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El protagonismo político del nuevo director de CONADI Denver, U.S., noviembre del 2002 Por Jose A. Mariman Desde su nombramiento en el cargo de director de CONADI, Aroldo Cayún Anticura comienza ha habituarnos a sus apariciones en la prensa, con comentarios concernientes a la situación mapuche maniqueístas, infundados, a veces impertinentes y cuando no surrealistas o contra historia (la historia al revés). Por ejemplo, en la coyuntura del 12 de octubre pasado (celebración/contra celebración), él ha sostenido que desde hace 30 años -1972 y el 2002- hay dos orientaciones disputándose influencias ideológico-políticas en el movimiento mapuche: "autonomistas" y "pluralistas" (El Mercurio, 13/Oct/2002), cuestión que no parece ser efectiva a la luz de lo que se ha escrito sobre los mapuche desde los 1970s. Y, recientemente, en el contexto del dolor de familiares, amigos y hermanos de causa de Edmundo Alex Lemún Saavedra, ha hecho la acostumbrada apología al "estado de derecho" medio justificando medio exonerando, disparar a la cabeza de un manifestante no para disuadirlo de realizar un "ilícito" sino para asesinarlo. Autonomistas versus pluralistas: un maniqueísmo falaz La primera observación al presunto antagonismo autonomistas versus pluralistas, es que, al parecer, tal rivalidad ha pasado desapercibida a los cientistas sociales que han tenido por sujeto de sus trabajos a los mapuche. No hay referencias a tal oposición en los escritos sobre la cuestión nacional mapuche producidos entre los 1970s y el presente. Y no ha sido sino hasta los 1990s en que un sector político de la sociedad mapuche, ha comenzado a usar la auto identificación "autonomista". Tal auto identificación política se abre paso desde entonces en la nueva literatura y narrativa política mapuche, despertando el interés de los intelectuales no mapuche(1). En consecuencia, la identidad política autonomista o auto determinista del movimiento mapuche es un fenómeno reciente, y no tan longevo como Cayún promueve(2). Una segunda observación a la opinión de Cayún dice relación con el hecho de que, aparentemente, no hay sujetos políticos mapuche que se denominen a si mismos "orientación pluralista". Y, subsecuentemente, ellos asuman esa caracterización como una identidad política, al estilo de lo que ocurre en la sociedad nacional chilena cuando alguien dice de si mismo "soy socialista", o "udista", o "demócrata-cristiano", o "comunista", etc. El pluralismo, en tanto sustantivo, es opuesto a unicismo o uniformidad. Aunque la intencionalidad de uso de Cayún es más bien satanizar a los autonomistas como discriminadores, marginadores, excluyentes o sectraristas. De esa forma, la "orientación pluralista" en la que él mismo se ubica, sería lo tolerante, participativo, incluyente e incorporador. He aquí el mundo en blanco y negro, el mundo dividido en buenos y malos, el mundo bipolar. Pero, ¿son los autonomistas tan ensimismados o aislacionista? Una lectura adjetivada de pluralismo también es posible en política, y a menudo es más cercana a la realidad de la que nos ofrece el director de CONADI. Según lo anterior, el pluralismo podría adherirse a cualquiera de las identidades antes mencionadas. Así, se puede ser un socialista pluralista en oposición a ser socialista sectario, demócrata-cristiano pluralista en oposición demócrata-cristiano sectario, etc. Por lo tanto, también es posible imaginar, concebir y encontrar mapuche autonomistas pluralistas como otros intransigentes o sectarios. De hecho, y en rigor, ni siquiera es posible hablar de mapuche autonomistas en singular, pues aún no se ha realizado una síntesis que amalgame el pensamiento de todos los autonomistas en un sólo pensamiento. De otra forma, hoy hay una pluralidad de autonomistas. Sin embargo, lo que no parece posible congeniar fácilmente en la "orientación pluralista" postulada por el director de CONADI, es la existencia de mapuches "pluralistas" pluralistas y mapuches "pluralistas" excluyentes, aunque la postura de Cayún respecto a los mapuche autonomistas pareciera ser un ejemplo de "pluralismo intolerante". Pero de lado la mordacidad, en política es muy difícil encontrar a alguien que se declare a si mismo no pluralista, perteneciendo este concepto una categoría valórica que todos reclaman para sí, pero que nadie se muestra dispuesto a asumir en su opuesto. Esto es, nadie se dirá nunca antipluralista aunque su práctica lo delate como tal. Por lo anterior, es escabroso ocupar esa categoría para hacer una tipología de los planteamientos políticos mapuche. Contrario a la clasificación de Cayún parece más