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Chile: la brutal embestida contra el pueblo mapuche Wallmapu, Enero 27 del año 2003 Fue una eficiente forma de cerrar el paso a una previsible agudización de la beligerancia indígena en Chile a raíz del asesinato del joven mapuche Edmundo Alex Lemun Saavedra, en la cual aparece involucrado personal de la Policía de Carabineros. También frente a la llegada del verano y el buen tiempo en la zona de La Araucanía, en el sur del país, cuando tradicionalmente proliferan las movilizaciones de los comuneros. A escasos días de ocurrido el hecho, la prensa local de derecha imputó a un ex militante del Frente Nacionalista Patria y Libertad, el empresario Guillermo Hornung, la calidad de financista de la Coordinadora Arauco-Malleco, la expresión más radical del mundo mapuche. Y casi de inmediato, en forma casi sincronizada, acciones judiciales adoptadas en la VIII y IX Región terminaron por descabezar a buena parte del liderazgo de esta organización indígena. El gobierno del presidente Ricardo Lagos parece satisfecho. Por ahora, porque episodios similares de acoso policiaco y judicial en el pasado reciente sólo han terminado con una radicalización del conflicto desencadenado por los indígenas que reivindican la recuperación de sus tierras usurpadas, particularmente por las empresas forestales que operan en la zona. El Factor Hornung El primer capítulo de la historia se abrió en noviembre pasado, cuando aún estaba candente la controversia por la muerte del mapuche Alex Lemun, de apenas 17 años y miembro de la comunidad Montutui Mapu, del sector Agua Buena, la comuna de Ercilla. El asesinato ocurrió durante la ocupación del fundo Santa Alicia, hoy propiedad de Forestal Mininco y cuyo patrimonio ancestral reivindican los comuneros indígenas. Apenas 12 días después de la muerte del joven, el diario La Tercera señaló que uno de los financistas de la Coordinadora Arauco-Malleco era Guillermo Hornung, propietario del molino La Patria de Collipulli e integrante de Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular. Hoy es ecologista. Casi de inmediato, en la IX Región se dieron a conocer declaraciones de comunidades mapuches de Nueva Imperial, Pucón, Ercilla, Collipulli y Carahue, condenando en duros términos a la Coordinadora y emplazándola a pronunciarse respecto de sus presuntos nexos con Hornung. En general, se trataba de sectores indígenas que han sido beneficiados por los planes y programas desarrollados por el gobierno. La Coordinadora respondió que "estos cuestionamientos y acusaciones se originan y son desarrollados por organismos oficiales, como la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), que últimamente ha sido atravesada por un trabajo de 'inteligencia' del gobierno, donde operan agentes de la Dirección de Seguridad Pública (DISPI)". Sobre Hornung, la organización afirmó que el empresario "no pertenece a nuestra organización, no financia ni incide políticamente en la Coordinadora. Si bien este señor cuenta con el aprecio de algunas comunidades de la zona, eso se debe a su labor personal que nada tiene que ver con nosotros". Asimismo, recordó que en los más de 200 procesamientos que hoy existen contra mapuches, "nunca han podido comprobar policial ni judicialmente vinculación alguna con orgánicas o personas que no sean de las propias comunidades mapuches". Apenas seis días después de conocida la información de La Tercera, Carabineros detuvo al werkén (vocero) de la Coordinadora, José Huenchunao, a consecuencia de una orden de aprehensión por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, despachada por el ministro (juez) de la Corte de Apelaciones de Concepción, Eliseo Araya. La imputación: su presunta participación en un incendio intencional de la Hacienda Lleu Lleu, en la Provincia de Arauco, el 26 de enero del 2001. Un día antes, en el marco del mismo procedimiento, también había sido detenido el comunero Jaime Cona. En el marco de esta misma causa, originada en un requerimiento presentado por el gobierno de Ricardo Lagos, nueve comuneros mapuches habían sido previamente sometidos a proceso. En el momento de las detenciones, alrededor de 300 dirigentes mapuches participaban en la sureña comuna de Tirúa en el Primer Encuentro Internacional de Pueblos Originarios. Los participantes denunciaron que las detenciones constituían una "provocación". Pero apenas comenzaba este capítulo de la