|
La ausencia mapuche en " Chile: el país
que viene "
Noviembre 2002.
Arauco Chihuailaf
Un simposio en Boston congregó, a
fines de febrero de este año (2002), a un grupo de profesionales
chilenos para pensar en " Chile : el país que viene
". Al parecer, esa ciudad era un lugar propicio para reunirse,
no sólo porque los organizadores eran el Rockefeller Center
for Latin American Studies y el Center for International Development
de la Universidad de Harvard, sino tal vez porque : " En Chile
nos hablamos poco y nos escuchamos menos. Somos una sociedad invadida
por estereotipos, prejuicios e intolerancias " (Juan Pablo
Letelier, Rocinante, n° 42, 2002). En Boston, el abanico temático
fue amplio, pero las ausencias también.
" Hablamos del país urbano,
pero nada del rural, hablamos de la calidad en la ciudad, pero nada
de las comunidades mapuches, hablamos de Santiago, pero nada de
las regiones, hablamos del futuro, pero nada de la historia
" (Francisca Márquez, Chile : los países ausentes,
Rocinante, n° 42).
¿Se puede pensar cabalmente en el país que viene haciendo
abstracción de una parte de su realidad y de su historia
?
La consideración de la situación mapuche ha tenido,
con frecuencia, el tinte de la óptica adoptada según
los momentos : se ha hecho abstracción de ella en nombre
de la " homegeneidad racial " de la nación, se
han proyectado políticas de desarrollo en la perspectiva
de una integración más o menos flexible o la asimilación
pura y simple, un análisis clasista ha denotado su carácter
subalterno, o arbitrariamente se ha planteado su desaparición
legal como ocurrió con el Decreto-Ley 2568 (1978).
Hasta ahora no hemos carecido de diagnósticos y estadísticas
acerca de la pobreza, pero no se ha hecho hincapié en los
mecanismos económicos que la generan.
Hoy las organizaciones mapuches se movilizan por la recuperación
de sus tierras ancestrales, reclaman el reconocimiento constitucional
de su identidad, demandan autonomía, denuncian la discriminación
económica y social. Tanto la diversidad cultural que se reivindica
como la idea de autonomía controvierten la construcción
de la nación imperante a lo largo del siglo XX y una concepción
del desarrollo que se ha circunscrito esencialmente a parámetros
económicos. Estas reivindicaciones se inscriben, particularmente
desde los años 90, en un plano político y cultural
de alcance nacional.
La visibilidad de una ausencia.
La realidad mapuche estuvo ausente en el
simposio de Boston aunque en Chile hay signos bastante visibles
de su candente presencia. El de mayor relevancia : las movilizaciones
por recuperar tierras ancestrales. Esto ha provocado un conflicto
entre empresas forestales y comunidades mapuches cuyo detonador
público fueron los incidentes de Lumaco (quema de tres camiones)
en 1997. Desde entonces el desasosiego de los empresarios forestales
ha venido incrementándose. Reclaman al gobierno que se imponga
el " estado de derecho " y por otro lado contratan, al
margen de la ley, guardias privadas. Para ello recurrieron a OSEPAR
(1), una empresa de seguridad creada por un ex-oficial que sirvió
a la CNI (policía secreta de la dictadura). No conforme con
eso, los más rabiosos anunciaron (anónimamente) la
creación del grupo paramilitar " Hernán Trizano
" (un capitán de la policía rural de Angol encargado
de reprimir el banditismo y a los mapuches rebeldes en el siglo
XIX) (2). Recordemos que las empresas forestales asentaron su predominio
económico en el sur durante los años de dictadura.
Se adueñaron mediante
" papeles falseados de las tierras
donde aún quedan las útimas araucarias de Chile.
El Estado ha sido cómplice en esta política de despojo,
tratando permanentemente de levantar prohibiciones de explotación
de la araucaria " (La Concertación
de los Partidos por la Democracia a los pueblos indígenas,
1989).
Son tierras pehuenches. Además, mediante
el Decreto-Ley 701 (heredado de la Dictadura) se ha entregado a
esas empresas importantes subsidios :
" El Estado chileno, a través de la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), aportó a las empresas forestales
110 millones de dólares entre 1976 y 1992. Sólo en
la IX Región, en ese período, aportó 29 millones
586 mil dólares por concepto de bonificaciones a la forestación
" (3).
Y encima, las plantaciones forestales (D.L.
701) están exentas del impuesto territorial, de impuestos
sobre herencias, asignaciones y donaciones y las utilidades obtenidas
por la explotación del bosque están libres, en 50
%, del Impuesto Global Complementario (4). Dos grupos concentran
el poder económico de las forestales : el grupo Matte y el
grupo Angelini. Ambos poseen oficinas comerciales en el mundo :
Europa, Estados Unidos, Asia.