productivo un intento de catalogar del pensamiento político mapuche, basada en las políticas promovidas por las organizaciones mapuche a lo largo de su historia. Así -y sin el ánimo de entrar en complejidades- es posible distinguir sectores que han promovido y promueven la asimilación, otros que han promovido y promueven la integración en la sociedad nacional (conservando menos/más elementos de la cultura propia), y finalmente "autonomistas" o "autodeterministas" (estoy dejando fuera de este documento expresiones menos influyentes como fundamentalistas, modernistas, posmodernistas, regalistas...). Los asimilacionistas serían aquellos mapuche que narcisistamente se identifican con ser chilenos, renegando de su condición étnica. Ellos manifiestan absoluto desprecio por su cultura, sociedad y nación. Se trata de mapuche que han absorbido sin cuestionar la idea del crisol que funde a todas las "razas", dándonos como producto un ser nuevo en una civilización nueva en que todos serían "iguales". Por cierto, un estado y sociedad estatal perfecta que no existe en ninguna parte, pues por donde quiera siempre hay algunos más iguales que otros (injusticias). Las desigualdades e injusticias etnonacionales son patológicas en sociedades plurinacionales que no se reconocen como tal, y que proclaman un etnocentrismo mitológico que inhibe la existencia de legislación protectora y promotora de derechos políticos para minorías nacionales: Chile, por ejemplo. Los asimilacionistas tuvieron su mejor momento a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando las secuelas de la derrota y disrupción de la sociedad mapuche golpeaba a las viejas generaciones, en un contexto ideológico en que prevalecían tesis racistas sobre lo que era "civilización" y "progreso" (figura del "hombre blanco" y la sociedad europeo-occidental en la cima de una pirámide de intolerancia creada por los propios racistas europeos). Hoy en día las ideas asimilacionistas parecen ser marginales dentro de la sociedad mapuche y sus nuevas generaciones. Los integracionistas, en cambio, hacen su debut en los inicios del siglo XX. Su discurso fue y ha sido el de promover mayor tolerancia, comprensión y respeto por la cultura mapuche y su gente. De esta manera, promueven la incorporación mapuche en la sociedad estatonacional chilena, con más/menos elementos de la propia cultura. Este discurso se ha mostrado altamente influyente en la sociedad mapuche, y parece estar en el sustrato de toda organización mapuche con aspiración de protagonismo y representatividad político-social. El integracionismo cruza el espectro político estado nacional, encontrándose expresiones de él desde la derecha hasta la izquierda, o desde Venancio Coñuepan a Eusebio Painemal. Y se ha reforzado en el tiempo con coyunturas favorables a la tolerancia y el respeto a las minorías, como aquellas que sucedieron a la derrota nazi-fascista en la II Guerra Mundial (política del exterminio), los procesos de descolonización de Asia y África, y la conquista de derechos civiles por los "negros" en países con población Africana transplantada. Muchos de los dirigentes gremiales mapuche actuales y que podríamos denominar "históricos" por provenir del período dictatorial (liderazgos originados en los Centros Culturales Mapuche de fines de los 1970s que cambió a Ad-mapu a principios de los 1980s), caben en esta identificación política. Mientras no pocos autonomistas han tenido como primera escuela de ideales etnopolíticos al integracionismo, que marca su continuidad histórica con las luchas mapuche de ayer y del presente. Los integracionistas se han caracterizado por promocionar la solución del conflicto nacional mapuche, por la vía de demandar leyes indígenas benignas al estado chileno, que apuntan por lo general a solucionar problemas económicos, sociales o culturales, pero no a conquistar derechos políticos para los mapuche. Eso continua ocurriendo hoy día, por ejemplo, con las demandas concretas de las comunidades de asistencialidad, y las propuestas de asistencialidad del estado en proyectos de infraestructura, productividad y capacitación, que el director de CONADI denomina "resolución en forma ordenada" de la cuestión mapuche (Entrevista, Radio Chilena,18:05, 13/11/2002). Sólo recientemente en los 1980s-1990s algunos integracionistas se han acercado a reivindicar derechos políticos, como se desprende de su apoyo a la demanda por reconocimiento constitucional a la existencia de poblaciones indígenas en Chile. Pero huelga decir que no está claro que un reconocimiento por sí mismo garantice derechos políticos alguno a los mapuche, sino va acompañado de un texto