Consejo de Pueblos v/s CONADI

Las primeras inconsistencias del “Nuevo trato” ofrecido por el Gobierno

Por Karola Kankil - Willimapu, abril de 2004

El propio presidente, anunció pomposamente este 17 de abril la próxima creación del Consejo de Pueblos Indígenas, organismo sugerido por la Comisión que sesionó por varios años para iniciar un “nuevo trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la Sociedad chilena”. Este sería un nuevo organismo participativo indígena, el que tendría entre otras funciones: “Fiscalizar la ejecución de las políticas indígenas y, en particular, los planes, programas, y proyectos ejecutados por la CONADI, ministerios y servicios velando por su pertinencia y adecuado uso de los recursos destinados a estos fines...”[1]

Crear un nuevo organismo financiado por el Estado para los pueblos indígenas implica más infraestructura institucional y política a nombre de los pueblos indígenas, pero esta no partiría de cero, está precedida por la CONADI, entidad gubernamental que lleva más de 10 años de existencia. Es en base a ésta, entonces, que podremos verificar y suponer que se pretende resolver con la creación de otro organismo y vislumbrar de alguna manera de qué se trataría en la práctica este “Nuevo Trato” que propone unilateralmente el Estado y para ello no tenemos más herramienta que escudriñar la propia prensa chilena. [2]

===Recuento===

El primer “estallido” en los medios

Los antecedentes que Andrea Reyes Pizarro, abogada asesora de la fiscalía de Conadi, presentó en mayo 2001 en el Tribunal de Garantía de Temuco abrieron la sospecha de una práctica antigua. Describió cuatro "delitos cometidos por funcionarios de la Corporación", todos ocurridos el 2001: El ofrecimiento de un millón de pesos por parte del corredor de propiedades Ramón Paredes a la abogada a honorarios de la Fiscalía de Conadi, Marianela Bustos, para que aprobara títulos de dominio rechazados del no saneado predio Las Vertientes de Loncoche. Paredes aseguró, según la denuncia, que tenía "un contacto" en la Conadi para agilizar la compra. Éste, se agrega, sería Patricio Sanzana (funcionario de planta, socialista), jefe de la Unidad de Tierras y Aguas de la subdirección nacional sur, quien se contactaría con las comunidades indígenas para ofrecerles predios en conflicto. Una vez que los antecedentes pasaban por la Fiscalía, Sanzana, según la abogada, formaba parte de la comisión final que revisaba los antecedentes, junto con el subdirector Carlos Vargas, el jefe nacional del FTA, Juan Antilén y el director nacional, Edgardo Lienlaf. Éste no desestima que la investigación le asignará un grado de responsabilidad. Según contaron a Andrea Reyes diversos deudores, el abogado Shintaro Kuramochi les habría comentado a éstos que en Conadi existe "una verdadera red de corrupción" donde se realizaría una especie de corretaje de propiedades. Kuramochi habría mencionado, según la denuncia, al abogado a honorarios de la Unidad de Tierras, Ricardo Aravena Durán, quien realizaba los estudios de títulos. Éste habría recibido 25 millones de pesos de un agricultor que vendió su fundo en la comuna de Purén.

Esto fue una verdadera “bomba” que desató una ola de denuncias sobre esta Institución que maneja presupuestos millonarios para saldar la deuda que el Estado arrastra con sus pueblos indígenas:

Se recordó que en 1997 una comisión investigadora de la Cámara creyó establecer el mal uso de dineros por un valor de 780 millones de pesos. El informe fue entregado al Consejo de Defensa del Estado, que aún lo mantiene en su poder, en ese mismo año, con Mauricio Huenchulaf como director de la Conadi, se pagó el sobreprecio de hasta 120 millones de pesos por un terreno. La denuncia al respecto terminó con la Contraloría solamente descubriendo un desorden administrativo.

Este desorden prosiguió con las subsiguientes administraciones de Domingo Namuncura y Rodrigo González. "No se actuó rápido", critica Hilario Huirilef. "Pudimos evitar estos casos si en julio del 97 hubiésemos hecho caso a los 23 puntos que recomendó la comisión de la Cámara".

El dirigente mapuche Aucán Huilcamán aseguró que él mismo entregó documentos a Germán Quintana (ex ministro de Mideplan) sobre otros tres funcionarios de la Conadi relacionados con compras irregulares, mapuches de la asociación Kura Wenu de Traiguén denunciaron a funcionarios de la Conadi por la compra de un predio de 59 hectáreas, acción innecesaria porque solamente debía ser restituido a los indígenas tras un fallo judicial.

