Reflexiones en torno a un reconocimiento abortado

Wallmapu – julio de 2002

Finalmente y tras una serie de reuniones, seminarios, foro-debates, conferencias en vivo y un sin fin de estudios jurídicos e históricos al respecto, la honorable Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado ha decidido no reconocer en las futuras reformas constitucionales la existencia "legal" de nuestro pueblo. Esto al menos se desprende de su decisión de excluir del debate de reformas constitucionales el concepto de "pueblo" y reemplazarlo por aquel otro de las mal llamadas "poblaciones", un concepto difuso e inapropiado, pero que ha logrado generar un relativo consenso entre todas las bancadas políticas participes del circo parlamentario de los últimos meses en Valparaíso.

La decisión del Parlamento chileno es categórica. Se rechaza la utilización del concepto de "pueblo" y se propone un reconocimiento light del tipo "El Estado chileno reconoce la diversidad de origen de los chilenos que forman parte de la nación y declara su especial preocupación por las poblaciones indígenas originarias, a las cuales garantiza su derecho a fortalecer los rasgos esenciales de su identidad...”. En otras palabras, se le niega a los mapuche por decreto la posibilidad de ejercer a futuro alguna clase de derechos político-territoriales (inherentes al concepto de pueblo) y se nos obliga por el contrario a seguir esclavizados por el asistencialismo estatal y por las políticas de integración forzada que los gobiernos de turno nos ofrecen a los mapuche como única alternativa de futuro.

Sin embargo, más que lamentar lo acordado por dicha comisión del parlamento chileno en su última sesión especial, lo sucedido viene a traer enhorabuena un poco de claridad en medio de un ambiente político enrarecido por las supuestas "buenas intenciones" de algunos insignes parlamentarios de derecha y el también supuesto "espíritu progresista" de gran parte de sus pares miembros de la Concertación. Ambas ingenuidades que se nos presentan hoy en su cara más visible y patética en la figura del célebre Aukan Huilkaman rasgando vestiduras en Temuko por el acuerdo de "caballeros" tomado durante las pasadas elecciones parlamentarias con el entonces candidato de la derecha Alberto Espina y que hoy denuncia haber sido incumplido por el nada de tonto senador en ejercicio de RN. ¿Qué tipo de acuerdos son aquellos?, ¿Acaso frenar las movilizaciones y no torpedear su campaña a cambio de apoyo político posterior en el Parlamento?. A confesión de partes, relevo de pruebas.

En nuestra opinión, la coyuntura generada por este rechazo parlamentario es propicia para romper con algunos mitos presentes y que rondan como fantasmas este tipo de iniciativas gubernamentales. En primer lugar, aquel mito del “valioso” espacio de discusión generado en la Comisión respecto de la situación de nuestro pueblo. En segundo lugar, el también recurrente mito de la “destacada” voluntad política manifestada por el gobierno al posicionar en el ámbito parlamentario la discusión sobre tan importante materia. Y finalmente, aquel mito que dice relación con lo “relevante” que significaría para la lucha de nuestro pueblo un reconocimiento constitucional de tales características.

El mito del espacio de discusión y debate

Este mito debe ser uno de los más comunes de escuchar en boca de nuestros dirigentes a la hora de justificar su participación en dicha instancia. “El espacio de discusión abierto en el parlamento ha sido un hecho histórico, un avance para nuestra lucha y pone en evidencia una "apertura política" de la clase dirigente que no debemos desaprovechar”, es más o menos el argumento típico. Aun mantengo en mi memoria las opiniones auspiciantes y optimistas al respecto de conocidos y destacados dirigentes del movimiento mapuche, así como también la voz menos publicitada de numerosos dirigentes locales, seudo líderes la mayoría de minúsculas asociaciones comunales y cuyos radares de alerta temprana del oportunismo les indicaron que su momento de sentarse en la mesa de los elegidos por fin había llegado.

