Justicia Anulada

6 de Octubre, 2003

En lo que sigue, intentaremos hacer un análisis jurídico y político acerca del juicio de los lonkos Norín Pichún, resaltando las responsabilidades personales de quienes han promovido un proceso desproporcionado y lleno de irregularidades.

Nulidad en la Corte Suprema.

El día dos de julio del presente año, se efectuó, en la Segunda Sala de la Corte Suprema, la lectura del fallo recaído en recurso de nulidad sobre la sentencia absolutoria dictada en juicio penal oral, favorables a los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín, acusados de los delitos de amenaza terrorista e incendio terrorista, entre otros. El caso es de particular relevancia, toda vez que el querellante particular fue el mismo Juan Agustín Figueroa Yávar, miembro del Partido Radical, ex Ministro de Agricultura, opositor al régimen militar, y como tal férreo opositor a la aplicación de la ley antiterrorista Ley 18.314. Es del caso que la sentencia, en un fallo dividido (4 contra 1) acogió el recurso de nulidad, por lo cual el fallo absolutorio carece actualmente de valor, debiéndose tramitar el juicio nuevamente, dictándose sentencia de reemplazo por un tribunal distinto.

Las consideraciones de los jueces falladores son del siguiente tenor: La sentencia fue dictada en infracción a los requisitos formales establecidos en el artículo 342 del nuevo Código Procesal Penal, que dispone que toda sentencia definitiva contendrá: "c) la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamenten dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297". El artículo 297 dispone que "El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados...".

A la luz de estos artículos 4 de los 5 ministros de la Corte Suprema, dieron por violentadas estas normas, toda vez que la sentencia omite la consideración de hechos que no se dieron por acreditados en el fallo de primera instancia. Dicen que "la nueva legislación penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los jueces que conocen y resuelven en definitiva en juicio oral, un trabajo de elaboración meticuloso y cuidadoso en la elaboración de sus sentencias" (considerando tercero).

Vale decir, la sentencia no se pronuncia sobre la inocencia de los loncos Pichún y Norín, sino sólo sobre los defectos de la sentencia que declara su absolución. Por lo tanto, reemplaza la sentencia de primera instancia sin pronunciarse acerca de la participación de los acusados en los hechos, sometiendo el caso nuevamente al conocimiento de un tribunal de la República, pese a que ya fueron encontrados inocentes, y sólo por vicios formales de la sentencia.

Es una verdadera lástima que nuestros Ministros de la Corte Suprema jueguen a los resquicios legales con la inocencia ya declarada de las personas. Aquí, por cuestiones meramente formales, de una supuesta mala redacción de la sentencia, el juicio deberá tramitarse de nuevo.

Paralelamente, el Ministro Juica, con voto disidente, fundamenta que las normas ya citadas no fueron infringidas, pues de una lectura más fina de los artículos citados textualmente más arriba, la ley exige la mención de tallada de los hechos que se dieren por probados, mientras que los recursos de nulidad reclaman que no se ponderaron correctamente hechos que no se dieron por probados. Ello ya bastaría para desechar el recurso interpuesto contra la sentencia absolutoria. En segundo lugar, dice el Ministro, la sentencia, es verdad, no es un modelo de su género, pero no se ha incurrido en ella en ninguna infracción de ley, toda vez que el legislador, desde nuestro Código de Procedimiento Penal, tal como su proyecto consigna, considera como una "base general y superior a toda demostración jurídica, que la convicción del juez adquirida por los medios de prueba legal es de todo punto indispensable para condenar. Si esa convicción no llega a formarse el juez podrá absolver sin otro fundamento y cualquiera que sean los antecedentes que el proceso arroje contra el reo (...) En cambio para condenar necesita formar su convicción en alguno de los seis medios probatorios que la ley le indica". Este elemento de la ley procedimental penal, fue intensificada aún más en el artículo 340 del nuevo Código Procesal Penal, que exige además, que la convicción de condena se asiente "más allá de toda duda razonable". Por tanto, dice Juica, para condenar, el juez debe basarse estrictamente en los medios de prueba, y los deberes de fundamentar la condena son de especial intensidad. Al condenar el juez está obligado a ser meticuloso, detallista, majadero en la fundamentación, pues se está arrojando a una persona a la cárcel. Pero al absolver, no ocurre los mismo, pues el juez no está obligado en este caso, a presentar exhaustivamente todas y cada una de las razones que fundamentan su decisión. Por lo tanto, dice el disidente que es fundamental explicar con el máximo de detalles y con valoración absoluta de la prueba en cuanto a la convicción de condena, ya que en esta situación, el Estado debe explicar a través de la jurisdicción que la calidad de inocencia de un imputado ha sucumbido frente a la prueba de cargo (considerando 10), mientras que en el caso fallado "no cabe sino concluir que los jueces del tribunal oral, luego de presenciar el debate publico (...) arribaron a la decisión de absolución, precisamente por que los medios probatorios no fueron bastantes para probar hechos de participación de los acusados, con lo cual necesariamente entraron en la situación de "duda razonable", acerca de la responsabilidad punible de estos, y en este imperativo sólo cabía la absolución...".

