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La internacionalización del conflicto Mapuche Violación de los derechos humanos en Chile Por Reynaldo Mariqueo* – 24 de octubre, 2009 Los últimos proyectos anunciado por el Gobierno de Chile que crea un Ministerio de Asuntos Indígenas, una Agencia de Desarrollo Indígena y un Consejo de Pueblos Indígenas (iniciativa tomadas al termino de su mandato presidencial) pareciera, por un lado, ser un intento de aproximar a Chile con los estándares internacionales en materia de derechos indígenas y con ello mostrar algo concreto en línea con las promesas enunciadas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por otro lado, el Gobierno tratar de detener con promesas lejos de ser concretizadas, el imparable proceso de movilización del pueblo Mapuche por la reconquista de sus derechos. Es deplorable sin embargo, que tales medidas se hayan tomado sin consulta ni participación de los pueblos indígenas violando con ello el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional recientemente ratificado por Chile. Entre el 4 y el 15 de mayo de este año, el Gobierno Chileno presento su Informe Nacional al Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realizó en Ginebra. En dicho Informe el Gobierno debió responder una serie de preguntas o tener que explicar las muestras de preocupación expresadas por 51 países, treinta de los cuales se refirieron específicamente a la situación de los derechos humanos del pueblo Mapuche. El Grupo de Trabajo examino el cumplimiento de Chile de sus obligaciones internacionales y las explicaciones emitidas en el Informe gubernamental no convencieron a la comunidad internacional, al contrario originaron nuevas interrogantes que fueron nuevamente expuesta por organizaciones no-gubernamentales durante el transcurso del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se efectúo en Ginebra entre el 14 de Septiembre al 2 de octubre de 2009. El Informe Nacional fue presentado por José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, quien encabezo una abultada delegación compuesta de 24 miembros para apoyar la versión del Informe gubernamental. El portavoz destaco que desde 1990, su país se embarco en la “reconstrucción de un sistema democrático basado en el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
De los treinta países que habían expresado al Gobierno Chileno su preocupación y hasta perplejidad por la violación de los derechos humanos del pueblo Mapuche, podemos destacar, entre otros, Suecia cuya pregunta no podía ser más clara: ¿Podría el Gobierno de Chile dar detalles sobre su posición con respecto a la protección jurídica de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los miembros de los grupos indígenas? Por su parte Alemania, le expresaba su consternación al constatar que las “tierras ancestrales” todavía siguen siendo amenazada por la expansión forestal y los megaproyectos de infraestructura y energía” y le recomendaba al Gobierno que “agilizar los procedimientos para el reconocimiento de sus tierras ancestrales”. Mientras el Reino Unido de Gran Bretaña le preguntaba: ¿Qué está haciendo Chile para mejorar el nivel de vida entre la comunidad indígena y las personas que viven en las zonas rurales? Esto demuestra la importancia internacional que despierta el conflicto que se desarrolla en el Wallmapu, que a pesar de la simpatía que existe en el mundo por el advenimiento de la democracia en Chile, no les impidió criticar las violaciones a los derechos humanos. Es también un indicativo que la persistente denuncia de las comunidades y organizaciones mapuche situadas en el Wallmapu y en el extranjero, no ha sido en vano. También demuestra la efectividad de las ONG tales como la UNPO, OMCT, la FIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Observatorio Ciudadano, entre tantas otras, que continuamente se han hecho eco de la terrible situación represiva que afecta al pueblo Mapuche. Los miembros del Comité Mapuche de Derechos Humanos con base en Europa y la Organización Enlace Mapuche Internacional de Inglaterra lograron coordinar sus intervenciones ante el Consejo de Derechos Humanos para tratar de abarcar el máximo de temas que hoy forma parte de las preocupaciones del pueblo mapuche y que contradice el Informe ridículamente optimista del Gobierno Chileno. Nina Dean de Enlace Mapuche Internacional enfoco su discurso al desarrollo económico y, en los presos políticos mapuche, señalando que su condición de tal no le es reconocida por el Estado que: “con el fin de alcanzar sus objetivos [el Estado] perpetúa una estrategia de represión violenta contra los mapuches negándoles sus derechos humanos, civiles, políticos y los derechos a la tierra” y, agrego que, “en este momento hay 37 presos políticos mapuche, muchos detenidos acusados de transgredir la ley antiterrorista por protestar contra la ocupación ilegal de su territorio ancestral”. “El último incidente de violencia de estado, fue la reciente muerte de un mapuche desarmado, Jaime Mendoza, quien recibió un disparo en la espalda mientras huían de la policía durante una de estas protestas”. Sobre el desarrollo económico Nina Dean, señala que “El estado de Chile apoya las actividades comerciales a gran escala dentro del territorio mapuche en el área de la minería, la silvicultura y la agricultura sin consulta con las comunidades mapuche” finaliza su discurso señalando que: “que la nación mapuche, no se oponen al desarrollo, por el contrario, los mapuches abogan firmemente por el desarrollo sostenible como una ética cultural que han practicado con éxito durante cientos de años”. El testimonio personal de Víctor Ancalaf, ex preso político mapuche dejo en evidencia que con la aplicación de la ley antiterrorista no se respeta el debido proceso, ni las garantías constitucionales, motivo que lo condeno a cinco años y un día por la presunción de un delitos que él no cometió y, declaro que: “A pesar de haber cumplido una injusta condena en enero del 2007, sigo