Suma y sigue: en Pitrufquén habría sido pagado, a precios elevados, un fundo a una persona..., que no era su real dueño.

Las cifras:

Esto se conocía en el gobierno desde antes de que el 24 de mayo estallara el caso. En enero, un documento del FTA (Fondo de tierras y aguas) reconoció que "el mercado ha aportado su cuota para debilitar la eficacia de los recursos del Fondo, con la existencia de especuladores en el proceso de compra de tierras". En cifras gruesas: El presupuesto para todo el país de la Conadi para el 2001 es de 17 mil millones de pesos. De ellos, 13 mil 700 corresponden al Fondo de Tierras y Aguas (supera por tres mil millones la campaña de invierno 2000 de todo Chile), cuya mitad se esperan invertir en la IX Región en las compras de terrenos en conflicto.

Documentos propios del FTA de Temuco indican que si se gastaron en 1994 mil 800 millones de pesos en la adquisición de predios, en 1998, más que se triplicó esa cantidad.

Si entre el 94 y el 99 adquirió 141 fundos entre la VIII y X Región desembolsando 11 mil millones de pesos, sólo 17 terrenos comprados el año 2000 significaron cinco mil millones.

El aumento de los precios ha sido vertiginoso. Si el 94, cuando comenzó el programa, la Conadi compró a 228 mil pesos la hectárea en Temuco, cuatro años después fue a 700 mil. Hoy supera el millón, pero se responde por parte de la Conadi que “ha mejorado su capacidad de uso”

Y agregaba que alianzas entre comunidades indígenas, dueños de fundos e intermediarios "han conformado un círculo vicioso de especulación-encarecimiento de las tierras de lamentables consecuencias para el presupuesto de Conadi".

Esto motivó la intervención de la Ministra Krauss que pidió a Lienlaf que se encargara de elaborar la propuesta con el director de Inversiones de Mideplan, Juan Cavada. Constituidos en Temuco, ambos acordaron reemplazar el FTA por una comisión técnica, integrada por funcionarios externos del SAG, Conaf e Indap, la jefa de Planificación de la Conadi y la abogada Andrea Reyes. Además, Mideplan solicitó a la Contraloría la instrucción de un sumario administrativo que permita determinar la eventual comisión de irregularidades en el organismo, así como la posible participación y probables responsabilidades de funcionarios de la Conadi o terceros. Junto con ello, una auditoría de manera extraordinaria en el Fondo de Tierras y Aguas de la corporación por parte del ministerio. También se solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado, con el fin de que represente los intereses fiscales eventualmente comprometidos.

En septiembre del 2001, a tres meses de iniciada la investigacion por el Ministerio Público se logró delimitar el ámbito de competencias respecto a 64 carpetas en las que se centró el trabajo investigativo y que orresponden a negociaciones realizadas entre los años 1998 y 2001. De las 64 carpetas, 58 fueron derivadas al sistema penal antiguo. De estos 58 casos solo se sabe que los recibió el presidente subrogante de la Corte de apelaciones de Temuco, Lenin Lillo.

Y de los investigados por Contraloría, es decir, las denuncias que recaían sobre el abogado de Conadi, Ricardo Aravena, se concluye que solo hubo faltas a la probidad, pues finalmente los pagos no se concretaron y Aravena ya no se desempeña actualmente en la Institución.

Y no solo en el Sur

En los últimos cuatro años la Oficina santiago también se ha visto envuelta en una serie de acusaciones de desorden administrativo interno, abusos, tales como la entrega irregular de certificado de calidad de indígena a una persona de origen croata compañera de partido del Director, proyectos adjudicados a la consultora Milllaray fundada por Marcos Huaiquilaf y Ruben Quilapi, discriminación y maltrato a Tomsi Tomic, directivo de la conocida consultora “Ecológica”, discriminación y maltrato a funcionarios indígenas. Todo esto a empobrecido a tal punto su gestión que la civilidad indígena de Santiago ha canalizado sus inquietudes hacia otros organismos, tales como Fosis, INP, Prodemu, Minsal, Gobierno Regional, con los que las organizaciones indígenas han desarrollado una serie de programas con visibles resultados. Esta tensión explotó a la prensa a fines de octubre del 2001 con la denuncia de irregularidades en la rendición de proyectos basandose en investigaciones internas a medio hacer, lo que hace presumir que la información provino desde el interior de la propia Conadi en lo que parecería un burdo intento por “endosar” su ineficacia a las organizaciones indígenas, las que aún esperan una explicación.