explícito que así lo especifique. En ese sentido no es malo recordar que la posibilidad de alcanzar algunos derechos por esa vía, descansa exclusivamente en manos de nacionalistas chilenos en el ejecutivo y parlamento, dado la escasa movilización-presión generada por los integracionistas en soporte de esa demanda. Y, también, que la propia Concertación como fuerza política a la que muchos integracionistas han entregado la responsabilidad de hacer prosperar esa demanda, no es garantía para impulsar dicha demanda al interior de las instituciones del estado. La concertación ha mostrado escasez de convicción y falta de disciplina de voto, a la hora de favorecer las demandas mapuche. Por lo menos, así lo evidencia el que parlamentarios concertacionistas hayan argumentado y votado en contra de esa iniciativa. Y no es el único caso donde los integracionistas han mostrado poca o nula capacidad de influir, en los eventos políticos que beneficiarían a los mapuche y otras minorías nacionales en Chile. Está el caso no menos importante de ratificar el convenio 169 de la OIT sobre protección de poblaciones indígenas, que esta vigente en estados más "pluralistas" desde hace 14 años (1989). Todo indica que los integracionistas se han dormido en sus laureles o domesticado a la búsqueda de soluciones "en forma ordenada", que en 12 años de gobiernos Concertacionistas no han mostrado resultados contundentes (ni reconocimiento constitucional ni ratificación del convenio 169). Quizá, tal imprevisión en movilizarse y presionar al estado se explique, entre otras cosas, porque las organizaciones integracionistas por lo común son sucursales de partidos políticos estado nacionales (en la mayoría de los casos de partidos de la Concertación). En tanto tal, sus líderes juegan roles de intermediarios entre una masa de seguidores con los problemas de la sociedad mapuche campesina que conocemos, y autoridades políticas partidarias no mapuche que determinan para los mapuche lo "políticamente correcto". Los autonomistas, como ya he sostenido antes, son en cambio un fenómeno político y social nuevo en la sociedad mapuche y en la sociedad nacional chilena. Si hay algo que distingue a los autonomistas de otras posiciones o tendencias del movimiento mapuche, es su aspiración a conquistar derechos políticos en favor de la nación mapuche, para recuperar control sobre la vida política, social, económica y cultural de la nación mapuche (y de la población regional en su conjunto). En otras palabras, los autonomistas cuestionan el rol auto asumido por el estado etnocéntrico, centralista, y su burocracia racista, discriminadora, excluyente y segregacionista, de conducir los destinos de los mapuche en tanto individuos y nación. Los autonomistas mapuche ponen en cuestión que sean nacionalistas chilenos, ajenos a la realidad territorial y cultural del país mapuche (como ha ocurrido hasta ahora gracias al centralismo estado nacional), quienes determinen lo conveniente o inconveniente para la población mapuche y el conjunto de la población en el país mapuche, sin que ni mapuche ni otrora colonos sean consultados ni menos participen en la toma de decisiones que afectarán sus vidas. En este sentido, e insistiendo en las propias diferencias entre autonomista y especialmente entre autonomistas y regionalistas, demandas de descentralización y democratización del país mapuche como las sostenidas por regionalistas (ex)colonos del país mapuche(3), no son contradictorias a un proyecto autonomía del Wallmapu, sino fases tempranas de un proyecto de profundización de la democracia, descentralización del estado, y de empoderamiento local, que no estará completo hasta conquistar una forma semi estatal de organización y vida política. La autonomía, resulta así una impugnación a la incorporación mapuche al estado chileno, en las condiciones que conocemos y que han creado el problema nacional mapuche. Al mismo tiempo, es una propuesta de nueva relación con el estado etnocéntrico y centralista, en la que éste reconozca el derecho de los mapuche y de la población en el país mapuche, a una forma semi estatal de vida social y política, al estilo de descentralizaciones como la española, la británica, u otras que sin ser perfectas son más democráticas, pluralistas, y tolerantes respecto de las minorías nacionales, que la escuálida descentralización y democracia chilena. De esta suerte, la autonomía busca crear condiciones para que el problema nacional mapuche sea resuelto en situ por los actores políticos, sociales, y económicos del país mapuche. Y por lo tanto, crear condiciones para que la política cambie de giro, al tener que descansar sobre las