Es interesante subrayar el papel de la prensa respecto del conflicto
con las forestales. Al inicio de las movilizaciones mapuche por
la tierra, la mayor parte de ella, con El Mercurio a la cabeza,
se refirió a " infiltrados " extremistas que manipularían
a los mapuches. No se trepidó, luego, en calificar a sus
protagonistas de " violentistas ", incluso de " terroristas
", y se ofreció tribuna a un historiador (Premio Nacional
de Historia) para que demostrara un supuesto infundamento histórico
de tales reivindicaciones (El Mercurio, 2000 y Las Ultimas Noticias,
2002). Pero esto no sorprenderá si pensamos que dos grupos
monopólicos controlan la mayor parte de la prensa.
La desazón de El Mercurio no encuentra tregua. Denuncia en
1999 las " usurpaciones de terreno " y la " tala
de predios forestales " por parte de mapuches. Y se inquieta,
desde luego, por la inseguridad : " El orden público,
la seguridad ciudadana, el imperio del derecho y el respeto a las
instituciones se deteriora día tras día
".
Y agita el fantasma de una posible guerrilla. Enrostra al gobierno,
con todo desparpajo, el uso del dinero de los contribuyentes para
la compra de tierras a particulares afin de entregarlas a mapuches
que la reivindican. Advierte, al igual que la Sociedad Nacional
de Agricultura (SNA), que la persistencia de la inseguridad ahuyentaría
las inversiones de bancos y empresarios extranjeros :
" Ningún inversionista arriesgará
recursos en la zona perjudicada hasta que se vuelva a respetar el
Estado de Derecho y se alcance una pacificación que dé
sentido al derecho de propiedad " (5).
Por su parte el presidente de la Corporación
de la Madera (CORMA) subraya, en 1999, la baja de las tasas de forestación,
lo que fragilizaría la competitividad. Pero evidentemente
olvidan los subsidios del Estado a las forestales (con dinero de
los contribuyentes), las ventajas tributarias, la publicidad de
que gozan en nombre del progreso del país, la tala del bosque
nativo por parte de esas empresas con el consiguiente perjuicio
para el entorno medioambiental : agua, fauna, por ejemplo. Y, por
supuesto, el costo del daño medioambiental no lo asumen ellos.
La superficie de los bosques nativos disminuyó, entre 1985
y 1996, de 7,6 millones de hectáreas a 5,6 millones de hectáreas.
" Las forestales de Angelini aparecen con la mayor responsabilidad
en la tala de 7 mil hectáreas de bosque nativo que se pierden
anualmente en Chile " (6). En el sector poniente de las provincias
de Bío-Bío, Malleco y Cautín, predominan ahora
las plantaciones de pino y eucaliptus.
El gobierno en su afán de mantener el " orden público
" aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, entrabando
así el diálogo con las organizaciones mapuches. La
justicia aplica mano dura : en septiembre de este año se
deunciaba la existencia de ocho presos políticos y más
de 300 procesados y condenados en libertad condicional (7). Y el
Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
afirma que " no obtendrán tierras quienes utilicen la
violencia para defenderla " (8). Pero no sólo "
no obtendrán tierras ", sino que también pueden
perder la vida reivindicándola como el joven Edmundo Alex
Lemun baleado por la policía, el 7 de noviembre de este año,
en las cercanías de Angol.
¿Nuevos problemas?
En algunos discursos y análisis concernientes
a la movilización mapuche, la "modernidad", el
carácter "etnonacional", la " ecología
", la antiglobalización, aparecen como elementos caracterizadores
de la realidad o de las luchas de estos últimos años.
Pensamos que el sustento esencial de las movilizaciones de fines
del siglo XX y comienzos del XXI sigue siendo el mismo : la tierra.
No sólo como medio de subsistencia, sino como matriz del
protagonismo cultural (espiritualidad, cosmovisión), económico
y autonómico.
La restitución de tierras. El problema no es nuevo. Así
lo muestra la historia de las organizaciones mapuches y de sus reivindicaciones
a lo largo del siglo XX.
Desde la derrota militar mapuche (1881), su territorio estimado
en unos diez millones de hectáreas pasó a ser propiedad
del Estado y la población mapuche fue empujada a vivir en
" reducciones " (reservas) en tierras menos fértiles,
en una superficie de unas 500.000 hectáreas, mientras se
distribuían a colonos nacionales y extranjeros 9 millones
de hás.
Desde entonces la lucha por recuperar tierras
usurpadas será un elemento esencial de las reivindicaciones
a lo largo del siglo XX. Reivindicación y lucha por la tierra
que lo llevó en repetidas ocasiones a confrontaciones con
grandes propietarios.
