MHRC – Ginebra – 20 de septiembre, 2017 

La Comisión Mapuche de Derechos Humanos reunida en Ginebra los días 18 y 19 de septiembre de 2017 quiere expresar su más profunda consternación sobre el deplorable estado de salud en el que se encuentran los presos políticos mapuches Ariel, Benito y Pablo Trangol y el Lonko Alfredo Tralcal. Los cuatro mapuches están en huelga de hambre desde el 7 de junio del corriente. Se encuentran en detención preventiva desde el 9 de junio de 2016, imputados de participar en el atentado incendiario de una iglesia en la comuna de Padres las Casas. A pesar de no haber víctimas humanas en el supuesto atentado y de no haber pruebas en contra de los imputados el gobierno chileno les aplicó la Ley Antiterrorista. 

La policía los detuvo a más de 10 kilómetros de los hechos, basándose solo en la declaración de un testigo sin rostro. Según han declarado los encausados este testigo podría tratarse de un policía incitado por su odio racista. Los detenidos piden que se respeten sus derechos fundamentales y que se celebre un juicio justo. También se oponen a la aplicación de la denostada Ley Antiterrorista, a la utilización de testigos sin rostro y sostienen que deben de ser puestos en libertad bajo los términos del artículo 140. Sus demandas han sido ignoradas por las autoridades chilenas, motivo por el cual hoy se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 105 días. El Informe Médico del 12 de septiembre de 2017 del Dr. Nelson Reyes Sanzana se documenta la precaria situación de salud en la que se encuentran, situación que desde entonces su salud se ha deteriorado, encontrándose en estos momentos todos en riesgo vital.

Integrantes de la Misión Mapuche ante la ONU y de la Comisión Mapuche de Derechos Humanos se reunieron hoy en el Palacio de las Naciones en Ginebra, con el Representante Permanente de Argentina, Embajador Marcelo Cima y su Secretaria Daniela Gutiérrez. La delegación Mapuche le expresó su profunda preocupación por los continuos allanamientos de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y de otras comunidades mapuche en Puelmapu. El dialogo se realizó en un espíritu franco y constructivo, el Embajador expresó su compresión y disponibilidad para transmitirle a la Cancillería Argentina lo discutido en la reunión.

En Argentina los mapuches del Puelmapu son objeto de una campaña de demonización encabezada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros voceros públicos. Las declaraciones de la ministra del 9 de agosto de 2017 en MDZ muestran una perfecta sintonía con los rumores injuriosos lanzados por grupos racistas y neonazis que se esconden bajo un falso nacionalismo, y que por años han estado difamando la causa mapuche. La ministra pareciera estar más interesada en complacer a los colectivos anti-mapuches que en forjar un ambiente de convivencia y reconciliación entre los pueblos indígenas y la sociedad mayoritaria.

Dice la ministra -en esta misma entrevista- que lo que quiere es que los mapuches vivan en paz. No reflexiona que la paz no se construye con detenciones y allanamientos arbitrarios. Tampoco ayuda a la paz que se los demonice, discrimine e intimide como sucede hoy con numerosas comunidades mapuches en la Patagonia. Los mapuches y la sociedad civil esperan de alguien que ostenta un cargo tan importante -supuestamente con un compromiso ético y con la verdad- que se esfuerce en crear una sincera voluntad política en solucionar este conflicto histórico y no ahondar la brecha del desprecio y la marginalidad. Dice la ministra que existe una ley para otorgar tierras a los mapuches, pero ¿se está aplicando realmente esta ley? ¿Están realmente entregando tierras a los mapuches? La respuesta es claramente: NO. Muy al contrario, si el conflicto mapuche se recrudece año tras años es simplemente por esta falta de voluntad y compromiso político en la devolución de las tierras. Los mapuches son legítimos dueños y las han ocupado desde tiempos inmemoriales, hoy, lamentablemente, están en manos de multinacionales como Benetton y Lewis, entre otros.

Antes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado ya habían desaparecido un número indeterminado de mapuches en el Puelmapu, con responsabilidad directa o indirectamente de la gendarmería. Entre 2003 y 2017 en pleno sistema democrático en Argentina, además de las desapariciones en el que encuentran involucrados policías, existen casos de asesinatos realizados por individuos no identificados. Todos están relacionados con disputa territorial, la confiscación de territorios y las acciones comerciales de las mineras, petroleras y latifundistas. Las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos han sido denunciados por testigos, sin embargo, la mayoría de estos casos siguen sin resolverse y el acceso de las victimas a la justicia le sigue siendo denegada.

