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Juan Agustín Figueroa, abogado, empresario y latifundista

Agustín Figueroa: El Intocable

Por Luis Narváez y María Carla Alonso / 08 de febrero de 2003

"El 22 de la Suprema". Así lo definen algunos, por el grado de influencia que ejerce en el máximo tribunal, integrado por 21 ministros. Pero, además, este hombre transversal se pasea entre empresarios y políticos de diversos colores, con quienes comparte negocios e ideas. Es la mano derecha de Ricardo Claro y fue amigo personal de Pablo Neruda. Hoy domina la fundación del Nobel. Esta es su historia.

Juan Agustín Figueroa, 70 años, el ‘Cucho’ como le dicen sus amigos y alumnos, ‘Chino’ para su esposa, es una persona afable y muy cordial. Su rostro no denota problemas y siempre intenta tomar las cosas por el lado bueno. Mientras recibe a LND en su despacho de calle Santa Lucía, interrumpe la conversación para contestar una llamada telefónica que refleja, en parte, su modo de ser.

“¡Aló, Manuel, cómo estás!. Te estaba llamando por el asunto aquél para saber si tú conocías a alguien allí, como para haber movido un poco la cosa...”. Son detalles que sus enemigos -que no son muchos- le enrostran a la hora de justificar sus innumerables triunfos en tribunales, en los negocios y en el ámbito de la cultura.

Está a la cabeza de la Fundación Neruda, en la presidencia del directorio, por lo que su cargo lucirá mucho más este año, cuando se conmemora el centenario del natalicio del Premio Nobel de Literatura. Facetas desconocidas de este abogado de la Universidad de Chile, casa de estudios en donde desde hace 30 años es amo y señor de la cátedra de Derecho Procesal. Pocos saben, además, que tiene una entrañable amistad de más de 42 años con Ricardo Claro, el poderoso empresario dueño, entre otras cosas, de la Viña Santa Rita, la Compañía Sudamericana de Vapores y el canal 9, Mega.

Cercanos a Figueroa comentan que Claro, quien no tiene descendencia, ve como candidatos a ser herederos de parte de su fortuna -después de la Iglesia Católica- a los hijos de don Cucho.

Pero al abogado, actual integrante del Tribunal Constitucional en el cupo propuesto por el Presidente Ricardo Lagos, no le ha ido nada de mal en los negocios, y en parte él mismo explica que ha sido por la “pequeña fortuna” que heredó de su padre, junto a sus hermanos, y porque “empecé a invertir en los mismos negocios (de Claro). Donde él ponía un peso, yo ponía un décimo y efectivamente ha sido extraordinariamente acertado”.

De directorio en directorio

Con Claro se conocieron en 1952, cuando ambos estudiaban derecho en la Universidad de Chile. “Siempre hemos andado juntos en la vida. Pero pensamos muy distinto. Él es católico, yo soy ateo convicto y confeso”. Su primera incursión como socios fue en la empresa Elecmetal, industria dedicada a la producción de insumos en acero y metales para la minería, que hoy es la matriz de un importante grupo de empresas como Mega, Cristalerías Chile, Envases CMF S.A. (que fabrica botellas de plástico para Embotelladora Andina), Mega, Metrópolis Intercom, El Diario Financiero y la Viña Santa Rita.

En Elecmetal, Jun Agustín Figueroa es la mano derecha de Ricardo Claro en el directorio. Su grado de confianza llega a tal punto que sólo hace dos semanas, Figueroa tomó el lugar de Claro para asistir a la ceremonia con que Codelco, por primera vez en su historia, vendió una empresa filial al sector privado e inició un proceso para desligarse de aquellas labores que no sean exclusivamente las de extracción y producción cuprífera. “Queremos ser los más eficientes en el mercado y servir a la actividad más fundamental para el país como es la minería”.

Así, con Claro y Figueroa a la cabeza, Elecmetal tomó el control de la Fundición Talleres al adquirir el 60 por ciento de la propiedad, operación que alcanzó los US$ 9,2 millones. Pero además de su participación en Elecmetal, Figueroa es vicepresidente de la Viña Santa Rita; director de Cristalerías Chile, que fabrica todos los envases de este material para bebidas alcohólicas y de fantasía. Además, es presidente del directorio de Marítima Inversiones, holding que controla la Compañía Sudamericana de Vapores. Pero eso no es todo, también es director de tres empresas más, entre ellas presidente del directorio de Termas de Puyehue (que controla el Hotel y el agua mineral del mismo nombre, además de las Termas Aguas Calientes) desde hace más de dos décadas.