Organizaciones indígenas, como La Sociedad Caupolicán
(1910), ya planteaban la restitución de " las tierras
usurpadas " y denunciaban la continuidad de la usurpación
por parte de particulares. Señalaban, en los años
20, los atropellos, castigos e injusticias por parte de propietarios
de tierra, muchas veces coludidos con la policía (9). "
Ante las leyes comunes al indígena se le castiga con más
rigor que al letrado " declaraban en 1940 el Frente Unico Araucano
y la Corporación Araucana. En 1953 el diputado Cayupi denunciaba
en la Cámara de Diputados el asesinato de 4 mapuches y dos
heridos a balas a manos de propietarios de tierra.
A fines de los 60 y comienzos de los 70,
protagonizaron tomas de predios y corridas de cerco cuyas consecuencias,
entre diciembre de 1970 y mayo de 1972, fueron la muerte de 4 campesinos
mapuches y varios heridos a bala, porque los propietarios retomaron
la tierra. Las tomas contravenían la legalidad, pero esa
legalidad fue inexistente durante siglos frente a los atropellos,
las expropiaciones, las estafas, de que fueron víctimas los
indígenas. En los años 70 la restitución de
tierras seguía siendo una de las demandas esenciales. Y el
gobierno de Salvador Allende tenía la decisión de
ir " recuperando por la vía de las expropiaciones y
las vías administrativas las tierras usurpadas " (10).
Bajo su gobierno se restituyeron casi 70.000 hectáreas.
En suma, la constitución de la propiedad de la tierra en
la llamada Araucanía es uno de los capítulos esenciales
de la historia del sur chileno. Sin embargo, es insuficientemente
conocido. Se encuentran pocas referencias, en la divulgación
histórica, a las formas de enajenación de las tierras
mapuches : ventas fraudulentas, deudas ficticias, " herencias
", falsos poderes de venta. El Dr. Valdés Cange (A.
Venegas), en su " Chile íntimo en 1910 " se refería
no a uno sino "cien procedimientos para burlar la lei i despojar
a los indígenas". Así -dice- construyeron sus
fortunas muchas de las " familias distinguidas que se pavonean
en los salones aristocráticos de Santiago ". Pero las
formas inescrupulosas de hacer fortuna no es exclusividad del siglo
XIX, también lo es a finales del siglo XX. Quinquén
en las cercanías de Lonquimay (octava región) constituye
una ilustración reciente. El 31 de diciembre de 1990, la
Corte Suprema indemnizó a la empresa forestal Sociedad Galletué
con mil novecientos quince millones de pesos. ¿La razón
? La suspensión del corte del pino araucaria. La familia
Lamouliat reclamaba reparos por los perjuicios que tal medida le
habría ocasionado. Pero no satisfechos con eso, alegando
posesión de títulos de propiedad por las tierras en
Quinquén, lograron que la misma Corte Suprema decidiera el
desalojo de más de cien personas. Para evitar la aplicación
de la medida, los Lamouliat, después de negociación,
recibieron seis millones de dólares del Estado. Todo ese
dineral, " Por algo que nunca había sido de ellos ".
Y fueron indemnizados " por unas araucarias que habían
nacido antes que los españoles llegaran a Chile " (11).
Hoy como ayer, esas " familias distinguidas
" no necesitan confrontarse a la ley, al orden público,
al " estado de derecho " pues saben de su histórica
indulgencia.
Asumir de frente el capítulo de las formas de enajenación
de las tierras mapuches resulta sin duda incómodo porque
: " aún están muy cerca los autores de estas
irregularidades y dañarían el prestigio de las personas
" que no estuvieron directamente involucradas (12). ¿El
país de mañana puede cimentarse en amnesias voluntarias
?
La discriminación fue la justificación ideológica
del despojo de tierras y de la dominación política
y económica. Los ejemplos sobran. Citemos algunos. En un
libro difundido en el exterior por el gobierno chileno (" Chile
", 1915) destaca del país " su admirable homogeneidad
bajo el aspecto de la raza. La blanca o caucásica predomina
casi en absoluto, y sólo el antropólogo de profesión
puede discernir los vestigios de la sangre aborigen, en las más
bajas capas del pueblo". Y como no recordar la anécdota
consignada por Pablo Neruda en su libro "Para nacer he nacido"
(1980) : siendo Cónsul General de Chile en México
(1941) fundó una revista para dar a conocer el país,
pero cometieron -dice- un error, junto a Luis Enrique Délano,
al llamarla Araucanía y al poner en la cubierta del primer
número la foto de una araucana. La respuesta oficial cayó
sin ambigüedades :
" Cámbiele de título o
suspéndala. No somos un país de indios ". Neruda
dice, entonces, que para algunos representantes nacionales, "Los
araucanos están mal, huelen mal. Huelen a raza vencida. Y
los usurpadores están ansiosos de olvidar o de olvidarse.
la mayoría de los chilenos cumplimos con las disposiciones
y decretos señoriales : como frenéticos arribistas
nos avergonzamos de los araucanos".
