Intervención de la Asociación
Americana de Juristas
La Violación de los Derechos humanos
Mapuche es denunciada en la Subcomisión de D.H.
06 de agosto, 2004
Subcomisión de Derechos Humanos- 56 º período
de sesiones.
Tema 5
Orador: Jaime Valdés A.
Señor Presidente;
En el 60 º período de sesiones de la Comisión
de Derechos Humanos se presentó el informe del Relator Especial
Sr. Rodolfo Estavenhagen (E/CN.S/2004/80/Add.3) que describe ampliamente
la lamentable situación de los derechos humanos de las poblaciones
indígenas y que contiene importantes recomendaciones y conclusiones
orientadas a mejorar la situación de los derechos humanos
de los pueblos originarios en Chile.
En la reciente reunión del Grupo de Trabajo Sobre Poblaciones
Indígenas que abordó el tema de la Resolución
de Conflictos, el Documento elaborado por el Sr. Miguel Alfonso Martínez,
Presidente del Grupo, destaca varios temas como el reconocimiento
de las tierras y recursos ancestrales (párrafos 14-24) el reconocimiento
y la aplicación de los tratados entre Estados nacionales y
pueblos indígenas (párrafos 34-45) y sobre todo el ejercicio
del derecho a la libre determinación (párrafo 25-33)
establecido en varias cartas, pactos, tratados y acuerdos internacionales.
El documento concluye destacando la necesidad de encontrar mecanismos
de resolución de conflictos. En ese sentido, el caso de la “nación
mapuche – pehuenche” está mencionado como ejemplo
de frustración ante los mecanismos nacionales de resolución
de conflictos, observada por el Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas
(párrafo 82, nota al píe de página).
El Estado
chileno sigue demostrando su falta de voluntad política
para mejorar la situación mencionada y poco ha hecho para avanzar
en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas y sobre
todo, en sus derechos. La débil respuesta del Gobierno al informe
del Relator Especial, el incumplimiento al acuerdo firmado ante la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) con la comunidades
pehuenches de Alto Bío Bío, con motivo del desarrollo
del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, la negativa del
Congreso chileno a ratificar el Tratado 169 de la OIT, la carencia
de un proyecto de ley para una reforma constitucional, en común
acuerdo con los pueblos originarios, entre otras cosas, ratifican
esta afirmación.
Durante el primer gobierno asumido después de la caída
de la dictadura de Pinochet, altamente represiva con el pueblo mapuche
y el pueblo chileno, existieron ciertos esfuerzos por el reconocimiento
del los pueblos originarios que fueron plasmadas en la Ley Indígena
en 1993, que más que demostrar el interés del Estado
chileno por avanzar, respondió al momento histórico
de clamor y recuperación de libertad que se vivía en
el país. No llegaron a ser más que buenas intenciones.
Los dos gobiernos sucesores sólo han contribuido a acrecentar
el conflicto al promover la continuidad del modelo económico
de la dictadura, basado en privilegiar la inversión del capital
extranjero, en detrimento de los derechos de los pueblos. El Estado
chileno, en el contexto de globalización, ha favorecido la
ejecución de grandes proyectos de inversión en tierras
de propiedad o reclamadas por los pueblos indígenas. En los últimos
años han proliferado las inversiones en grandes proyectos mineros
en el territorio de los pueblos aimara, atacameño o kunza,
quechua y colla en el norte del país, así como proyectos
forestales, carreteras, acuicultura e hidroeléctricos en
territorio mapuche.