Pero una de sus actividades favoritas, sin duda alguna, sigue siendo el derecho. Su padre fundó, en la década del ’40, el estudio de abogados que hoy dirige. Figueroa y Coddou asociados se cuenta dentro de los bufetes jurídicos más caros del país, sólo igualables a los estudios de Alfredo Etcheberry, Luis Ortiz Quiroga y Pablo Rodríguez Grez. Sólo por consultas, los aranceles pueden llegar hasta los $ 5 millones y el patrocinio en juicios de índole penal o civil alcanzan varias decenas de millones de pesos.

Alberto Coddou, experto en derecho constitucional, es su brazo derecho en este ámbito, que además les permitió estar fuertemente ligados al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya que Coddou es su amigo y fue quien le prestó su asesoría legal para hacer la reingeniería de sus empresas cuando asumió la presidencia.

Figueroa también es íntimo amigo, hace más de 30 años, de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, a tal punto que en el 2000 estuvieron por asumir la representación de la abogada para interponer querellas por injurias y calumnias cuando estuvo en entredicho su participación en un juicio arbitral y el uso de dependencias fiscales para labores privadas.

En su faceta política, en 1952, a los 18 años, ingresó al Partido Radical. En plena dictadura, conformó el “Grupo de los 24”, donde trabajó junto a Enrique Silva Cimma sentando las bases de lo que sería la Concertación de Partidos por la Democracia. La única vez que ha ocupado cargos públicos fue entre 1990 y 1994, cuando asumió como ministro de Agricultura del Presidente Patricio Aylwin. Por eso, la decisión del Presidente Lagos de nombrarlo el año pasado integrante del Tribunal Constitucional no fue casual, más aún cuando el propio Figueroa reconoce que cinco de sus seis colegas integrantes son “viejos conocidos”, compañeros de curso en la Universidad de Chile como Juan Colombo, Eugenio Valenzuela, Hernán Álvarez y el mismo Libedinsky.

De latifundista a huinca

Cuando en septiembre del 2003, la Corte Suprema sentenció a los lonkos mapuches por el incendio que afectó a la casa del fundo Nancahue (de 1.800 hectáreas), en la comuna de Traiguén, de propiedad de Figueroa, abogados e interesados en el caso indicaron a LND que ese hecho demostraba la gran influencia que tiene Figueroa con los 21 ministros que integran la Corte Suprema. Por eso mismo, algunos lo llaman el “22 de la Suprema”, por el grado de influencia y cercanía con sus colegas amigos a quienes conoce desde tiempos de universitario. El mismo lo admite: “Efectivamente tengo una relación estrecha con muchos ministros. Hemos hecho una vida en común en la que se van creando vínculos de mayor o menor amistad”.

Dentro de los más cercanos de Figueroa están el propio presidente del máximo tribunal, Marcos Libedinsky, José Luis Pérez, José Benquis y Urbano Marín (ambos masones como Figueroa). En tanto, las relaciones cordiales se dan con mayor intensidad con los ministros Hernán Álvarez (ex presidente), Alberto Chaigneau y Enrique Cury, entre otros. Por eso mismo, cuando en primera instancia los lonkos mapuches habían sido absueltos de ser los autores del incendio del 2001 en el fundo de Figueroa, el máximo tribunal se encargó de dar vuelta el veredicto final en forma drástica, condenando a los lonkos a 5 años de cárcel por “amenaza terrorista”.

Figueroa, que también se hizo presente en los alegatos, junto al Ministerio Público y el Ministerio del Interior, descarta cualquier tipo de influencia porque “en la sala (penal) que resolvió, diría que sólo con uno de los ministros tengo una relación más amistosa, José Luis Pérez; con el resto es amable, pero no de amistad”. Según las partes involucradas en el caso, salvo los propios mapuches, la resolución de la Corte Suprema fue totalmente ajustada a derecho, pero Figueroa reconoce que “los ministros, cuando conocen a las personas involucradas en el caso, quizá ponen mayor atención del asunto, mayor preocupación, porque saben que como se resuelva va a ser analizado y criticado por las personas cercanas a ellas. Ellos tienen a diario la práctica de la imparcialidad, de manera que pretender, por estas relaciones de conocimiento cordial, torcer lo que es la justa decisión, eso no es imaginable”.