De lo contrario, sólo con la falta de mención de una prueba de menor importancia, sería suficiente para anular una sentencia. Esto acarrearía una extremada formalización del nuevo proceso penal, que se precia de novedoso, dinámico, y sin las formalidades extremas e innecesarias que se verificaban en el sistema anterior. La formalización incluso de la sentencia absolutoria atentaría contra la duda razonable y la convicción moral absolutoria declarada en nuestro sistema penal, pues el juez ya no podría razonablemente exponer sin temor, su convicción a favor de la absolución, si la prueba en contrario aparecería, a cualquier ojo externo y ajeno a la tramitación del juicio, suficiente para condenar. El principio de inmediación se vería gravemente colapsado, pues de nada serviría que el juez estuviese presente en el juicio oral, en pro de lograr una convicción de primera fuente, si ella es absorvida por la exigencia desmedida y desproporcionada de requisitos de la sentencia, inclusive de la absolutoria. Todo lo anterior, sin perjuicio de que exigir tales sentencias, entrabaría el trabajo judicial, el que desde ahora debería concentrarse en escribir y escribir cientos de fojas de sentencia, con el temor de que alguna de las partes demande su nulidad ante la Corte.

Exigir una sentencia absolutoria de tamaño monstruoso, es desproporcionado. Ello sólo puede exigirse de los fallos condenatorios, pero también con cierto criterio. Como es difícil satisfacer el modelo de sentencia que exige este fallo de la Corte Suprema, la reforma procesal penal peligra en lograr sus fines: desburocratización, rapidez en la acción de la justicia, certeza judicial desde la primera instancia, eliminar los trámites innecesarios y las formalidades desproporcionadas.

Asombra que el Sr. Figueroa, habite en dos mundos distintos. Antes se oponía a la aplicación de la Ley Antiterrorista. Hoy la ocupa sin el menor escrúpulo en su beneficio. Antes apoyaba al gobierno, y desde la cátedra de derecho procesal que ocupa en la Universidad de Chile, defendía la reforma penal. Hoy, sabedor de sus debilidades, las ocupa en desmedro de la misma, poniendo en peligro la reforma, al sentar la importante y negativa jurisprudencia comentada. Inclusive, años antes fue Ministro de Agricultura, por lo que debió haberse preocupado del tema indígena, dado que gran parte de la población rural tiene ese origen. No obstante, el fin de semana anterior a su alegato, reconoció en entrevista al Diario El Mercurio, que nunca se había preocupado del tema indígena, y probando la más crasa ignorancia de los modernos estándares de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, así como de los derechos humanos de los indígenas, declarados en instancias internacionales archiconocidas (Convenio 169 de la OIT, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aplican el Pacto de San José de Costa Rica, respecto del cual Figueroa se quejaba que no había sido publicado por el gobierno de Pinochet en el Diario Oficial, etc.), señala que a los indígenas deben "reciclarse" a la sociedad mayor. Es más, el antiguo defensor de los derechos humanos, de la responsabilidad penal personal, y de otros principios del derecho penal moderno y humanista, se presenta en su alegato ante la Corte Suprema, con el argumento que el lonco Pichún es culpable, pues su familia toda tiene extracto policial y antecedentes penales. El mismo Ministro Juica dice en el considerando 14 de la sentencia que "esos antecedentes, sin afectar principios básicos del derecho penal, jamás podrán invocarse como elementos para demostrar la responsabilidad criminal de algún imputado". No contento con ello, se atreve a insultar a la procesada Patricia Troncoso, en el mismo alegato, como "la versión femenina del Che Guevara", lo que no recibió el reclamo ni la advertencia en contrario de ninguno de los Ministros. En suma, el Sr. Figueroa, figura clave de la Concertación y ex Ministro de Estado, señala con su acción el verdadero compromiso que tiene con los intereses de la nación, que no pasan de ser para él, objeto manipulable si se contradicen con su propio interés.