dinámicas locales antes que ser receptáculo de las ordenes centrales. Es cierto que la autonomía en tanto demanda y propuesta a la sociedad nacional chilena no está plenamente desarrollada ni pactada por los propios autonomistas. Pero lo anterior no quita que se avanza en ese sentido (tener presente el aumento de la literatura en esa dirección en los últimos años). Los avances de los autonomistas contrastan con la conformidad y falta de iniciativas que muestran los integracionistas de todo tipo, cuyos líderes tienden a asumir roles burocráticos y colaboracionistas en el aparato de estado, justificándose con la idea de intentar cambios desde el poder, cuando no tienen ninguna posibilidad de alcanzar niveles relevantes en la toma decisiones. Los autonomistas ciertamente son minoritarios respecto a una masa de activistas mapuche que aún se mantiene en posiciones integracionistas de todo tipo. Pero en política ser minoría o mayoría es casi siempre una condición transitoria antes que un estado permanente. Por ejemplo, veamos el caso de la historia de la Democracia Cristiana chilena, nacida de un fraccionamiento en la derecha durante la primera mitad del s. XX. Ella, de un primer momento en que nadie le daba crédito, se alzó para convertirse en la primera fuerza política del país en la primera mitad de los 1960s. Pero tal ubicación fue desgastándose hacia fines de esa década y comienzos de los 1970s, hasta que volvió a ubicarse en la primera posición de las preferencias políticas al fin de la dictadura. Todos sabemos en donde está la DC hoy batiéndose en un caos y en divisiones internas, pero no tenemos como saber donde estará mañana: si desaparecerá o resurgirá de sus cenizas. La DC chilena como otras fuerzas políticas estado nacionales no nacieron siendo mayorías. Si conquistaron alguna vez las preferencia mayoritarias del electorado chileno, de debió sin duda a un conjunto de circunstancias que la favorecieron, antes que a una condición dada o preexistente. Por lo anterior, en política parece no haber enemigo pequeño ni mayoría perenne. Y quizá no sea majadero recordar que ser mayoría en una coyuntura histórica, no forzosamente índica estar en lo correcto. Recordemos, por ejemplo, que la mayoría de los europeos en la edad media creía que el planeta tenía forma de plato con Jerusalén al centro. En esos días, decir lo contrario, esto es, ser minoría -como Copernico-, costaba juicios inquisidores. Hoy día, y desde otro paradigma, podemos decir que esa mayoría estaba equivocada. Y de otra parte, apelar a lo que Pinochet llamaba las "mayorías silenciosas" adjudicándose su apoyo u aprobación ("la gran mayoría de la población mapuche está en otra", Radio Chilena, 13/Nov/2002), es de todo punto de vista un engaño, puesto que en política son siempre los menos quienes en cualquier sociedad dada juegan los roles de activistas o reformadores. Al resto se les pregunta en determinados momentos a través de referéndum o plebiscitos, antes de tomar su silencio en provecho propio (ver el ejemplo cívico del Quebec). A los mapuche nadie les ha consultado nunca nada sino que todo se les ha impuesto. Pero más interesante que preocuparse de aspectos cuantitativos de una fuerza política nueva en la sociedad mapuche, me parece que lo es comentar que los autonomistas no dejan de ser integracionistas del todo. Me explicó, hasta ahora no he leído opinión de mapuche autonomista alguno (puedo equivocarme), promoviendo que todos los (ex)colonos en territorio mapuche deben irse a otro rincón de Chile, a Europa o al diablo (y si lo hubiera igual no sería representativo de todos los autonomistas). En este sentido, las acciones emprendidas por recuperar tierra desarrolladas por algunos autonomistas, se han hecho sobre la base de reparar injusticias históricas antes que expulsar la población (ex)colona. Esa injusticia histórica es haber usurpado tierras que el propio estado chileno reconoció en propiedad a los mapuche (constan en títulos de merced). Los autores de tal ilícito fueron colonos inescrupulosos en concierto con una justicia, policía, burócratas del estado y estadistas corruptos que lo permitieron. En resumen, por el "estado de derecho" que reverencia el director de CONADI. Sin cerrarse al hecho de que hipotéticamente pudiera haber ahora o en el futuro algunos autonomistas promoviendo una "limpieza étnica" a favor de los mapuche (política que en cambio ¡sí! ha sido practicada por el estado chileno con sus minorías), los esbozos de propuestas de autonomía actuales parten de asumir como un hecho, que hay población (ex)colona que hoy se identifica con el territorio mapuche, y que tiene derecho a