¿Racismo Encubierto?:

El Estado Chileno y el Pueblo Mapuche (1)

Rosamel Millamán Reinao

El presente trabajo pretende contribuir a la discusión sobre la temática del racismo, proporcionando antecedentes sobre acciones discriminatorias que se ejercen contra el pueblo mapuche por parte de la sociedad y del estado chileno.

El racismo chileno tiene expresiones ubicuas, es manifiesto, dependiente, latente y subyacente dentro de una compleja red de conductas, imágenes y actitudes discriminatorias institucionales y presente en todas las esferas de vida social. Por la naturaleza de sus expresiones y manifestaciones, esta forma de racismo es difícil de percibir y combatir; por cuanto, al no ser permanentemente abierto ésta se diluye en la compleja maquinaria ideológica colonial y dominante. Es ubicua, porque se encuentra presente en todos los niveles de la sociedad, traspasando las clases sociales, el credo religioso y político: se manifiesta en las relaciones humanas, en las líneas de parentezco y en los estilos de vida que se impone sobre los grupos humanos. Es manifiesto, porque en los espacios de fronteras y contactos culturales en donde se disputan los recursos, la manifestación racista es abierta. Esto parece ser aún más evidente en los espacios en los cuales se han instalado los herederos criollos y extranjeros.

Si bien el racismo se nutre de la confrontación entre culturas occidental e indígena, la forma y la intensidad que adopta obedece a dinámicas locales y globales.

La cultura nacional y las formas de discriminación siempre toman como patrón cultural las metrópolis. Se conceptualiza, muchas veces, por parte de los herederos del sistema colonial, la europa como la "madre patria". Para los descendientes criollos y españoles será la España, para otros grupos étnicos colonizadores será la Italia o la Alemania.

El racismo chileno se instaló y se reprodujo en las estructuras de dominación colonial y postcolonial, en las categorías raciales jerarquizadas establecidas en la producción del capital y en el sistema ideológico dominante.

Es latente, puesto que se disfraza y se expresa cuando se pone en peligro la mercancía, la empresa y el capital: la propiedad privada o las formas de convivencia occidental. Esta forma latente de racismo justifica los actos discriminatorios tanto para proteger el estado natural de la cultura wínka (occidental) como para permitir su expansión y apropiación de los recursos indígenas. Se construye un discurso prejuicioso en el cual se configura y reconfigura la imagen mapuche según las necesidades del mercado y el desarrollo del capitalismo regional.

Es subyacente, puesto que no necesariamente se traduce en un abierto acto discriminatorio posible de ser categorizado como racista. Esto obedece, en parte, al hecho de que las concepciones racistas están diluidas en la sociedad pero muy bien integradas en las conductas y los sistemas de comunicación, el lenguaje oficial, los discursos, el sistema educacional, los símbolos: en las categóricas afirmaciones de los chilenos: "los mapuches son complicados" o "tienen ideas fijas" constituyen parte del mozaico ideológico de la compleja manifestación del racismo chileno.

Por otra parte, las manifestaciones racistas se sustentan en una experiencia histórica nacional sin precedente, y, es el hecho, de que pese al alto proceso de mestizaje entre mapuches y winkas la categoría mestizo nunca fue asumido por la población efectivamente mestiza en Chile, debido en parte al poder monocultural impuesto por el estado nacional chileno. Pese al progresivo proceso de mezcla racial el mestizo real siempre negó la condición indígena de sus raíces biológicas permitiendo, entonces, que la identidad mestiza no pudiera expresarse con libertad en Chile.

Asimismo, tal como en otras regiones del mundo, el racismo criollo se ve estrechamente vinculado al nacionalismo. Los procesos de formación del estado nacional chileno culmina, en parte, con la usurpación del territorio y la autonomía mapuche entre 1880 y 1883, por medio de la irrupción militar emprendida por el emergente estado chileno.

En éste período los líderes nacionales representantes de grupos dominantes y descendientes de europeos miraron hacia el viejo continente como un recurso de apoyo para la expansión de la frontera sobre el territorio mapuche diseñando para ello estrategias y políticas de inmigración de europeos a la región de la Araucanía para consolidar de esta manera la presencia y ocupación de la región por parte del estado chileno. La sangrienta ocupación militar racista anteriormente mencionada permitió imponer el asentamiento de colonos extranjeros, según los líderes de la época, para modernizar el país y acabar con el atraso de la región.