historia de la persecución contra el pueblo mapuche. El abogado defensor Pablo Ortega señaló que "Huenchunao estuvo en su casa todo este tiempo. Cona estuvo en su casa todo este tiempo. La policía lo sabía. Incluso Cona estuvo hospitalizado, y todo el mundo lo sabía. ¿Por qué Carabineros no los detuvo antes, sabiendo donde estaban? Y la primera vez que los van a buscar, ahí están". La respuesta llegó apenas cuatro días después, cuando Carabineros detuvo por "asociación ilícita terrorista" a 16 personas integrantes o vinculadas a la Coordinadora en Temuco, Ercilla y Collipulli, en el marco de una investigación del Juzgado de Garantía de Temuco y que instruye el fiscal del Ministerio Público, Alberto Chiffelle. Entre los nuevos arrestados estaba el vocero de la Coordinadora en Malleco, José Llanquileo. También fue detenido Hornung, a quien le incautaron siete armas de fuego: cuatro escopetas, un fusil y dos revólveres, todas las cuales se encontraban legalmente inscritas. Mestizos y Nordicos El fundamento de las capturas fueron los antecedentes contenidos en 35 "documentos reservados" elaborados por la unidad investigativa integral de Carabineros y otros documentos anexos. En la causa también estaba involucrado Huenchunao y otros nueve mapuches que ya se encontraban en prisión. La fiscal regional, Esmirna Vidal, señaló que las detenciones obedecían a un "trabajo investigativo" que durante seis meses desarrollaron los fiscales del Ministerio Público, asociado a incendios de inmuebles, predios agrícolas y forestales, usurpaciones violentas y daños. La funcionaria ocupó un cargo de confianza de los gobiernos de la Concertación, coalición oficialista, antes de desempeñarse en sus actuales funciones de fiscal, siendo secretaria regional ministerial (seremi) de Justicia en la IX Región. El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, aseguró que no es una persecución al pueblo mapuche porque entre los detenidos hay "mestizos y nórdicos", indicando que sólo tres de las personas aprehendidas tienen dos apellidos de origen mapuche. Las palabras de Correa provocaron estupefacción en los funcionarios de gobierno a cargo de la problemática mapuche, pues contradicen las disposiciones de la Ley Indígena -aprobada por la administración de Patricio Aylwin (1990-94)- respecto a los criterios mediante los cuales se obtiene el reconocimiento de la calidad indígena. La Coordinadora señaló que "frente al tan bullado hecho de que estas detenciones son fruto de un acabado trabajo de inteligencia, afirmamos que entre los detenidos, en particular los no mapuche, existen personas que no tienen la más mínima relación con nuestra organización o ésta es sólo circunstancial". La abogada Sandra Jelves, que asumió la defensa de 15 de los detenidos, aseguró que la figura imputada a sus defendidos de "asociación ilícita terrorista" no era procedente. Explicó que "todos pertenecen a comunidades legalmente constituidas y en el caso de la Coordinadora tampoco cabe la asociación ilícita debido a que esta organización, tal como lo dice su nombre, solo coordina a comunidades legalmente constituidas". La jurista criticó al Ministerio Público al acusar por Ley Antiterrorista -promulgada por la dictadura militar- a sus defendidos, ya que esto ha significado que como defensa sólo haya tenido acceso a los partes de detención y no a las supuestas pruebas inculpatorias. "Esto implica que, en la práctica, mis defendidos no tengan defensa. En este caso, mis defendidos han tenido menos derechos que cualquier delincuente, e incluso, menos que personas acusadas por narcotráfico", afirmó. Junto con la investigación del Ministerio Público, se agregaron otras dos querellas contra los mismos imputados, por asociación ilícita terrorista, interpuestas por Correa y por el alcalde de Temuco, René Saffirio. Además, fue detenida otra joven mapuche, con lo que los imputados llegaron a 24. Al presentar cargos contra los detenidos ante la jueza María Eugenia Uribe, del Tribunal de Garantía de Temuco, el fiscal Chiffelle señaló que el Ministerio Público cuenta con pruebas que acreditarían una relación de los indígenas con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y grupos terroristas internacionales. Argumentó que en los domicilios de los imputados se encontraron banderas y material de esas organizaciones. A la defensa de los mapuches se incorporó también el conocido abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez, quien declaró que esas pruebas sólo "muestran la pobreza de las evidencias y traslucen el montaje comunicacional de esta investigación". "Muchos de los elementos mostrados se