Si bien debemos reconocer que la iniciativa gubernamental de reformas constitucionales ha generado en el Parlamento un intenso debate histórico, político y jurídico respecto de la situación de nuestro pueblo frente al Estado chileno, también es bueno reconocer que ha dichos debates sólo han sido invitados a exponer su opinión especialistas huinkas en la temática indígena, en su gran mayoría académicos convertidos de la noche a la mañana en prominentes mapuchólogos, y uno que otro dirigente mapuche poco relevante y desvinculado por lo general del proceso de lucha que se desarrolla al interior de nuestro territorio. En los hechos, se ha tratado de un debate más academicista que político, actuando en este caso los dirigentes mapuche invitados como simples "objetos" de estudio para una entusiasta corte de antropólogos, historiadores, abogados y cientistas políticos capitalinos. Algo similar a lo que acontece con la hoy desperfilada Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que preside desde hace más de un año el ex mandatario Patricio Aylwin.

En contraste, ha brillado por su ausencia en el Parlamento la opinión informada y eminentemente política de los dirigentes del movimiento mapuche de resistencia, las opiniones de aquellos líderes de nuestro pueblo más distanciados de los partidos políticos chilenos y de la política indigenista del gobierno y que a través de la lucha directa contra el Estado, sus instituciones y las empresas transnacionales han ido configurando poco a poco un escenario político propicio para una reivindicación mapuche por nuestros derechos políticos colectivos. Es decir, por el derecho de poseer un territorio, el derecho de autodeterminarnos como pueblo y el derecho a ejercer dicha categoría por medio de una de sus expresiones políticas concretas: la Autonomía.

Al igual que en otras ocasiones, la voz de aquellos legítimos representantes de los intereses de nuestro pueblo no cuenta para los intereses del gobierno ni para los intereses de una derecha patronal y discriminatoria encabezada por la UDI. Es más, se la silencia en forma cotidiana tanto en las esferas de la high policy como al interior de las propias zonas de conflicto territorial, a punta de operativos policiales, allanamientos nocturnos, persecuciones judiciales y encarcelamientos arbitrarios, tal como lo demuestran los crecientes listados de presos políticos mapuches procesados, condenados y perseguidos por los tribunales de justicia publicados en el último tiempo.

Un punto aparte merece sin duda la participación activa –y destacada por las propias autoridades- que tuvieron en varias sesiones de trabajo de la comisión los propios usurpadores del territorio de nuestras comunidades, agricultores y empresarios de apellido europeo y sin escrúpulos que por obra y gracia del discurso gubernamental se transformaron de la noche a la mañana en inocentes “víctimas” de la violencia “terrorista” que grupos mapuches radicalizados estarían tratando de imponer como única vía de solución al conflicto en la zona sur del país.

Costaba creerlo, pero allí en el Parlamento y debatiendo los intereses de nuestro pueblo podíamos ver a los Lichtenberg Rilling, los Stappung Luchsinger, los Luchsinger Villger, los Magofke Garbarini, los Carvajal Rondanelli, los Jequier Ascharlchli y los Subiabre Risso, todos ellos dignos herederos de la pujanza y el sacrificio de otros célebres próceres de la colonización de nuestro territorio como Cornelio Saavedra, José Bunster, Teodoro Schmidt y Hernán Trizano, entre muchos otros. Solo faltaban los Matte Larrain y los Angelini Fabbri, sin duda peces demasiado gordos como para nadar con tranquilidad en los reducidos espacios disponibles de la pecera parlamentaria.

Con ese nivel de participantes, el mito aquel del valioso debate producido en el Parlamento cae sin duda por su propio peso, sin mencionar todavía la duda que nos cabe a muchos de que sean estas comisiones de tercer nivel las instancias más adecuadas para generar una discusión que atañe en último caso a la sociedad chilena en su conjunto y en primer lugar a los propios mapuche.

El mito de la voluntad política

Otro de los mitos recurrentes a la hora de analizar instancias como la discusión parlamentaria sobre el reconocimiento constitucional, dice relación con la “destacada” voluntad política manifestada supuestamente por el gobierno de turno. Y al igual que el mito anterior, sirve este como justificación oficial para todos aquellos dirigentes mapuche que sólo como una muestra de “responsabilidad política” y no como una acción de “oportunismo político” aceptan participar de este tipo de reuniones.