El nacionalismo chileno así reprodujo y reformuló por las fuerzas de las armas, la hegemonía racial y los modelos sociales y culturales discriminatorios contra la población mapuche.

Los símbolos construídos e inventados por la emergente nación chilena, tal como es el caso del llamado "roto chileno" de sangre mestiza (mapuche-winka) va progresivamente desapareciendo en la medida de la consolidación del estado nacional, por los procesos de dependencia cultural y material que implementó la clase política gobernante. La supuesta sangre indígena del roto chileno la cual permitió aglutinar la identidad nacional "construída", termina por desaparecer.

Por otra parte, el indigenismo imperante en Chile durante el siglo XIX y XX construye un discurso político y académico en el cual el indígena aparece como héroe (s) mítico (s) en la literatura y la vida social chilena. Se revive el indígena muerto y se petrifica al indígena vivo, permitiendo la germinación de dos vertientes en la política indigenista: por una parte, la preservación de la cultura, y, por otra, la integración indígena al sistema nacional. Aunque diferente en la forma, ambas tendieron ha aniquilar la cultura indígena al amputar la capacidad de actor y gestor en la toma de sus propias decisiones. Tal vez, la mejor expresión de estas dos vertientes políticas se expresa en la instalación de museos donde el pasado indígena y la cultura es expuesta en forma fragmentada y descontextualizada de sus espacios y sus protagonistas. Se asume, entonces, que hubo un pasado indígena mejor y posible de soñar como utopía de vida humana. El estado así, establece una concepción estática de la cultura y anula el desarrollo social de los pueblos indígenas. Lo que se aprende de los mapuche proviene de las interpretaciones y reinterpretaciones externas al pueblo, de los herederos coloniales y de los indigenistas.

Situación análoga ocurre respecto a los procesos de industrialización que Chile implementó durante el siglo pasado. En aquel período, los modelos dependientes permitieron la importación de tecnología bajo conceptos y categorías de superioridad, tanto respecto al instrumento como a sus creadores.

Se construye un discurso político, científico y académico hegemónico en el cual se conceptualiza y asocia la tecnología "importada" europea con connotación raciales de superioridad frente a la tecnología y el conocimiento local, el cual, además, es anulado. La tecnología incorporada en los bordes de los espacios coloniales creó imágenes oficiales de superioridad racial de la tecnología occidental frente a la tecnología mapuche. Podemos asi concluir, que el racismo nacional nunca estuvo ajeno a las metrópolis coloniales y, por lo mismo, a la dinámica cambiante del sistema cultural de occidente. En este sentido, podemos afirmar que las formas y políticas racistas durante estos dos siglos han sido cíclicas pero uniformes de un claro modelo eurocentrista.

NUEVAS FORMAS DE POLITICA RACISTA

Durante las últimas décadas hemos asistido a experiencias discriminatorias los cuales han dejado evidencias y demostraciones de las especiales formas de manifestación racista en Chile. Durante el régimen militar centenares de mapuche fueron encarcelados, torturados, perseguidos y desaparecidos. Dos hechos demuestran esta realidad: el tipo de tortura y la cantidad de población objeto de formas de represión por parte del poder militar. Si estableciéramos una comparación global, la región con población mapuche sufre cuantitativa y cualitativamente más represión que otras regiones del país a partir de 1973. En esta acción, no solo participaron las fuerzas militares sino que también la población civil, patrones y "caciques winka" locales quienes tuvieron tanto o igual participación en la violación a los derechos humanos.

Con la instauración de la democracia a partir de los 90´s y la generación de nuevas acciones políticas también es posible encontrar formas racistas de discriminación encubiertas y otras abiertas. La mayor de ellas, es sin duda, la promulgación de la nueva ley indígena, la cual directa e indirectamente viene, por una parte, a legitimar la aplicación de la ley indígena impuesta por el régimen militar la cual dividió las tierras comunitarias y, por otra, el hecho de que en este nuevo escenario se construye un discurso de democracia que niega los derechos indígenas y permiten la expansión neoliberal en el territorio mapuche. A pesar de contar con una ley indígena ésta no garantiza los derechos sobre los recursos naturales, es más, nuevas legislaciones sobre el control del agua y la propiedad de minerales en el territorio mapuche hacen inaplicable esta legislación, puesto que otras leyes nacionales tienen mayor alcance y efectividad que la misma ley indígena. Así, una considerable proporción de los ríos, esteros y vertientes hoy día se encuentran bajo el control de funcionarios, organismos no gubernamentales y empresarios agrícolas. Es más, una política de expansión de estado y proyectos neoliberales irrumpen sobre el territorio mapuche en su objetivo de extraer energía y recursos naturales como el bosque nativo, el cual no sólo se tala y quema sino que también se explota en forma indiscriminada.