pueden encontrar en cientos de casas de la región y la exhibición
recuerda los montajes realizados durante la dictadura militar para
inculpar a personas forzadamente", agregó. Explicó
que entre las evidencias se Poco después, se abrió otro frente de batalla, luego que el abogado Pablo Ortega denunció la intervención indebida de sus comunicaciones telefónicas, hecho que también afectó a los otros juristas que asumieron la defensa de los indígenas. El Colegio de Abogados y la Defensoría Nacional manifestaron su preocupación por las facultades que otorga la reforma para adoptar medidas que podrían lesionar los derechos de los imputados y de los propios abogados, como la intervención telefónica. La reforma procesal permite la intervención
telefónica, en el marco de la Ley La justicia debió acoger a tramitación una querella presentada por los abogados Jaime Madariaga, Rodrigo Lillo y Hugo Gutiérrez, contra los fiscales del Ministerio Público que resulten responsables de la intervención del teléfono de Ortega. También pidieron la nulidad de las actuaciones judiciales ocurridas desde el 6 de diciembre pasado, porque no se respetaron las normas del debido proceso que garantiza el derecho del imputado a tener comunicación privada con su abogado. Policias y Empresarios El general director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, se refirió al descabezamiento de la Coordinadora Arauco Malleco, señalando que "nosotros debemos seguir trabajando fuerte para que se imponga el principio de un Estado de Derecho, donde aquellos que cometen delitos tienen que responder ante la justicia". Cienfuegos aseguró que la población debe estar tranquila porque Carabineros durante todo este tiempo "ha desarrollado acciones importantes desde el punto de vista de controlar el orden público y resguardar de los bienes de las personas". El alto oficial calificó como un signo potente "el hecho que 16 detenidos que estaban acusados de delitos terroristas hayan sido aprehendidos". El jefe de la IX Zona de Carabineros, general José Alejandro Bernales, el 10 de noviembre sostuvo enfáticamente que la patrulla policial no efectuó disparos de bala durante el incidente que concluyó con la vida de Alex Lemun. Sin embargo, un informe balístico preliminar estableció que las características del proyectil extraído de la cabeza del joven mapuche "son compatibles con cartuchos de escopetas que usa la policía uniformada". El jefe policial, al mando de la fuerza policial responsable de los operaciones emprendidas contra los mapuches en conflicto, a comienzos de los 90 cumplió funciones -con el grado de mayor- en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR). En el mismo período este organismo fue acusado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos de responsabilidad en la aplicación de torturas a detenidos políticos. La investigación de la muerte de Lemun se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía Militar de Angol y el caso permanece sin ser esclarecido. Y sin detenidos. Mientras se desarrollaba la embestida contra la Coordinadora Arauco-Malleco, el presidente Ricardo Lagos destacaba los alcances en materia forestal para Chile del acuerdo de libre comercio que Chile logró con Estados Unidos. Su declaración la hizo durante una visita a la provincia del Biobío, donde visitó la Planta de Celulosa Santa Fe de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, propiedad de uno de los grupos económicos más poderosos del país y con fuertes inversiones en el territorio mapuche. En la oportunidad, el mandatario detalló algunos alcances del acuerdo que implican para el sector forestal un horizonte de muy largo plazo, con ventajas muy importantes en la plantación de pino radiata y eucaliptos, lo que su juicio nos "da la potencialidad como país de poder ir desarrollándonos y creciendo más". Lagos fue recibido por el gerente general de empresas CMPC Sergio Colvin Trucco, quien dio a conocer las inversiones que proyecta la Compañía para el 2003 en sus diversas plantas, y que alcanzarán una suma del orden de los 200 millones de dólares. Estas inversiones fueron valoradas y destacadas con entusiasmo por el gobernante, señalando que se trata de una empresa que entiende "los desafíos