Las disputas de la familia Figueroa con las comunidades indígenas se remontan desde mediados del siglo XX. En el año 1950 los padres del abogado compraron las tierras a una familia italiana, que luego heredó junto a su hermana, Aída Figueroa. Eran tiempos en que el poeta Pablo Neruda, comprometido con la lucha de los pueblos indígenas, se dejaba caer por esas tierras cercanas a su natal Temuco. Pero mucho ha pasado en tribunales y poco se sabe de la extraña relación que la familia Figueroa mantiene hoy con las comunidades indígenas de Traiguén.

“Juan Agustín Figueroa está haciendo una política de ‘buena vecindad’ con la comunidad. Su estrategia se basa en dar trabajo a la gente en el rubro forestal y también en invitar a los mapuches vecinos a fiestas donde se matan animales y se ofrece vino. El último festejo lo hizo en enero”, cuenta Juan Pichún, hijo del lonko condenado Pascual Pichún.

La actitud de Figueroa ha dado un vuelco en los últimos meses. La idea de estrechar relaciones con sus vecinos es una de las preocupaciones que mantiene alerta al connotado abogado, como a su hijo, Juan Agustín Figueroa Elgueta. Éste actualmente administra el fundo maderero junto a Rafael Insunza, sobrino de don Cucho. Ambos encabezan un verdadero lobby con los vecinos.

Según contaron a LND los miembros de la comunidad mapuche, la estrategia que ha asumido Figueroa intenta demostrar la bondad y el espíritu benefactor que caracteriza a la familia, junto con dejar en claro que están dispuestos a negociar a fin de no tener nuevos problemas. “Figueroa da trabajo a la gente pero le pone condiciones. Una de ellas es que lo mantengan informado de las cosas que suceden al interior de la comunidad. De repente le paga un sueldo mensual, que varía entre 50 y 100 mil pesos, para que lo mantengan al tanto de lo que pasa”, asegura Juan Pichún.

A tal punto llega la oferta que se despliega desde el fundo, que la nueva política de Figueroa ha logrado dividir a la comunidad, produciendo cierto roce entre quienes están a favor y en contra de Juan Agustín. “La idea de fondo era agasajarlos para que luego fueran sus soplones y le avisaran donde estaban los hijos de los lonkos condenados”, advierte Gabriela Calpucoi, miembro de la organización KonaPeumán, que apoya a la comunidad indígena de la zona de Traiguén.

Pero la división de la comunidad indígena en torno al fundo de Figueroa no es reciente. Rodrigo Lillo, abogado de Pascual Pichún, cuenta que la disputa interna ya se veía durante el tiempo de la reforma agraria, en la década del 60, donde también había un interés de que se expropiara ese fundo a favor de las comunidades mapuches. “En ese momento él reaccionó con mucha fuerza, y ya habían mapuches que tomaban posturas contrarias ante la figura de Figueroa”, recuerda Lillo.

Acto de dominio

Otro antecedente relevante que marca su estilo de hacer las cosas con los mapuches, es la acción que tuvo Figueroa, desde la política, como ministro de Agricultura de Aylwin. Mientras estaba en su campaña presidencial, el entonces candidato firmó el Pacto de Nueva Imperial, documento que dio origen a la Ley Indígena. Y fue precisamente Figueroa, la pieza clave para llevar a cabo las políticas que afectaban a los pueblos originarios.

Hugo Gutiérrez, abogado de Aniceto Norín, explica que las comunidades indígenas vieron en Figueroa la posibilidad de acercamiento con un hombre de la Concertación y con fuertes vínculos en la zona, para pedir la devolución de las tierras. Pero desde siempre, advierte el profesional, “Figueroa ha sido un latifundista y en eso no hay que equivocarse. Tiene una posición determinada dentro de la sociedad y, si quiere seguir sembrando árboles y criando su ganado, como ha sido hasta hoy, seguirá con su posición de latifundista. Ese carácter vale más en su fuero interno que cualquier otro tipo de connotación”.

Por ello a Gutiérrez no le extraña que Figueroa haya utilizado sus influencias para que tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior invocaran la ley Antiterrorista, que a la postre implicó la condena de los lonkos. “Él recurre a la ley Antiterrorista para lograr condenar a los lonkos, pero eso no es apropiado. El relator para los pueblos indígenas de Naciones Unidas, que estuvo en el país el año pasado, criticó fuertemente la circunstancia de que se aplicara la ley Antiterrorista para el pueblo mapuche”.