La verdad es que voluntad política es lo menos que ha demostrado el gobierno de Ricardo Lagos –y porqué no decir los sucesivos gobiernos de la Concertación- a la hora de enfrentar el conflicto político-étnico que se desarrolla en la zona sur del río Bio-Bio. Aplicación de leyes políticas altamente restrictivas de los derechos de nuestros militantes - como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista -; militarización de vastas zonas de territorio a través de la instalación de cuarteles policiales temporales; negativa a dialogar públicamente con aquellos sectores catalogados eufemísticamente como “conflictivos”; compromiso directo con los planes de invasión (perdón, quise escribir inversión) de grandes conglomerados multinacionales como Endesa España, por ejemplo, son solo algunos casos donde la “destacada” voluntad política del gobierno de Ricardo Lagos a quedado de manifiesto ante nuestros ojos.

En el caso del reconocimiento constitucional, todos los intentos del gobierno chileno por impulsar su discusión parlamentaria han sido motivados por coyunturas determinadas y propósitos distintos que distan mucho de una supuesta voluntad política favorable a los intereses de nuestro pueblo: Primero, el año 1992 durante el mandato de Patricio Aylwin para colocarse a la altura internacional de las conmemoraciones de los "500 Años" del redescubrimiento de América; segundo, durante el mandato de Eduardo Frei para frenar la fuerte movilización mapuche iniciada en diciembre del año 1997 en Lumako; y ahora para darle una mayor contundencia al discurso del "Nuevo Trato" que el gobierno de Ricardo Lagos nos pretende ofrecer como alternativa al escenario de movilizaciones que ya se prolonga en diversas zonas del Wallmapu por más de cuatro años.

Todos estos intentos -con los matices mencionados y tal como lo señalaran en su oportunidad distintos referentes de nuestro pueblo- han sido concebidos dentro de un mismo marco político-estratégico: desmovilizar a las organizaciones y comunidades involucradas en procesos de lucha, y generar la división al interior del movimiento mapuche a través de la apertura de espacios de participación política para determinadas organizaciones o caudillos. Todo esto con el objetivo final de mantener inalterable tanto sus políticas colonialistas de Estado, como sus políticas macroeconómicas de gobierno y que tienen al territorio mapuche como campo de ación para gran parte de sus futuras inversiones y proyectos.

El mito de la importancia del reconocimiento

Finalmente nos encontramos con el mito de la supuesta importancia que tendría para los mapuche un reconocimiento constitucional como “pueblo” en la Carta Fundamental. Si bien es oportuno reconocer que una medida en tal sentido, más aún si se enmarca en una futura ratificación del Convenio 169 de la OIT, conllevaría un incremento sustancial de la participación de los mapuche en la toma de decisiones respecto de las políticas públicas e incluso en aquellos temas referidos a las inversiones privadas en nuestro territorio, apostar por mayores grados formales de libertad política al interior del estado es pecar nuevamente de ingenuidad.

Tanto aquel fallido intento de reconocimiento prometido por el Presidente Patricio Aylwin el año 1989 en el Acuerdo de Nueva Imperial, como los otros dos que le han sucedido se han limitado a los estrechos márgenes de un mismo proyecto político-estratégico: la mantención de la sacrosanta integridad territorial del Estado-nacional chileno. En ese sentido se han enmarcado todos los fallidos intentos de reconocimiento constitucional, los cuales si bien aspiran a reconocer legalmente nuestra existencia como pueblo, se aseguran de mantener a raya cualquier otra aspiración política que signifique colocar en riesgo la integridad del Estado y, por ende, los intereses de todo orden que se han ido consolidando al interior de nuestro maltratado territorio.

Es decir, se trataría de un reconocimiento como pueblo de segundo orden, probablemente descrito en el texto de la ley como un grupo minoritario de "indígenas" fieles representantes de la diversidad de la "nación chilena", o a lo más una comunidad cultural específica, objeto de asistencia y protección, pero carente de derechos políticos y territoriales colectivos. Un reconocimiento, en definitiva, castrado de sus componentes políticos principales y que tiene como máximo antecedente directo lo acontecido con los pueblos indígenas en la vecina República Argentina, estado que si bien reconoce en su Carta Fundamental desde el año 1994 la existencia de dichas colectividades en su territorio –incluido los mapuche del Puelmapu, por cierto- ha logrado mantener hasta la fecha de manera inalterable sus
políticas económicas y sociales de asimilación forzada y reducción territorial. Políticas, que duda cabe, etnocentricas en su enfoque y etnocidas en sus fines.