permanecer en el (pluralismo). Pero lo que los autonomistas cuestionan y parecen no aceptar, es el tipo de relación colonial impuesta por el estado chileno en el Wallmapu, con sus secuelas de marginación, pobreza, discriminación, subyugación y emigración en que hoy viven los mapuche en dicho territorio. El integracionismo que promueven los autonomistas mapuche es entonces un integracionismo de nuevo tipo. El integracionismo que promueven los autonomistas mapuche es un integracionismoliberador, al revés del integracionismo que no cuestiona las relaciones de dominación subyugación del estado hacia sus minorías. Ese integracionismo plantea al estado chileno, que en adelante no sólo deben haber promesas de nuevo trato o un nuevo trato expresado únicamente en asistencialidad económica o social; sino el reconocimiento tácito o explícito de derechos políticos específicos para la población mapuche, en tanto colectividad o nación con un territorio mapuche específico (Wallmapu), independiente de que los mapuches no sean mayoría hoy en el. Los autonomistas postulan que para asegurar un futuro para la nación mapuche y los habitantes del Wallmapu en su conjunto, el estado debe reconocer el derecho a sus habitantes a determinar que desarrollo quieren. En otras palabras, buscan terminar con el centralismo que no ha hecho sino convertir al Wallmapu en una gran villa miseria, y donde los recursos del Wallmapu y su explotación no generan riqueza para su gente, sino para transnacionales extranjeras o para las elites nacionalistas chilenas, que ni siquiera residen en el Wallmapu aunque algunos de ellos tengan sus fundos o sus residencias de veraneo en él. Por todo lo anterior, la demanda de los autonomistas mapuche no se aparta de lo que el director de CONADI se atribuye para si mismo, esto es, la construcción de una sociedad plural. Por el contrario, la construcción de una sociedad plural sólo es posible en la medida que se reconozca la existencia del otro, pero del otro con derechos políticos específicos en tanto colectividad o nación (derecho a la autodeterminación interna o autonomía). Al menos, ese parece ser el sentido de los avances que se han hecho en materia de derecho internacional para situaciones como la que ocurre en Chile. Y ya que tocamos el tema del derecho internacional, es bueno afirmar que en sus raíces la demanda de autonomía mapuche presente (originada tímidamente en los 1980s en el contexto de lucha anti dictatorial), en ningún caso es una reivindicación sui generis mapuche, sino que corresponde a lo que podríamos llamar "el estado del arte en las demandas indígenas a nivel mundiales". La demanda de justicia en favor de las minorías es tan vieja como la historia, adquiriendo particular importancia en el contexto europeo de fines del siglo s.XIX, que vio el surgimiento de la "Liga de las Naciones" para proteger los derechos de las minorías. Esos derechos nuevamente fueron sometidos a prueba durante la asonada nazi fascista de mitad del siglo XX, que hicieron que Naciones Unidas terminara reconociendo en 1992 el derecho de las minorías a expresar y proteger su identidad (al mismo tiempo que en años previos a tal reconocimiento favoreció la descolonización y autodeterminación de tantos países en Asia y África). Entonces, la demanda de autodeterminación interna de hoy o autonomía es una idea de justicia de carácter universal, que ha fluido hacia la sociedad mapuche contemporánea, usando como puentes las delegaciones mapuche enviadas durante los años de dictadura y en el presente, a foros mundiales como el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU (fundado en 1982). También, usando como puente a intelectuales mapuche que han accedido a esas ideas de justicia de circulación mundial, a través de lecturas e investigaciones favorecidas con el término del oscurantismo dictatorial. A demás, favorecidas por las salidas de muchos mapuche fuera del ghetto que representa la sociedad nacional chilena en el concierto mundial de estados naciones, y sus nuevas experiencia en sociedades si bien no perfectas más democráticas, pluralistas y tolerantes que la chilena. Y, por cierto, por la globalización de las comunicaciones como en el caso de internet, que han favorecido la rápida difusión de la experiencia de lucha y resolución de situación de conflicto nacional o étnico en otras sociedades (la globalización no es exclusivamente económica o tecnológica). Si las ideas de autonomía, que representan
un patrimonio universal de tolerancia y de respeto a los derechos
humanos (colectivos), comienzan a expandirse en la sociedad mapuche
contemporánea, es porque han caído en un campo fértil.