Nuevo juicio y la condena asegurada.

Habiendo estado presente en la lectura del fallo dictado por la Corte Suprema, así como en la lectura del fallo en el Tribunal Penal de Angol, puedo hablar con cierta propiedad de lo acontecido. Como todos saben, la nueva sentencia fue condenatoria contra los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín, pero esta vez sólo por el supuesto delito de amenaza terrorista.

El abogado Agustín Figueroa, querellante del caso, logró finalmente una sonada victoria de su "batalla personal", excesiva a mi parecer. Siendo sincero, me da vergüenza que un abogado de las filas de la Concertación, miembro del Partido Radical, haya propiciado esta vergonzosa situación, que ha terminado con una condena plagada de irregularidades. Y que además puede terminar no solo perjudicando al Estado chileno, sino particularmente dañando las relaciones Gobierno-Comunidades para satisfacer una batalla personal tal como el mismo lo ha declarado.

En verdad, en este caso aparece patente el poder y la influencia de ciertos abogados que profitan de la actividad política en beneficio propio, en este caso, estableciendo nuevas condiciones en base a resquicios que pueden ser manejados por quienes conocen los vericuetos y resquicios de la reforma. Esto se hace patente al revisar los medios de prueba presentados por Fugueroa. Aquí se ha obligado al Ministerio Público a hacer milagros, a hacer que los ciegos vean y los sordos escuchen. En este caso, el milagro lo producen los testigos protegidos número uno y número dos. El primero de ellos, sólo puede reconocer a Pascual Pichún a dos metros de distancia; y el segundo, tiene audífonos sólo desde dos días antes de prestar declaraciones, siendo curiosamente, el que declara haber escuchado las conversaciones inculpatorias, según lo estipula el propio fallo.

Claramente se han fabricado nuevas pruebas, nuevos testigos, pero en particular lo que llama la atención es que habiendo escuchado de manera detenida la declaración condenatoria, los administradores del fundo Nancahue y San Gregorio, reconocen que jamás ninguno de los dos loncos profirieron amenazas directas, ni fueron amenazados directamente por Pichún o Norín. Al contrario, todo fue hecho a través de terceros, a través de oídas y, particularmente, de comentarios de sus trabajadores, entre los que se encuentran los testigos número 1 y número 2, ya mencionados.

Esta batalla personal recurrió a una demostración exagerada de fuerza: la Ley antiterrorista impone penas altísimas, no admite las medidas de cumplimiento alternativo de la pena que benefician a los condenados por otros delitos, no permite el indulto particular, entre otras dificultades. Pudo haberse presentado querella por el delito de incendio, incluso por la ley de seguridad interior del Estado. No, se eligió la ley más represiva, la más injusta y desproporcionada para el caso concreto.
Esto se puede ver en la desmedida e injusta pena aplicada a los lonkos: un huinca que comete un homicidio lo pueden condenar a cinco años y un día, o menos inclusive (3 años, si tiene atenuantes, por lo que puede obtener beneficios extracarcelarios). En el caso de los lonkos, hay un delito de amenazas establecido, con todas las irregularidades que hemos observado, y, sin embargo se le aplican la misma condena que a un delito de asesinato.

Creemos que la rebaja de pena parece totalmente procedente, ya que fue el propio abogado Figueroa, el que en su presentación solicita la aplicación de penas máximas de tres años y un día. Por eso resulta aún más increíble que el tribunal haya decretado una sanción de cinco años y un día. Todas estas situaciones deben ser revisadas, ya que claramente se aplicó una pena desproporcionada, con la que podemos terminar condenados como país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que han sido vulnerados los derechos humanos de los procesados, y, además no han concurridos las condiciones procesales mínimas para una condena de este tipo, tal como la propia defensoría lo señaló en este segundo proceso, y como quedó establecido en el primero donde no hay culpabilidad y no pudo comprobarse la participación de los loncos en los hechos señalados.

Como señaló el abogado de la defensa, Rodrigo Lillo, "esta sentencia contrasta con la liberación del mayor de carabineros Marcos Treuer, quien realizó los disparos que provocaron la muerte de Alex Lemun. Esto deja en evidencia la desprotección judicial a la que se enfrentan los mapuches en Chile. Mientras los longkos son condenados por su supuesta participación en actos calificados de terroristas, la muerte de un niño mapuche queda en la impunidad. Ambos hechos conforman un cuadro de grave violación de los derechos de los mapuches por parte del estado chileno".

H. Diputado Alejandro Navarro Brain.
Partido Socialista

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