Juan Agustín Figueroa se defiende al afirmar a LND que la condena fue ajustada a derecho y que no se trata de aplicar el máximo de rigor de una ley, porque, a su juicio, “la ley no pretende ser rigurosa, la ley pretende ser justa”. Por ello no extraña que Figueroa sostenga que es una discusión equivocada plantear un tema de reivindicación con la entrega de su fundo. “Nunca hubo un acto de dominio por parte de los mapuches en esas tierras. Los mapuches eran un pueblo recolector y cazador que recorrían determinadas regiones, pero su cultivo agrícola era mínimo, eran tierras que estaban ocupadas sólo por bosques, pero no había una actividad de señor y dueño de los mapuches, eran usufructuarios de los frutos que recogían allí o de la cacería”, sostiene Figueroa.

El benefactor

El Presidente Lagos tiene confianza en J. A. Figueroa. Lo nombró miembro del Tribunal Constitucional. En la foto a los pies de la tumba del poeta en Isla Negra al iniciar las actividades del centenario del nacimiento de Neruda. Si de controlar o dominar se trata, este hombre transversal, hasta en su faceta de protector de las artes muestra sus garras. Actualmente preside el directorio de la Fundación Neruda, entidad que integra desde su creación legal en 1986 y a la que le dio su estructura legal a petición de Matilde Urrutia, viuda del Premio Nobel de Literatura.

En pleno gobierno militar, utilizó sus influencias y experiencia como abogado para evadir las inclemencias de un gobierno anticomunista y concretar la idea del propio poeta, de perpetuar su patrimonio mediante una fundación. Fue así como, tras la muerte de Matilde Urrutia, logró la personalidad jurídica de la entidad, con lo que recuperó la casa de Isla Negra de Neruda que había sido confiscada. Matilde Urrutia era íntima amiga de Aída Figueroa y de su esposo Sergio Insunza, quien fue abogado del poeta hasta el Golpe de Estado del 73’, año en que debió partir al exilio.

En este momento, Juan Agustín hace su magistral entrada al mundo del poeta, que luego se reforzaría cuando la misma Matilde, antes de morir en 1985, lo designa como miembro del directorio de la Fundación junto al pintor Mario Carreño, el actor Roberto Parada, el escritor Jorge Edwards, Flavián Levine y Raúl Bulnes. Posteriormente, a partir de 1990 se amplió el directorio a ocho miembros, con Figueroa como presidente. Tras la muerte de Carreño, Parada, y las renuncias de Levine y Edwards, se incorporaron Marcela Elgueta, su esposa; Aída Figueroa, su hermana; Jorge del Río, miembro de su estudio jurídico; Ida González,Volodia Teitelboin y Enrique Inda.

Pero no hay ningún familiar del vate chileno. El único representante de la familia se alejó de la institución el 2003. Bernardo Reyes, sobrino nieto de Neruda y uno de sus herederos, fue marginado de la fundación por el propio Figueroa. Según el abogado, Reyes había sido contratado para hacerse cargo de la representación de la fundación en Temuco, lugar donde residía. No obstante, cuando éste decidió trasladarse a Santiago, “dejó de ser útil para la finalidad”, argumenta Figueroa.

Pero Reyes tiene una opinión diametralmente distinta de los motivos de su salida: “Como argumenta el señor Figueroa, por ahorrarse 200 mil pesos mensuales sacaron al único familiar de Neruda de la fundación, que además está vinculado al tema de la literatura. Eso es una tontera”. Si actualmente no hay familiares en la Fundación es, a juicio de Figueroa, porque “la voluntad de Matilde (Urrutia) fue mantener esta área en personas ligadas a las actividades culturales y con ciertas capacidades. Por ello, no designó familiares en el directorio original”.