Los pueblos indígenas, desde la segunda
mitad del siglo XIX particularmente, fueron el blanco de los prejuicios
que ideológicamente el discurso historiográfico contribuyó
a acuñar. En el siglo XIX, lo hicieron Barros Arana y Benjamín
Vicuña Mackenna por ejemplo. Este último vio en los
" araucanos " a " un bruto indomable, dado a todos
los vicios : ociosidad, bebida, perifidia, traición "
(13). En el siglo XX podemos citar a Francisco A. Encina y a Jaime
Eyzaguirre. En la literatura también se observan asomos de
la ideología discriminatoria. Por ejemplo, Alberto Blest
Gana en su novela " La Aritmética en el amor "
pone de realce las virtudes de las " familias nobles "
: "pureza de la raza" y "blancura del cutis"
que evita la confusión con "verdaderos indios"
(14).
En 1999, el Comité de las Naciones
Unidas para la eliminación de la Discriminación Racial
sugirió al gobierno chileno que se disculpara formalmente
con los indígenas y los compensara por el tratamiento inadecuado
que históricamente han sufrido estos pueblos. El Departamento
de Estado estadounidense en su Informe sobre Derechos Humanos (1999)
constató igualmente que en Chile hay discriminación
social y que los indígenas participan marginalmente en las
decisiones gubernamentales.
La tardanza de estas loables preocupaciones no deben restarle su
importancia. Observemos que muchos mapuches sufrieron encarcelación,
muerte y exilio en los años de dictadura. Estos hechos fueron
denunciados ante la opinión pública internacional
por el Comité Exterior Mapuche en los años 80. Las
organizaciones indígenas han denunciado a lo largo del siglo
XX el trato discriminatorio ; los Obispos en su Pastoral de 1968
" Chile Voluntad de Ser " ya apuntaban la discriminación
sutil y encubierta. Discriminación también señalada
en el documento de " la Concertación a los pueblos indígenas
" (1989). No se trata entonces de un fenómeno nuevo.
Pero hoy, el país tiende al paroxismo de la intolerancia
:
" La intolerancia en nuestro
país es tremenda y se considera un alto nivel de disgregación
entre los chilenos
Una persona que sea considerada punga
puede ser discriminada con los mismos grados de agresividad que
se manifiestan en contra de minorías como los homosexuales
e indígenas " (15).
Esta historia de despojo de tierras y de
discriminación, marca la historia mapuche y constituye una
especificidad con respecto a los otros sectores sociales chilenos.
Si este aspecto específico de la realidad no es abordado
de frente, el llamado "problema mapuche" no se extinguirá
ni con el olvido de algunos, ni con la represión policial,
ni con la reducción de su realidad a la cuestión campesina.
¿Nación "unitaria"
o pluricultural?
Decíamos al comienzo que las reivindicaciones
mapuches más allá de su especificidad cuestionaban
la idea de nación homogénea. Concepción de
la nación enraizada en el proyecto de Estado Nacional de
la oligarquía decimonónica que se proponía
asentar durablemente su dominación. Y fue conformando una
nación que no dejaba cabida al aporte indígena, salvo
el mapuche histórico que contribuyó a alimentar el
patriotismo chileno. La " homogeneidad racial " no cuenta
con el indígena contemporáneo. En un Estado y nación
así concebidos no resulta sorprendente la ausencia de un
protagonismo mapuche reconocido.
La idea de " país unitario ", sostenido por las
elites, ha omitido más que secularmente la pluralidad de
culturas y de identidades. Hoy cabría interrogarse seriamente
acerca de la viabilidad de tal concepción de la nación,
no como cuestionamiento de la integridad del país sino como
búsqueda de un proyecto colectivo que asentándose
en la diversidad de realidades, permita al " Chile que viene
" fundarse en la participación de todos sus componentes
a partir de lo que le es propio. Tanto más cuanto se reconoce
que "una sociedad pluricultural y pluriétnica no atenta
contra la unidad nacional, ni en sus aspectos políticos,
ni sociales". La idea de una supuesta 'unidad racial' está
superada por la historia " (La Concertación a los Indígenas,
1989). Las organizaciones mapuches no plantean otra cosa con la
demanda de reconocimiento constitucional de su identidad. Para los
responsables políticos partidarios de la pluriculturalidad
y la plurietnicidad, el desafío es pasar del discurso a los
hechos. Esto, pese a los espantos de El Mercurio que teme "
el separatismo ".