siendo vigilado por los servicios represivos del Estado chileno y amenazado de muerte por el Comando Paramilitar Trizano, significando en los hechos un amedrentamiento continuo para mi persona y familia. Incluso mis hijos menores de edad han sido amenazados recientemente, en nuestra propia vivienda”. Ancalaf señaló además que: “La aplicación de leyes represivas, en particular aquellas introducidas durante la Dictadura Militar, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional, da rienda suelta a detenciones, allanamientos de propiedad y procesos irregulares que han sido reiteradamente denunciadas en este foro. La represión ha significado la militarización de la Araucanía cuyo resultado ha producido en los últimos seis años, seis comuneros mapuches asesinados”. Por su parte Ronald Barne del CISA (Consejo Indio de Sudamérica) se refirió a los tratados internacionales celebrados por la nación Mapuche con España y la republica de Chile. “Estos tratados son la raíz de las disputas y conflictos que convergen en la detención y encarcelamientos a pesar que [los mapuches] levantan sus peticiones de una manera no violenta” concluyo su discurso “haciendo un llamado al Gobierno Chileno para que examine cabalmente su trato con los pueblos indígenas, en particular su compromiso con los tratados celebrados con el pueblo Mapuche.” Andrea Marifil hizo resaltar la brutalidad policial, preocupación expresada por una serie de países que pedían al gobierno de Chile investigar los casos de torturas y castigar a los responsables: “es común que durante los allanamientos de comunidades indígenas, muchos de los cuales se realizan sin la orden judicial pertinente, la policía chilena comete todo tipo de vejámenes y amedrentamientos contra los comuneros. Es y ha sido la norma de la policía infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes a los detenidos ya sean esto cometidos durante tiempos de la dictadura o en democracia”. Considerando que el Gobierno Chileno continua aplicando la Ley Antiterrorista y los tribunales militares contra los inculpados mapuches, Andrea Marifil, señalo que “se hace imprescindible considerar la recomendación de la Republica Checa de impartir educación especifica y practica en materia de derechos humanos a los funcionarios de seguridad publica incluyendo gendarmería”. Reynaldo Mariqueo expuso la política genocida del gobierno chileno que al declararse como un país unitario, está básicamente negando la existencia de pueblos, como el Mapuche, que tienen singularidades propias. Al promover la uniformidad cultural, basada en una visión etnocentrista Europea, el gobierno trata de perpetuar una política, excluyente y genocida, enfocada a exterminar la existencia del pueblo Mapuche, mediante el proceso de asimilación y, agrego que por lo tanto; “El estado chileno está empeñado a despojar a los mapuches de su identidad cultural y formas de vidas, al negarle el derecho a la fuente principal de su existencia –sus territorios ancestrales– fuente de donde emerge y se nutre su cultura, identidad y espiritualidad.” Refiriéndose a las diversas políticas y proyectos de desarrollo en territorio Mapuche, Mariqueo comento que, “Los pueblos indígenas, en particular el pueblo Mapuche, son raramente consultados sobre los asuntos que les conciernen, ya sean esto en proyectos de desarrollos o de infraestructuras. Existe en la provincia de Arauco 650 proyectos sin concluirse, promovidos por la institución gubernamental Orígenes, porque dichos proyectos están sin financiamientos.” Hay que hacer notar queel Programa Orígenes fue creado por el Gobierno, gracias a un convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “con el fin de mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas en el área rural”, según lo señala el Gobierno en el referido Informe Nacional al CDH.
En resumen el contenido del Informe Nacional que según las recomendaciones del CDH debería ser “basada en información objetiva y fidedigna”, dejó mucho que desear. Durante los comentarios finales y después de escuchar las intervenciones de los gobiernos y las ONG’s el embajador chileno Carlos Portales debió destinar casi la mitad de su tiempo al tema indígena, en un intento de limpiar la imagen del Gobierno. Para las ONG’s de derechos humanos que han seguido de cerca la situación mapuche, muchas de las cuales han enviado delegaciones para corroborar en situ las denuncias recibidas, las afirmaciones del embajador no les pudo resultar, más desvergonzada, quien trato de negar lo innegable, al afirmar que desde 1999 y 2009, en solo dos ocasiones se aplico la Ley Antiterrorista “a personas de origen indígena”. Para el pueblo Mapuche está claro que el Gobierno Democrático aplica una política represiva dictada por los latifundistas y en beneficio de poderosas empresas asentadas en la Araucanía, los que en conjunto mantienen una fuerte campaña mediática destinada a satanizar la justa lucha del pueblo Mapuche por sus derechos. Como resultado existe allanamientos continuos de comunidades, muertos y torturados en regiones militarizadas; en la actualidad hay un centenar de mapuches detenidos o procesados, una treintena de ellos condenados o acusados de infringir la Ley Antiterrorista y, aquellos de origen no-mapuche que se les aplico dicha Ley, fue o es por apoyar la lucha mapuche. El hecho que hoy en democracia existan presos políticos, presos relegados (practicas notorias en tiempo de la dictadura militar) así como hayan mapuche solicitando asilo político es una muestra palpable de los efectos de esa política represiva gubernamental. A esto se suma la falta de credibilidad en el estado de derecho chileno que empuja a algunos activistas requeridos por la “justicia”, optar por la clandestinidad porque saben que en Chile no se respeta los derechos al debido proceso, y porque no existen tribunales imparciales e independientes que les garanticen un juicio justo. (*) Werken Mapuche (enviado especial)
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