Entre 1881 hasta principio del siglo XX,
al pueblo mapuche le fue
usurpado el 95% de su territorio histórico, perdiendo cerca
9.500.000 hectáreas. Sin embargo, el saqueo aún no se
ha detenido y las compañías forestales extranjeras y
nacionales continúan expandiendo su área de cultivos
en territorios ancestrales mapuche, degradando notablemente el ambiente
a través de la presión sobre los recursos naturales,
la implantación de cultivos exóticos no apropiados a
la zona y el uso de agroquímicos. La construcción de
la Represa Hidroeléctrica en el alto Bío Bío,
con una inversión de 570 millones de dólares, ha inundado
un territorio de más de 3.500 hectáreas, lo cual afecta
negativamente la biodiversidad de la zona, ha sepultado lugares sagrados
y el cementerio ancestral de los pehuenches y ha terminando con la
división y reasentamiento de las comunidades que habitaban
la zona. La Ley de Pesca tramitada desde marzo 2004, es un tema que
afecta a las comunidades lafkenche (mapuches de la costa) y atenta
contra su identidad cultural y sobrevivencia como pueblo. El 70% de
los vertederos de basura de la IX Región de Chile, están
ubicados en comunidades mapuche y el resto en sectores campesinos
pobres, lo que demuestra la discriminación del sistema hacia
los grupos en peores condiciones económico-sociales. Tales
proyectos son vistos como amenazas a su supervivencia cultural y material
y han generado una importante resistencia en el movimiento indígena,
el que ha se ha movilizado en defensa de lo que consideran les pertenece.
En
Chile, el recurso a la violencia para controlar cualquier forma
de disidencia o reivindicación política o social de
los pueblos indígenas, se usa de manera permanente y sistemática,
amparada en la “legitimación” de la “seguridad
nacional” justificando la militarización para luchar
contra los que el poder denomina subversivos, utilizando la máscara
antiterrorista para atacar las libertades fundamentales. En este contexto
la lucha del pueblo mapuche por sus legítimos derechos, la
defensa de su cultura y la lucha por una vida mas justa, ha sido el
objetivo de una constante represión y agresión por parte
del Estado, las transnacionales y las empresas y latifundistas nacionales.
Asesinatos, torturas, prisión, detenciones arbitrarias, secuestros,
desalojos forzados, allanamientos de moradas, quema de viviendas,
atentados contra abogados defensores, falsificación de documentos,
pago a testigos falsos, uso de “testigos sin rostro” y
un sinnúmero de otro tipo de vejámenes, son frecuentes
en territorio mapuche.
Durante el actual gobierno (2000-2006)
se han interpuesto, hasta julio del 2003, 22 denuncias y 66 querellas
contra mapuches, entre
otros, por delitos a los cuales se le aplica la ley antiterrorista.
Entre diciembre del 2000 a octubre del 2003, más de 200 mapuche
fueron objeto de investigación judicial por su posible participación
en delitos relacionados con conflictos entre indígenas y empresas
privadas. En la actualidad hay 5 presos políticos mapuche (
Aniceto Norin, Pascual Pichum, Victor Ancalaf, José Nain y
José Llanca). A dos de ellos se los condena por delitos de
amenaza de “incendio terrorista”. Más de 50 mapuches
se encuentran bajo arresto domiciliario u otra medida cautelar y sobre
40 personas deben vivir en la clandestinidad por haber reclamado la
devolución de las tierras ancestrales y reconocimiento de
sus derechos como pueblo.
Los derechos de los pueblos deben prevalecer
sobre los “derechos
del capital” impulsados por las economías de los Estados
y las compañías transnacionales. Las actuales relaciones
de comercio que se promueven no pueden seguir estableciéndose
a espaldes de la gente y de los pueblos. Las economías que
presentan los Estados con la promoción de una mundialización
del libre mercado, la estandarización productiva y la homologación
de precios mundiales en economías desiguales y con desarrollo
y tecnologías asimétricas, hace que vastos sectores
sociales, como el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en
general, sean vulnerables a una economía avasalladora a favor
del dominio corporativo, el saqueo transnacional, el desastre ambiental
y social. Ese no es el mandato que los Pueblos le han encomendado
a sus gobernantes, no es el futuro que la gente espera y del cual
son responsables.
Señor Presidente:
La Asociación Americana de Juristas solicita a la subcomisión
y al grupo de trabajo que tome nota de la deplorable situación
de los pueblos indígenas en Chile y en otras regiones del
planeta, donde dicha situación tampoco es mejor y también
tiende a empeorar, pese a los estudios y trabajos que se realizan
y a la
celebración de decenios y días internacionales de
las poblaciones indígenas y que comunique esta constatación
a los otros organismos pertinentes.
Muchas Gracias.
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