Terreno que se caracteriza por el hecho de que el estado chileno
no ha modificado sustantivamente las relaciones de opresión
nacional de los mapuche desde el siglo XIX (relaciones surgidas
de la guerra de conquista desatada por el estado en contra de los
mapuche, y de la derrota militar de la nación mapuche que
dieron origen a la expoliación territorial de la nación
mapuche, la colonización con población exógena
del Wallmapu, y la usurpación de tierra a reducciones mapuche...
en definitiva la situación colonial), Y porque los mapuche
gracias a esas relaciones de tipo colonial son los pobres entre
los pobres en Chile. La pobreza mapuche se retrata claramente en las palabras del senador concertacionista por la región mapuche Muñoz Barra, quien ha dicho en este mes de noviembre que hay mapuche que viven con un dólar diario y otros muchos con sólo dos (Diario Austral, 15/Nov/2002). Mientras tanto nos vamos enterando por la prensa que en su calidad de burócratas del estado, algunos ministros chilenos reciben además de sus ya abultados salarios (por los 300 y más dólares diarios según ventila la prensa), "sobresueldos" que van desde los 50 dólares diarios hacia arriba, como los que recibía el actual presidente del "estado de derecho" chileno, don Ricardo Lagos, en su calidad de ministro de Eduardo Frei hijo (Diario La Tercera, 21/Nov/2002 y 22/Nov/2002). Puestas esas cifras en una forma más pedagógica, significan que para que un mapuche viviendo con un dólar diario reúna los conjeturados 350 dólares diarios que gana un ministro del estado de derecho chileno, debería al menos esperar 11 meses y medio sin gastar un peso (y en el segundo caso casi 6 meses). Y si proyectamos la cifra para que ese campesino mapuche que vive con su dólar diario junte el dinero que gana en un mes ese burócrata del estado, debería esperar sin gastar ese dólar unos 29 años. Ni mencionar el tiempo que debería esperar ese campesino mapuche para reunir el dinero que ese ministro gana en un año, simplemente tendría que vivir varias vidas. ¿Cuál es la ética salarial en el estado de derecho del que nos habla Cayún (y ni mencionar los salarios de organismos privados)? Esa situación se llama injusticia y explica porque los mapuche están donde están (junto a no pocos chilenos), mientras otros sectores sociales progresan continuamente. Esa situación es una inmoralidad, sobre todo porque quienes la practican son los mismos que piden solícitamente al que vive del dólar diario, "que tenga paciencia", que encauce sus demandas "por los canales regulares", que resuelva sus problemas "en forma ordenada". Finalmente, los autonomistas no se muestran convencidos de que la autonomía es un imposible, porque "es económicamente inviable" en territorios pequeños, y consecuentemente podría llevar a la población mapuche a "vivir de subsidios", "la emigración" y la "transformación en extranjeros" en su propio país (ideas de Cayún en la entrevista a Radio Chilena ya citada). Afirmar eso es cuando menos una perogrullada. Los autonomistas mapuche embarcados en las recuperaciones de tierra han planteado las recuperaciones como un ingrediente de una planificación más amplia, que incluye la recuperación del Wallmapu. En estas líneas yo no pretendo hacer la apología de ninguna propuesta autonomista en particular ni de sus métodos de lucha. Pero si busco argumentar a favor del espíritu de las ideas autonomistas en general, y en contra del estatus quo que se desprende de las opiniones del director de CONADI (que me tocan en lo personal en cuanto autonomista confeso). En razón de ello no sería improductivo que Cayún se preguntara así mismo ¿por qué si las tierras mapuche son inviables, son al mismo tiempo tan apetecidas por la industria forestal, de la celulosa, la energía, turística, y tantos otros sujetos económicos? Y, ¿por qué muchas de esas tierras están improductivas hoy? ¿Han sido siempre improductivas? ¿No será que la situación de improductividad se debe a la propia situación de expoliación territorial y de tierras reduccionales a posterior, que jibarizó las propiedades mapuche pre y pos incorporación, llevando a los mapuche a la sobre explotación de un recursos escaso durante todo el siglo XX? Las tierras mapuche no son pobres porque sí, sino gracias a una historia que a llevado a su sobre explotación. Además, las tierras mapuche no son