No es dando la espalda al pasado que podemos vislumbrar mejor el
porvenir, como tampoco salvaguardando una visión histórica
acuñada por la oligarquía en el siglo XIX y perpetuada
a través de la escuela, los medios de comunicación,
los discursos oficiales, los intelectuales anuentes a sectores dominantes.
Viejas realidades y nuevos contextos.
La clausura de la democracia en septiembre
de 1973 significó una ruptura con el pasado y una reorganización
de la sociedad. Se anuló el espacio de la acción política
y los actores populares (sindicatos, etc.) se encontraron sin canales
de expresión y participación política. Otros
actores empiezan a perfilarse con más vigor en los años
80 : Iglesia, organizaciones indígenas, organizaciones de
derechos humanos, organizaciones culturales.
Viejas realidades resurgen a la luz de nuevos contextos. Sin duda,
se puede visualizar en la movilización mapuche ingredientes
ecológicos, éticos, o se la puede sumar a los grupos
contestarios de la mundialización económica. Pensamos
sin embargo que las viejas reivindicaciones siguen marcando la especificidad
de la lucha mapuche actual : reivindicaciones de territorio (16),
lucha contra la discriminación, reconocimiento constitucional
de su identidad, demanda de pluralidad cultural. En la demanda de
reconocimiento como pueblo (en la acepción del Convenio 169
de la O.I.T.) (17) y de pluralidad cultural subyacen viejas reivindicaciones
como la enseñanaza de la lengua materna (mapudungun), el
respeto a las costumbres, escuelas para mapuches, el rescate de
símbolos (banderas, lanzas). Son manifestaciones identitarias,
como también lo es la existencia secular de organizaciones
indígenas. Esto denota la presencia en la sociedad chilena
no de una identidad única, sino de diversas identidades.
Las reivindicaciones se enmarcan ahora en
un contexto que rebasa el cuadro nacional. En los años 90
se ha acentuado la dimensión etnico-cultural del movimiento
mapuche. Pensamos que ésta se inscribe en al menos dos realidades
: a) la evolución de los movimientos indígenas en
Latinoamérica, en particular del discurso autonomista, b)
en el desarrollo, en un cuadro más general, de los discursos
identitarios que subrayan la diversidad cultural frente a la creciente
mundialización financiera y comercial especialmente. Podemos
agregar la defensa de los derechos lingüisticos considerados
como parte de los derechos humanos y el desarrollo del movimiento
ecologista.
La lucha por los derechos culturales se acentuó en los últimos
decenios del siglo XX y se prolonga al siglo XXI. Es en este cuadro
que debe entenderse la demanda mapuche de reconocimiento como pueblo
más que como etnia.
En América Latina, los años
90 se inician con el levantamiento indio de 1991 en Ecuador y con
el movimiento de Chiapas en 1994. En ese decenio, varios Estados
reconocieron constitucionalmente su carácter multiétnico
y pluricultural (Colombia, Perú, Mexico, etc). Mientras Chile
se aferraba a una concepción decimonónica de la nación.
La demanda de autonomía, de autodeterminación que
ya se planteaba en los años 70 (Bolivia, Ecuador, Venezuela,
México, por ejemplo) se amplifica en los años 90 favorecido
por la apertura de algunos países hacia la cuestión
indígena. Apertura que se plasmó en el reconocimiento
constitucional y en la ratificación por varios Estados del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Salvo Chile pues la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia del Senado rechazó el 3 de julio de este año
el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución
Política del país.
En Europa (paradigma recurrente de las elites
chilenas) se ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad :
ahí están, para ilustrarlo, las autonomías
españolas, los cantones suizos con idiomas diferentes, la
enseñanza de las lenguas regionales en las escuelas francesas
(18). A este contexto se añade la mundialización,
una variable que no se puede ignorar. La política de los
Estados es cada vez menos nacional. Recordemos las palabras del
subcomandante Marcos : " El poder no está en los Estados
Nacionales, sino en los centros financieros ". Las grandes
empresas prosiguen su desnacionalización. Las empresas forestales
chilenas por ejemplo, no circunscriben sus inversiones al sur chileno,
también están presentes en Argentina, Brasil y Uruguay.
Y los escenarios de las protestas también han traspasado
las fronteras nacionales alcanzando a Seattle, Génova, Porto
Alegre.
La cultura tampoco escapa a esta mundialización. Hay una
creciente mercantilización de los llamados productos culturales.
