencia de su negada identidad
nacional.
purra
Pero el próximo Gobierno tiene también la posibilidad de renunciar al uso de la violencia
frente a nuestras reivindicaciones y buscar, a través de la negociación política, soluciones
que hagan justicia a nuestro pueblo. La actual política represiva arrastra al Wallmapu a un
conflicto que será tan largo como inútil, pues al final el Estado tendrá de todas maneras que
buscar soluciones políticas. El Estado puede y debe cambiar de política, asumiendo que la única solución no sólo justa sino además eficaz
para resolver el escenario actual de conflicto es
la devolución de las tierras usurpadas y expoliadas,
hoy en manos de los latifundistas y empresas
forestales. Si quienes asumirán el gobierno del
Estado dentro de cuatro meses tienen la voluntad
política de resolver los conflictos territoriales
mediante la negociación, ésta deberá centrarse
necesariamente en dos temas fundamentales:
— La compra masiva por el Estado de tierras actualmente
en manos de empresas forestales y de
latifundistas para su devolución a los diferentes
lof que las reclaman. El Estado dispone de los
recursos financieros para hacerlo y le corresponde, pues cuando no fue él quien nos expolió
directamente de nuestras tierras para entregarla a colonos y latifundistas, fue él quien avaló
a través de su sistema judicial dichas usurpaciones.
— El abandono por el Estado chileno de la política represiva en Wallmapu. Ello implica
el retiro del GOPE del País Mapuche, la desmilitarización de las zonas en conflicto, renunciar
el Gobierno a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley Antiterrorista,
y la liberación y amnistía de los presos políticos mapuche, recluidos hoy en diversas cárceles
chilenas.
La viabilidad de un acuerdo político de estas características no dependerá de la buena
voluntad del gobierno. Dependerá, en definitiva, de nuestra propia capacidad para acumular
fuerza política y social y transformarnos así en actores de primer orden. Hoy, con un
movimiento mapuche dividido frente al Estado, con un movimiento nacional débil política
y orgánicamente, sin real capacidad de tomar la iniciativa frente al Estado, es difícil que
esto ocurra. Es por ello que reafirmamos que en las actuales condiciones, tanto el diálogo
político como la negociación no son caminos transitables de buenas a primeras. Hoy la
correlación de fuerzas es absolutamente desfavorable para nuestro pueblo y asumirlo, más que una derrota, constituye un ferviente llamado a la acción. En la actual coyuntura que
enfrentamos, es deber de cada sector mapuche trabajar por afianzar embriones de organización
y poder político propio. Ello en cada territorio, en cada lof, en cada población, en cada
gremio profesional, en cada junta de vecinos, comité de vivienda e inclusive club social o
deportivo. Trabajar diariamente por construir País Mapuche, allí donde estemos y bajo el
soporte organizacional que mejor nos represente.
En tiempos de violencia
colonial, la respuesta de
quienes componemos el
movimiento mapuche no
puede ser el sectarismo o el
egoísmo político. Propiciar
instancias de diálogo interno,
fortalecer alianzas, restablecer
confianzas se yergue como
una responsabilidad.
aylla
En tiempos de violencia colonial, la respuesta de quienes componemos el movimiento
mapuche no puede ser el sectarismo o el egoísmo político. Propiciar instancias de diálogo
interno, fortalecer alianzas, restablecer confianzas entre las organizaciones mapuche se
yergue hoy como una responsabilidad de todos y todas. No es una organización o comunidad
en particular quien sufre hoy la violencia colonial: es nuestro Pueblo en su conjunto.
Tampoco puede ser nuestra respuesta a la coyuntura el radicalismo étnico, graficado en
irresponsables llamados a la confrontación con los «chilenos». Wallmapuwen, en tanto
colectividad nacionalista, reivindica el Wallmapu como hogar nacional de los mapuche. Sin
embargo, dicha aspiración no es excluyente de la población chilena, que sufre como nosotros
las consecuencias de un modelo excluyente y profundamente antidemocrático. Ser capaces
de hermanar nuestras justas reclamaciones históricas con el sentir de una gran mayoría
regional no solo es una necesidad estratégica: constituye un verdadero mandato democrático.
He aquí la única garantía que el dolor y la rabia del presente, y que nuestros niños baleados
sienten dolorosamente en la piel, pueda aminorar en el futuro.
W A L L M A P U W E N
Un Partido para el País Mapuche
Temuko, Wallmapu, nofiempüre küyen 9, 2009
www.wallmapuwen.cl
Fuente: Wallmapuwen
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