Megaproyectos, como lo son la construcción de carreteras, vías alternativas como el By Pass en la ciudad de Temuco, la ampliación de la carretera Ruta 5 Sur, todas ellas se establecen bajos parámetros racistas respecto al procedimiento de expropiación y el valor asignado a las tierras indígenas. En la mayor parte de las expropiaciones establecidas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) son inferiores a la de los winkas y, paralelo a ello, no existen estudios oportunos y serios sobre impacto ambiental. La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) ha demostrado ser ineficiente y leal al estado chileno por cuanto muchas acciones de prevención y modificación de los proyectos no han tomado un curso serio y responsable. En otros casos, sencillamente no se hace ningún estudio de impacto ambiental como lo establece la actual ley indígena vigente. Por lo anterior, podemos afirmar que existe en Chile una política ambiental racista por cuanto no se aplican eficientemente las leyes de protección al medio ambiente, se omiten responsabilidades y se ignoran los derechos territoriales del pueblo mapuche. El nuevo estado chileno, en este sentido, opera con una política discriminatoria integral en el cual actúan funcionarios, el poder del estado, organismos y agentes encubiertos para imponer sus políticas contra las comunidades indígenas. Pero el estado no participa sólo en estas políticas, también toman partido los empresarios agro-forestales y las empresas transnacionales las que han establecido un sistema policial extraoficial para contrarrestar la movilización indígena, la que demanda el legítimo derecho de contar con los recursos básicos y elementales para vivir, como es el agua. Decenas de comunidades indígenas carecen ya de este recurso por cuanto la excesiva plantación de árboles exógenos tales como pinos y eucaliptus generan una extrema absorción del agua del subsuelo y de las napas subterráneas. Además, con la aplicación de insecticidas y herbicídas las aguas lluvias desparraman productos químicos contaminando los esteros y caudales de vertientes con implicaciones directa para la salud, la gestación y el crecimiento de los niños indígenas.

Frente a la legítima autodefensa desarrollada por las comunidades mapuches en pro de sus recursos, algunas de formas violentas, han culminado con la exigencia de representantes de empresas forestales, líderes políticos y autoridades del estado para aplicar el máximo rigor de la ley: Ley de Seguridad Interior del Estado. Sin embargo, esto es objetivamente contraproducente con dos hechos que han ocurrido en el país, como lo es el caso de Colonia Dignidad, donde colonos alemanes han establecido un sistema de autonomía administrativa donde sus directivos han tomado directa participación en violaciones a los derechos humanos y al desaparecimiento de personas: el segundo caso, tiene que ver con el llamado Paro de los Camioneros de Octubre recién pasado, quienes pretendieron producir un desabastecimiento en el país y con ello alterar el orden público, atentar contra la vida de las personas y, producir un clima de desestabilización política. Allí sencillamente el gobierno no aplicó ninguna Ley de Seguridad Interior del Estado, ni detuvo ni castigó, ni encarceló a los líderes de estas organizaciones como lo hizo contra los líderes mapuche. Cierto es que formas de discriminación política, social y racial se interconectan en estos hechos, pero sin lugar a dudas, en muchas predomina el factor racial sobre el factor de clase social u otro.

En estos dos últimos años el estado ha desarrollado una abierta política de ataque al pueblo mapuche. Este ha construido un discurso discriminatorio estableciendo mecanismos y organismos para controlar la actividad del movimiento mapuche. Así, agentes bilingües no sólo participan en la policía civil y uniformada, sino que también en la preparación de agentes de inteligencia y aparatos de seguridad del ejército nacional.