Esto ha llevado a un reforzamiento de los discursos y movimientos
identitarios.
Los desafíos.
Los gobiernos de la Concertación mostraron
indiscutiblemente una voluntad política de reconsiderar las
demandas de los llamados pueblos originarios. Ilustran esa voluntad
los acuerdos de Nueva Imperial (dic. 1989), la creación de
la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CEPI) en
1990 (cuyo principal objetivo era la elaboración de una nueva
Ley Indígena), la Ley Indígena 19.253, la creación
de la Conadi en 1993, el envío al Parlamento del reconocimiento
constitucional de los pueblos indígenas (que necesita la
reforma de la Constitución), en 1991 la propuesta al Congreso
Nacional de ratificación del convenio 169 de la O.I.T. cuya
ratificación el gobierno vuelve a proponer en 1999. El gobierno
de Lagos creó el Grupo de Trabajo para los Pueblos Indígenas
(2000) afin de que se plantearan recomendaciones para asegurar el
desarrollo de los indígenas en Chile y sentar las bases para
un nuevo trato entre Estado y Pueblos Indígenas. Se promovieron
los diálogos Comunales Mapuche (1999) en 31 comunas de la
Novena y Octava Región. Se otorgaron becas, se consideraron
150 mil has. para incorporar al patrimonio mapuche. Actualmente
se implementa, con la participación de los interesados (comunidades
aymará, atacameña y mapuche) el " Programa de
Desarrollo integral de las comunidades indígenas " (2001),
luego del acuerdo entre el Estado chileno y el B.I.D. El programa
apunta al desarrollo productivo, educacional y cultural, salud intercultural,
respetando a las organizaciones existentes.
Todo eso perdió trascendencia y efecto
por la agudización de los conflictos con las empresas forestales,
por el rigor de los Tribunales de Justicia para con los mapuches,
por la aplicación sistemática por parte del gobierno
de la Ley de Seguridad Interior del Estado y por su indulgencia
frente a los empresarios y sus guardias privadas.
Las nuevas relaciones que se establezcan entre los indígenas,
el Estado, la sociedad sólo puede fundarse en una política
que se geste desde y con el mundo indígena. Favoreciendo
una participación de sus instancias representativas en gobiernos
municipales y regionales en el marco de una gestión estatal
descentralizada.
La criminalización de las movilizaciones mapuches es una
opción de autoritarismo político de triste recuerdo
en el país. Si no se quiere desperdiciar la posibilidad de
asumir la realidad de los pueblos indígenas bajo otras perspectivas
: la de las transformaciones políticas, sociales y culturales,
se debe transitar por la vía política que se gesta
en el terreno en concordancia con los protagonistas de base. La
Concertación tiene el dasafío (de trascendencia política)
de actuar en consecuencia con su disposición política
manifestada en 1989 : " abrir espacios a posibilidades de desarrollo
autónomo ", " reconocimiento de una sociedad pluricultural
y pluriétnica ", crear canales de participación
directa de las bases pues el desarrollo no debe responder únicamente
a parámetros económicos, debe responder asimismo a
una ampliación de los espacios para el ejercicio de los derechos
políticos y de libertades públicas. Es decir, se trata
de instaurar modalidades para el protagonismo efectivo de los actores
de base. La relevancia de esto es evidente si pensamos que la profundización
de la democracia es uno de los retos para el desarrollo del país.
En la perspectiva de un desarrollo autónomo, merecen mayor
atención los espacios regionales. La especificidad de estos
espacios, con presencia indígena, requiere una atención
particular para encontrar los elementos explicativos de lo que hoy
se constata, por ejemplo : la pobreza de la población indígena.
Se trata de ir más allá del diagnóstico : ¿
qué es lo que origina la pobreza ? La Novena Región
ostenta un triste récord en la población mapuche :
el mayor porcentaje de pobreza a nivel nacional, un 57 % de analfabetismo
según el Censo de 1982. En la comuna de Tirúa, provincia
de Arauco, con un 70 % de mapuches, la Forestal Mininco del grupo
Matte-Larraín es dueña del 60 % de las tierras. Sin
duda, hay correlación entre presión por tierras de
parte de las forestales y pobreza en Arauco, Malleco y Cautín.
En nombre del " progreso y desarrollo nacional " la expansión
de las forestales se ha acrecentado al igual que la pobreza.