Y las irregularidades no terminan

En enero del 2001 mueren cinco comuneros williches en Rukamañio enfrentados por conflictos de tierras entregadas por Conadi sin aplicar los mecanismo legales de conciliación que demanda la ley, esta fue una negligencia de consecuencias fatales ante la cual la institución se “lavó las manos” dejando recaer toda la culpa sobre las responsabilidades individuales de los comuneros mapuche.

En de marzo 2002 deja la dirección de Conadi Edgardo Lienlaf, a estas alturas,. En consonancia con la administración del organismo, esto es, con otra denuncia de adquisición irregular de Tierras que implicaba a militantes PPD, PS y PPD.

En el mismo mes de marzo asume la Dirección de Conadi el abogado Aroldo Cayún, en medio de un caos administrativo y financiero que no se detiene, por ejemplo, se cancelan dos sueldos de Fiscal Nacional, uno a la Fiscal vigente a la fecha que se encontraba con postnatal y otro al Fiscal Interino y contratado exclusivamente para esta función, Esteban Cruz (1.200.000 mensuales cada uno) En el mes de mayo, la institución ya no contaba con viáticos para sus funcionarios ¿De dónde se sacó el dinero por los siete meses restante? Y algo más delicado y sensible para el Movimento Indígena: Antiguos planos y documentos de comisario, base de los reclamos territoriales indígenas y que las comunidades guardaron celosamente durante tantos años para entregrarlos a custodia de la Conadi, estában tirados en una bodega de la subdirección sur deteriorándose inexplicablemente, según denuncias de Juan Ñanculef, presidente de la Asociación de Funcionarios.

Y en este escenario es que Cayún debía convertirse en el gestor de la tan anunciada “reestructuración” que enderezaría la marcha de este organismo, pero despues de las investigaciones internas, Comisión para proponer la reestructuración (Lienlaf Cavada), sumario administrativo de Contraloría, la Auditoria extraordinaria en el Fondo de Tierras y Aguas e incluso la contratación de abogados externos por parte de Mideplán (estudio del abogado Davor Harasic), éste solo respondió con “cambios de puesto”: Jose Eduardo Curilem, por ejemplo, un funcionario mal evaluado en Santiago fué nombrado como Jefe Nacional del Area de Desarrollo y Cornelio Chipana, fuertemente cuestionado en el norte y resistido por las organizaciones fué confirmado como Sub Director de Conadi Norte.

=== En definitiva ===

Conadi, la institución que iniciaría la reparación prometida a los pueblos indígenas por la concertación de gobierno después de la larga noche de la dictadura ¿en qué se convirtió, entonces? No cuesta mucho suponer que si los funcionarios de la institución son aportados por los partidos de la coalición, éstos deben retribuir de alguna manera a sus coaliciones partidarias, y es lo que el propio gobierno reconoce implícitamente al responder con una ley de financiamento a los partidos políticos cuando algún vendaval de denuncias de corrupción pone en duda la probidad de algunos personajes e instituciones.

Sin duda que poco se ha transparentado en el manejo de esta institución, que por lo visto cada vez se le restan más funciones y podría incluso, dejar de existir, pero cuando llegue ese día ¿Cómo disipar la niebla de la impunidad y el sabor amargo de los recursos dilapidados a nombre de los Pueblos Indígenas?

Suponer que un nuevo organismo terminará de buenas a primeras con las antiguas prácticas es creer que el tigre puede perder sus rayas; demasiada ingenuidad. Lo más seguro es que de crearse este Consejo será controlado por los mismos partidos que han usufructuado de Conadi y nada hace suponer que lo harían de distinta manera.

Sin duda que este es un problema al interior del propio gobierno, pero si esta es la integración que se ofrece a los pueblos indígenas, no se estaría más que dando la razón a las posturas autonomistas que buscan construir su propio camino.

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[1] informe final. “Segunda Parte: Propuestas técnicas y recomendaciones para un nuevo trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la Sociedad chilena”

[2] Información extraída de artículos de “El Mercurio”, “La Tercera”, Diario electrónico “El Mostrador”, “diarioelgong.cl” El y el desaparecido “El metropolitano”

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