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Paramilitares en La Araucanía El Far West de Agustín Figueroa 27 de abril de 2003 Por Pedro Cayuqueo (1) “En una sociedad los ciudadanos renuncian a su derecho de la autodefensa, porque se la entregan al Estado... Sin embargo, cuando éste en el hecho no me la brinda y me deja en una situación de indefensión, indirectamente me está invitando a la justicia por mano propia". Las palabras anteriores no pertenecen al belicoso presidente de la SNA. Tampoco a cualquier iletrado dueño de fundo. Pertenecen a Juan Agustín Figueroa, un abogado de prestigio, miembro del Tribunal Constitucional, Presidente de la Fundación Pablo Neruda y, además, reconocido concertacionista. Hace un par de semanas, en el marco de la reforma procesal penal que impera en la IX Región y en un juicio oral calificado como “histórico”, fueron absueltos dos lonkos mapuches acusados de quemar su fundo en la comuna de Traiguén. Sus declaraciones forman parte de una entrevista publicada por El Mercurio el pasado 14 de abril. En ella, Figueroa desahoga sus penas respecto de una derrota en tribunales que califica como un "error" de los jueces, declara su ferviente apoyo a la aplicación de la Ley Antiterrorista en el marco del conflicto mapuche –una ley a la cual se opuso tenazmente bajo el régimen militar de Pinochet por considerarla “autoritaria”-, califica la situación en la zona sur como un verdadero Far West y, además, reconoce abiertamente la legitimidad de los latifundistas sureños de hacer uso de la autodefensa cuando la justicia ordinaria simplemente no funciona. Agustín Figueroa es un amante del derecho y la legalidad. Sin embargo y quizás sin proponérselo, sella con sus declaraciones un pacto de agresión que ya cuenta en La Araucanía con sus primeros protagonistas de la fama. Empresarios de armas tomar "Sabemos que eres un socialista recalcitrante y amargado, cuídate y acuérdate que tu tienes familia. Lo que estas publicando en tu pasquín son puras mentiras y dañan la imagen de una zona de trabajo y empuje. Te estamos vigilando. Cuídate, no toques lo forestal por que te costara muy caro”. Cuando Daniel Salinas, periodista y director del diario Renacer de Angol, leyó este correo electrónico no le asignó mayor importancia. La amenazante nota la firmaba una supuesta agrupación paramilitar y Salinas sólo atinó a pensar que se trataba de una broma de mal gusto. Hacia poco había publicado en su diario de circulación local un extenso reportaje sobre el negativo impacto de las forestales en territorio mapuche, pero nada que ameritara este tipo de sobre reacciones. Semanas más tarde, cuando notó que automóviles desconocidos le seguían y varias llamadas anónimas eran recibidas en su propia casa, Salinas comprendió que no se trataba de simples bromistas. El pasado 13 de marzo -y ante la concurrencia de nuevos actos de hostigamiento en su contra-, el periodista decidió hacer finalmente público lo que hasta entonces se ventilaba sólo a nivel de sus más cercanos, los tribunales de justicia y la Policía de Investigaciones. Es decir, las amenazas de muerte contra él y su familia a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, los seguimientos vehiculares y las filmaciones por parte de civiles miembros del recién formado grupo paramilitar mallequino, “Los Cuchillos del Sur”. En la actualidad, un fiscal del Ministerio Público de Angol en conjunto con una unidad especial de la Policía civil y la Dipolcar tienen a su cargo la investigación de los hechos, reconoce el Gobernador de Malleco Mario Venegas, sin que hasta el momento existan antecedentes en torno a la identidad de los miembros de dicha agrupación, así como tampoco datos del computador desde donde fueron enviados los mensajes y los teléfonos desde donde se realizaron las llamadas intimidatorias. Nada raro, en todo caso. Ya en el transcurso del mes de abril del año 2002, una investigación judicial tendiente a identificar a los autores de sendas amenazas de muerte en contra de varios dirigentes mapuches de la misma zona de Malleco finalizó sin ningún tipo de resultados. Mucho tiempo antes, una petición tendiente a lograr se investigase el surgimiento de estos grupos paramilitares por parte del abogado y diputado por la VIII Región, Alejandro Navarro ante la justicia había desembocado en la designación del fiscal de Victoria, Héctor Leiva como primer encargado de dicha tarea. Para la presentación judicial -realizada el 14 de febrero de 2001 ante la Fiscal Regional del Ministerio Público, Esmirna Vidal -, el parlamentario se había basado en el artículo “La Intifada Mapuche” aparecido con fecha 4 de febrero en el cuerpo de Reportajes de El Mercurio y que consignaba polémicas declaraciones de dueños de fundos sureños en las que aseguraban estarse armando para hacer frente a los “hostigamientos” de comunidades