Los atributos de la democracia han ido en contra del movimiento mapuche. Desde que emerge la democracia en los ´90 hasta el inicio del presente milenio centenares de mapuches han sido detenidos, golpeados y acusados injustamente por los organismos represivos del estado. Varios líderes indígenas han sido encarcelados, estudiantes detenidos arbitrariamente y visitas internacionales han sido expulsados del país, acusados de promover y apoyar acciones indígenas de violencia. Organizaciones mapuches como la Coordinadora Arauco-Malleco, el que ha levantado un movimiento contra la expansión de empresas nacionales y transnacionales en la región han sufrido la persecusión y el encarcelamiento de sus máximos líderes. Miembros del Movimiento Wenteche en diciembre 16 de 1999 fueron objeto de un violento allanamiento donde, sin presentar ninguna orden judicial, la policía procede a detener y golpear a siete comuneros mapuches quienes habían realizado una demostración de rechazo a los megaproyectos, el cual con su ejecusión impediría la recuperación de las tierras usurpadas por colonos criollos de la región. Particular atención, es el caso de Alberto Coliñir quien fue trasladado a la Comisaría de Padre Las Casas siendo allí abiertamente torturado, con aplicación de corriente eléctrica e introducción de su cabeza en bolsas plásticas para producir ahogo. Varios de éstos detenidos sufrieron fracturas de sus brazos y costillas sin que esto haya sido preocupación por parte de los organismos de derechos humanos no mapuches existentes en la región y el país.

En la comunidad indígena José Jineo Ñanco, pese al alto grado de organización existente en esta comunidad, los organismos de estado responsables de la ampliación de la Carretera Ruta 5 Sur y el Ministerio de Obras Públicas, han pretendido imponer trazados de los cuales los comuneros mapuches no han sido consultados. En esta comunidad, los mapuches están demandando indemnización religiosa por la expropiación de sus tierras pero el estado aduce no tener elementos jurídicos para otorgar estas indemnizaciones.

El atropello a los derechos religiosos de los pueblos indígenas no tiene límite. El 14 de marzo de 1999 después de concluído un Nguillatún (Ceremonia Tradicional Mapuche) en la localidad de Ranquilhue, provincia de Arauco, irrumpieron fuerzas policiales deteniendo sin orden judicial alguna a 18 personas que estaban participando de esta ceremonia religiosa.

El estado, la policía y los empresarios han establecido verdaderas alianzas estratégicas para impedir los actos de rechazo que emanan de las comunidades. El 19 de Febrero de 1999 siendo las tres de la mañana, alrededor de 300 policías procedieron violentamente a allanar y detener a los miembros de la comunidad de Temulemu, Comuna de Traiguén en la provincia de Cautín.

Las empresas que operan en la región han elaborado estrategias para obtener del estado la aplicación de la máxima fuerza de la ley, en esta vía han montado supuestos actos de violencia y acciones terroristas las cuales, algunas han sido desenmascaradas por el propio movimiento mapuche. Aún más, las empresas forestales como la Forestal Minico, han organizado comandos privados ligados a la policía oficial para controlar la acción del movimiento mapuche. El pasado año 1999 se inició una verdadera militarización de la provincia de Malleco y Cautín bajo el pretexto de proteger a mapuches y empresarios de la IX región.

Desde 1999 hasta el presente cerca de un millar de dirigentes mapuches han sido detenidos, golpeados y algunos abiertamente torturados por los organismos de gobierno.

Obviamente, los procesos discriminatorios no solo se vinculan con la política del estado hacia el pueblo mapuche. También el sistema económico arrastra formas de discriminación contra la población mapuche. Frente al deterioro de los recursos naturales, la masa laboral indígena especialmente de jóvenes y mujeres se ha visto forzado a emigrar e insertarse en los sistemas productivos de las industrias agro-forestales y agro-frutícola. Allí, la gran masa laboral indígena debe soportar condiciones de características esclavistas por cuanto en estas compañías los trabajadores deben soportar ilimitado tiempo en sus trabajos, sin sistemas de previsión y de derechos laborales. Nuevas maquinarias y trabajos sofisticados están generando nuevas formas de explotación y discriminación en la región, la que se recrudece bajo el discurso de la democracia el que institucionaliza la explotación y las nuevas formas de discriminación contra la población mapuche.

Rosamel Millamán Reinao
Phone: (56) (45) 205 307
Indigenous World Association(*)

Notas

(1) EN PREPARACIÓN PARA LA CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA. SUDAFRICA, 2001

(*) LAS OPINIONES DEL AUTOR NO NECESARIAMENTE COMPROMETEN A INDIGENOUS WORLD ASSOCIATION/EL MUNDO INDÍGENA.

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