pobres per se, esto es, podrían ser recuperadas en condiciones distintas a las actuales. También, ¿por qué hoy los mapuche son minoría en su propio territorio? Y, ¿por qué la mayoría de los mapuche vive en Santiago? ¿No es esa situación acaso, al revés de lo que sostiene Cayún, la consecuencia del estatus quo que él defiende? En otras palabras, la migración con que aterroriza a los autonomistas ¿no es acaso un hecho hoy? ¿La diáspora mapuche a las ciudades chilenas no es acaso uno de los jinetes apocalípticos, que ya se han dejado caer sobre los mapuche desde la incorporación? Sin dudas, la existencia de casi medio millón de mapuche en Santiago no se debe a las políticas de los autonomistas de hoy, sino a las que históricamente el estado chileno ha aplicado para con los mapuche. Y, respecto a ser extranjeros en su propio país, ¿acaso los mapuche no han sido y son ciudadanos de segunda categoría en Chile? La existencia de leyes indígenas, incluida la presente -19.253- y gracias a la cual el director de CONADI ha conseguido su entrada en la burocracia estatal, ¿acaso no resumen la idea de proteger a quienes son considerados "vulnerables" y por tanto no iguales? ¿No dedica la nueva ley el artículo número 8 a tratar el tema de la discriminación, proponiendo incluso figuras penales como el delito de discriminación? ¿No se hizo el artículo número 8 precisamente porque lo mapuche son ciudadanos de segunda clase o extranjeros en Chile? Entonces, tenemos todo el derecho a preguntarnos ¿en que realidad vive Cayún? ¿La realidad del mundo al revés? No creo que haya unanimidad entre los autonomistas en cuanto descalificar completamente el trabajo que han echo algunos integracionistas desde CONADI. Seguramente, no pocos se resisten a dar la bienvenidas a las 300 mil hectáreas que Cayún nos dice que CONADI en nueve años ha traspasado a los indígenas... en "forma ordenada". 300 mil hás. que desglosadas en nueve años significa unas 33 mil por año o 2.777 mensuales. Pero cabe preguntarse, ¿cuántas de esas hás. se han traspasado específicamente a los mapuche, en consideración de que CONADI compra tierra no exclusivamente para los mapuche sino para otras minorías también? Y, sobre todo ¿cuál es el impacto de esas hectáreas en la vida de los campesinos mapuche concretos que las han recibido? ¿Cuánta tierra percápita para un grupo familiar o para un mapuche en particular? ¿Han sacado esas hás. de la pobreza a las familias que las han recibido, en consideración a que algunos parlamentarios de derecha han afirmado que una propiedad agrícola viable debe al menos estar constituida por unas 100 hás.? Muñoz Barra, para citarlo de nuevo, en el debate parlamentario de junio de 1999 se quejaba de que traspasar tierra sin más no saca necesariamente a los campesinos mapuche de la pobreza. En sus palabras: "quiero exponer un hecho real. Se les ha comprado, por ejemplo, predios en conflicto -fundos de 300 ó 400 hectáreas- a algunas comunidades. Pero -¡es increíble!- siguen igual de pobres, aunque no más pobres que antes. ¿Y por qué? Porque el particular que vendió explotaba esas 300 ó 400 hectáreas con dos tractores. Además, tenía vacas, sembradora, esparcidora de abono; podía sembrar 200 sacos de trigos y acceder a créditos en INDAP. A los mapuches, en verdad, les entregaron las 400 hectáreas, ¡y punto! Y debían arreglárselas como pudieran. No tenían semillas, abono, créditos ni maquinarias" (Legislatura 340 Ordinaria, Sección 6ta. 16/Jun/1999). Es probable que CONADI haya aprendido la lección que se desprende de la descripción de Muñoz Barra, y a través de programas como "orígenes" contribuya a palear un poco la pobreza mapuche. Pero, ojo con la crítica opositora al gobierno que ya se insinúa, de que por allí se podrían estar malgastando dineros en salarios altos y contrataciones abultadas (25 dólares diarios), a capacitadores en un número de 150 para unas 450 comunidades envueltas en el proyecto (E. Matthei y García Ruminot, Diario el Gong, 21/Nov/2002), y que podrían no tener la competencia o calificaciones requeridas ("Congelan fondos de tierra en Conadi", Diario Austral, 31/Ago/2001 ). En otras palabras, tras las buenas intenciones de CONADI pudiera haber una cooptación masiva de potenciales agitadores o reformistas, que desempleados pudieran darle más de un dolor de cabeza al "estado de derecho", antes que