IVAN ELADIO TORRES desapareció el 2 de octubre de 2003, después de haber sido detenido por el móvil policial No 469 y trasladado a la Comisaria Seccional Primera de Policía de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Su madre, María Leontina Millacura Llaipen, concurrió a la Comisaría 1ª a denunciar la desaparición de su hijo pero los policías de turno se negaron a recibirla. Iván Eladio Torres nació el 24 de noviembre de 1976.

LUCIANO GONZALEZ desapareció el 12 de marzo de 2009 en Corcovado, Chubut, de manos del Grupo Especial de Operaciones (GEOP) comandado por el comisario Miguel Gómez. El joven fue detenido junto con su amigo Jaramillo que denunció que ambos habían sido brutalmente golpeados por la policía. Los restos del cuerpo sin vida fueron encontrados en agosto de 2013. Los acusados del crimen fueron sobreseídos y el caso sigue sin resolver.

JULIAN ANTILLANCA fue asesinado a golpes el 5 de octubre de 2010 por efectivos de la policía de la seccional 4ª de Trelew. Julián tenía 19 años. Testigos presenciales indicaron que una patrulla policial dejo el cadáver de Julián tendido en el suelo en una calle de Trelew. El fallo de un tribunal de Trelew declaró culpables a cuatro de los cincos policías acusados por el homicidio de Julián Antillanca.

CORINA HERMOSILLA – asesinada a puñaladas en su casa, en el año 1993, en tierras de la comunidad mapuche Motoco Cárdenas, situado a las márgenes Oeste del Río Azul, entre el Bolson y el Lago Puelo, Chubut.

ALFREDO CÁRDENAS (esposo de Corina Hermosilla) supuestamente se cayó de una pasarela peatonal sobre el río Azul, en octubre del año 1995 y murió ahogado. Según el relato de su hermano “el finado no se cayó, ¿quién puede caer de esa pasarela?” Los documentos, que atestiguaban la posesión 564 hectáreas de su tierra que eran los únicos papeles que tenían, le fueron sustraídos.

RAYMUNDO PINO comunero mapuche-tehuelche de Gan Gan, Chubut, desapareció el día 9 de julio de 2011. Fue visto en la madrugada de ese día por última vez en el establecimiento “El Portezuelo”. El emprendimiento minero Navidad intenta explotar ese territorio, a pesar de la fuerte oposición de la Lonko de la Comunidad (madre de Raymundo) Hortensia Weicha. Existen hipótesis que la desaparición de Raymundo esté vinculada a posible represalia de la empresa minera en cuestión. Este caso sigue sin resolverse.

GENARO CALFULLANCA de 45 años y su hijo CRISTIAN CALFULLANCA – de tan sólo 20 años desaparecieron 10 de abril de 2013 en CHOLILA CHUBUT. Fueron vistos por última vez cuando se dirigían a realizar trabajos de alambrado cerca del río Tigre, en la estancia de Raúl Zarza. La policía de Cholila fue a buscarlos porque tenían que presentarse como testigos en una venta ilegal de tierras (Néstor Rubén Becerra) pero no los encontraron y tampoco avisaron a su familia. Este caso también sigue sin resolverse.

Maria Millacura, madre de Ivan Torres, hecho desaparecer por la policía en Chubut hace 14 años, se ha unido junto a las madres de Plaza de Mayo, a los familiares y a los miles de argentinos que buscan a Santiago Maldonado.

Como un acto de respeto a los derechos humanos, la vida y la dignidad de las personas, exigimos investigar y sancionar a los responsables de tan alevosos crímenes, con objeto de crear confianza en la justicia y restaurar el respeto a los servicios de seguridad. Encubrir los crímenes no ayuda a crear un clima de reconciliación ni con los pueblos indígenas ni con tantos argentinos que sufrieron la desaparición de sus seres queridos en tiempos de las deshonrosas dictaduras vividas por nuestros pueblos. Los desaparecidos son una búsqueda permanente y el deber de los estados es dar respuesta al esperanzado reencuentro con la dolorosa verdad.

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