Sino, ¿cómo entender que incluso la propuesta gubernamental chilena de reconocimiento haya sido enviada con la salvedad clara de que el concepto de "Pueblo" utilizado no podía ser interpretado como titular de soberanía política, principio fundamentado en la aclaración contenida en el Convenio 169 de la OIT, otro instrumento aprobado por las autoridades argentinas hace ya varios años? . ¿Será acaso porque la utilización de dicho concepto en el derecho internacional otorga a quienes lo poseen el derecho de "autodeterminarse”, que no es otra cosa que el derecho que le asiste a una colectividad de poder definir su futuro político de manera independiente y soberana?. Preguntas interesantes y cuyas respuestas sin duda deben resultar muy reveladoras de las verdaderas intenciones del ejecutivo chileno.

Argumentar que un probable reconocimiento constitucional -e incluso aquella prometida ratificación del Convenio 169 de la OIT- represente un “avance” sustancial en la lucha de los mapuche por su liberación nacional, es una sobrevaloración desde todo punto de vista objetable. ¿Qué tanta importancia puede tener para la lucha de nuestro pueblo un reconocimiento de derechos socioculturales y económicos, si no se disponen de los instrumentos e instituciones políticas para hacerlos efectivos en la práctica?. Este punto es de enorme trascendencia, pues difícilmente nuestro pueblo podrá ejercer de manera cabal tales derechos en tanto el Estado chileno le siga negando el autogobierno, las instituciones, las competencias y la jurisdicción territorial que implica un régimen de autonomía.

Por otro lado, esta sobrevaloración significa además equivocar el diagnóstico de la situación de opresión que vivimos hoy en día los mapuche como pueblo frente al Estado chileno. Es desconocer completamente como funciona la maquinaria colonialista de los estado-nacionales a la hora de enfrentar los conatos de sublevación que sus minorías oprimidas estrenan con mayor o menor intensidad en determinados periodos de su triste historia patria. ¿O es que acaso las estrategias implementadas por el estado para neutralizar las movilizaciones y demandas mapuche distan mucho de las prácticas implementadas en sus inicios por los estados de Israel o Turquía para enfrentar el “problema” palestino o kurdo, respectivamente?. A riesgo de parecer alarmista, considero que las similitudes se hacen cada día más evidentes.

Embarcar al movimiento mapuche autónomo en un plataforma reivindicativa que tenga como eje principal la exigencia al Estado del reconocimiento constitucional e incluso la ratificación del Convenio 169, puede que constituya a luz de lo expuesto un error político de consecuencias impredecibles. La pregunta que surge de inmediato pareciera ser la siguiente: ¿Somos los mapuche un “pueblo” sin más, depositario de soberanía política y por tanto con derecho a la autodeterminación como otros pueblos y naciones del mundo como los kurdos, los vascos, los palestinos e incluso los saharauis?, o bien ¿un pueblo "indígena", carente de derechos políticos colectivos y tratado de forma diferenciada en un sin fin de Declaraciones y Convenios especiales como los quechua, los yanomami, los aymarás o los sioux?. Son preguntas que sin duda urgen al movimiento autónomo debatir y resolver.

Es de esperar que el rechazo del Parlamento chileno al reconocimiento de los mapuches como pueblo –cambiándolo por aquel otro de población- permita oxigenar el aire y aterrizar el discurso de muchos dirigentes mapuche afiebrados hasta ahora con el discurso laguista del nuevo trato. La dignidad de nuestro pueblo y el legado de todos aquellos presos políticos recluidos hoy en día en los penales de Cañete, Angol, Traiguén, Victoria, Nueva Imperial y Temuko nos exige a cada uno de nosotros reflexionar sobre estos temas y obrar en dicho sentido.

Por Pedro Cayuqueo
Director Resistencia Mapuche

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