La mayoría de la población
mapuche se ha concentrado a lo largo del siglo XX en las provincias
de Cautín, Malleco y Arauco. La población rural, en
1966, se estimaba en 326.066 (Dirección de Asuntos Indígenas)
y la población urbana en 40.000. 72 % de la población
rural de Cautín era mapuche y ocupaban el 22 % del área
ocupada por los predios agrícolas (13). Hoy, la población
se concentra en dos regiones: la novena y la metroplitana. Notemos
el notable incremento de la población mapuche urbana (49
%). Es un fenómeno reciente. La emigración hacia las
ciudades conoció un primer repunte en los años cincuenta
y sesenta por una insuficiencia de tierras y una inadecuada política
de desarrollo rural que contemplara las especificidad del desarrollo
mapuche. Según el Censo de 1992, de un total de 928.060,
407.421 mapuches viven en las ciudades.
La realidad urbana va conformando una situación específica
de los mapuches : problema habitacional (muchos viven como allegados
en casa de parientes y han formado Comités para reclamar
viviendas), trabajan en construcciones y las mujeres como empleadas
domésticas. Unos 300.000 mapuches de la región metropolitana,
viven en las comunas más pobres : Pudahuel, Cerro Navia,
Colina, La Pintana. De modo que sus demandas no pueden supeditarse
como a veces se sostiene a las demandas de los campesinos mapuches,
aun cuando los contactos con las comunidades de origen no se rompen.
Los mapuches urbanos han tenido siempre sus organizaciones propias,
como las que hoy reclaman viviendas, además de " espacios
territoriales " para la manifestación de prácticas
culturales.
La Concertación no puede persistir
en una postura ideológica que consiste en ver las movilizaciones
mapuches simplemente como una alteración del orden y por
lo tanto una transgresión de la legalidad. Para quienes no
aspiran simplemente a gestionar y/o fortalecer el orden neoliberal,
¿cuál es el sentido de la democracia que se pretende
instaurar ? ¿Es la aceptación y respeto de la legalidad
? En este caso se plantearía el problema de su legitimidad.
¿En qué se legitima la Ley de Seguridad Interior del
Estado y la Ley antiterrorista ? El impulso y fortalecimiento de
una nueva democracia no puede fundarse en una concepción
del Estado, del orden, de la ley, que ha servido para legitimar
privilegios y discriminaciones. Debe emerger del protagonismo efectivo
de los actores sociales de base.
El desafío en la perspectiva de un desarrollo que no se circunscribe
a parámetros puramente económicos se plantea igualmente
a las organizaciones indígenas. Sus dirigencias y sus intelectuales,
deben asumir un debate interno abriendo paso a perspectivas factibles.
Se debe sobrepasar las condenas globales sin matices e identificar
claramente los obstáculos. Una denuncia global y puntual
del Estado, por ejemplo, puede revelarse insuficiente si no se consideran
sus vaivenes : desde aquél que enajenó las tierras
mapuches en el siglo XIX hasta el que asentó su poder en
una cruenta dictadura militar.
El Estado dictatorial significó una
disposición a terminar con los indígenas : el decreto-ley
2568 de 1978, elaborado sin participación indígena,
se proponía la división de las tierras para luego
dejar de considerarlas " tierras indígenas, e indígenas
a sus dueños y adjudicatarios" (art. 1). Las tierras
resultantes de la división podían gravarse o hipotecarse
a favor de cualquier organismo del Estado, de instituciones financieras,
crediticias o bancarias. Todo esto se inscribía en la lógica
económica neoliberal. En 1977 se estimaba que sólo
el 70 % de los pequeños propietarios tenía reales
posibilidades de estabilizar su producción, el " resto
que corresponde a los mapuches, no tienen solución "
(Rev. Ercilla, primera semana de julio 1977). Para apropiarse de
las tierras mapuches (que conforme al decreto-ley no eran vendibles
durante veinte años) se recurrió al arriendo por 99
años, éste fue uno de los medios que permitió
a las empresas forestales adueñarse de tierras mapuches.
Entre 1979 y 1986 se dividieron 1739 comunidades. El Archivo de
Títulos de Merced de Temuco fue destruido, eliminando por
consecuencia las trazas de los títulos de Merced entregado
a más de dos mil comunidades mapuches. Son las consecuencias
de una política emprendida por el aparato estatal que fuera
ocupado transgrediendo absolutamente el funcionamiento democrático.
Denunciar el Estado jacobino, de vieja data,
es pertinente, pero creemos que lo esencial es plantearse el cómo
revertir esa situación.
Por otro lado se impone una profundización de la idea de
autonomía : en qué medida puede concretizarse en un
país hegemonizado por un neoliberalismo ortodoxo, en un país
en donde los grupos monopólicos militan por las privatizaciones
a ultranza y persisten en una disminución del rol del Estado
en la economía. Por otro lado, qué dimensión
asume la autonomía frente al Estado y la sociedad civil,
cómo materializarla en el plano político, económico,
administrativo, cultural. Cómo se percibe la autonomía
en las comunidades y entre los pequeños agricultores mapuches.