del mundo" por lo que los invitó a aprovechar la oportunidad que tiene el país en el nuevo escenario abierto por el Tratado con Estados Unidos. Mientras los mapuches son reprimidos, las empresas forestales que se han apropiado de sus tierras obtienen un caluroso reconocimiento por el presidente de la República. Desde la Carcel Mientras permanece recluido, José Huenchunao, envió un comunicado desde la prisión, en el cual destaca que "los mapuches somos un pueblo, una nación, una cultura milenaria que encontraron los primeros colonizadores de América". Indicó que "durante tres siglos de colonización española se vieron obligados a reconocer a la nación originaria mapuche. Fue el único pueblo originario al que no pudo derrotar la corona española". Agregó: "quien ocupó estos territorios por la vía político-militar fue el Estado Chileno luego de 71 años de su independencia, en 1881, año en que culminó una campaña militar que inicio en 1860, la llamada Pacificación de la Araucanía". Huenchunao subrayó que a partir de esta época "se pierde por la vía de la usurpación al 95 por ciento de nuestro territorio y se comete el más brutal genocidio que conoce nuestra historia: muere a lo menos un 60 por ciento de nuestra población". "Continuaron la discriminación y el intento de exterminio de nuestro pueblo, ahora intentando asimilarnos a la sociedad chilena. Frente a esta tensión que amenaza de exterminio a nuestro pueblo, las comunidades en conflicto se han levantado e iniciado un proceso de reconstrucción", afirmó. En ese marco, dijo, "la estrategia del gobierno es encabezar una abierta persecución política contra las comunidades que levantan sus procesos de recuperación de tierras. En esta línea se han concertado el Ejecutivo, las policías, los Tribunales y demás órganos del Estado Chileno". Denunció que, además, el Estado chileno "atenta directamente en contra la integridad física y cultural de los mapuches. En el marco del conflicto a lo menos hay un centenar de personas heridas de balas, balines y garrotes utilizados por la policía; con perdidas de la vista, extremidades y muertes". "Detrás de los requerimientos judiciales está la implacable mano del gobierno y de los empresarios forestales que ven amenazados sus intereses", dijo. Añadió que "en la audiencia que me ha tocado asistir en el marco de la acusación por Asociación Ilícita Terrorista quedaron de manifiesto los intereses que se confabulan para perseguir a los mapuches que reclaman sus legítimos derechos territoriales y políticos". Según el líder indígena, los fiscales, "marcados por su comportamiento racista", formularon "acusaciones contra los mapuches prácticamente sin fundamentos técnicos, sin pruebas, lo único que le interesa es perseguir y mantenerlos presos para quedar bien con los políticos del poder y los empresarios". "Los Tribunales de Justicia Chilenos no garantizan imparcialidad en los respectivos juicios a los mapuches", denunció. Asimismo explicó que "con el accionar de los tribunales se han ido construyendo nuevos mitos para confundir a la opinión pública, como el hecho que se considere al mapuche como peligro para la sociedad". El mapuche que lucha por su cultura, su identidad, su tierra, no es un peligro para la sociedad, sino que es un peligro para los usurpadores, para los empresarios que nos robaron los territorios, sostuvo. Al respecto, aclaró que "los presos políticos mapuches son autoridades tradicionales de las comunidades en conflicto, como los Lonkos (máximo representante de una comunidad) y werkenes (mensajeros de las comunidades)". Sobre Hornung, dijo que "este señor nunca participó de la Coordinadora ni tampoco financió actividades de la organización. Por su espíritu solidario hizo aportes económicos a comunidades mapuches del sector de Collipulli, así como a Bomberos, Iglesias, Gendarmería e incluso a Carabineros". Concluyó: "estamos seguros que la represión y la persecución policial en contra de los mapuches continuarán, pero no detendrán las movilizaciones de las comunidades que han iniciado su decisión de luchar por sus justos derechos políticos y territoriales" Sentenció que "las comunidades mapuches continuarán en el proceso para alcanzar su territorio y su autonomía. Resistiremos y reconstruiremos nuestra nación originaria". Por Víctor Osorio Reyes _____________________________________ MAPUEXPRESS - INFORMATIVO MAPUCHE |
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