mapuche. “Creemos que las declaraciones hechas por agricultores de la IX a la prensa nacional, en las que se menciona que están creando grupos de autodefensa y que sólo por un milagro no han muerto indígenas a consecuencia de disparos con armas de fuego, constituyen suficientes argumentos para presentar una denuncia de este tipo”, explicaría Alejandro Navarro. Para más adelante agregar, “Acá hay asociación ilícita, amenazas y porte y tenencia ilegal de armas. Incluso, se han organizado grupos al margen de la ley, y la ley de Seguridad Interior del Estado es clara y penaliza a quienes se asociaren para sustituir las facultades de las fuerzas de orden pública. La propiedad privada la resguardan Carabineros e Investigaciones de Chile, no hay otra institución o grupo que pueda hacerlo. Los que lo hacen actúan al margen de la ley”. Pero no sólo eso. En el documento judicial también se mencionaba a personas, autoridades políticas y del sector agrícola en la IX Región con nombre y apellido como los verdaderos responsables del clima de beligerancia existente al interior de las filas del agro sureño. “Manuel Riesco, Andrés Santa Cruz, Francisco Prat y Federico Rioseco, todos ellos dirigentes de asociaciones agrícolas, han coincidido en la necesidad de que los agricultores se organicen. Este llamado a la autodefensa, consideramos, ha pasado a hechos concretos y no se queda sólo en el plano del discurso”, añadía el diputado del PS. Sin embargo y a pesar de la contundencia de los antecedentes presentados por el parlamentario junto al dirigente mapuche Aucán Huilcaman y el abogado Rodrigo Lillo, hasta la fecha el fiscal de Victoria Héctor Leiva no ha logrado mayores avances en su investigación. Esto a pesar de contar con un equipo especial de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) asignados al caso y de haber citado a declarar a su despacho a decenas de agricultores de las comunas de Victoria y Traiguén, algunos de los cuales le habrían entregado incluso valiosos antecedentes respecto de un grupo paramilitar antimapuche que se abría formado en la Provincia de Malleco y que se haría llamar “Hernán Trizano”. La sordera del gobierno “El gobierno no tiene hasta ahora evidencia de que existen grupos terroristas o armados. El tema indígena tiene varias facetas, cultura, tierras y desarrollo, entre otros, para lo cual depende del Ministerio de Planificación Nacional y de Conadi. Yo, como ministro encargado de los temas de seguridad pública, les puedo asegurar que nosotros no tenemos la evidencia de la existencia de tales grupos”. La declaración, realizada por el ministro José Miguel Insulza en momentos en que arreciaban en el sur las amenazas y atentados reivindicados por el Comando Hernán Trizano, caería como un verdadero balde de agua fría en la cabeza de distintos sectores vinculados al conflicto. Si bien desde la aparición del Comando Trizano diversas comunidades mapuches, organismos de derechos humanos e incluso parlamentarios de gobierno habían exigido majaderamente al gobierno la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de este tipo de agrupaciones, la medida sería tajantemente rechazada por las autoridades argumentando que no existían “hechos” ni “evidencias” concretas que confirmaran la existencia real de tal comando paramilitar. Por cierto, el evidente doble estándar de las autoridades – que ante cualquier solicitud al respecto de la CORMA o la SNA en contra de los mapuches destacaban por su rapidez y diligencia- terminó creando divisiones incluso al interior de sus propias filas de gobierno. Y una de las primeras bajas frente al discurso oficial de La Moneda sería el parlamentario del PPD, Roberto Muñoz Barra, senador del distrito donde el Comando Trizano comenzaba precisamente a hacer de las suyas con sus operaciones de amedrentamiento colectivo. “Luego de 8 años resulta indiscutible que la política frente a los conflictos mapuches ha sido mirada como algo no trascendente. Según mi opinión, no resulta descabellado sino más bien a todas luces posible que en una zona donde han existido en el pasado movimientos radicalizados de derecha, como la Brigada Rolando Matus o importantes personajes de Patria y Libertad, puedan organizarse grupos armados que pretendan responder por la fuerza ante las demandas mapuches, más aun si ya existe un anuncio oficial de la creación de una brigada Hernán Trizano”, señalaba el parlamentario. Sin embargo y a pesar de todos estos antecedentes previos sobre la decisión de los agricultores de armarse para defender sus predios, la percepción de las autoridades sobre la existencia del Comando Trizano no variaría un ápice. Camilo Escalona, máximo timonel del Partido Socialista y representante de una supuesta ala izquierdista de la coalición gobernante, llegó a plantear incluso que todos los antecedentes aportados sobre los supuestos