realmente sacar de la pobreza a los mapuche. Pero con todo, la crítica y las propuestas autonomistas no pierde fuerza a consecuencia de las inversiones en capacitación, infraestructura o productividad para campesinos mapuche. Ello, porque como vengo sosteniendo majaderamente en estas líneas, la demanda de autonomía -independiente de los métodos que usen algunos autonomistas- apunta esencialmente a conquistar derechos políticos para los mapuche y para la población (ex)colona del Wallmapu. Y derechos políticos no significa asistencialismo sino empoderamiento. No significa ser receptáculo de programas de asistencialidad, sino recuperar poder político para decidir el desarrollo que se quiere y el ritmo que se le quiere imprimir a ese desarrollo. Derecho positivista versus derecho innovativo o persuasivo Termino este documento acotando solamente que la visión del derecho que muestra el director de CONADI, presupone una asunción acrítica de lo legal. En otras palabras, en las opiniones que Cayún emite en relación a los autonomistas, el encauzamiento de las demandas mapuche por los conductos regulares, el estado de derecho, y a la muerte de Lemun Saavedra se evidencia un tratamiento de lo legal, como si se tratara de preceptos válidos que están por sobre el ser humano. El director de CONADI muestra así una no disimulada condescendencia con el poder, que lo hace perjudicial para las pretensiones de justicia social mapuche. Hace un mes atrás Cayún decía a la prensa: "existe un ordenamiento jurídico y las personas que se salen de él deben responder ante los tribunales" (La Tercera 05/Oct/2002), convirtiéndose así en una especie heraldo implacable hacia los mapuches, de un derecho a todas luces positivista, que no deja espacio a la persuasión, el convencimiento y a la atracción del oponente político. Por ello, su figura se levanta a través de los medios de comunicación como la de un tecnócrata, que ante cualquier disturbio mapuche echa mano a su código civil o cualquier otro paquete de leyes (sin meditar el origen como en el caso de la "ley antiterrorista" creada por la dictadura para combatir precisamente a sus enemigos políticos), buscando inspiración para detener las conductas de desobediencia civil mapuche. Los retos de un medio ambiente político que el director de CONADI no controla, y que le exaspera porque seguramente le arrastra y enrostra una crítica implacable de sus jefes y de la oposición a sus jefes, hacen responder a Cayún de una forma tan poco innovadora en materia de derecho como persuasiva. Así, fue incapaz de emitir un juicio de valor en relación a la muerte de Lemun, en razón del hecho de que joven mártir recibió un impacto de bala en la cabeza, dirigido a asesinarlo y que no se condesciende con una política de uso de la fuerza pública para disuadir. Tampoco ha dicho nada respecto del hecho de que en el sitio del suceso había guardias armados de la empresa forestal afectada por el "ilícito" (eufemismo para paramilitares). Y se muestra ingenuo en tratar de convencer a la opinión pública, especialmente mapuche, de que será la justicia la que investigue, determine y resuelva si hay responsabilidad criminal de parte de la policía en lo ocurrido (la justicia militar más exactamente). Lo anterior, como si los mapuche y la justicia chilena no tuvieran una historia de relaciones torcidas, que es la misma historia de la conquista, incorporación, expoliación y colonización que ya he mencionado. La justicia chilena, en la situación de colonialismo interno en que viven los mapuche, no es sino la justicia del colono para el colonizado. Quizá por ello, las cárceles chilenas comienzan a llenarse de presos políticos mapuche, mientras los usurpadores del patrimonio mapuche han vivido y viven libres, tranquilos y gozan de buena salud. Otra actitud es posible y deseable, más en un mapuche como lo es el director de CONADI, si se tiene en mente hacer justicia. Para ello, no perder de vista la perspectiva histórica que ha creado la situación presente, parece ser la clave. Junto a ello, no postergar los intereses de la nación mapuche ante los propios. La receta no es nueva, pero si se la deja maserar adecuadamente en el piwke y en la longko... ¡no falla! NOTAS 1. Ver autores como Foerster, Lavanchy,
Vergara, y otros a partir de los 1990s. |
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