Pero si de capacidades se trata, Bernardo Reyes levantó, casi a pulso, una de las actividades más importantes que organizó la fundación para promocionar la literatura en la Novena Región. “El Tren de la Poesía tenía un costo superior a los $ 15 millones, pero la Fundación sólo financiaba $ 2,5 millones” asegura Reyes. Contrario a esto, Francisco Torres, director ejecutivo de la Fundación asegura que el financiamiento aportado “con gastos administrativos, eran unos $ 15 millones mínimo”. “El que debe dar las explicaciones de porqué no estoy en el directorio de la fundación es el propio señor Figueroa. Actualmente tiene a su esposa, hermana y amigos en la fundación y quién representa a la cultura y la literatura, hay un abogado, un publicista”, denuncia Reyes. Figueroa lo retruca al señalar que “si yo tuviera becados a todos los familiares de Neruda, que son ochenta y tantos, se nos irían todos los recursos de la fundación”.

Actualmente la Fundación se sostiene con aportes de los derechos de autor de las obras de Neruda y con los ingresos que generan las visitas a las casas-museo del poeta. Pero Reyes sostiene que “si bien ha existido una buena gestión en lo administrativo, ha sido muy deficiente en lo cultural”. Critica que salvo dos talleres de literatura y el mismo Tren de la Poesía, no hay más acción cultural. Figueroa sostiene que la única razón de la polémica “surge cuando decidimos no mantenerle el contrato que teníamos con él porque dado su traslado a Santiago no era funcional para los fines”.

La decisión de despedirlo fue del Comité Ejecutivo, integrado además de Figueroa, por su hermana Aída, Raúl Bulnes y Francisco Torres. El director ejecutivo señaló que las atribuciones del directorio son amplias hasta el punto de que “si el directorio en pleno quiere aumentar los cupos a más directores, puede hacerlo; si quiere sacar directores, lo puede hacer”.

Lazos familiares

Como buen abogado, Figueroa trabaja por principios y también por dinero. Uno de los casos más extraños que ha tomado fue el de los hermanos Luis y Mariano López Gómez. Ambos de nacionalidad chilena residían desde 1974 en Costa Rica donde iniciaron un pequeño imperio financiero. En 1999 huyeron del país hacia Chile dejando a tras el desfalco más grande en la historia de ese país.

En 1994 hicieron quebrar al Banco Anglo Costarricense (BAC) -algo así como el BancoEstado- al comprar bonos de deuda externa venezolana a nombre de la subsidiaria del Anglo, AVC Almacén de Valores Comerciales S. A. , para lo que utilizaron de intermediaria a Ariana Trading and Finance, empresa de propiedad de los López Gómez. El precio de los bonos en el mercado internacional bajó dramáticamente lo que provocó que ambos realizaran actividades ilícitas, como préstamos, inversiones especulativas y emisión de certificados de inversión, lo que en total arrojó pérdidas para el Estado costarricense de entre US$ 200 y US$ 300 millones.

Juan Agustín Figueroa asumió su defensa cuando se pidió su extradición para ser juzgados y el mismo Procurador General de Costa Rica vino a Chile a hacer gestiones para lograr la deportación. Ergo, la Corte Suprema rechazó la extradición. Al preguntarle, el abogado rehúye referirse al fondo del asunto. En cambio, sólo se refiere a la forma: “La razón es muy simple, si la Constitución de Costa Rica prohíbe la extradición de connacionales, no se cumple el principio de la reciprocidad, por ende no se extraditaron”.

En otro capítulo de su vida, un reportaje de TV acusó a Figueroa de tráfico de influencias por la forma en que la justicia había tratado a Vicente Correa Yavar, su sobrino y único detenido hasta ese momento, por el presunto homicidio de Rodrigo López Medel, quien murió el año 1999 tras caer del piso 12 del edificio donde vivía.

Entre otras cosas que se dijeron, un acto que habría reflejado las influencias de Figueroa era que Correa Yávar, fue llevado hasta el anexo cárcel de Capuchinos -donde sólo quedan personas imputadas de delitos económicos- y no a la ex Penitenciaría. La explicación que dio en su momento fue que se lo solicitó al director de Gendarmería de la época, Hugo Espinoza, el traslado de su pariente.

Hoy, en todo caso, las cosas no andan nada de bien en lo más íntimo de su familia. La esposa de Juan Agustín Figueroa, Marcela Elgueta, está en estado vegetal en una clínica, como efecto de un ataque cardíaco que gatilló una severa parálisis cerebral. Su voz se quiebra y se enmudece al tocar el tema, “son las cosas de la vida”, señala resignado, tapado de trabajo, entre cuadros de Matta y Miró, oculto en su oficina, la misma desde donde ha manejado su exitosa carrera.

* Reportaje de La Nación Domingo.

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