Qué formas asume en la región metropolitana. Estas
interrogaciones cobran mayor sentido cuando el Director de CONADI
declara que " la autonomía es absolutamente inviable,
porque los territorios que ocupan son los más pobres del
país, en consecuencia autonomizarlos implicaría dejar
a la población indígena que allí existe en
total abandono " (19). ¿Qué concepción
de la autonomía conlleva esta declaración ? El "
abandono " supone desentendimiento estatal, cabría preguntarse
si la autonomía significa desprenderse del Estado chileno.
Algunos sectores han optado por una estrategia de confrontación
con el Estado, pero aparte de su viabilidad política no sólo
teórica sino práctica, ¿desembocaría
esta confrontación en un desprendimiento del Estado ?
El neoliberalismo ha golpeado a los sectores
sociales más frágiles de la sociedad, incluido los
indígenas, al flexibilizar el mercado laboral, al integrar
plenamente la economía chilena al mercado mundial, al reducir
los gastos y las inversiónes públicas. El resultado
ha sido una concentración de la riqueza y un empobrecimiento
de la población económicamente más endeble.
Más allá de atenerse al funcionamiento " colonialista
" del estado nacional, habría que escrutar el funcionamiento
de la mundialización y de las leyes del mercado.
Para construir el " Chile que viene " con justicia y equidad,
la reflexión (en Boston o en otra parte) no puede prescindir
de la realidad de todos sus componentes sociales y culturales, so
pena de seguir en : " Un Chile paradojal, construido a punta
de modernidad y desigualdad, de ausencias y presencias " (F.
Márquez, Rocinante n° 42). Los " pueblos originarios
" no pueden quedar al margen de una reflexión (que se
asiente en el terreno económico, histórico y político)
si hay disposición a superar olvidos, prejuicios e intolerancias.
NOTAS.
- En 1999 se pidió la aplicación
de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley de Control
de Armas en contra de OSEPAR. El asunto quedó en nada.
- Revista Ercilla, 18.3.02.
- Cit. por Alfredo Seguel, " Invasión
Forestal-Etnocidio Mapuche ", 2001.
- S. Gomez, J. Echenique, " La agricultura
chilena. Las dos caras de la modernización ", Flacso,
Santiago 1988. Son datos concernientes al último sexenio
de la dictadura.
- R. Foerster y Javier Lavanchy, "
La problemática mapuche ", 1999.
- Kollectivo Toqui Lientur - Kontrainformación,
Internet, 21.9.02.
- Diario El Gong, 23.5.02. El gobierno
debe enfrentar además el problema de la construcción
de una represa en tierras pehuenches por la empresa española
Endesa (Ralco, en Alto Bío-Bío. Implica 3.467 hás.
Y una inversión de 500 millones de dólares.
- R. Foester y S. Montecinos, " Organizaciones,
líderes y contiendas mapuches, 1988.
- S. Barracloug y J. A. Fernández,
" Diagnóstico de la Reforma Agraria chilena ",
1974, p. 32.
- J. Bengoa, " Historia de un conflicto
", 1999.
- R. Ferrando, " Y así nació
la Frontera ", 1986.
- Cit. por J. Blancpain, " Les Allemands
au Chili (1816-1945) ",1974, p. 455.
- Jaime Valdivieso, " Señores
y Ovejas Negras ", 2000, p. 23, 25.
- Rafael Merino, " Hostiguemos a los
rotos ", en Chile Hoy, Internet, 5.11.02.
- A. Saavedra, " La cuestión
mapuche ", 1971.
- Hoy se plantea la "reivindicación
del territorio histórico Mapuche " porque " en
este espacio se debe hacer justicia histórica, es decir,
devolución de las tierras usurpadas en cantidad suficiente
para garantizar la preservación y proyección de
nuestra cultura actualmente amenazada ". Consejo de Todas
las Tierras, " El pueblo mapuche
y sus derechos fundamentales ", 1997.
- El Convenio
se aplica a los " pueblos
que se distinguen de otros
sectores de la " colectividad nacional " y que "
tienen conciencia de su identidad indígena y tribal ",
Art. 1, Convenio 169, O.I.T., 1989.
- La Constitución
española de 1978, junto con afirmar " la indisoluble
unidad de la Nación española ", reconocía
el pluralismo incluso de los símbolos. La bandera por ejemplo.
En Bretaña (Francia) la bandera bretona flamea junto a
la francesa y a la de la Comunidad europea.
- Aroldo Cayún, El Diario Austral
de Temuco, 5.10.02.
Subir
|