paramilitares en el sur eran “una simple maniobra” de la ultraderecha y la ultraizquierda para beneficiar sus respectivos propósitos políticos. Mas tarde y a pesar de ser conocidas públicamente ya no las primeras amenazas sino más bien los primeros atentados en contra de connotados dirigentes mapuches, la posición gubernamental continúo siendo el bajar olímpicamente el perfil de los hechos, haciendo constantes llamados a la calma y delegando por enésima vez la responsabilidad del tema a los directivos de la inoperante y desprestigiada Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Las forestales y su guerra sucia En esta historia de guerra sucia, un lugar destacado ocupan las empresas forestales y sus relaciones incestuosas con empresas privadas de seguridad de dudosa procedencia en la zona sur. En este sentido, quizás el caso más bullado en lo que va corrido del conflicto mapuche haya sido el de Forestal Bosques Arauco, quién el segundo semestre del año 1999 fue acusada públicamente por comunidades de Arauco de planificar atentados y montajes al interior del Fundo Cuyinco, comuna de Los Álamos, predio de 1.650 hectáreas y reivindicado desde hacía más de 18 años por miembros de la comunidad Pablo Quintriqueo. En aquella ocasión, varios ex guardias de la forestal, molestos por el abandono de sus superiores a uno de sus compañeros detenido en el marco del conflicto mapuche y que posteriormente se quitó la vida, declararon públicamente haber recibido instrucciones de cometer auto atentados en Cuyinco para inculpar ante la justicia a miembros de la comunidad. Cabe destacar que todos ellos pertenecían a la empresa de seguridad OSEPAR de Temuco, propiedad de Pablo Iturriaga Rocangliolo y fundada a fines de los años ochenta por el coronel de Ejército ® Alfredo Rodríguez, ex miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI, policía secreta de Pinochet) y qué más tarde huiría del país perseguido por causas de violaciones de derechos humanos. En su relato, entregado a Radio Bio-Bio y ratificado más tarde en conferencia de prensa por el diputado Eugenio Tuma del PPD, los ex sicarios de Bosques Arauco confesaron entre otras cosas su participación en incendios de campamentos forestales, ataque a vehículos policiales, cortes de caminos e incluso quema de bosques de la propia maderera. Todo con el objetivo de inculpar y llevar a prisión a dirigentes mapuches del sector a través de sendas querellas interpuestas luego por los abogados del imperio Angelini en los tribunales del Lebu y Concepción. “Yo llegue el año 1997 a trabajar al Fundo Cuyinco y de inmediato me sacaron a conocer el bosque y la casa de la familia Fren . Yo no tenía idea de quienes eran los Fren. Al otro día los jefes se enteraron que venían de Talcahuano más personas a apoyar la toma y nos dijeron a varios guardias: vamos a destruir sus casas, a tirarles sus cosas al agua, todo. Recuerdo que fuimos como diez guardias. Era simple para ellos, como nosotros trabajábamos sin contrato, nos decían: tu tienes que hacer esto o te vas”, relataría uno de los guardias a Radio Bio-Bio. Entre los muchos hechos en que reconocieron
su participaron los ex guardias de Forestal Bosques Arauco, destacó
la golpiza propinada al profesor del Liceo Politécnico de
Lebu, Bernardo Ramos, una fría noche de octubre del año
1999. Si bien todos estos testimonios causaron un gran revuelo en la zona sur e incluso llevaron a parlamentarios oficialistas a solicitar en enero del 2000 –tanto a la Corte de Apelaciones de Temuco como al gobierno a través del entonces ministro del interior, Raúl Troncoso- la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de la empresa de seguridad implicada en los hechos, hasta la fecha ninguna investigación se ha realizado al respecto. Por cierto, la acción judicial no sólo tenía como norte la empresa fachada del ex CNI y esto lo sabían Forestal Bosques Arauco y Forestal Mininco, que a través de un influyente lobby –Grupos Angelini y Matte, respectivamente- lograron que la petición fuera finalmente archivada por el gobierno. Tanto en Bosques Arauco como Mininco niegan hoy cualquier vinculación con la empresa OSEPAR de Temuco. Forestal Mininco cuenta hoy en la zona de Malleco con los servicios de la empresa de Seguridad ASS de Los Ángeles, también vinculada a ex militares y conformada -según han denunciado las comunidades en conflicto de Collipulli- por un selecto grupo de mercenarios, lumpen callejero y fanáticos neonazis. Forestal Bosques Arauco, por su parte, no admite –al menos públicamente- relaciones de trabajo con ninguna empresa de seguridad en particular. La experiencia de Cuyinco ha enseñado –probablemente- que no es bueno dejar en manos de principiantes tareas que son propias de sujetos profesionales. Los GAL del sur de Chile Durante la década de los ochenta, el gobierno español de Felipe Gonzáles debió enfrentar una de las más duras ofensivas por parte del nacionalismo vasco y su expresión de lucha armada, ETA. Para enfrentar esta oleada de movilizaciones, la administración del socialista Gonzáles decidió recurrir a la guerra sucia, autorizando la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por parte de afiebrados asesores de seguridad participes de su gobierno. Estos grupos, integrados por miembros de la Policía Civil Española y mercenarios de la derecha política, protagonizarían a partir de entonces una serie de secuestros, atentados y asesinatos de dirigentes etarras que –al ser descubierto a principios de los noventa- terminaría costándole a Gonzáles su reelección para un nuevo periodo de gobierno. En Chile, mucho se habla hoy de la similitud existente entre el gobierno de Ricardo Lagos y aquel desempeñado por su colega socialista en España entre los años 1982 y 1996. Se comenta que Lagos al igual que Gonzáles ha abrazado entusiasta en su gobierno los postulados del modelo económico neoliberal. También que se ha visto afectado por una crisis institucional de corrupción y sobornos similar a la enfrentada por Felipe Gonzáles en su último periodo presidencial. Sin embargo, nada se habla de sus métodos cada vez más similares a la hora de enfrentar aquello que ambos denominan como “actos de subversión interna”. Puede que Lagos –otro amante del derecho y la legalidad al igual que Agustín Figueroa- no este pensando precisamente en conformar unos GAL para enfrentar en La Araucanía el conflicto mapuche. Sin embargo, ya surgen las primeras dudas respecto de otras personas, grupos o instituciones -algunas de ellas vinculadas al régimen militar- que estarían impulsando en la zona sur dicho trabajo sucio. Extraños robos a sedes de organizaciones mapuches, seguimientos a sus dirigentes, interceptaciones telefónicas ilegales, misteriosos civiles realizando interrogatorios extrajudiciales e incluso un caso de doble secuestro ya se han registrado al interior de territorio mapuche. Específicamente en Temuco, capital regional y epicentro del conflicto étnico, diversas organizaciones mapuches, eclesiásticas e incluso académicas, como el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de La Frontera (UFRO), han dado la voz de alerta ante el accionar impune de un grupo no identificado, vinculado posiblemente con organismos de inteligencia gubernamental y policial, y responsable del doble secuestro en julio y agosto del año 2002 de la niña mapuche Daniela Ñancupil, hija de un lonko de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), entre otros hechos. Daniela, de 13 años, fue secuestrada por primera vez el 31 de julio de 2002 por civiles no identificados en las inmediaciones de su hogar. Durante varias horas, la menor fue interrogada sobre su participación en las movilizaciones mapuche y sobre su posible conocimiento de los dirigentes y voceros de la CAM en la zona de Chol-Chol. Finalmente, tras varias horas de terror y bajo amenaza de muerte, fue dejada en libertad por los civiles, tres hombres y una mujer, reconocidos por ella como presuntos agentes de la policía civil. Pero eso no es todo. Tan sólo días antes del extraño secuestro, un incendio intencional había destruido completamente el vehículo del abogado temuquense Jaime Madariaga, estacionado en una calle de la capital regional. El profesional, en representación de la menor Daniela Ñancupil, patrocinaba en los tribunales una querella en contra de funcionarios policiales responsables de haber baleado a la menor en enero del año 2001, en el marco de un operativo para reprimir movilizaciones mapuches al interior del Fundo San Carmen de Forestal Mininco, sector de Chol-Chol. Cinco días más tarde y emulando el trabajo sucio desarrollado por organismos represores durante la dictadura militar, los mismos civiles no identificados intentaron por segunda vez secuestrar a Daniela Ñancupil, acción que fue evitada gracias a la oportuna intervención de terceros alertados por la situación. Todos estos hechos serían profusamente denunciados en Temuco dos días más tarde, el 7 de agosto de 2002, en una concurrida conferencia de prensa realizada en el Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO y en la cual participaron familiares de la menor y los abogados José Aylwin y Rodrigo Lillo, en representación del Programa de Derechos Indígenas de la UFRO. Demás esta decir que hasta la fecha la justicia ha sido incapaz de identificar o detener a los responsables de estos hechos. NOTA: 1. Periodista mapuche. Director del Sitio Web de Kontrainformación Mapuche Kolectivo Lientur. Este es un extracto de un libro en etapa de elaboración titulado “Paramilitares en Territorio Mapuche: La historia no contada de una guerra sucia”. ___________________________________________________ |
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